Chapter

2. Unidades institucionales y sectores

Author(s):
Sage De Clerck, and Tobias Wickens
Published Date:
April 2017
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En este capítulo se definen y describen los conceptos de residencia, unidades institucionales y sectores, los que luego se aplican para delimitar el sector gobierno general y el sector público, y analizar aplicaciones prácticas de los principios de clasificación sectorial.

Introducción

2.1 En principio, las EFP deberían abarcar todas las entidades que influyen de manera significativa en las políticas fiscales. Normalmente las políticas fiscales son ejecutadas por entidades, establecidas mediante procesos políticos, completamente dedicadas a las funciones económicas del gobierno (véase el párrafo 2.38), tales como ministerios de gobierno o consejos municipales. El término “gobierno” suele emplearse como un sustantivo colectivo que denota distintas combinaciones de entidades de un país que participan en las funciones de gobierno, o referirse individualmente a alguno de los distintos gobiernos de un país. Por ejemplo, un país puede tener un gobierno central; varios gobiernos estatales, provinciales o regionales; y numerosos gobiernos locales. También pueden existir instituciones sin fines de lucro bajo el control del gobierno. Además de estas entidades, las empresas propiedad del gobierno, o controladas por el gobierno, que realizan algunas actividades comerciales pueden ser instrumentos de política fiscal (véanse los párrafos 2.104–2.105). Estas empresas propiedad del gobierno, tales como el banco central, oficinas de correos o ferrocarriles, que a menudo se denominan sociedades públicas, empresas públicas o empresas paraestatales en un sentido jurídico, pueden ser parte del sector gobierno general o del sector público, y es necesario compilar estadísticas de todas ellas.

2.2 Determinar la cobertura de las entidades incluidas en las EFP requiere determinar el territorio económico, empleando los criterios de residencia (véase el párrafo 2.6), antes de considerar dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es la unidad estadística sobre la que es factible y tiene sentido recopilar estadísticas? Y, en segundo lugar, ¿cuáles de esas unidades estadísticas deberían incluirse en las EFP?

2.3 La unidad estadística empleada en la clasificación por sectores institucionales en las EFP es la unidad institucional, la misma unidad que es la base del SCN 2008 y otros sistemas de estadísticas macroeconómicas1. Por lo tanto, en este capítulo se definen (véase el párrafo 2.22) y describen los tipos de unidades institucionales (véase el párrafo 2.26).

2.4 Con respecto a la cobertura de las EFP, en los sistemas de estadísticas macroeconómicas se utilizan dos conceptos principales. Primero, se define el sector gobierno general, que realiza principalmente actividades no de mercado (véase el párrafo 2.58). Segundo, se define el sector público para también capturar las actividades de mercado y las operaciones cuasifiscales de las sociedades públicas (véase el párrafo 2.63) como el banco central y otras sociedades públicas. Las operaciones cuasifiscales son operaciones de gobierno efectuadas por unidades institucionales distintas de las unidades del gobierno general. Estas operaciones cuasifiscales tienen el mismo impacto de política fiscal en la economía que aquellas realizadas por unidades de gobierno (véase el párrafo 2.38). Además, se define una serie de subsectores del sector gobierno general y del sector público debido a su utilidad analítica.

2.5 En el resto de este capítulo se define el concepto de residencia para delimitar una economía, y se describen las unidades institucionales y los tipos de unidades institucionales que existen en las estadísticas macroeconómicas antes de definir los sectores institucionales. En el capítulo se aplican estos conceptos para delimitar al sector gobierno general y al sector público. Finalmente, se presenta un árbol de decisiones para ayudar con la clasificación de las entidades del sector público y se analiza la aplicación de los principios de clasificación sectorial a algunos ejemplos.

Residencia

2.6 Una economía es un conjunto de unidades institucionales residentes. Como ocurre con otras estadísticas macroeconómicas, el concepto de residencia es importante para determinar la cobertura de las unidades institucionales y la clasificación de las transacciones. Además, tal como se describe en capítulos posteriores (véanse los párrafos 5.101–5.103, 6.93 y 7.264–7.265), ciertos tipos de flujos y saldos de activos y pasivos de unidades del gobierno general y del sector público se clasifican en las EFP según la contraparte del instrumento financiero, y uno de los criterios de clasificación es la residencia de la contraparte.

2.7 La residencia de cada unidad institucional es el territorio económico con el que tiene la conexión más estrecha (es decir, su centro de interés económico predominante)2. Según las normas estadísticas internacionales, la residencia no se basa en la nacionalidad ni en criterios jurídicos, aunque pueda asemejarse a los conceptos de residencia utilizados en muchos países para el control de cambios, los impuestos u otros fines. Las unidades no residentes son aquellas que residen en cualquier otro territorio económico y, por conveniencia, se las denomina “resto del mundo”.

2.8 Territorio económico, en su sentido más amplio, puede ser cualquier área geográfica o jurisdicción para la cual se requieren estadísticas. El concepto más comúnmente utilizado de territorio económico es el de un área bajo el control económico efectivo de un gobierno específico. El concepto de territorio económico en las EFP es el mismo que se usa en otros sistemas de estadísticas macroeconómicas. La conexión de las entidades a un territorio económico específico se determina mediante aspectos tales como presencia física y el estar sujeto a la jurisdicción del gobierno del territorio. Sin embargo, no es necesario que el territorio económico sea idéntico a sus fronteras físicas o políticas, y puede ser mayor o menor que estas, como ocurre en el caso de las uniones monetarias o económicas, o como parte de una economía, región o el mundo como un todo.

2.9 El territorio económico incluye lo siguiente:

  • El área terrestre.

  • El espacio aéreo.

  • Las aguas territoriales, incluidas las zonas en las cuales se ejerce jurisdicción sobre los derechos de pesca o sobre los derechos de explotación de combustibles o minerales.

  • En un territorio marítimo, las islas pertenecientes al territorio.

  • Los enclaves territoriales en el resto del mundo (tales como embajadas, consulados, bases militares, estaciones científicas, oficinas de información o inmigración, organismos de ayuda, oficinas de representación del banco central con rango diplomático).

2.10 Los enclaves territoriales se ubican físicamente en otros territorios y son utilizados por los gobiernos que los poseen o arriendan con fines diplomáticos, militares, científicos o de otra índole con el consentimiento político formal de los gobiernos de los territorios donde las áreas terrestres se encuentran físicamente localizadas. Estas áreas pueden ser compartidas con otras organizaciones, pero para considerarse como enclaves sus operaciones deben estar exentas en gran medida de las leyes locales. Las operaciones de un gobierno que están plenamente sujetas a las leyes de la economía anfitriona no se consideran como enclaves, sino como residentes de esa economía. A la inversa, el territorio económico de un país no comprende los enclaves territoriales que se ubican físicamente dentro de las fronteras geográficas de ese país, que son utilizados por gobiernos extranjeros u organismos internacionales y no están sujetos a las leyes del país anfitrión.

2.11 A veces un gobierno mantiene bajo su control una zona física o jurídica separada pero a la cual se le aplican, en cierta medida, leyes distintas. Por ejemplo, una zona de libre comercio o un centro financiero offshore pueden estar exentos de ciertos impuestos u otras leyes. Debido a la necesidad de ver la economía como un todo, de contar con datos globales amplios y de mantener la compatibilidad con los datos de la contraparte, estas zonas especiales siempre deben incluirse en las estadísticas económicas de la economía que ejerce el control sobre la zona física o jurídica separada3.

2.12 Una unidad institucional tiene un centro de interés económico predominante en un territorio económico cuando dentro de ese territorio económico existe una ubicación, una vivienda, un lugar de producción u otro tipo de instalación en el cual, o desde el cual, la unidad realiza y tiene previsto seguir realizando, ya sea indefinidamente o a lo largo de un período finito pero prolongado, transacciones y actividades económicas a una escala significativa. No es necesario que la ubicación sea fija, siempre y cuando siga estando dentro del territorio económico. El criterio de un año o más para la ubicación efectiva o prevista se utiliza como una definición de carácter operativo; aunque elegir un año como período de referencia tiene algo de arbitrario, se adopta para evitar incertidumbre y facilitar la comparabilidad internacional.

2.13 Una unidad residente hipotética es una unidad identificada con fines estadísticos como la propietaria residente de activos inmuebles que pertenecen legalmente a no residentes. Los activos inmuebles (tales como tierras y terrenos, otros recursos naturales, edificios y estructuras) siempre se tratan como pertenecientes a unidades residentes. Si el propietario legal de estos tipos de activos es un no residente, se crea una unidad residente hipotética. La unidad residente hipotética se considera como propietaria del activo y quien recibe el arriendo o los alquileres que devenga el activo. Se considera que el propietario legal tiene una participación de capital equivalente en la unidad residente hipotética y, por lo tanto, recibe ingresos de esta unidad bajo la forma de renta de la propiedad pagada en el extranjero. Si un edificio o estructura pertenece en parte a una unidad residente y en parte a una o varias unidades no residentes, se establece una unidad residente hipotética. Cada uno de los propietarios posee una participación proporcional en el capital de la unidad residente hipotética. Las tierras y edificios en enclaves extraterritoriales de gobiernos extranjeros (tales como embajadas, consulados y bases militares) que se encuentran sujetos a las leyes del territorio de origen y no aquellas del territorio en que se ubican físicamente son parte del territorio económico de la economía de origen (territorio de origen).

2.14 Sobre la base de la definición de residencia, todas las unidades del gobierno general se consideran residentes de su propio país independientemente de su ubicación física. Sin embargo, las sociedades públicas se consideran residentes de las economías en cuyos territorios desempeñan sus actividades. Por lo tanto, una unidad de gobierno general residente en un país puede poseer una sociedad residente en otro país. Las sociedades controladas por un gobierno que es residente en otra economía no se clasifican como sociedades públicas; se las clasifica como sociedades privadas en la economía en que son residentes. Esto se debe a que no son sociedades públicas relacionadas con el gobierno de su economía de residencia.

2.15 El caso de las “entidades con fines especiales” (EFE), las “compañías de fachada” o las “compañías fantasma” requiere especial atención. Estas entidades pueden tener una presencia física escasa o nula en la economía en la que están jurídicamente constituidas o domiciliadas (por ejemplo, inscritas o autorizadas), y toda actividad sustancial de la entidad puede llevarse a cabo en otra economía. En tales circunstancias, la residencia se atribuye a la economía donde la entidad está constituida legalmente o, de no haber una constitución en sociedad jurídica, donde se encuentra su domicilio legal. Sin embargo, las actividades fiscales de las EFE controladas por gobiernos no residentes deben ser recogidas en las EFP (véanse los párrafos 2.136–2.139).

2.16 El territorio económico de un organismo internacional que presenta todos los atributos esenciales de una unidad institucional (véase el párrafo 2.22) comprende los enclaves territoriales sobre los que tiene jurisdicción. Los organismos internacionales presentan las siguientes características especiales:

  • Los miembros de un organismo internacional son estados nacionales u otras organizaciones internacionales cuyos miembros son estados nacionales; por lo tanto, su autoridad deriva ya sea directamente de los estados nacionales que son sus miembros o indirectamente de dichos estados, a través de otros organismos internacionales.

