Perú
Chapter

Capítulo 7. Posibles marcos fiscales para un país rico en recursos naturales

Author(s):
Alejandro Werner, and Alejandro Santos
Published Date:
September 2015
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Author(s)
Svetlana Vtyurina

Muchos países en desarrollo ricos en recursos naturales deben conciliar las grandes necesidades de desarrollo e infraestructura con los bajos ingresos per cápita, escasez de capital local y acceso limitado a los mercados de capitales internacionales. Enfrentan el desafío de transformar la riqueza de los recursos naturales en otros activos que propicien un desarrollo sostenido, manteniendo al mismo tiempo mecanismos que eviten los ciclos de auge-caída derivados de la volatilidad intrínseca de los ingresos provenientes de recursos naturales. A la luz de estos desafíos, el consejo habitual basado en las teorías tradicionales de consumo-ahorro/inversión ha sido difícil de asimilar y justificar a nivel de cada país. Consciente de esta experiencia, el FMI ha diseñado recientemente un marco macrofiscal que presenta nuevas herramientas de análisis de políticas para los países en desarrollo ricos en recursos, que podría ayudarlos a apuntar a objetivos múltiples de desarrollo y ahorro.

En el Perú, el crecimiento en la última década se ha situado en niveles máximos históricos, pero el país continúa exhibiendo una brecha de infraestructura significativa, y un cuarto de su población todavía vive en la pobreza1. Al igual que otros países en desarrollo ricos en recursos naturales, el Perú ha tenido que afrontar el problema de hallar una solución óptima para aumentar el ingreso per cápita a través de un crecimiento y una inversión sostenibles, preservando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica de la volatilidad de los precios y el posible agotamiento de su riqueza natural. Aunque el Perú depende mucho menos de los recursos naturales que muchos países productores de petróleo, los nexos con las cuentas fiscales y la economía real son suficientes para justificar el diseño de un ancla fiscal que ayude al país a resolver los desafíos que presenta la gestión fiscal a raíz de la “maldición de los recursos”2. Un marco fiscal semejante al aprobado recientemente por las autoridades, apoyado por normas fiscales apropiadas y una sólida organización institucional, debería ayudar al Perú a lograr estos objetivos múltiples.

Consideraciones Analíticas Para la Gestión de los Recursos Naturales

Casi todos los países ricos en recursos naturales enfrentan dos problemas principales vinculados al uso adecuado y la volatilidad de precios de los recursos naturales, a saber: 1) qué cantidad de los ingresos provenientes de recursos naturales deberían consumir e invertir, y cómo deberían ahorrar el remanente, y 2) cómo manejar la incertidumbre y la volatilidad de los precios de los recursos naturales, que afectan a las exportaciones, los ingresos y el crecimiento del PIB no relacionado con los recursos naturales3. Como ya se apuntó, para los países en desarrollo ricos en recursos naturales determinar cómo utilizar los ingresos provenientes de esos recursos no es una tarea fácil debido a la mayor presión por gastar, dado que poseen necesidades de desarrollo considerables. No obstante, es importante considerar la extensión del horizonte de extracción. Si el horizonte es relativamente largo, identificar políticas a corto y mediano plazo para hacer frente a la incertidumbre de los precios tiene prioridad sobre la problemática del agotamiento. La incertidumbre, a su vez, está vinculada al tamaño de las reservas, el potencial de extracción en un período determinado, los precios promedio y la eventual volatilidad de las reservas a corto plazo.

Si bien estimar las reservas y los niveles de producción es por cierto difícil, cómo resolver las fluctuaciones de los precios de las materias primas constituye un desafío mucho mayor. Debido al entorno mundial en constante cambio, pronosticar precios con un grado razonable de confianza ha resultado ser una tarea sumamente difícil, aun en el mediano plazo. Las grandes oscilaciones de los precios también complican la labor de los responsables de la formulación de políticas que intentan determinar si una crisis es permanente (y amerita un ajuste) o temporaria (y justifica una suavización). Además, la producción puede verse alterada por dificultades técnicas, accidentes, huelgas, disturbios sociales y políticos, y disputas transfronterizas. Los pronósticos de producción pueden ser demasiado optimistas debido a atrasos en la inversión o por razones económicas (por ejemplo, una caída de la demanda internacional o una sustitución con otras materias primas).

La volatilidad y la incertidumbre exigen que se adopte un enfoque integral en la gestión de los recursos naturales. Muchos países afrontan los vaivenes imprevistos en los sectores de recursos naturales creando un fondo de liquidez para suavizar el gasto de consumo. Ahorrar por razones preventivas (prudentes) es conceptualmente diferente de hacerlo por otros motivos, como ahorrar para las generaciones futuras o reservar provisoriamente los ingresos para atenuar las alteraciones en la capacidad de absorción. El ahorro adicional también puede emplearse para pagar deuda, aumentar el gasto en inversión interna o invertir en activos financieros externos (por ejemplo, cuando las restricciones de la capacidad de absorción no permiten invertir con más rapidez).

El Papel de los Recursos Naturales en el Perú

El Perú posee una riqueza de recursos naturales muy diversa. En los últimos años, el país ocupó una posición líder en la producción mundial de las siguientes materias primas minerales: cobre (tercer puesto después de Chile); plata (segundo puesto después de México); estaño (tercer puesto después de China e Indonesia); zinc (tercer puesto detrás de China y Australia); plomo (cuarto puesto detrás de China, Australia y Estados Unidos); molibdeno (cuarto puesto después de China, Estados Unidos y Chile), y oro (sexto puesto después de China, Australia, Estados Unidos, Rusia y Sudáfrica)4. En América Latina, el Perú ocupó el primer lugar en la producción de oro, plomo, estaño y zinc, y el segundo lugar en la producción de cadmio, cobre, mercurio, molibdeno, roca de fosfato, selenio y plata.