  • Son entidades establecidas mediante acuerdos políticos formales entre sus miembros, que tienen el rango de tratados internacionales; su existencia es reconocida por ley en sus países miembros.

  • Debido a que son establecidos mediante acuerdos internacionales, se les otorga estatus soberano (es decir, los organismos internacionales no están sujetos a las leyes o regulaciones del país o países en que se encuentran ubicados).

  • Se los crea con diversos fines, como los organismos financieros internacionales (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales), o para brindar servicios no de mercado de naturaleza colectiva para beneficio de sus estados miembros (por ejemplo, mantenimiento de paz, salud y regulación de ciertos aspectos de las relaciones económicas o procesos de integración entre las economías de la región).

Por lo tanto, los organismos internacionales no se consideran residentes de ninguna economía nacional, ni siquiera de aquella en la que están situados o desde donde realizan sus operaciones.

2.17 Los organismos internacionales pueden ser mundiales o regionales. Los organismos regionales surgen de acuerdos regionales, tales como uniones aduaneras, uniones económicas y uniones monetarias y cambiarias4. Los organismos regionales consisten en instituciones cuyos miembros son gobiernos o autoridades monetarias5 de economías ubicadas en una región específica del mundo. Pueden ser financieros (como los bancos regionales de desarrollo) o no financieros (como las entidades que participan en el gobierno de uniones económicas). Los organismos regionales no son unidades residentes de ningún país.

2.18 Ciertos organismos regionales han sido facultados para recaudar impuestos u otras contribuciones obligatorias dentro de los territorios de sus países miembros. A veces se los denomina como “autoridades supranacionales”. A pesar de que desempeñan algunas de las funciones de gobierno dentro de cada país miembro, no son unidades residentes de ningún país.

2.19 Las posiciones financieras entre el organismo regional y las unidades institucionales residentes fuera del sector gobierno general o del sector público no se incluyen en las estadísticas del sector público de un país porque estos organismos no son residentes de ese país. Cuando las EFP de organismos regionales se compilan como si constituyeran un gobierno separado, en este Manual se recomienda que las posiciones financieras se clasifiquen según el país miembro que actúa como contraparte para permitir que cada país pueda evaluar el impacto del organismo regional en su respectiva economía.

2.20 A diferencia de los organismos regionales, que ejecutan funciones de gobierno, puede haber empresas regionales que sean propiedad de dos o más gobiernos y que funcionen como productores de mercado. Si la empresa posee entidades jurídicas o sucursales separadas en cada economía en que opera, entonces la identificación de estas unidades y la determinación de su residencia en la economía anfitriona de cada una de las sucursales son evidentes. Sin embargo, si operan como una única entidad en varias economías, las operaciones de la empresa se prorratean entre las economías, de modo que se las incluya en las estadísticas del sector público de las economías nacionales en las que operan. Estos procedimientos deben aplicarse manteniendo la consistencia con el registro en otras estadísticas macroeconómicas6.

2.21 El banco central de una unión monetaria es un organismo financiero internacional que actúa como un banco central común para un grupo de países miembros. El banco central de una unión monetaria es una unidad institucional por derecho propio, es propietario de activos y pasivos por cuenta propia, y es no residente de todas las economías miembros, pero residente de la unión monetaria. Normalmente tal banco tiene su sede principal en un país de la unión monetaria y mantiene sucursales nacionales en cada uno de los países miembros para realizar ciertas funciones propias de un banco central. Cada oficina nacional actúa como banco central para ese país y se considera que es una unidad institucional residente de ese país. Sin embargo, la oficina central es un organismo internacional.

Unidades institucionales7

Definición de una unidad institucional

2.22 Una unidad institucional es una entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, incurrir en pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades. Las siguientes son algunas características importantes de las unidades institucionales:

  • La capacidad de una unidad institucional de ser propietaria de bienes o activos por derecho propio significa que también puede intercambiar la propiedad de bienes o activos mediante transacciones con otras unidades institucionales.

  • Una unidad institucional tiene capacidad para tomar decisiones económicas y realizar actividades económicas de las que es directamente responsable ante la ley.

  • La unidad institucional tiene capacidad de incurrir en pasivos en nombre propio, de aceptar otras obligaciones o compromisos futuros y de suscribir contratos.

  • Una unidad institucional dispone de un conjunto completo de cuentas que incluye un balance de activos, pasivos y patrimonio neto, o bien es posible y relevante, desde un punto de vista económico y jurídico, compilar un conjunto completo de cuentas siempre que se requiera.

2.23 Identificar la unidad institucional es importante para la compilación de las EFP, dado que permite sectorizar la economía, identificar la contraparte de transacciones y saldos, y efectuar la consolidación8. Hay varios motivos para elegir trabajar con la unidad institucional:

  • Las estadísticas del gobierno general o del sector público pueden armonizarse con las cuentas nacionales, la balanza de pagos, la posición de inversión internacional y las estadísticas monetarias y financieras, dado que los sectores y unidades institucionales para los que se compilan las estadísticas se definen de idéntico modo (véase el apéndice 7).

  • Estas unidades institucionales tienen responsabilidad jurídica por sus actos, y son centros de toma de decisiones por derecho propio.

  • Las estadísticas pueden basarse en información de entidades para las que pueden compilarse conjuntos completos de cuentas, incluidos balances.

  • Usualmente los datos fuente necesarios para compilar las estadísticas están disponibles o pueden obtenerse rápidamente.

2.24 Un establecimiento es una empresa, o parte de una empresa, situada en un único emplazamiento y en la que solo se realiza una actividad productiva, o en la que la actividad productiva principal representa la mayor parte del valor agregado. Existe una relación jerárquica entre las unidades institucionales y los establecimientos. Una unidad institucional puede comprender uno o más establecimientos completos, en tanto que un establecimiento puede pertenecer solo a una unidad institucional. La definición de establecimiento implica que, como mínimo, se dispone de registros contables completos sobre sus actividades productivas, incluido el valor de su producción y el costo de generar tal producción. Un establecimiento puede ser una unidad institucional si cumple con los criterios establecidos en el párrafo 2.229. La identificación de establecimientos puede ser de particular interés para determinar la producción de mercado de las unidades del gobierno general (véase el párrafo 2.76).

2.25 Una empresa es una unidad institucional vista como productora de bienes y servicios. El término empresa puede hacer referencia a una sociedad, una cuasisociedad, una institución sin fines de lucro o una empresa no constituida en sociedad10.

Tipos de unidades institucionales

2.26 Al compilar datos macroeconómicos, la clasificación de una unidad institucional se determina en base a sus objetivos y funciones y no siempre puede ser inferida de su condición jurídica o nombre. Por lo tanto, es necesario analizar con mucha atención los objetivos y funciones de la unidad institucional antes de decidir qué tipo de unidad es.

2.27 Existen dos tipos principales de unidades institucionales:

  • Personas o grupos de personas que conforman hogares.

  • Entidades jurídicas o sociales.

Hogares

2.28 Un hogar es un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que mancomunan, total o parcialmente, su ingreso y riqueza y que consumen colectivamente ciertos tipos de bienes y servicios (sobre todo los relativos a alojamiento y alimentación). Un hogar puede ser de naturaleza individual o institucional. Esta última categoría comprende grupos de personas que residen durante un período muy prolongado o indefinido, o que se prevé residan durante un período muy prolongado o indefinido, en instituciones tales como hospitales, hogares de ancianos, cárceles o comunidades religiosas (como conventos y monasterios).

2.29 Los hogares pueden tener uno o varios miembros. En los hogares con varias personas, los distintos miembros no se tratan como unidades institucionales separadas. En forma conjunta, dos o más miembros del mismo hogar pueden ser propietarios de muchos activos o contraer pasivos, en tanto que todo o parte del ingreso percibido por los distintos miembros del mismo hogar puede juntarse en un fondo común para beneficio de todos ellos. Además, muchas decisiones de gasto, especialmente las relativas al consumo de alimentos o a la vivienda, pueden ser tomadas colectivamente por el hogar como un todo. Por ello, sería imposible obtener balances u otras cuentas que sean significativos para cada miembro de un hogar multipersonal. Por estas razones, el hogar como un todo, y no las distintas personas que lo conforman, debe ser tratado como la unidad institucional.

Entidades jurídicas y sociales

2.30 Una entidad jurídica o social es aquella cuya existencia es reconocida por la ley o la sociedad con independencia de las personas u otras entidades que puedan ser sus propietarios o controladores. Tres tipos de entidades jurídicas o sociales se reconocen como unidades institucionales: las sociedades e instituciones sin fines de lucro, creadas principalmente con la finalidad de producir bienes o servicios; y las unidades de gobierno, creadas mediante procesos políticos.

Sociedades

2.31 Son sociedades las entidades capaces de generar utilidades u otras ganancias financieras para sus propietarios, reconocidas por la ley como entidades jurídicas separadas de sus propietarios y creadas con el fin de dedicarse a la producción de mercado. La clave para clasificar una unidad como una sociedad en las estadísticas macroeconómicas no es su condición jurídica sino la esencia económica de la naturaleza de la entidad. Las leyes que rigen la constitución, gestión y las operaciones de las sociedades legalmente constituidas y otras entidades pueden variar de un país a otro, por lo que no se puede ofrecer una definición jurídica de sociedad que sea universalmente válida. Por consiguiente, en las estadísticas macroeconómicas, el término sociedad no se emplea necesariamente del mismo modo que en sentido jurídico11.

2.32 La clave para clasificar una unidad como una sociedad en las estadísticas macroeconómicas es la convicción de que es un productor de mercado (véase el párrafo 2.65). De particular importancia son las características de producir bienes y servicios para el mercado a precios económicamente significativos (como se explica en el párrafo 2.66) y el potencial de ser una fuente de utilidades u otra ganancia financiera para sus propietarios. Algunas instituciones sin fines de lucro y unidades de gobierno tienen la condición jurídica de sociedades, pero no se las considera como tales a los efectos de las estadísticas macroeconómicas debido a que no son productores de mercado. Otras instituciones sin fines de lucro son sociedades jurídicas que producen para el mercado pero no se les permite ser una fuente de ganancia financiera para sus propietarios. En cambio, ciertas entidades con distintos nombres jurídicos, como asociaciones o compañías, podrían considerarse como sociedades en las estadísticas económicas si cumplen con la definición de sociedad.

2.33 Una cuasisociedad es i) una empresa no constituida en sociedad, propiedad de una unidad institucional residente, que tiene suficiente información para compilar un conjunto completo de cuentas, es gestionada como si fuera una sociedad separada y cuya relación de facto con su propietario es la de una sociedad con sus accionistas; o ii) una empresa no constituida en sociedad propiedad de una unidad institucional no residente que se considera residente porque se dedica a producir a escala significativa en el territorio económico durante un período prolongado o indefinido12. Estas entidades no están constituidas en sociedad, o con un estatuto legal similar, pero funcionan como si fueran sociedades. Se las trata como sociedades en las EFP (véanse los párrafos 2.125–2.127).

2.34 Un establecimiento o grupo de establecimientos que realizan el mismo tipo de actividades productivas deben tratarse como cuasisociedades si se cumplen los siguientes criterios:

  • El establecimiento cobra precios económicamente significativos por su producción (véase el párrafo 2.66).

  • El establecimiento es operado y administrado de modo similar a una sociedad.

  • El establecimiento posee, o puede preparar, un conjunto completo de cuentas, que permita identificar y medir separadamente los saldos y los flujos.

2.35 Todas las sociedades integran el sector sociedades no financieras o el sector sociedades financieras, dependiendo de la naturaleza de su actividad primaria. Las unidades institucionales que cumplen con los requisitos para ser consideradas como sociedades y son controladas por unidades del gobierno u otras sociedades públicas se clasifican como sociedades públicas (véase el párrafo 2.104).

Instituciones sin fines de lucro (ISFL)

2.36 Las instituciones sin fines de lucro (ISFL) son entidades jurídicas o sociales creadas para producir o distribuir bienes y servicios, pero no pueden ser fuente de ingresos, utilidades ni otra ganancia financiera para las unidades institucionales que las establecen, controlan o financian. En la práctica, sus actividades productivas generan ya sea superávits o déficits, pero los superávits no pueden ser traspasados a otras unidades institucionales. Los estatutos fundacionales de las ISFL determinan que las unidades que las controlan o gestionan no tienen derecho a una participación en las utilidades u otros ingresos que generan.

2.37 Las ISFL pueden participar en producción de mercado o no de mercado, y pueden ser creadas por hogares, sociedades o gobiernos (véase el párrafo 2.83).

  • Las ISFL que participan en la producción de mercado cobran precios económicamente significativos por sus servicios (véase el párrafo 2.66). Las escuelas, universidades, clínicas, hospitales, etc. constituidos como ISFL son productores de mercado cuando cobran tarifas basadas en la mayoría de sus costos de producción y que son lo suficientemente altas para tener una influencia significativa en la demanda por sus servicios. No hay accionistas que tengan derecho a las utilidades o capital de la ISFL. Debido a su condición de ISFL, también pueden recaudar fondos adicionales significativos mediante donaciones de personas, sociedades o gobiernos. Sin embargo, las ISFL que participan en la producción de mercado y son controladas por el gobierno deben tratarse como sociedades públicas siempre y cuando produzcan bienes y servicios para el mercado a precios económicamente significativos.

  • Algunas ISFL de mercado limitan sus actividades a servir a un subconjunto específico de otros productores de mercado. Se trata de cámaras de comercio; asociaciones agrícolas, industriales o comerciales; organizaciones empresariales; laboratorios de investigación o pruebas; y otras organizaciones o instituciones que se dedican a actividades que son de interés común para, o benefician a, el grupo de empresas que las controlan y financian. Estas ISFL se financian usualmente mediante contribuciones o cuotas abonadas por el grupo de empresas en cuestión. Estas contribuciones o cuotas no se tratan como transferencias, sino como pagos por servicios prestados y, por ende, estas ISFL se clasifican como productores de mercado. Estas ISFL de mercado, al igual que las sociedades y las cuasisociedades, integran el sector sociedades no financieras o el sector sociedades financieras.

  • Las ISFL que participan en la producción no de mercado y son controladas por el gobierno se tratan como unidades de gobierno (véanse el párrafo 2.38 y el recuadro 2.1). Por lo tanto, las escuelas, universidades, hospitales, etc. constituidos como ISFL son productores no de mercado cuando cobran tarifas que no son económicamente significativas.

  • Las ISFL restantes, aquellas que producen bienes y servicios pero no los venden a precios económicamente significativos y no son controladas por el gobierno, se clasifican como un grupo especial de unidades denominadas instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

Unidades de gobierno

2.38 Las unidades de gobierno constituyen una clase única de entidades jurídicas creadas mediante procesos políticos y dotadas de autoridad legislativa, judicial o ejecutiva sobre otras unidades institucionales en un área determinada. Las principales funciones económicas de las unidades de gobierno consisten en:

  • Asumir la responsabilidad por la provisión de bienes y servicios a la comunidad o a hogares individuales principalmente en condiciones no de mercado.

  • Redistribuir el ingreso y la riqueza por medio de transferencias.

  • Dedicarse principalmente a la producción no de mercado13.

  • Financiar sus actividades principalmente mediante impuestos u otras transferencias obligatorias14.

Una unidad de gobierno también puede financiar parte de sus actividades durante un período específico mediante endeudamiento u obteniendo fondos de fuentes distintas de las transferencias obligatorias (por ejemplo, ingresos por intereses, ventas incidentales de bienes y servicios o la renta de activos del subsuelo). Todas las unidades de gobierno forman parte del sector gobierno general.

Aplicación de la definición de unidad institucional al gobierno

2.39 Dependiendo de la complejidad de la forma en que se organiza un gobierno, la identificación de unidades de gobierno puede requerir una cuidadosa consideración. Los ministerios, departamentos, agencias, juntas, comisiones, autoridades judiciales, organismos legislativos y otras entidades que constituyen el gobierno no son unidades institucionales si no están facultadas para poseer activos, incurrir en pasivos o realizar transacciones por derecho propio. En general, todas las entidades financiadas mediante afectaciones efectuadas conforme a un presupuesto controlado por la legislatura no son unidades institucionales separadas y se las trata como si constituyeran una única unidad institucional.

2.40 La ubicación geográfica de una unidad de gobierno no siempre se limita a una sola ubicación dentro del territorio económico (por ejemplo, los distintos ministerios o departamentos de un gobierno determinado pueden estar dispersos deliberadamente por toda el área de jurisdicción del gobierno). Sin embargo, siguen siendo parte de la misma unidad institucional. De manera similar, un ministerio o departamento determinado puede mantener sucursales o agencias en muchas localidades diferentes a fin de atender las necesidades locales. Estas sucursales y agencias son parte de la misma unidad institucional.

2.41 Sin embargo, puede haber entidades de gobierno con identidad jurídica propia y un grado sustancial de autonomía, que incluya poder discrecional sobre el volumen y la composición de sus gastos y una fuente directa de ingresos, tales como los impuestos afectados. A menudo estas entidades se crean para cumplir funciones específicas, como la construcción de caminos o la producción no de mercado de servicios de salud y educación. Estas entidades deben tratarse como unidades de gobierno separadas (a menudo denominadas unidades extrapresupuestarias) si cumplen con los criterios para ser consideradas como unidades institucionales (véanse los párrafos 2.22 y 2.80).

2.42 A veces los gobiernos establecen entidades jurídicas que no pueden actuar de manera independiente y son solo tenedoras pasivas de activos y pasivos. Esas entidades se denominan subsidiarias artificiales y no se las trata como unidades institucionales separadas, a menos que sean residentes de una economía diferente de aquella de su unidad matriz (véanse los párrafos 2.6–2.20). Las entidades que son subsidiarias artificiales residentes se clasifican como componentes del nivel de gobierno que las controla (es decir, como parte de su unidad matriz o como unidades extrapresupuestarias de esta).

2.43 En ciertas ocasiones, las subsidiarias artificiales residentes del gobierno se establecen como EFE. Si bien a menudo estas subsidiarias artificiales residentes están legalmente constituidas en sociedades, en la medida en que estas entidades sean productores no de mercado y se encuentren bajo el control de otra unidad de gobierno, deben clasificarse dentro del sector gobierno general, ya sea como una unidad de gobierno extrapresupuestaria o con la unidad de gobierno matriz que controla la EFE. Las EFE residentes que actúan de manera independiente, adquiriendo activos y asumiendo pasivos en nombre propio, y aceptando el riesgo correspondiente, se tratan como unidades institucionales separadas y se clasifican por sector de acuerdo a su actividad principal. Todas las EFE no residentes se tratan como unidades institucionales separadas residentes en la economía donde se encuentran establecidas, pero las actividades fiscales que realizan se reflejan en las cuentas del gobierno que las controla (véanse los párrafos 2.136–2.139).

2.44 Otro ejemplo de una subsidiaria artificial residente se presenta cuando el gobierno establece una autoridad de endeudamiento central que parece ser una sociedad pública financiera pero en realidad es parte de una unidad de gobierno general. Estas autoridades de endeudamiento central obtienen préstamos en el mercado y luego prestan solo a la unidad matriz u otras unidades de gobierno general. Sin embargo, dado que tales entidades no se tratan como unidades institucionales separadas, y simplemente facilitan el endeudamiento del gobierno, deben clasificarse en el gobierno general, ya sea como una unidad extrapresupuestaria o con la unidad del gobierno que controla la autoridad de endeudamiento central. En caso de que tal autoridad de endeudamiento central se cree como residente en una economía distinta de aquella de su unidad matriz, debe clasificarse como una institución financiera cautiva (véanse los párrafos 2.14 y 2.54) en el sector sociedades financieras de la economía anfitriona.

2.45 Una actividad auxiliar es una actividad de apoyo que provee servicios dentro de una empresa y cuya finalidad es crear las condiciones que permitan realizar las actividades principales o secundarias15. El tipo de servicios a que se hace referencia incluye el mantenimiento de registros, la gestión de —y el pago a— empleados, la limpieza, el mantenimiento, el transporte y la seguridad. En general, una entidad que solo realiza actividades auxiliares no cumple con los criterios necesarios para ser considerada una unidad institucional16.

2.46 Muchos gobiernos asignan recursos sustanciales a la protección social mediante la provisión de prestaciones sociales (véanse los párrafos 6.96–6.105 y el apéndice 2), para proteger a toda la población o a segmentos específicos de ella de ciertos riesgos sociales. Los riesgos sociales son eventos o circunstancias que pueden afectar adversamente al bienestar de los hogares, ya sea imponiendo demandas adicionales sobre sus recursos o reduciendo sus ingresos. Son ejemplos de prestaciones sociales los servicios médicos, las compensaciones por desempleo y las pensiones de la seguridad social. Debido a la gran escala de los programas de protección social en muchos países y las distintas estructuras organizativas de tales programas, en el apéndice 2 se describen las unidades institucionales que se ocupan de estos programas y sus efectos en las estadísticas del sector gobierno general.

2.47 Lo usual es que un gobierno comprenda dos o más unidades institucionales, y normalmente una de las unidades controla a las otras. Lo más probable es que la unidad que ejerce el control incluya la legislatura, la jefatura de estado y el poder judicial. A diferencia de las sociedades (véase el párrafo 2.107), una unidad de gobierno no controla a otra unidad de gobierno a través de la propiedad del capital social sino designando a sus administradores y/o estableciendo las leyes y reglamentaciones para su financiamiento. Normalmente, las unidades de gobierno no emiten acciones. Las EFE, fondos de inversión u otras entidades del gobierno constituidas legalmente como sociedades pero que no satisfacen la definición estadística de una sociedad deben clasificarse como unidades de gobierno en uno de los subsectores del gobierno general. Como resultado, podría observarse un pasivo por participación de capital y en fondos de inversión en el balance consolidado del gobierno general (véanse los párrafos 2.137 y 2.152–2.155)17.