El Perú posee además grandes reservas reales y potenciales, incluso de gas natural (cuadro 7.1). En 2012, la producción minera peruana ascendía a US$27.000 millones, lo que equivale a alrededor de 4% de la producción minera mundial, por lo que el país se ubicaba en el séptimo lugar entre los productores mineros más grandes del mundo. La economía del Perú es relativamente dependiente de la extracción y la exportación de los recursos naturales. En 2013, el PIB de recursos del Perú constituía cerca de 12% del producto interno nominal, en comparación con casi 6% en 2002 (2007 es el año de base; cuadro 7.2). En términos reales, esta participación disminuyó de más de 15% del PIB en 2002, a cerca de 12% en 2013, debido a variaciones en los términos de intercambio. Tras crecer a un promedio de 7% en el primer semestre del año 2000, en términos reales, la tasa de crecimiento del sector en 2013 se ralentizó a casi la misma tasa de la década anterior, del orden de 3,5%. Las exportaciones (que en líneas generales siguen la evolución de la producción) representaban 11,5% del PIB en 2013, y crecieron 5 puntos porcentuales en dólares en la última década.

Cuadro 7.1El Perú: Reservas minerales, 2011(miles de toneladas métricas, salvo indicación contraria)
Materias primasReservas
Azufre150.000
Carbón, todas las clases1.100.000
Cobre90.000
Estaño160
Gas naturalMil millones de metros cúbicos823
Líquidos de gas naturalMillones de barriles1.550
Mineral de hierro10.853
Molibdeno450
OroToneladas métricas2.762
Petróleo crudoMillones de barriles3.055
PlataToneladas métricas120.000
Plomo9.106
Roca de fosfato820
Sal100.000
Uranio100
Zinc25.137
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2012).
Cuadro 7.2Dependencia de los recursos naturales
2013
Sector real
Valor mineral agregado como porcentaje del PIB nominal111,7
Valor mineral agregado como porcentaje del PIB real112,1
Cuentas fiscales
Ingresos provenientes de recursos naturales como porcentaje del PIB nominal2,8
Ingresos provenientes de recursos naturales como porcentaje del total de ingresos fiscales12,5
Excluye minerales metálicos5,0
Excluye hidrocarburos7,5
Ingresos provenientes de recursos naturales por impuestos, como porcentaje del total de ingresos fiscales14,1
Ingresos provenientes de minerales metálicos, como porcentaje del total de ingresos provenientes de recursos naturales40,0
Ingresos provenientes de hidrocarburos, como porcentaje del total de ingresos provenientes de recursos naturales60,0
Ingresos provenientes de minerales metálicos, como porcentaje del valor de exportación de los metales9,6
Ingresos provenientes de hidrocarburos, como porcentaje del valor de exportación de los hidrocarburos63,9
Sector externo
Exportaciones de recursos naturales como porcentaje del PIB14,1
Exportaciones de recursos naturales como porcentaje del total de exportaciones de bienes67,5
Excluye minerales metálicos55,1
Excluye hidrocarburos12,3
Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, agencia de estadísticas del Perú y cálculos del personal técnico del FMI.

El año de base es 2007. Minerales e hidrocarburos.

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, agencia de estadísticas del Perú y cálculos del personal técnico del FMI.

El año de base es 2007. Minerales e hidrocarburos.

La inversión en el sector de minerales y petróleo en el Perú ha venido creciendo a una tasa sorprendente. Ello ha obedecido a una mayor demanda mundial (en particular de China) y a costos de extracción bajos, pero también a la estabilidad macroeconómica del país, un clima de inversiones favorable y un mayor compromiso de las empresas de explotación con las comunidades locales. La estabilidad del marco jurídico peruano también ha contribuido a fomentar las inversiones en este sector. La inversión extranjera directa—de la cual 70% se destina al sector extractivo—se triplicó en la última década a casi 6% del PIB en 2013. En ese año, la inversión en las industrias de minerales e hidrocarburos ascendía a cerca de US$9.700 millones y US$1.700 millones, respectivamente, lo que en conjunto representaba un valor siete veces mayor al de 2001 (gráfico 7.2). En 2012, el Perú ocupaba el quinto puesto entre los destinos mundiales para la exploración de metales no ferrosos, detrás de Canadá, Australia, Estados Unidos y México, y a la par de Chile (Metals Economics Group, 2013).

Gráfico 7.1El Perú: Participación de la cartera de proyectos de minería, 2013

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Gráfico 7.2Inversión en minería e ingresos

Fuentes: Fraser Institute; FMI, base de datos de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO); Ministerio de Economía y Finanzas; Ministerio de Energía y Minas, y estimaciones del personal técnico del FMI.

1Neto de restituciones.

2Datos de cuentas nacionales.

31 = potencial más elevado; clasificación para 2013/2012; muestra solamente los países clasificados arriba del Perú.

Según el Ministerio de Energía y Minas, la cartera estimada de inversiones mineras se compone de 52 proyectos principales, incluidos los que se encuentran en proceso de diseño y aprobación, y suman unos US$61.000 millones (cuadro 7.3). La mayoría de los proyectos están localizados en Apurímac (20% del total), Arequipa (16%) y Cajamarca (15%) (gráfico 7.1). Más de 45% ya se encuentra en la etapa de exploración, 15% se está ampliando y se han aprobado estudios ambientales para 36% del total. Se prevé que la producción del mineral emblemático del país—el cobre—se duplicará en los próximos años con la puesta en producción de cuatro minas de gran tamaño (Toromocho5, Las Bambas, Constancia y Cerro Verde). Según el Comité de Hidrocarburos, la cartera de proyectos del sector de hidrocarburos ascendía a un monto de más de US$10.000 millones en 20136.

Cuadro 7.3Inversión en la industria de minerales
Empresa localNombre del ProyectoMineralMillones de US$
Etapa de expansión
SPCCFundiciónCobren. d.
SPCCToquepalaCobre1.050
SPCCRefinería de IloCobren. d.
Compañía Minera Miski Mayo S.R.L.BayovarFosfatos520
Shougang Hierro Perú S.A.A.MarconaHierro1.500
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.Cerro VerdeCobre4.600
Sociedad Minera El Brocal S.A.A.ColquijircaMinerales polimetálicos432
Minera Chinalco Perú S.A.Toromocho1Cobre1.320
Etapa de construcción
Anabi S.A.C.AnamaOro40
Anglo American Quellaveco S.A.QuellavecoCobre3.300
Bear Creek MINING COMPANYCoraniPlata750
Fosfatos del Pacífico S.A.FosfatosFosfatos500
Invicta Mining Corp S.A.C.InvictaMinerales polimetálicos93
Minera Kuri Kullu S.A.OllacheaOro170
Minera Ares S.A.C.CrespoOro, plata110
Minera Chinalco Perú S.A.ToromochoCobre3.500
Minera Shouxin Perú S.A.Explotación de relavesCobre, hierro, zinc239
Minera Yanacocha S.R.L.Minas CongaCobre, oro4.800
Minera Sulliden Shahuindo S.A.C.ShahuindoOro208
Hudbay Minerals Inc.ConstanciaCobre1.546
Xstrata Las Bambas S.A.Las BambasCobre5.200
Minera Suyamarca S.A.C.InmaculadaOro, plata370
Reliant Ventures S.A.C.San LuisOro, platan. d.
Total en curso30.248
Con estudios de impacto ambiental y en exploración (29 proyectos)31.031
TOTAL61.279
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2013).