2.48 Las sociedades públicas, a diferencia de las unidades de gobierno general, son unidades institucionales que son fuentes potenciales de ganancias o pérdidas financieras para las unidades del gobierno a que pertenecen o que las controlan. En ciertos casos, la sociedad emite acciones, y por lo tanto la ganancia o pérdida financiera se asigna claramente a los accionistas. En otros casos, no se emiten acciones pero es evidente que una unidad de gobierno específica controla las actividades de la sociedad y es responsable financieramente por ella. En esos casos, la unidad de gobierno responsable también posee participaciones de capital y en fondos de inversión (véanse los párrafos 7.164–7.177).

Sectores institucionales18

2.49 Una economía puede dividirse en sectores institucionales19. Por lo tanto, es necesario definir los sectores institucionales e identificar los tipos de sectores que existen.

Definición de los sectores institucionales

2.50 Un sector institucional agrupa unidades institucionales de naturaleza similar de acuerdo a sus objetivos económicos, funciones y comportamiento. Cada sector comprende una serie de unidades institucionales residentes en la economía y es intrínsecamente diferente a los otros sectores. Una economía se divide en cinco sectores institucionales mutuamente excluyentes. Todas las unidades institucionales residentes se asignan a uno de estos sectores institucionales. Los cinco sectores institucionales son:

  • El sector sociedades no financieras.

  • El sector sociedades financieras.

  • El sector gobierno general.

  • El sector hogares.

  • El sector instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

2.51 La relación entre estos sectores de la economía y los tipos de unidades institucionales (analizados en los párrafos 2.26–2.48) se presenta en el gráfico 2.1.

Gráfico 2.1Tipos de unidades institucionales y su relación con los sectores de la economía

✓ Unidades incluidas en el sector

Sector sociedades no financieras

2.52 El sector sociedades no financieras comprende a unidades institucionales residentes que se dedican principalmente a la producción de mercado de bienes o servicios no financieros. El sector incluye sociedades públicas y privadas, y está compuesto por:

  • Todas las sociedades no financieras residentes (tal como se las define en los párrafos 2.31–2.32), independientemente de la residencia de sus propietarios.

  • Las sucursales de empresas no residentes que se dedican a la producción no financiera en el territorio económico sobre una base de largo plazo.

  • Todas las ISFL residentes que son productores de mercado de bienes o servicios no financieros.

Sector sociedades financieras

2.53 El sector sociedades financieras comprende a sociedades residentes que se dedican principalmente a prestar servicios financieros, incluidos los servicios relativos a seguros y fondos de pensión, a otras unidades institucionales. La producción de servicios financieros es el resultado de la intermediación financiera, la gestión del riesgo financiero, la transformación de la liquidez o actividades financieras auxiliares. Asimismo, el sector incluye a ISFL dedicadas a la producción de mercado de naturaleza financiera, como aquellas financiadas con suscripciones de empresas financieras cuyo papel consiste en promover y servir a los intereses de dichas empresas.

2.54 Las sociedades financieras pueden dividirse en tres clases amplias: intermediarios financieros, auxiliares financieros, e instituciones financieras y prestamistas de dinero cautivos.

  • Los intermediarios financieros son unidades institucionales que incurren en pasivos por cuenta propia, con el fin de adquirir activos financieros mediante la realización de transacciones financieras en el mercado. Los activos y pasivos de los intermediarios financieros se transforman o reestructuran con respecto a vencimiento, escala, riesgo y similares, en el proceso de intermediación financiera. El proceso de intermediación financiera canaliza fondos entre terceros con un excedente de fondos y aquellos con necesidad de fondos. Un intermediario financiero no actúa solo como agente de otras unidades institucionales, sino que asume riesgos al adquirir activos financieros e incurrir en pasivos por cuenta propia. La intermediación financiera se limita a adquirir activos e incurrir en pasivos con el público general o con grupos específicos y relativamente grandes del público general. En los casos en que la actividad se limita a grupos pequeños, no se da ninguna intermediación. Los intermediarios financieros incluyen a las sociedades de depósitos, sociedades de seguros y fondos de pensiones.

  • Los auxiliares financieros son sociedades financieras dedicadas principalmente a realizar actividades relacionadas con transacciones de activos financieros y pasivos o que proveen un marco regulatorio para estas transacciones, pero en circunstancias que no implican que el auxiliar asuma la propiedad de los activos financieros y pasivos objeto de la transacción. Incluyen a: corredores de bolsa; administradores de fondos de pensión, fondos mutuos, etc. (pero no los fondos que administran); casas de cambio; y las autoridades de supervisión central.

  • Las instituciones financieras y prestamistas de dinero cautivos son unidades institucionales que prestan servicios financieros distintos de los seguros, la mayoría de cuyos activos o pasivos no se encuentran disponibles en mercados financieros abiertos. Estas entidades realizan transacciones solo al interior de un grupo limitado de unidades (tales como con subsidiarias), o con subsidiarias de las mismas sociedades de cartera, o con entidades que otorgan préstamos con fondos propios que provienen de una única fuente. Los seguros cautivos son una excepción y se los clasifica como sociedades de seguros.

2.55 Los intermediarios financieros pueden dividirse en siete subsectores de acuerdo a la actividad del intermediario en el mercado y la liquidez de sus pasivos. Estos siete subsectores son: el banco central; las sociedades de depósito excepto el banco central; los fondos del mercado monetario; los fondos de inversión del mercado no monetario; otros intermediarios financieros excepto sociedades de seguros y fondos de pensión; sociedades de seguro; y fondos de pensión.

2.56 Tal como se señala en el gráfico 2.3 y el cuadro 7.11, en las EFP, con fines analíticos, las sociedades financieras se presentan como sigue:

Gráfico 2.2El sector público y su relación con otros sectores institucionales de la economía

Gráfico 2.3El sector público y sus principales componentes

1Incluye fondos de seguridad social.

2Otra alternativa puede ser combinar los fondos de seguridad social en un subsector separado, tal como se muestra con el cuadro de línea discontinua.

3También puede haber unidades presupuestarias, unidades extrapresupuestarias y fondos de seguridad social en los gobiernos estatales y locales.

  • El banco central.

  • Las sociedades de depósito excepto el banco central.

  • Otras sociedades financieras (incluyendo: todos los intermediarios financieros, excepto las sociedades de depósitos; los auxiliares financieros; y las instituciones financieras y prestamistas de dinero cautivos).

2.57 El sector sociedades financieras incluye sociedades financieras públicas y privadas, y comprende a:

  • Todas las sociedades financieras residentes (tal como se definen en los párrafos 2.31–2.35, independientemente de la residencia de sus accionistas.

  • Las sucursales de empresas no residentes (véase el párrafo 2.20) que se dedican a la actividad financiera en el territorio económico sobre una base de largo plazo.

  • Todas las ISFL residentes que son productores de mercado de servicios financieros (véanse los párrafos 2.36–2.37).

Sector gobierno general

2.58 El sector gobierno general comprende las unidades institucionales residentes cuya actividad primaria es cumplir las funciones de gobierno. Estas unidades institucionales cumplen las principales funciones económicas del gobierno, tal como se describen en el párrafo 2.38, además de cumplir con sus responsabilidades políticas y su papel como regulador económico. El sector gobierno general comprende a:

  • Todas las unidades de gobierno de los gobiernos central, estatales, provinciales, regionales y locales, y los fondos de seguridad social (véanse los párrafos 2.76–2.103) impuestos y controlados por dichas unidades.

  • Todas las ISFL no de mercado controladas por unidades de gobierno (véase el párrafo 2.83).

2.59 El sector gobierno general no incluye a las sociedades públicas, aun cuando todo el capital de tales sociedades pertenezca a unidades de gobierno, ni a las cuasisociedades que pertenecen a, y son controladas por, unidades de gobierno. Sin embargo, las empresas no constituidas en sociedad propiedad de unidades de gobierno que no tengan la condición de cuasisociedades siguen siendo parte integral de dichas unidades y, por lo tanto, han de incluirse en el sector gobierno general.

Sector hogares

2.60 El sector hogares comprende a todos los hogares residentes (véanse los párrafos 2.28–2.29). Los hogares son de tamaño variable y adoptan una gran diversidad de formas en diferentes sociedades o culturas. Todas las personas físicas de la economía deben pertenecer a un único hogar. Los hogares suministran trabajo, realizan consumo final y, como empresarios, producen bienes de mercado y servicios no financieros (y posiblemente financieros).

Sector instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH)

2.61 El sector de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) consiste en instituciones residentes sin fines de lucro (ISFL) no de mercado que no son controladas por el gobierno. Estas suministran bienes y servicios a los hogares gratuitamente o a precios económicamente no significativos. Un tipo de ISFLSH es aquella creada por asociaciones de personas con la finalidad de suministrar bienes o, más a menudo, servicios destinados principalmente a sus miembros. Por ejemplo, asociaciones profesionales o científicas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de consumidores, iglesias o asociaciones religiosas y clubes sociales, culturales, recreativos y deportivos. No incluyen a entidades con funciones similares que son controladas por unidades de gobierno. Usualmente se excluye del gobierno general a las instituciones religiosas y se las clasifica como ISFLSH aun cuando sean financiadas principalmente por unidades de gobierno si esta circunstancia no implica una toma de control por parte de este último. Los partidos políticos en países con sistemas de partido único controlados por unidades de gobierno por medio del financiamiento brindado se incluyen en el sector gobierno general. Un segundo tipo de ISFLSH comprende a organizaciones de beneficencia, y a entidades de ayuda o asistencia creadas con fines filantrópicos; en tanto que un tercer tipo brinda servicios colectivos, tales como las instituciones de investigación que comparten gratuitamente sus resultados, grupos de protección ambiental, etc. Por convención, las ISFL no de mercado controladas por gobiernos extranjeros se clasifican como ISFLSH en la economía anfitriona.

El uso de subsectores

2.62 Cada uno de los sectores de la economía puede dividirse en subsectores, y los subsectores pueden combinarse de distintas maneras para formar otros sectores. No existe un método de combinación de subsectores que resulte óptimo para todos los fines. Dividir la totalidad de la economía en sectores y subsectores potencia la utilidad de los datos a los fines del análisis económico y permite un monitoreo focalizado de grupos específicos de unidades institucionales con fines de política. Por ejemplo, el sector gobierno general puede dividirse en los subsectores gobierno central, gobiernos estatales y gobiernos locales, en tanto que los fondos de seguridad social podrían presentarse como un subsector separado o podrían incluirse en el subsector que los organiza y administra. El sector sociedades no financieras puede dividirse en sociedades públicas no financieras, sociedades no financieras bajo control extranjero y sociedades no financieras privadas nacionales20. En un país dado, la división de los sectores en subsectores depende del tipo de análisis que se desea realizar, de las necesidades de los formuladores de políticas, de la disponibilidad de datos y de las circunstancias económicas y los mecanismos institucionales prevalecientes. El gráfico 2.2 muestra la relación entre el sector gobierno general, el sector público y los demás sectores principales de la economía nacional.

Cobertura institucional y sectorización del sector público

2.63 El sector público comprende todas las unidades institucionales residentes controladas directa o indirectamente por unidades de gobierno residentes, es decir, todas las unidades del sector gobierno general y las sociedades públicas residentes. En el gráfico 2.3 se observan los principales componentes del sector público. Se deben compilar las estadísticas del sector gobierno general y del sector público, así como también las estadísticas de todos los subsectores del gobierno general y del subsector sociedades públicas.

Delimitación del gobierno general y las sociedades públicas

2.64 El sector gobierno general comprende todas las unidades de gobierno y todas las ISFL residentes no de mercado controladas por unidades de gobierno, en tanto que el subsector sociedades públicas (véase el párrafo 2.104) comprende a todas las sociedades controladas por unidades de gobierno u otras sociedades públicas. El gobierno general también incluye empresas públicas, constituidas legalmente como sociedades, pero que no cumplen con los criterios estadísticos para ser tratadas como sociedades (véanse los párrafos 2.31–2.35)21. Para determinar qué empresas públicas tratar como unidades de gobierno general y cuáles como sociedades públicas es necesario delimitar a los productores no de mercado y de mercado.

2.65 Un productor de mercado es una unidad institucional que suministra la mayor parte o la totalidad de su producto a otros a precios económicamente significativos. Un productor no de mercado suministra la mayor parte o la totalidad de su producto a otros de manera gratuita o a precios económicamente no significativos.

2.66 Los precios económicamente significativos son aquellos que influyen significativamente en las cantidades que los productores están dispuestos a ofrecer y en las cantidades que los compradores desean comprar. Estos precios se establecen normalmente cuando:

  • El productor tiene un incentivo para ajustar la oferta con el objetivo de obtener un beneficio en el largo plazo o, como mínimo, cubrir los costos de capital y otros costos.

  • Los consumidores tienen la libertad de elegir comprar o no según los precios que se cobren.

Estas condiciones generalmente significan que los precios son económicamente significativos si las ventas cubren la mayoría de los costos del productor y los consumidores son libres de escoger si compran o no, y qué cantidad comprar, sobre la base del precio que se cobra.

2.67 Un precio es económicamente no significativo cuando tiene poca o ninguna influencia sobre la cantidad que el productor está dispuesto a ofrecer y sobre la cantidad demandada. Es posible cobrar precios económicamente no significativos para recaudar ciertos ingresos simbólicos y/o reducir, pero no eliminar, la demanda excesiva que podría presentarse si los bienes y servicios se ofrecieran gratuitamente. Un precio económicamente no significativo puede fijarse en base a razones administrativas, sociales o políticas, para bienes y servicios que se suministran en cantidades fijas.

2.68 Se puede suponer que los precios son económicamente significativos cuando los productores son sociedades privadas. No obstante, cuando existe control público los precios unitarios pueden modificarse con fines de política pública. Ello puede ocasionar dificultades al determinar si los precios cobrados son económicamente significativos. Las sociedades públicas se establecen a menudo para proveer bienes y servicios en una cantidad mayor a la que proveería una sociedad privada al mismo precio de venta. Incluso cuando las ventas de sociedades públicas cubran una gran parte de sus costos, cabría esperar que ellas respondan a las fuerzas del mercado de manera muy distinta a como lo harían las sociedades privadas.

2.69 Aunque no hay una relación numérica preceptiva entre el valor de las ventas (excluidos tanto los impuestos como los subsidios a los productos) y los costos de producción, se esperaría que el valor de las ventas de las sociedades públicas sea al menos igual, en promedio, a la mitad de los costos de producción durante un período multianual prolongado.

2.70 En principio, la distinción entre productores de mercado y no de mercado debe hacerse caso por caso. La clasificación de un productor como productor de mercado o no de mercado debe considerarse sobre una base de varios años22. Una vez que se lo clasifica, solo si una variación en el precio se mantiene —o se prevé que se mantenga— durante varios años podría considerarse una reclasificación de la entidad.

2.71 Es probable que las sociedades que reciben un considerable apoyo financiero del gobierno, o que gozan de otros factores de reducción del riesgo (tales como garantías sustanciales del gobierno), respondan a los cambios en las condiciones económicas de distinto modo que las sociedades que no poseen tales ventajas dado que sus restricciones presupuestarias son menos estrictas y, por lo tanto, es más probable que se las clasifique como productores no de mercado.

2.72 Surge la pregunta de si las entidades estatales que proveen bienes y servicios al gobierno deben recibir tratamiento como productores de mercado o no de mercado. El productor de estos bienes y servicios no es un productor de mercado si es un proveedor especializado de servicios auxiliares (véase el párrafo 2.45). En general, estas entidades no cumplirán los criterios para ser una unidad institucional. Asimismo, a menudo es posible suponer que el productor no es un productor de mercado si la unidad provee los bienes y servicios en ausencia de competencia23 con productores privados y cuando la elección como proveedor del gobierno no se basa en el precio. Esto es así independientemente de que el proveedor sea el único proveedor o no, o de que el gobierno sea el único cliente del proveedor o no.

2.73 Para evaluar si un productor es productor de mercado es necesario realizar una comparación entre los ingresos por ventas y los costos de producción de los bienes y servicios vendidos. Las ventas se miden antes de que se añadan los impuestos aplicables a los productos. Las ventas excluyen todo pago cobrable al gobierno a menos que este sea otorgado a cualquier productor que desarrolla la misma actividad. La producción para uso propio, conocida como producción por cuenta propia, no genera ingresos por ventas y por lo tanto no se la considera como parte de las ventas en este contexto.

2.74 Los costos de producción se calculan como la suma de la remuneración a los empleados, el uso de bienes y servicios, el consumo de capital fijo y otros impuestos sobre la producción24. Estos conceptos usados en el cálculo de los costos de producción excluyen todos los costos asociados con la formación de capital por cuenta propia. Aún más, el rendimiento del capital se debe incluir en los costos de producción si la unidad debe tratarse como productor de mercado. Los subsidios a la producción recibibles no se deducen de los costos de producción.

2.75 Como productor no de mercado, una unidad institucional del gobierno general tendrá principalmente establecimientos no de mercado (véase el párrafo 2.24), pero podría poseer uno o más establecimientos de mercado25. Un establecimiento de mercado es aquel que cobra precios económicamente significativos. Cuando una unidad del gobierno general vende parte de su producción a precios económicamente significativos, podría ser posible identificar a productores de mercado. Los establecimientos de mercado dentro del gobierno que cumplen con los criterios para ser considerados unidades institucionales separadas son cuasisociedades (véase el párrafo 2.22), y se los trata del mismo modo que a las sociedades. Los establecimientos de mercado restantes continúan siendo parte integral del sector gobierno general.

El sector gobierno general y sus subsectores

2.76 El sector gobierno general comprende las unidades institucionales residentes cuya actividad primaria es cumplir las funciones de gobierno. Este sector incluye a todas las unidades de gobierno y todas las ISFL no de mercado controladas por unidades de gobierno. Con fines analíticos, a menudo es necesario o conveniente desagregar el sector gobierno general en tres subsectores.

2.77 Dependiendo de las disposiciones administrativas y jurídicas, puede haber más de un nivel de gobierno dentro de un país, y deberían compilarse estadísticas de cada nivel (denominado también subsector). Sin embargo, debido a estas distintas disposiciones, la comparación internacional de datos para cada subsector del gobierno general debe llevarse a cabo con cierto grado de cautela. En las estadísticas macroeconómicas, se prevén tres subsectores del gobierno general: central, estatal y local. No todos los países tienen los tres niveles; algunos pueden tener solamente un gobierno central, o un gobierno central y un nivel por debajo de este. Otros países pueden tener más de tres niveles. En ese caso, las distintas unidades deben clasificarse en uno de los tres subsectores sugeridos aquí. Además de los niveles de gobierno, la existencia de fondos de seguridad social, y su papel en la política fiscal, puede requerir la compilación de estadísticas de todos los fondos de seguridad social como un subsector separado dentro del sector gobierno general.

2.78 Una clasificación exhaustiva de los subsectores del gobierno general permitiría que tanto las ISFL como los fondos de seguridad social se distinguieran en cada uno de los subsectores del gobierno general: central, estatal y local. Sin embargo, en la práctica, lo usual es presentar los fondos de seguridad social en uno de dos conjuntos alternativos de subsectores, tal como se observa en el gráfico 2.326.

  • Todos los fondos de seguridad social podrían combinarse en un subsector separado y todas las demás unidades de gobierno general podrían clasificarse de acuerdo con su nivel. En tal caso, los subsectores correspondientes a los gobiernos central, estatal y local comprenderían todas las unidades de gobierno distintas de los fondos de seguridad social.

  • Los fondos de seguridad social podrían clasificarse de acuerdo con el nivel de gobierno que los organiza y administra y, por lo tanto, combinarse con las demás unidades de gobierno general en sus respectivos subsectores. Así, el gobierno general estaría integrado por los gobiernos central, estatales y locales, suponiendo que existan los tres niveles de gobierno. Para facilitar el análisis de los fondos de seguridad social como un todo, se pueden elaborar estadísticas separadas para ellos dentro de las estadísticas de cada nivel de gobierno.

Los países pueden adoptar una u otra presentación.

2.79 Pueden surgir problemas de clasificación cuando las operaciones de gobierno son realizadas por una unidad del gobierno general que rinde cuentas simultáneamente a dos niveles de gobierno27. La decisión en cuanto a la clasificación puede ser especialmente difícil si la entidad tiene su propia fuente de financiamiento, por ejemplo, impuestos afectados. En ciertos casos, una ISFL puede ser controlada por dos o más unidades de gobierno de distintos niveles de gobierno. Por ejemplo, una unidad del gobierno estatal podría tener el derecho de designar a la mayoría de los directivos de una ISFL, pero el financiamiento podría ser suministrado principalmente por el gobierno central. Las unidades del gobierno general bajo un control dual deben clasificarse al nivel de gobierno con control predominante conforme a todos los indicadores de control (véanse los recuadros 2.1 y 2.2).

2.80 Los subsectores gobierno central, estatal y local del gobierno general están constituidos por unidades institucionales. A menudo es útil, desde el punto de vista analítico, agrupar las entidades de cada uno de estos subsectores de acuerdo a las disposiciones administrativas, legislativas o de financiamiento. Por ejemplo, los gobiernos pueden crear entidades, comisiones o juntas especializadas, ya sea como parte de sus cuentas presupuestarias o como unidades separadas. Se podrían crear subsectores en cada nivel de gobierno en base a si las unidades del subsector están financiadas por los presupuestos legislativos de tal nivel de gobierno o por fuentes extrapresupuestarias, es decir, diferenciando entre unidades presupuestarias y extrapresupuestarias (independientemente del tratamiento de los fondos de seguridad social; véase el párrafo 2.78). El componente presupuestario puede abarcar solamente el presupuesto principal (o general), y el componente extrapresupuestario las restantes entidades que constituyen ese nivel de gobierno, excluidos los fondos de seguridad social. Tal agrupamiento de los subsectores permite una comparación más directa entre los datos presupuestarios y las EFP. Que las unidades se clasifiquen como presupuestarias o extrapresupuestarias depende de las circunstancias de cada país. Sin embargo, lo importante es la cobertura completa del sector gobierno general, en otras palabras, las estadísticas compiladas para cada nivel de gobierno deben cubrir todas las unidades que constituyen ese subsector de gobierno (central, estatal o local).