Completados, pero no ha comenzado la producción (a junio de 2014).

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2013).

Completados, pero no ha comenzado la producción (a junio de 2014).

Los principales países que invierten en el sector minero del Perú son China (US$13.800 millones), Estados Unidos (US$10.100 millones) y Canadá (US$8.900 millones). El nivel acumulado de inversiones en materias primas minerales es de US$38.900 millones en cobre, US$6.900 millones en oro, US$7.000 millones en mineral de hierro, US$1.800 millones en fosfatos y US$3.600 millones en minerales polimetálicos, lo que incluye cerca de US$1.000 millones en plata (Ministerio de Energía y Minas, 2013).

Los ingresos procedentes de los recursos naturales constituyen una fuente importante de ingresos del presupuesto del Perú (gráfico 7.2, Cuadro 7.2). Otro hecho que subraya la importancia de los ingresos provenientes de recursos naturales son los acuerdos de ingresos compartidos establecidos por ley entre el gobierno central y las regiones productoras de recursos (específicamente, en virtud de lo que se denomina canon de regalías mineras o canon minero). Estas regiones, a su vez, deben destinar fondos a proyectos de infraestructura y educación.

La gestión de la riqueza mineral del Perú es compleja debido a los acuerdos de descentralización que otorgan a los gobiernos regionales y locales un derecho sobre los ingresos procedentes de la minería. Los ingresos propios de los gobiernos subnacionales son relativamente bajos, donde la fuente principal son las transferencias de los ingresos provenientes de recursos naturales por parte del gobierno general. Los gobiernos subnacionales reciben 50% del canon. Todas las regalías que pagan las empresas mineras se transfieren a la región en la cual se lleva a cabo la exploración. Las empresas dedicadas a la exploración de hidrocarburos también pagan regalías—la mitad de las cuales se transfiere a los gobiernos subnacionales. Las transferencias provenientes de los ingresos de la minería pueden utilizarse únicamente para gastos de capital, que suelen ejecutarse parcialmente y llevan a que los gobiernos subnacionales acumulen activos financieros pese a exhibir déficits generales (FMI, 2013a).

A partir de las recomendaciones de expertos en tributación, en septiembre de 2011 se aprobó la reforma tributaria minera con el objeto de aumentar la progresividad del sistema fiscal y preservar al mismo tiempo la competitividad del sector (Otto, 2002). Las nuevas reformas consistían en: 1) nuevas regalías basadas en ganancias operativas de 1% a 12%, para reemplazar a las regalías basadas en las ventas de las empresas que no poseen contratos de estabilidad con el gobierno7; 2) un impuesto nuevo especial a la minería (IEM) que es percibido por el gobierno central y se grava en función de una escala proporcional que oscila entre 2% y 8,4% de los márgenes operativos (el coeficiente de ganancia operativa dividido por las ventas netas), aplicable a las empresas que no poseen contratos de estabilidad fiscal, y 3) un gravamen especial (voluntario) (GEM) que oscila entre 4% y 13% de las ganancias provenientes de la extracción de recursos minerales, aplicable a las empresas que poseen contratos de estabilidad. La reforma tuvo una acogida positiva por parte de la comunidad de inversionistas. En aquel momento, se preveía que los ingresos aumentarían en 0,5% del PIB sobre una base anual, pero la fuerte caída de los precios de los metales y la demanda que se produjo desde entonces redujo la tasa efectiva del impuesto.

El crecimiento futuro de la industria extractiva dependerá de que continúe mejorando el clima de inversión. En el volátil entorno mundial que afecta a los precios de las materias primas, se está poniendo especial énfasis en generar las condiciones de inversión internas que preserven los compromisos previos y generen nuevas inversiones. La estabilidad política, un régimen fiscal razonable y la adhesión a prácticas idóneas se han identificado como los elementos clave para mantener el interés de los inversionistas. De acuerdo con los indicadores Doing Business del Banco Mundial, la fortaleza relativa del Perú reside en la protección de los inversionistas, y en la facilidad para conseguir crédito y registrar la propiedad (cuadro 7.4). Si bien el Perú tiene una buena posición relativa frente a otros países de la región, es preciso adoptar medidas adicionales para mejorar la competitividad en subcategorías tales como la aplicación de contratos, la resolución de cesaciones de pago, la tramitación de los permisos de construcción, la facilidad para pagar impuestos y el acceso a electricidad.

Cuadro 7.4Indicadores Doing Business en países seleccionados de América Latina
Ranking (2014)
BrasilChile1ColombiaMéxicoPerúUruguay
Facilidad para hacer negocios1163743534288
Comenzar un negocio1233279486343
Tramitación de permisos de construcción130842440117154
Acceso a la electricidad14401011337923
Registro de la propiedad107555315022167
Acceso al crédito1095373422873
Protección de los inversionistas80326681698
Pago de impuestos1593610411873146
Comercio transfronterizo1244894595590
Aplicación de contratos1217015571105105
Resolución de cesaciones de pago13598252611051
Fuente: Banco Mundial, Indicadores Doing Business (2014).

Para el año 2013.

Fuente: Banco Mundial, Indicadores Doing Business (2014).

Para el año 2013.

El Perú descendió cuatro puestos en la clasificación de competitividad mundial 2014–15 publicada por el Foro Económico Mundial, para situarse en el puesto 65 de un total de 143 economías. Las clasificaciones relativamente bajas del Perú en el funcionamiento de las instituciones (118), los avances en la mejora de la educación (134) y la adopción de nuevas tecnologías (92) explican el descenso y confirman la teoría de cierto agotamiento de las fuentes que posibilitaron aumentos de competitividad del Perú en años anteriores. Entre esos aumentos se cuentan un desempeño macroeconómico muy sólido (puesto 21), y niveles elevados de eficiencia de sus bienes (puesto 53), mercados financieros (puesto 40) y mercados laborales (puesto 51), pese a la rigidez de las prácticas de contrataciones y despidos (puesto 130). Los rankings dejan entrever que el Perú necesita fortalecer sus instituciones públicas (puesto 127) mediante una mayor eficiencia del gobierno (puesto 116), lucha contra la corrupción (puesto 103) y mejoras de infraestructura (puesto 88), y al mismo tiempo desarrollar capacidades para diversificar su economía elevando la calidad de la educación (puesto 134), impulsando la adopción de nuevas tecnologías (puesto 92) y mejorando la capacidad de innovación (puesto 117).

En lo que atañe a la industria minera en particular, la encuesta anual informal sobre minería del Fraser Institute evalúa las percepciones de 742 ejecutivos de compañías mineras en 96 jurisdicciones (incluso en los niveles subnacionales) con respecto a diversas áreas de políticas públicas óptimas y subóptimas que pueden afectar la hospitalidad de una jurisdicción para la inversión minera (gráfico 7.2, panel f; Green y Jackson, 2015)8. El Índice de Potencial de Políticas de la encuesta se basa en las respuestas a preguntas sobre políticas, que incluyen temas tales como la incertidumbre en torno a la administración, la interpretación y aplicación de la normativa existente, la reglamentación ambiental, la duplicación y las incongruencias en materia normativa, la tributación, la incertidumbre en torno a los reclamos de terrenos en disputa y áreas protegidas, la infraestructura, los acuerdos socioeconómicos, la estabilidad política, los problemas laborales, la base de datos geológicos y la seguridad. Con respecto a la región, Chile ocupa el primer lugar en el Índice de Potencial de Políticas, seguido de México, Argentina y el Perú. En su Índice de Potencial Minero, que se concentra mayormente en las reservas geológicas, el Perú ocupa el quinto puesto después de Chile, Guyana, México y Argentina. Los comentarios de los ejecutivos de la región pusieron de manifiesto la preocupación por la tendencia a la nacionalización de los recursos y la oposición a la minería en algunas áreas, en tanto las políticas destinadas a formalizar a los mineros informales (el Perú) y redistribuir las regalías mineras hacia el nivel local de gobierno fueron recibidas con beneplácito por algunas empresas. Alrededor de 15% de los encuestados señaló la necesidad de mejorar las condiciones de la minería en el Perú. Aunque el régimen fiscal, la infraestructura y la equidad del proceso legal fueron percibidos de manera positiva, los acuerdos socioeconómicos/las condiciones de desarrollo comunitario, la normativa laboral y la seguridad fueron citados como problemas que desalientan a la inversión.

La preocupación por la inestabilidad social, en particular, se deriva del hecho de que los conflictos sociales en el Perú han aumentado 300% en los últimos cinco años, con 149 litigios recientes que involucran a las industrias extractivas. Si bien las regiones mineras dentro del Perú se han beneficiado de un mecanismo establecido de transferencias, los gobiernos locales y regionales poseen capacidad limitada para gestionar estos ingresos extraordinarios, y los problemas de gobierno parecen estar limitando los beneficios de la minería en el orden regional y local. Gran parte del financiamiento permanece inutilizado, lo que contribuye a las protestas en contra de la minería y priva a las comunidades de bajos recursos de la infraestructura necesaria, como instalaciones para el tratamiento de agua, caminos, educación y atención de salud. La ausencia de servicios del gobierno puede haber creado exigencias poco realistas—y una dependencia—de las empresas mineras.

Las autoridades son muy conscientes de estos problemas complejos y han estado trabajando con los gobiernos locales y los inversionistas para encontrar las soluciones más apropiadas a fin de responder a las necesidades de desarrollo e infraestructura locales y beneficiarse de la vasta riqueza natural del Perú9. En 2013, el gobierno anunció reformas destinadas a reducir el exceso de trámites y agilizar el otorgamiento de permisos. En junio de 2014, el gobierno adoptó medidas adicionales para estimular el clima de inversión mediante la incorporación de cambios en el régimen de estabilidad fiscal aplicable a las empresas mineras10, acelerar la aprobación de los estudios de impacto ambiental requeridos para invertir en industrias extractivas y modernizar la reglamentación ambiental. Asimismo, aumentó las sanciones para las infracciones ambientales y las facultades del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas11. Sin embargo, a raíz de las limitaciones en la implementación de capacidades, estas reformas seguramente tarden algún tiempo en generar un impacto.

El Marco Fiscal en el Perú

En diciembre de 1999 se aprobó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (LPTF), que comprendía varias normas numéricas, incluido un déficit fiscal cero (a lo largo del ciclo), un aumento del gasto no financiero del gobierno general por debajo de 2% en términos reales, y topes al gasto no financiero por debajo de 60% en los primeros siete meses del año electoral (véase el capítulo 6 sobre normas fiscales). Estas normas tenían dos excepciones que contemplaban un déficit fiscal inferior a 2% del PIB: una para situaciones de emergencia y otra para períodos de recesión. La transparencia del proceso fiscal también se mejoró mediante la publicación periódica de información en el Portal de Transparencia Económica, la presentación de un marco de presupuestación multianual, la obligación de un informe fiscal previo a las elecciones con una revisión anual de los riesgos fiscales contingentes y del gasto fiscal que debe publicarse en el presupuesto anual, y la confección de un informe trimestral sobre los aumentos del presupuesto y sus consecuencias para el marco macroeconómico. A principios de 2003, se modificó la LPTF para: 1) permitir un período de ajuste más realista del objetivo fiscal de mediano plazo tras una recesión, 2) exigir ajustes automáticos en la política fiscal cuando esta se desvía en años no recesivos, y 3) ampliar la aplicación de las normas de disciplina fiscal a todos los niveles de gobierno.

El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) se aprobó junto con la LPTF y se creó con un 75% de fondos provenientes de privatizaciones y un 50% de las concesiones. Los recursos del fondo debían destinarse principalmente a programas de reducción de la pobreza y activarse cuando el ingreso corriente se situara como mínimo 0,3% del PIB por debajo de su promedio de los últimos tres años. El FEF debía acumular 10% de los fondos provenientes de las privatizaciones y 10% de las tasas de las concesiones, utilizar una parte del superávit fiscal del año anterior y no sobrepasar el techo de 4% del PIB.