2.81 En todos los países hay una unidad institucional del sector gobierno general de especial importancia en cuanto a tamaño y poder, en particular el poder de ejercer control sobre muchas otras unidades y entidades. A menudo, el gobierno central presupuestario es una única unidad del gobierno central que abarca las actividades fundamentales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a nivel nacional. Usualmente, este componente del gobierno general está cubierto por el presupuesto principal (o general). Lo normal es que los ingresos y gastos del gobierno central presupuestario estén regulados y controlados por el ministerio de hacienda, o su equivalente funcional, por medio de un presupuesto aprobado por la legislatura. La mayoría de los ministerios, departamentos, agencias, juntas, comisiones, autoridades judiciales, organismos legislativos y otras entidades que conforman el gobierno central presupuestario no son unidades institucionales separadas. Ello se debe a que por lo general no tienen la facultad de poseer sus propios activos, incurrir en pasivos o participar en transacciones por derecho propio (véase el párrafo 2.42). Los subsectores de gobiernos estatales o locales tienen cada uno su propio componente de gobierno presupuestario estatal o local, que incluye los principales poderes ejecutivo, legislativo y judicial para esos niveles de gobierno.

2.82 Las entidades del gobierno general con presupuestos individuales que no están cubiertos en su totalidad por el presupuesto principal (o general) se consideran extrapresupuestarias28. Estas entidades funcionan bajo la autoridad o control de un gobierno central, estatal o local. Las entidades extrapresupuestarias pueden tener sus propias fuentes de ingresos, que pueden ser complementados con donaciones (transferencias) del presupuesto general o de otras fuentes. Si bien sus presupuestos pueden requerir aprobación legislativa, de modo similar a las cuentas presupuestarias, tienen discreción sobre el volumen y la composición de sus gastos. Estas entidades pueden crearse para ejecutar funciones de gobierno específicas, como la construcción de caminos o la producción no de mercado de servicios de salud y educación. Las disposiciones presupuestarias varían mucho entre países, y se usan diversos términos para describir estas entidades, pero a menudo se las denomina “fondos extrapresupuestarios” o “agencias descentralizadas”.

Recuadro 2.1Control del gobierno sobre instituciones sin fines de lucro

El control sobre una ISFL se define como la capacidad de determinar la política o programa general de esta. Para determinar si una ISFL está bajo el control del gobierno, los siguientes cinco indicadores de control son los factores más importantes y probables a considerar:

  • La designación de funcionarios: El gobierno puede estar facultado para designar los funcionarios que gestionan la ISFL conforme a los estatutos u otro instrumento habilitante de la ISFL.

  • Otras disposiciones del instrumento habilitante: Este instrumento puede incluir disposiciones a efectos distintos de la designación de directivos que efectivamente permitan al gobierno determinar aspectos significativos de la política o programa general de la ISFL. Por ejemplo, el instrumento habilitante puede especificar o limitar las funciones, objetivos u otros aspectos operativos de la ISFL, tornando así la cuestión de la designación de directivos menos crítica o incluso irrelevante. El instrumento habilitante también puede facultar al gobierno para remover a miembros clave del personal o vetar designaciones propuestas; para requerir la aprobación previa del gobierno respecto de presupuestos o acuerdos financieros; o para impedir que la ISFL modifique sus estatutos, se disuelva o dé por terminada su relación con el gobierno sin la aprobación de este último.

  • Acuerdos contractuales: La existencia de un acuerdo contractual entre un gobierno y una ISFL puede permitir al gobierno determinar aspectos fundamentales de la política o programa general de la ISFL. Siempre que en última instancia la ISFL pueda determinar su política o programa en una medida significativa (por ejemplo, si puede incumplir el acuerdo contractual y aceptar las consecuencias, modificar sus estatutos o disolverse sin requerir mayor aprobación del gobierno que la establecida en virtud de las regulaciones generales), entonces no se la considera bajo el control de gobierno.

  • Grado de financiamiento público: Una ISFL financiada principalmente por el gobierno puede encontrarse bajo el control de este último. En general, si la ISFL continúa pudiendo determinar su política o programa en una medida significativa en el sentido mencionado en el indicador anterior, entonces no se la consideraría controlada por el gobierno.

  • Exposición al riesgo: Si un gobierno se permite abiertamente estar expuesto a todos, o a una gran proporción de los riesgos financieros asociados con las actividades de una ISFL, entonces el acuerdo constituye el control.

En algunos casos, un único indicador podría ser suficiente para determinar que hay control; en otros, un conjunto de indicadores separados considerados colectivamente puede denotar control. Una decisión basada en la totalidad de los indicadores será necesariamente de naturaleza subjetiva, pero claramente en casos semejantes deben tomarse decisiones similares.

2.83 Las ISFL no de mercado controladas por el gobierno normalmente se clasifican como unidades extrapresupuestarias cuando cumplen con los criterios para ser consideradas unidades institucionales. Más específicamente, se las clasifica con el nivel del gobierno que las controla (a saber, los gobiernos central, estatales o locales). Los factores más importantes y probables a considerar para determinar el control del gobierno sobre las ISFL se analizan en el recuadro 2.1. Todas las ISFL asignadas al sector gobierno general deben mantener su identidad como ISFL en los registros estadísticos, para facilitar el análisis de un conjunto completo de ISFL.

2.84 Las siguientes secciones definen en mayor profundidad los subsectores del gobierno. Estas definiciones rigen más allá de que los fondos de seguridad social se incluyan en el nivel del gobierno que los organiza y administra, o como un subsector separado dentro del gobierno general.

Gobierno central

2.85 El subsector gobierno central está integrado por las unidades institucionales del gobierno central más las ISFL no de mercado controladas por el gobierno central. La autoridad política del gobierno central abarca la totalidad del territorio del país. El gobierno central tiene, por lo tanto, atribuciones para establecer impuestos sobre todas las unidades institucionales residentes y sobre las unidades no residentes que desarrollan actividades económicas en el país. Entre sus responsabilidades políticas se cuentan la defensa nacional, el mantenimiento de la ley y el orden público, y las relaciones con los gobiernos extranjeros. También procura asegurar el funcionamiento eficiente del sistema social y económico mediante disposiciones legales y/o reglamentarias apropiadas. Es responsable de la provisión de servicios colectivos en beneficio de la comunidad en su conjunto, y para ello incurre en gastos de defensa, administración pública, etc. Además, puede incurrir en gastos para prestar servicios, tales como los de educación o salud, fundamentalmente en beneficio de hogares individuales, y puede hacer transferencias a otras unidades institucionales, incluidos otros niveles de gobierno.

2.86 Compilar estadísticas del gobierno central es particularmente importante debido al especial impacto que este tiene sobre la política monetaria y el crecimiento económico. Por ejemplo, es fundamentalmente a través de las finanzas del gobierno central que la política fiscal tiene impacto sobre las presiones inflacionarias o deflacionarias dentro de la economía. Por lo general, es a nivel del gobierno central exclusivamente que un órgano con capacidad decisoria puede formular y ejecutar políticas públicas destinadas al logro de objetivos económicos de alcance nacional. Otros niveles de gobierno no tienen por objetivo políticas económicas nacionales ni gozan del acceso que tiene el gobierno central al crédito del banco central.

2.87 En la mayoría de los países, el gobierno central es un subsector grande y complejo. Sin embargo, como se describe en el párrafo 2.80, en base a las disposiciones administrativas del país, suele estar compuesto por un gobierno central presupuestario, unidades extrapresupuestarias y fondos de seguridad social (a menos que se utilice un subsector separado para los fondos de seguridad social, como se describe en el párrafo 2.78).

2.88 Aunque el gobierno central también puede controlar sociedades financieras o no financieras, estas sociedades se clasifican fuera del gobierno central (y general), pero forman parte del sector público. Sin embargo, si unidades institucionales controladas por el gobierno central están constituidas jurídicamente como sociedades pero no son productoras de mercado, deben clasificarse como parte del sector gobierno central, no del sector sociedades públicas. Asimismo, las empresas no constituidas en sociedad controladas por unidades del gobierno central que no satisfacen los criterios para ser consideradas cuasisociedades (véase el párrafo 2.34) deben continuar siendo parte integral de dichas unidades y, por lo tanto, se las incluiría en el subsector gobierno central.

2.89 En algunos países, el gobierno central puede incluir unidades que realizan transacciones financieras que en otros países son efectuadas por los bancos centrales. En particular, unidades del gobierno central pueden ser responsables de la emisión de moneda, de la mantención de las reservas internacionales, de la gestión de los fondos de estabilización de cambios y de las transacciones con el Fondo Monetario Internacional. Cuando estas unidades se mantienen integradas financieramente con el gobierno central, y están bajo su control y supervisión directos, no pueden ser tratadas como unidades institucionales separadas. En consecuencia, estas funciones de autoridad monetaria realizadas por el gobierno central se registran en el sector gobierno general y no en el sector sociedades financieras. No obstante, dada la importancia analítica de obtener cuentas que cubran a las autoridades monetarias como un todo, y con el fin de establecer vínculos con otras estadísticas macroeconómicas, como el SCN 2008, el MBP6 y el MEMF, se recomienda que las transacciones de las entidades del gobierno central que realicen funciones de autoridad monetaria y de captación de depósitos se identifiquen por separado, de modo que puedan combinarse, si se desea, con las del banco central y otras sociedades de depósitos en cuadros especiales.

Gobiernos estatales

2.90 Los gobiernos estatales comprenden unidades institucionales que desempeñan algunas de las funciones de gobierno en un nivel inferior al del gobierno central y superior al de las unidades institucionales de gobierno que existen a nivel local. Los gobiernos estatales se distinguen porque su potestad fiscal se extiende sobre las áreas geográficas más extensas en las que, política o administrativamente, está dividido el país. Se trata de unidades institucionales cuya potestad fiscal, legislativa y ejecutiva se extiende únicamente a los “estados” en los que se divide el país. Estos estados pueden denominarse con distintos nombres en diferentes países y el subsector puede comprender gobiernos estatales, provinciales o regionales. Por razones de conveniencia, en adelante se denominará a este nivel de gobierno como gobiernos estatales. En muchos países, especialmente en los más pequeños, puede que no haya gobiernos estatales. Sin embargo, en países de gran extensión geográfica, especialmente en los que tienen una constitución federal, importantes facultades y responsabilidades pueden entregarse a los gobiernos estatales.