Este régimen fiscal fue relativamente fructífero para el país. Al limitar el gasto corriente real a una tasa menor que el crecimiento de la economía, contribuyó en gran medida a reducir la deuda del Perú de 44% a 20% del PIB entre 2004 y 2013, y el sector público hoy posee activos financieros por un valor equivalente a 15% del PIB. Sin embargo, la LPTF no proporcionaba un ancla fiscal adecuada y un marco para resolver los problemas relacionados con las materias primas, no evitaba la naturaleza procíclica y no se aplicó de manera uniforme en su ámbito de cobertura (FMI, 2010 y 2012c). La política fiscal en 2008 tuvo un corte procíclico debido a un aumento del gasto por encima de los límites impuestos por la LPTF, al igual que en 2010, pese a la veloz recuperación de la producción tras la crisis financiera mundial de 2009. Por otra parte, la LPTF preveía modificaciones de tipo discrecional en las tasas impositivas, como en 2011, cuando las autoridades redujeron varias tasas impositivas, en lo que fue una medida procíclica. Los topes al gasto se modificaron en varias oportunidades, incluso mediante el uso de deflactores y metas para las tasas del crecimiento real y de la cobertura transaccional empleada para fijar el tope (es decir, del gasto corriente al gasto de consumo). Además, la cobertura institucional de la norma no se aplicó de manera uniforme en todos los subsectores porque los topes al gasto se aplicaban solamente al gobierno central, mientras que el límite al déficit general comprendía al sector público no financiero. El uso de cláusulas excepcionales resultó ser difícil, y no existía un mecanismo directo para ahorrar los ingresos públicos provenientes de las materias primas durante la fase alta del ciclo, a pesar de la existencia del FEF. Por último, los gobiernos subnacionales se vieron limitados por un conjunto de normas diferente.

Para solucionar los inconvenientes mencionados, se modificó la LPTF en octubre de 2013 para aplicarse en el presupuesto de 201512. El marco modificado, entre otras cosas, define una estructura reglamentaria más sólida mediante una norma del gasto más integral, crea un organismo independiente para contribuir al análisis técnico de la política fiscal y macroeconómica, e incorpora acciones correctivas para los casos de infracciones a la norma fiscal. Algunas disposiciones puntuales incluyen las siguientes:

  • Un objetivo fiscal estructural. Tras los comicios generales, la nueva administración, durante los 90 días posteriores a asumir el poder, debe presentar una declaración de la política macrofiscal para el período del mandato presidencial, con un objetivo fiscal estructural numérico para el período presidencial que no puede ser superior a un déficit de 1% del PIB13,14.

  • Implicancias presupuestarias. El límite del gasto público no financiero debe estar acorde con el objetivo fiscal estructural, y los supuestos de ingresos han de ser congruentes con el ciclo económico y los precios de las materias primas. El límite puede modificarse si el gasto del año anterior fue inferior al presupuestado. En ese caso, el monto del gasto del año subsiguiente puede ajustarse al alza, hasta un máximo de 0,2% del PIB.

  • Política contracíclica. Si existe una brecha de producción positiva o negativa de por lo menos 2% del PIB potencial, el límite del gasto puede ajustarse a través de medidas contracíclicas transitorias que en conjunto no pueden sobrepasar 0,5% del PIB.

  • Ingresos fiscales. Si se adoptan medidas para generar un aumento permanente de los ingresos fiscales de por lo menos 0,3% del PIB, el límite al gasto puede ajustarse por el mismo monto.

  • Gobiernos regionales y locales. El nivel de deuda no puede superar 100% del promedio del total de ingresos corrientes de los últimos cuatro años, y el crecimiento anual del gasto no financiero no puede superar el crecimiento promedio móvil de los ingresos anuales de los últimos cuatro años. Los gobiernos solo pueden endeudarse con la garantía del Estado y únicamente para proyectos de capital.

  • Medidas correctivas. En el supuesto de desviaciones al límite del gasto, se han de tomar medidas correctivas en un plazo de dos años si el gasto excedentario es inferior a ½% del PIB, y de inmediato si supera dicho umbral; la excepción son los años en los que se registra una brecha de producción negativa de más de 2% del PIB potencial.

Metas Alternativas de Equilibrio Fiscal y Enfoque de Inversión Sostenible

Simulación de normas fiscales alternativas con base en la hipótesis del ingreso permanente

Aunque el nuevo marco fiscal del Perú establece un ancla estructural importante, fijar un saldo primario no proveniente de recursos naturales podría constituir una alternativa que también generaría un cierto nivel de ahorro. En las partidas ordinarias, el saldo fiscal general puede desglosarse en ingresos provenientes de recursos naturales, ingresos no provenientes de recursos naturales, gasto primario, ingreso proveniente de activos financieros y pagos de intereses sobre el stock de pasivos. El saldo fiscal global también es igual a la variación de los activos financieros netos. En las partidas extraordinarias, el saldo primario no proveniente de recursos naturales se define como la diferencia entre los ingresos no provenientes de recursos naturales menos el gasto primario. Los países ricos en recursos naturales a menudo registran superávits fiscales generales, los cuales pueden facilitar la acumulación de activos financieros sustanciales en el transcurso del tiempo, pero el saldo primario no proveniente de recursos naturales suele arrojar déficit. En este ejercicio, el saldo primario no proveniente de recursos naturales está anclado en torno al segmento de gastos que podría mantenerse en el largo plazo, y es congruente con la estabilización de la riqueza de recursos neta. En horizontes más prolongados, el valor presente neto (VPN) de los ingresos provenientes de recursos naturales futuros debería ser igual al VPN de los saldos primarios no provenientes de recursos naturales futuros. En un horizonte a más corto plazo, debe mantenerse un nivel estable de riqueza neta. Las simulaciones pueden ayudar a analizar y visualizar las concesiones asociadas a los enfoques alternativos basados en la hipótesis del ingreso permanente15. Una comparación de la evolución del saldo primario bajo los tres enfoques (que son más o menos flexibles a la inversión pública) permite a los responsables de la formulación de políticas comprender mejor las concesiones implícitas al momento de decidir si se invierte o se ahorra. El marco proporciona estimaciones de la evolución del saldo primario no proveniente de recursos naturales y el ahorro financiero a largo plazo bajo distintos escenarios.

La regla con base en la hipótesis del ingreso permanente (PIH)

  • Restricción presupuestaria intertemporal. Para que pueda sostenerse durante un período indefinido, el nivel anual del saldo primario debe ser equivalente a la rentabilidad de la riqueza neta, ajustada por inflación.

  • Insuficiencia. Sin embargo, la regla basada en la hipótesis del ingreso permanente podría ser insuficiente para los países en desarrollo ricos en recursos naturales, dado que cierta inclinación de la trayectoria del consumo hacia las generaciones actuales relativamente más empobrecidas puede mejorar el bienestar.

La regla con base en la hipótesis del ingreso permanente modificada (MPIH)

  • Aumento de escala. Este enfoque da cabida a un aumento de la inversión pública.

  • Inversión total en la etapa inicial. Presume que el Estado concentra el gasto de la inversión en la etapa inicial por encima de las previsiones de referencia hasta el último año de la concentración de la inversión, el año F. El gasto de capital adicional incurrido en la etapa inicial podría financiarse “ahorrando” menos ingresos provenientes de recursos naturales durante el período de aumento.

  • Posible fracaso de la política. El enfoque se basa en dos supuestos adicionales: 1) la inversión total en la etapa inicial puede no generar un impacto de crecimiento, y 2) a largo plazo (año T), el nivel de riqueza financiera derivada de esta concentración de la inversión en la etapa inicial debe ser igual al nivel derivado del marco fiscal habitual de la hipótesis del ingreso permanente, que exige algunos ajustes futuros.

  • Ajuste futuro. Estos dos supuestos en conjunto presumen que la inversión concentrada en la etapa inicial debe ser compensada en su totalidad mediante un ajuste fiscal en el mediano plazo (diferencial sobre los años TF). Así pues, el nivel de riqueza financiera con posterioridad al año T sería el mismo en las dos trayectorias fiscales alternativas.

  • Describe el peor escenario. El enfoque de la regla basada en la hipótesis del ingreso permanente modificada sirve para medir las posibles necesidades futuras de ajuste fiscal en el supuesto de que el aumento de la inversión no genere un impacto en el crecimiento. Por tanto, ofrece una trayectoria de ajuste fiscal futuro para el peor escenario en el cual el incremento de la inversión pública no tiene un impacto sobre el crecimiento y, por ende, aporta una medida de las posibles implicancias para el ajuste fiscal futuro.

La regla basada en el marco de estabilidad fiscal

  • Tolera un nivel menor de ahorro. Este enfoque estabiliza la riqueza neta en niveles más bajos que las reglas PIH o MPIH. Se presume que el aumento de la inversión tendrá un impacto positivo en el crecimiento, que genera ingresos no provenientes de recursos naturales más elevados, pero también incrementa los desembolsos para operación y mantenimiento.

  • Estrategia de sustitución de activos. La teoría en que se apoya este marco postula que en lugar de acumular un mayor ahorro financiero, el país ha acumulado un número mayor de activos físicos que también ofrecen una rentabilidad fiscal y social.

Varios supuestos clave respaldan las simulaciones en el caso del Perú: 1) las reservas de hidrocarburos son suficientes hasta el año 2050 a las tasas de producción de 2013, 2) otras materias primas tienen diversos horizontes de producción que van de 5 a 50 años, 3) el sector no vinculado a los recursos naturales crece a una tasa constante de 4% anual en términos reales, 4) la porción de ingresos procedentes de los hidrocarburos y minerales que percibe el gobierno se mantiene constante, y 5) la inflación se sitúa en 2% anual, en tanto la tasa promedio de rentabilidad real de los activos financieros se sitúa 1 punto porcentual arriba de la tasa de crecimiento del sector no vinculado a los recursos naturales. Las simulaciones calculan patrones de referencia de sostenibilidad fiscal y permiten realizar una comparación de las trayectorias para el déficit primario no proveniente de recursos naturales, la riqueza financiera, el gasto primario y los ingresos no provenientes de recursos naturales para tres reglas PIH alternativas (gráfico 7.3):

  • La regla PIH tradicional, donde el saldo primario no proveniente de recursos naturales se mantiene constante en el tiempo y es financiado con la tasa de rentabilidad sobre el VPN de los ingresos provenientes de recursos proyectados. En este caso, el patrón de referencia de sostenibilidad de PIH es casi igual a –7% del PIB no relacionado con recursos naturales.

  • La regla PIH modificada, que prevé un incremento del saldo primario no proveniente de recursos naturales por encima del patrón de referencia de sostenibilidad de PIH en alrededor de 1 punto porcentual del PIB anual no relacionado con recursos naturales, en promedio, entre 2013 y 2019 (si la inversión aumenta 20% al año). La simulación aporta una estimación de la concesión intertemporal entre un incremento del gasto a corto plazo y las necesidades futuras de ajuste fiscal, dado que no se prevé que la inversión adicional genere un mayor crecimiento. Como se observa en el gráfico 7.3, la inversión concentrada en la etapa inicial tendría que compensarse con un esfuerzo de consolidación promedio del orden de 0,2% del PIB no relacionado con recursos naturales, por año, suavizado a lo largo de 18 años, a fin de volver al patrón de referencia de PIH de cerca de –1% para el año 2036.

  • El marco de sostenibilidad fiscal, que incorpora el impacto positivo que la inversión mayor tiene sobre el crecimiento y los ingresos no provenientes de recursos naturales y genera un trayecto sostenible en términos fiscales, que se condice con un menor nivel de riqueza financiera. Según este enfoque, el gasto fiscal puede todavía estabilizarse en un nivel más elevado porque una parte de la riqueza de los recursos naturales ha sido transformada en activos físicos, y el crecimiento más elevado generará “rentabilidades fiscales” a través de mayores ingresos no provenientes de recursos naturales y, no obstante, una menor riqueza financiera con relación a los enfoques PIH y MPIH.

Gráfico 7.3Marcos de sostenibilidad fiscal

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Nota: MSF = Marco de Sostenibilidad Fiscal; PIH = hipótesis del ingreso permanente; MPIH = hipótesis del ingreso permanente modificada.