2.91 Un gobierno estatal puede estar conformado por muchas unidades institucionales y tiene, usualmente, autoridad fiscal para gravar con impuestos a las unidades institucionales que residan o que realicen actividades económicas o transacciones en su área de jurisdicción (pero no en otras áreas). Asimismo, debe estar facultado para gastar o asignar parte, o posiblemente el total, de los impuestos u otros ingresos que perciba conforme a sus propias políticas, respetando las normas jurídicas generales del país, si bien algunas de las transferencias que recibe del gobierno central pueden estar ligadas a ciertos fines específicos. Además, debe poder nombrar sus propios funcionarios, independientemente de cualquier control administrativo externo. Por otro lado, si una unidad regional depende completamente de fondos provenientes del gobierno central y este también determina la forma en que dichos fondos han de gastarse a nivel regional, entonces a fines estadísticos la unidad debe tratarse como una entidad del gobierno central y no como de un nivel de gobierno separado.

2.92 En unos pocos países existe más de un nivel entre el gobierno central y las unidades institucionales más pequeñas de gobierno a nivel local; en tales casos, a los efectos de la clasificación sectorial, estos niveles intermedios de gobierno se agrupan con el nivel de gobierno, ya sea estatal o local, con el que estén más estrechamente asociados.

2.93 De haber un gobierno estatal, normalmente sus ministerios y departamentos principales constituirán una sola unidad institucional, de manera similar a la unidad presupuestaria del gobierno central. Además, puede haber entidades extrapresupuestarias que operen bajo la autoridad de un gobierno estatal con una identidad jurídica separada y autonomía suficiente como para constituir otras unidades institucionales (véase el párrafo 2.39). También pueden existir unidades institucionales cuya autoridad se extienda sobre dos o más estados, pero que deben rendir cuentas ante los gobiernos estatales respectivos. Estas unidades también deben incluirse en el subsector gobierno estatal.

2.94 Los gobiernos estatales pueden controlar sociedades de la misma manera que el gobierno central. También pueden tener unidades no constituidas en sociedad que realizan producción de mercado. Tales unidades institucionales deben tratarse como cuasisociedades en línea con los principios mencionados en el párrafo 2.33. Estas sociedades y cuasisociedades deben clasificarse fuera del subsector gobierno estatal (y del sector gobierno general) como parte de las sociedades públicas.

Gobiernos locales

2.95 Las unidades de gobiernos locales son unidades institucionales cuya potestad fiscal, legislativa y ejecutiva se extiende sobre las áreas geográficas más pequeñas que se pueden distinguir para efectos administrativos y políticos. El subsector gobierno local comprende a gobiernos locales que son unidades institucionales separadas, más las ISFL no de mercado controladas por gobiernos locales. El ámbito de aplicación de su autoridad es, generalmente, mucho menor que el del gobierno central o que el de los gobiernos estatales, y pueden tener o no derecho a gravar con impuestos a las unidades institucionales residentes en sus áreas. Suelen depender en gran medida de donaciones (transferencias) de niveles superiores de gobierno y, asimismo, pueden actuar hasta cierto punto como agentes del gobierno central o de los gobiernos regionales. También deben poder nombrar sus propios funcionarios, independientemente de cualquier control administrativo externo. Incluso cuando los gobiernos locales actúan en cierta medida como agentes del gobierno central o de los gobiernos estatales, pueden ser tratados como un nivel de gobierno separado, siempre que también tengan capacidad para recaudar y gastar algunos fondos por iniciativa propia y bajo su propia responsabilidad.

2.96 Los gobiernos locales están en estrecho contacto con las unidades institucionales que operan en sus localidades. Los gobiernos locales suelen prestar una amplia gama de servicios a los residentes locales, algunos de los cuales se financian mediante donaciones (transferencias) de otros niveles de gobierno. Las estadísticas del subsector gobierno local pueden abarcar una amplia variedad de unidades de gobierno, como condados, municipios, ciudades, pueblos, villas, delegaciones, distritos escolares y distritos de suministro de agua o de alcantarillado. A menudo, hay unidades del gobierno local con diferentes responsabilidades funcionales que tienen atribuciones sobre las mismas áreas geográficas. Por ejemplo, distintas unidades de gobierno que representan a una ciudad, un condado y un distrito escolar pueden tener autoridad sobre la misma área. Además, dos o más gobiernos locales contiguos pueden organizar una unidad de gobierno con autoridad regional que rinda cuentas a los gobiernos locales. Estas unidades también deben incluirse en el subsector gobierno local.

2.97 Algunas de las funciones más habituales de los gobiernos locales consisten en prestar servicios por los que los usuarios pagan tarifas bajas en relación a los costos principales sobrellevados por los gobiernos locales. Normalmente los gobiernos locales tienen participación en:

  • Establecimientos educativos.

  • Hospitales y establecimientos de bienestar social, tales como jardines infantiles, guarderías y hogares de asistencia social.

  • Sanidad pública y entidades conexas, tales como sistemas y plantas de purificación de agua, organismos de recolección y disposición de desperdicios, cementerios y crematorios.

  • Establecimientos culturales, de esparcimiento y deportivos, tales como teatros, salas de conciertos, museos, galerías de arte, bibliotecas, parques y espacios al aire libre.

2.98 Las mismas reglas que rigen el tratamiento de la producción de bienes y servicios por parte de unidades del gobierno central y de los gobiernos estatales son aplicables a los gobiernos locales. Si es posible identificar un productor de mercado dentro de una unidad de un gobierno local que cumpla con los criterios para ser una sociedad o cuasisociedad (véase el párrafo 2.34), se lo clasifica como una sociedad pública. Si los establecimientos de mercado29 no cumplen con los criterios necesarios para considerarlos una cuasisociedad, se los incluye dentro del gobierno local. Las unidades que proveen servicios sobre una base no de mercado, tales como educación o salud, continúan siendo parte integral de la unidad del gobierno local que las controla.

2.99 Las unidades de gobierno que sirven tanto a un gobierno estatal como a uno o más gobiernos locales deben incluirse en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas. En algunos países existe más de un nivel de gobierno entre el gobierno central y las unidades institucionales de gobierno más pequeñas a nivel local. En tales casos, estos niveles intermedios de gobierno se agrupan junto con el nivel de gobierno, ya sea estatal o local, con el que estén más estrechamente asociados. Para algunos análisis podría ser útil combinar las estadísticas de los gobiernos estatales y locales.

Fondos de seguridad social

2.100 Un fondo de seguridad social es un tipo particular de unidad de gobierno que se dedica a la operación de uno o más sistemas de seguridad social30. En las estadísticas macroeconómicas, se reconoce un fondo de seguridad social si satisface los criterios para ser una unidad institucional y si:

  • Se organiza y se gestiona separadamente de las demás actividades de las unidades de gobierno.

  • Mantiene sus activos y pasivos separados de los de las demás unidades de gobierno.

  • Participa en transacciones financieras por su propia cuenta.

2.101 Los sistemas de seguridad social son sistemas de seguro social que cubren a la comunidad en su conjunto, o a grandes sectores de la misma, y que son impuestos y controlados por unidades de gobierno. Los sistemas de seguro social brindan protección social y requieren la participación formal de los beneficiarios, evidenciada por el pago de contribuciones (efectivas o imputadas). Por lo tanto, la participación en sistemas de seguridad social también es evidenciada por el pago de contribuciones (efectivas o imputadas) por parte de los beneficiarios. Estos sistemas abarcan una gran variedad de programas, ofreciendo prestaciones en dinero o en especie, entre otras causas: por vejez, invalidez o muerte; a supérstites; por enfermedad y maternidad; por accidentes de trabajo; por desempleo; de ayuda familiar; y de cuidado de la salud. No necesariamente hay un vínculo directo entre el monto de las contribuciones que pagan las personas y las prestaciones que se reciben.

2.102 Sin embargo, no todos los sistemas de seguridad social están organizados y administrados por fondos de seguridad social; por ejemplo, el funcionamiento de un sistema de seguridad social en caso de enfermedad puede estar a cargo del ministerio de salud nacional. De haber un fondo de pensión relacionado con el empleo autónomo (es decir, una unidad institucional separada) para brindar pensiones a los empleados públicos, tal fondo debe excluirse de los fondos de seguridad social y clasificarse como una sociedad financiera pública si se encuentra bajo el control del gobierno, o en caso contrario como una sociedad financiera privada (véanse los párrafos A2.47–A2.53). Un sistema de pensión relacionado con el empleo no autónomo para empleados públicos y que es administrado por un fondo de seguridad social, continúa siendo parte de los fondos de seguridad social. Sin embargo, si las condiciones de participación y las prestaciones a pagar, tal como se determinan en el contrato laboral, difieren de las observadas en el sistema de seguridad social para los participantes que no son empleados públicos, existe un sistema de pensión relacionado con el empleo. Las EFP reconocen los pasivos originados por los derechos de pensión relacionados con el empleo. Por lo tanto, los flujos económicos y los saldos relacionados con este sistema de pensión deben diferenciarse dentro del fondo de seguridad social (véanse los párrafos 6.25 y 7.194).

2.103 Como se describe en el párrafo 2.78, en concordancia con el SCN 2008, este Manual permite incluir los fondos de seguridad social en dos conjuntos alternativos de subsectores del gobierno general.

El sector sociedades públicas y sus subsectores

Subsector sociedades públicas

2.104 El subsector sociedades públicas comprende a todas las sociedades residentes controladas por unidades de gobierno o por otras sociedades públicas. Es posible que ciertas entidades constituidas legalmente como sociedades no puedan clasificarse como sociedades a fines estadísticos si no cobran precios económicamente significativos. Las sociedades públicas pueden realizar operaciones cuasifiscales (es decir, realizan operaciones de gobierno cuando lo solicitan las unidades de gobierno que las controlan; véase el párrafo 2.4). Como tales, las sociedades públicas pueden existir para servir como un instrumento de política pública (o fiscal) del gobierno. De manera más directa, una sociedad pública puede realizar transacciones específicas para llevar a cabo una operación de gobierno, tal como otorgar un préstamo a particulares a una tasa de interés inferior a la del mercado o vender su producto (por ejemplo, energía eléctrica) a ciertos clientes a una tarifa reducida. Sin embargo, a nivel más general, una sociedad pública puede llevar a cabo actividades de política fiscal empleando a más funcionarios de los requeridos, comprando insumos en exceso, pagando insumos por sobre los precios de mercado o vendiendo una proporción importante de su producción a precios inferiores a los precios de mercado que regirían si únicamente productores privados realizaran estas transacciones.

2.105 Las sociedades públicas pueden crearse para: generar utilidades para el gobierno general; proteger recursos clave; generar competencia cuando haya grandes barreras al ingreso; y brindar servicios básicos cuando los costos sean prohibitivos. Usualmente estas sociedades públicas son grandes y/o numerosas, y pueden tener un impacto económico significativo, como se observa en los ejemplos a continuación:

  • Las sociedades públicas pueden ser importantes para el gobierno debido a los efectos que su tamaño o su posición estratégica pueden tener en objetivos macroeconómicos como el crédito bancario, la demanda agregada, el endeudamiento externo y la balanza de pagos.

  • Muchas sociedades públicas pueden representar una inversión bastante grande de recursos nacionales, con un elevado costo de oportunidad.