Marco de sostenibilidad basado en el saldo primario estructural

Como se analizó anteriormente, la elección de las metas fiscales también debería supeditarse a la duración de los horizontes de las reservas de recursos. En el caso de los países en desarrollo ricos en recursos naturales con horizontes breves de reservas, la posibilidad de agotamiento de las reservas constituye la preocupación principal, y el indicador fiscal clave para evaluar la posición fiscal debería ser el saldo primario no proveniente de recursos naturales, con algunas variantes respecto del marco descrito más arriba. Sin embargo, la exclusión de los ingresos provenientes de recursos naturales de las metas fiscales (como lo sugiere la regla del saldo primario no proveniente de recursos naturales) reviste una importancia menor en los países con horizontes relativamente extensos (el Perú) y en aquellos que derivan una parte creciente de sus ingresos de los recursos naturales. En este caso, un saldo primario estructural constituye una meta más relevante, que complementa al indicador del saldo primario no proveniente de recursos naturales.

Para abordar las cuestiones relativas a la naturaleza cíclica y a la sostenibilidad, posiblemente sea conveniente fijar un saldo primario estructural con cierta suavización de los precios y/o normas de crecimiento del gasto16. Si bien una norma de suavización basada en los precios no ofrece un nexo directo con los patrones de referencia de sostenibilidad, esta puede ayudar a apoyar la solvencia mediante una formulación prudente de pronósticos de los ingresos estructurales, realizando una proyección conservadora deliberada del precio del recurso sostenible17. Por otra parte, una norma de crecimiento del gasto puede ayudar a limitar la naturaleza procíclica y ayudar a orientar la ampliación de la escala de la inversión pública. El gráfico 7.4 presenta los resultados de los saldos y ahorros generales cuando se fija un saldo primario estructural de entre –1% y 1% del PIB, en virtud de la regla 5/1/518.

Gráfico 7.4Resultados proyectados con los distintos objetivos de saldo primario estructural, según la norma de precios 5/1/5

Fuente: Cálculos del personal técnico del FMI.

Nota: La norma 5/1/5 utiliza para el cálculo cinco años de precios anteriores del cobre, el precio del año actual y una proyección de cinco años.

Alternativas para el Perú

En el caso del Perú, las consideraciones para el ahorro deben equilibrarse en función de las necesidades de gasto que pueden estimular el potencial de crecimiento económico. Como ya se mencionó, el Perú tiene necesidades sociales apremiantes (con niveles elevados de pobreza en las áreas rurales) y se clasifica en un nivel relativamente bajo en cuanto a educación y capital humano. Existen también necesidades considerables de inversión en infraestructura pública, que podrían mejorar el crecimiento económico en el futuro. Si bien el Perú se compara favorablemente con sus vecinos de América del Sur en términos de su ratio general de inversión-PIB, con una inversión privada que promedia 22% del PIB frente a 19% en el resto de la región, su desempeño no es tan favorable cuando se trata de la inversión del sector público, que promedia menos de 4% frente a más de 5% en la región, aunque en los últimos años se hayan hecho esfuerzos para elevar este promedio (gráfico 7.2). Además de otras presiones y prioridades fiscales, este nivel relativamente bajo de gasto en inversión pública también podría explicarse por las restricciones de capacidad a corto y mediano plazo que han obstaculizado su eficacia y ejecución19. Por lo tanto, quizás el Perú esté en mejores condiciones de adoptar un enfoque gradual de aumento del gasto de inversión (PIH) y ahorrar una parte mayor de sus ingresos provenientes de recursos naturales en activos financieros, aunque solo fuese de manera provisoria, mientras se desarrolla la capacidad de inversión a nivel interno. La inversión sostenible—o gradual—también continuará atenuando el síndrome holandés, y reducirá los costos de las restricciones de la capacidad de absorción.

No obstante, la necesidad de zanjar la brecha de infraestructura podría requerir de un marco fiscal alternativo. La regla PIH, o incluso la regla PIH modificada, podrían considerarse como demasiado limitantes para las circunstancias del Perú, dado que la inversión pública no es muy elevada para los patrones de los mercados emergentes. El Perú, por tanto, podría considerar la aplicación del marco de sostenibilidad fiscal con un incremento rápido del gasto de inversión. Ello estaría en consonancia con las directrices recientes del FMI para los países en desarrollo ricos en recursos naturales, con horizontes de reservas relativamente prolongados, que pone un menor énfasis en la cuestión de la posibilidad de agotamiento de los recursos para la planificación de mediano plazo. La incorporación de un marco de sostenibilidad fiscal, sin embargo, podría demandar mejoras expeditivas que resuelvan las limitaciones de capacidad y una comprensión adecuada de la regla por parte del público, con miras a generar un mejor apoyo para su credibilidad y aplicación. Asimismo, en aras de garantizar la calidad y la continuidad de la inversión, existen fundamentos para diseñar primero un plan nacional de infraestructura a largo plazo.

Teniendo en cuenta las consideraciones citadas, lo más apropiado podría ser apuntar a un saldo primario estructural respaldado por normas de precios. Las simulaciones indican que con una regla de saldo primario estructural de –1% del PIB, el ahorro financiero acumulado podría ser negativo, mientras que con una meta de saldo primario estructural cero, el ahorro acumulado podría ser nulo en 2040, momento en que se prevé que las reservas de cobre se habrán agotado (gráfico 7.4). Un saldo primario estructural de 1% del PIB parece ser una meta más razonable, y podría generar un ahorro financiero acumulativo superior a 40% del PIB no relacionado con recursos naturales durante el mismo período para el saldo global del sector público no financiero. En la última década, el Perú ha promediado un superávit del sector público no financiero general de casi 1% del PIB no relacionado con recursos naturales, y un saldo primario estructural de 1,8% del PIB (gráfico 7.5). El nuevo marco fiscal del Perú brinda la oportunidad de apuntar de manera implícita a un saldo estructural en el mediano plazo, y las autoridades estarían correctamente encaminadas si aspiraran a superávits primarios estructurales de entre ½% y 1% del PIB, a fin de lograr con éxito los objetivos polifacéticos de sostenibilidad, al tiempo que siguen acumulándose protecciones y ahorros y se persevera en la inversión y en la agenda del desarrollo.

Gráfico 7.5Saldos fiscales

Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas y cálculos del personal técnico del FMI.

1Ajustado en función del ciclo económico y los precios de las materias primas. Utiliza como precios de materias primas de equilibrio una estimación promedio móvil que toma cinco años de precios históricos y tres años de precios futuros, de acuerdo con la base de datos de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO) del FMI.

2Emplea la metodología aprobada por la Resolución Ministerial No. 37-EF/15, disponible en: www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/informe_metodologia_estructural.pdf.

Referencias

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    Ministry of Energy and Mines. 2012. Anuario de la Minería del Perú. Lima.

    Ministry of Energy and Mines. 2013. “Libro Anual de Reservas de Hidrocarburos.Ministry of Energy and Mines of PeruLima.

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    World Bank. 2014. Doing Business Indicators. Washington: World Bank.

En 2012, algunos analistas estimaban que la brecha de infraestructura del Perú era del orden de 44% del PIB, o alrededor de US$88.000 millones.

La expresión “maldición de los recursos” fue acuñada por Richard M. Auty (1993) para describir el fenómeno de que muchos países en desarrollo ricos en recursos a menudo se desarrollan con más lentitud que aquellos que poseen menos recursos naturales.

Esta sección utiliza información del FMI (2012a, 2012b y 2013b).

No se pudo acceder a datos completos disponibles para 2013. La clasificación puede variar en ±1. Chile produce 5,7 millones de toneladas de cobre, seguido por China con 1,65 millones de toneladas, y el Perú, con 1,3 millones de toneladas.

El proyecto de Toromocho alcanzó la etapa de construcción en diciembre de 2013, pero la producción se pospuso debido al hallazgo de cobre de bajo grado.

Los principales proyectos son el gasoducto del sur, el gasoducto de gas licuado de petróleo ubicado entre Pisco y Lima, y la licitación de petroquímicos y petróleo.

Los contratos de estabilidad fiscal se ofrecieron a mediados de la década de 1990 a las empresas mineras para garantizar un entorno jurídico, fiscal y administrativo estable, a fin de atraer a las empresas multinacionales.

La encuesta se realizó por primera vez en 1997 (el Perú fue añadido a la muestra en 1999).

La ley de minería (Canon Minero) comprende una cláusula de consulta no vinculante (Consulta Previa) que les exige a los inversionistas reunirse con la comunidad local para analizar el proyecto futuro e identificar soluciones a cualquier complicación (ambiental, social, etc.) que pueda surgir a raíz de su ejecución.

Algunas disposiciones sobre los contratos de estabilidad se consideraron caducas y se modificaron en julio de 2014 en virtud de la ley que establece nuevas medidas fiscales, simplifica los procedimientos y permisos y promueve el impulso de las inversiones. Los pisos de inversión y producción fijados en los contratos de estabilidad se aumentaron para reflejar el tamaño de las inversiones actuales; en el caso de los proyectos superiores a US$500 millones, las tasas impositivas se fijan para un período de 15 años. Además, la ley les permite a las empresas ampliar los proyectos en curso bajo el contrato de estabilidad sin tener que volver a iniciar el proceso de solicitud.

Las entidades públicas tendrán 45 días para evaluar los estudios de impacto ambiental. La sanción máxima que se impondrá en los tres años siguientes por infracciones ambientales será equivalente a 50% del monto correspondiente fijado en la legislación existente.

El diseño del nuevo marco fiscal adoptó las recomendaciones de la comisión de expertos designada en 2012, y contó con la participación del banco central, la asistencia técnica del FMI y el aporte de expertos independientes para dotar al proceso de mayor transparencia y compromiso.

El resultado fiscal estructural corrige el ciclo económico (que afecta a los ingresos no provenientes de la minería) y las desviaciones de los precios de los metales de un precio de largo plazo (que afecta a los ingresos provenientes de la minería).

En 2014 se adoptó una metodología oficial para calcular la meta fiscal estructural, con base en el dictamen no vinculante de un comité de expertos. Conforme a esta metodología, los ingresos no relacionados con las materias primas se ajustan en función de la brecha de producción del sector primario del PIB. Los impuestos directos y las regalías gravadas sobre los sectores de minería e hidrocarburos (es decir, los ingresos provenientes de recursos naturales), en cambio, se presumen dependientes de un índice de precios de exportación específico del Perú que refleja la canasta de exportaciones relacionadas con las materias primas del país (se efectúa un ajuste no cíclico al gasto, los ingresos de capital o el balance de las empresas estatales). Para calcular la brecha de precios entre los precios actuales y estructurales (que se emplearán para computar los ingresos provenientes de recursos estructurales), la metodología asume un ciclo de precios de 30 años de acuerdo con el cual los precios de mercado actuales declinarían de manera constante a lo largo de los 20 años siguientes, para convergir en los niveles anteriores a 2002 para el año 2033. Luego, los precios estructurales se derivan empleando un filtro HP a lo largo de las series de precios de 1980–2033, y la diferencia constituye la brecha. La metodología puede revisarse cada tres años, y debe ser evaluada por el consejo fiscal. Puede consultarse en http://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos/descarga/informe_metodologia_estructural.pdf.

Las simulaciones se generaron con un modelo desarrollado por el Departamento de Finanzas Públicas (FAD) del FMI (FMI, 2012b).

Véase FMI (2010 y 2012c) sobre las consideraciones para las opciones de reglas estructurales.

El modelo del Departamento de Finanzas Públicas del FMI también permite realizar simulaciones de normas fiscales alternativas con base en los precios. Este podría no ser un ejercicio sencillo para aplicar en el Perú, dado que depende de varios precios de materias primas, distintas capacidades de producción y horizontes de recursos. No obstante, de considerarse, los resultados podrían apuntar a las concesiones de las normas alternativas basadas en el precio en términos de atenuar la volatilidad y generar diferentes niveles de activos financieros. Para una fórmula de precios dada, las metas estructurales más/menos elevadas podrían asociarse a un aumento/disminución del nivel de ahorro financiero en el tiempo. El modelo del Departamento de Finanzas Públicas no está todavía configurado para dar cabida a múltiples materias primas (como es el caso del Perú). En el caso de escenarios que tienen en cuenta horizontes de producción y reservas diferentes para calcular los ingresos públicos provenientes de recursos naturales, los resultados se normalizaron mediante un precio relativo constante del cobre, para proyectar un nivel de producción general de metales.

La regla “5/1/5” utiliza para el cálculo cinco años de precios anteriores, el precio del año actual y una proyección de cinco años.

En los últimos años, la ejecución del gasto de capital ha promediado cerca de 85% de los montos presupuestados.

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