  • Las sociedades públicas son una fuente potencial de riesgo fiscal en la medida en que sus pasivos se encuentren explícita o implícitamente garantizados por el gobierno, o pueden representar un riesgo reputacional para este último.

  • Con el tiempo, las sociedades públicas pueden convertirse en unidades no de mercado reclasificadas en el sector gobierno general, y viceversa; la compilación de estadísticas del sector público evita los quiebres en las series de datos del gobierno general que pueden tener origen en cambios de la forma en que operan dichas sociedades.

2.106 Es probable que se necesiten estadísticas sobre las sociedades públicas para compilar estadísticas amplias del sector gobierno general. Las EFP del sector gobierno general deben registrar todas las transacciones con sociedades públicas, y las variaciones en el patrimonio neto de las sociedades públicas se reflejan en el valor del capital de aquellas sociedades que es propiedad de unidades del gobierno general. Las cuentas de las sociedades públicas contribuirán a explicar las causas de las variaciones en estos activos, y esta información será útil para analizar la sostenibi-lidad y otros aspectos de la política fiscal.

Control gubernamental de las sociedades

2.107 Una sociedad es una sociedad pública si una unidad de gobierno, otra sociedad pública o alguna combinación de unidades de gobierno y sociedades públicas controla la entidad. El control de una sociedad se define como la capacidad para determinar la política corporativa general de la sociedad. La expresión “política corporativa general” se utiliza aquí en un sentido amplio y se refiere a las políticas financieras y operativas fundamentales relacionadas con los objetivos estratégicos de la sociedad como productor de mercado.

2.108 Dado que los mecanismos para controlar las sociedades pueden variar considerablemente, no es deseable ni factible establecer una lista definitiva de los factores a tener en cuenta. Aunque podría bastar un solo indicador para establecer el control, en otros casos, un conjunto de indicadores separados considerados colectivamente puede denotar control. Una decisión basada en la totalidad de los indicadores será necesariamente de naturaleza subjetiva, pero claramente en casos semejantes deben tomarse decisiones similares. En el recuadro 2.2 se presentan los factores más importantes y probables a considerar.

2.109 Dado que el gobierno ejerce poderes soberanos a través de la legislación, las regulaciones, ordenanzas y otras disposiciones, hay que ser cuidadosos al establecer si el ejercicio de tales poderes conlleva la determinación de la política corporativa general de determinada sociedad y, por consiguiente, su control. Las leyes y regulaciones aplicables a todas las unidades como parte de una clase o a una industria en particular no deben considerarse como que el gobierno ejerce el control de estas unidades.

2.110 La capacidad para determinar la política corporativa general no incluye necesariamente el control directo de las actividades u operaciones cotidianas de determinada sociedad. Normalmente los directivos de tales sociedades deberían administrarlas de forma coherente con, y en respaldo de, los objetivos generales de la sociedad en cuestión. La capacidad de determinar la política corporativa general de una sociedad tampoco incluye el control directo de las opiniones de carácter profesional, técnico o científico, dado que estos normalmente serían considerados parte de la competencia esencial de la sociedad en sí. Por ejemplo, las valoraciones profesionales o técnicas expresadas por una sociedad establecida para certificar la aeronavegabilidad de aviones no se considerarían controladas con respecto a aprobaciones y desaprobaciones individuales. Sin embargo, sus políticas operativas y financieras más amplias, incluidos los criterios de aeronavegabilidad, bien podrían ser determinadas por una unidad de gobierno como parte de la política corporativa de la sociedad.

2.111 Las sociedades controladas por una unidad de gobierno no residente (o una sociedad pública no residente) no se clasifican como sociedades públicas en la economía anfitriona, sino que serían parte de las sociedades privadas en dicha economía31.

2.112 Las cuasisociedades e ISFL de mercado (es decir, las ISFL que realizan producción de mercado) controladas por el gobierno se clasifican como sociedades públicas.

Tipos de sociedades públicas

2.113 Las sociedades públicas se clasifican como sociedades financieras o no financieras dependiendo de la naturaleza de su actividad primaria.

Subsector sociedades públicas no financieras

2.114 Todas las sociedades no financieras residentes controladas por unidades de gobierno general o por otras sociedades públicas forman parte del subsector sociedades públicas no financieras. Las sociedades no financieras son sociedades cuya actividad principal consiste en producir bienes de mercado o servicios no financieros. Ejemplos típicos de sociedades públicas no financieras son las aerolíneas nacionales, las empresas nacionales de energía eléctrica y los ferrocarriles nacionales, si dichas entidades cobran precios económicamente significativos. Esta categoría también podría incluir instituciones sin fines de lucro públicas que se dedican a la producción de mercado (tales como hospitales, escuelas o colegios) si son unidades institucionales separadas y cobran precios económicamente significativos. Sin embargo, las entidades que reciben asistencia financiera del gobierno pero no están bajo su control no son sociedades públicas, sino que se las clasifica como sociedades privadas o ISFLSH.

Recuadro 2.2Control gubernamental de las sociedades

El control de una sociedad se define como la capacidad para determinar la política corporativa general de la sociedad. Para determinar si una sociedad está bajo el control del gobierno, los siguientes ocho indicadores de control serían los factores más importantes y probables a considerar:

  • Propiedad de la mayoría de las acciones con derecho a voto: Normalmente la propiedad de la mayoría de las acciones constituye el control cuando las decisiones se toman de modo tal que cada acción equivale a un voto. Las acciones pueden poseerse de modo directo o indirecto, y las acciones que pertenecen a todas las demás entidades públicas deben agregarse. Si las decisiones no se toman de modo tal que cada acción equivalga a un voto, la clasificación debe basarse en si las acciones propiedad de otras entidades públicas otorgan una representación mayoritaria.

  • Control del directorio u otro órgano rector: Es probable que la capacidad de designar o remover de su función a la mayoría de los miembros del directorio o de otro órgano rector como resultado de la legislación, regulaciones o acuerdos contractuales o de otra índole existentes constituya el control. Incluso el derecho a vetar propuestas de designaciones puede verse como una forma de control si influye en las opciones disponibles. Si otro órgano es responsable por la designación de los directores, es necesario analizar su composición para determinar si existe influencia pública. Si el gobierno designa el primer grupo de directores pero no controla la designación de sus reemplazantes, entonces el órgano sería parte del sector público hasta que hayan concluido los mandatos de las designaciones iniciales.

  • Control de la designación y remoción de personal clave: Si el control del directorio u otro órgano rector es débil, la designación de los principales ejecutivos (tales como el director ejecutivo, el presidente y el director financiero) puede ser decisiva. Los directores no ejecutivos también pueden ser relevantes si participan en comités clave (como, por ejemplo, el comité de remuneración que determina la paga del personal de alto rango).

  • Control de los comités clave de la entidad: Los subcomités del directorio u otro órgano rector podrían determinar políticas operativas y financieras fundamentales de la entidad. Una membresía mayoritaria del sector público en estos subcomités podría constituir el control. Tal membresía puede establecerse mediante los estatutos u otro instrumento habilitante de la sociedad.

  • Acciones doradas y opciones: Un gobierno puede poseer una “acción dorada”, en particular en el caso de una sociedad que ha sido privatizada. En ciertos casos, esta acción otorga al gobierno ciertos derechos residuales para proteger los intereses del público para, por ejemplo, evitar que la empresa venda determinadas categorías de activos o designe a un director especial que tenga grandes facultades en ciertas circunstancias. De por sí una acción dorada no denota control. Sin embargo, si las facultades que la acción dorada entraña confieren al gobierno la capacidad de determinar la política corporativa general de la entidad en determinadas circunstancias y tales circunstancias existieran en la actualidad, entonces la entidad debe considerarse en el sector público a partir de la fecha en cuestión. La existencia de una opción de compra de acciones disponible para una unidad de gobierno o una sociedad pública bajo determinadas circunstancias también puede ser similar en concepto al mecanismo de la acción dorada antes descrito. Es necesario considerar si, de existir la circunstancia en que la opción puede ejercerse, el volumen de acciones que pueden comprarse en virtud de la opción y las consecuencias de hacerlo significan que el gobierno tiene “la capacidad de determinar la política corporativa general de la entidad” al ejercer la opción. En general, la condición de una entidad debe basarse en la capacidad existente del gobierno para determinar la política corporativa ejercida en condiciones normales en lugar de en circunstancias económicas, o de otra índole, excepcionales (como guerras, disturbios públicos o desastres naturales).

  • Regulación y control: Puede ser difícil juzgar el límite entre una regulación aplicable a todas las entidades dentro de una clase o grupo de la industria y el control de una sociedad en particular. Hay muchos ejemplos de participación del gobierno mediante regulaciones, en particular en áreas tales como monopolios o servicios públicos privatizados. Es posible que haya una intervención regulatoria en áreas importantes, como la fijación de precios, sin que la entidad ceda el control de su política corporativa general. La decisión de ingresar a, o continuar operando en, un entorno sumamente regulado sugiere que la entidad no está sujeta a control. Cuando la regulación es tan estricta que efectivamente determina el modo en que la entidad realiza sus actividades, esto puede ser una forma de control. Si la entidad mantiene discreción unilateral acerca de si recibirá financiamiento de, interactuará comercialmente con, o negociará de otro modo con una unidad del sector público, entonces la entidad tiene la capacidad última para determinar su propia política corporativa y no está bajo el control de la entidad del sector público.

  • Control por parte de un cliente, o grupo de clientes, dominante del sector público: Si todas las ventas de una sociedad se efectúan a un único cliente del sector público o a un grupo de clientes del sector público, hay una clara posibilidad de influencia dominante. La presencia de un cliente minoritario del sector privado y/o una competencia abierta para proveer bienes y servicios al sector público usualmente implican un elemento de independencia en la toma de decisiones de la sociedad, de modo que no se consideraría a la entidad como controlada. En general, si hay evidencia clara de que la sociedad no podría elegir tratar con clientes del sector no público debido a la influencia del sector público, se supone que hay control público.

  • Control que emana de préstamos concedidos por el gobierno: A menudo los prestamistas imponen controles como condición para la concesión de préstamos. Si el gobierno impuso controles, mediante los préstamos o la emisión de garantías, mayores a los típicos cuando una entidad sana del sector privado recibe un préstamo de un banco, esto puede ser indicativo de control. Además, que únicamente el gobierno haya estado en condiciones de conceder un préstamo a la sociedad puede suponer control.

Aunque un solo indicador podría ser suficiente para establecer el control, en otros casos, un conjunto de indicadores separados considerados colectivamente puede denotar control. Una decisión basada en la totalidad de los indicadores será necesariamente de naturaleza subjetiva, pero claramente en casos semejantes deben tomarse decisiones similares.

Subsector sociedades públicas financieras

2.115 Todas las sociedades financieras residentes controladas por unidades de gobierno general u otras sociedades públicas forman parte del subsector sociedades públicas financieras. Las sociedades financieras son sociedades dedicadas principalmente a prestar servicios financieros, incluidos los servicios relativos a seguros y fondos de pensiones, a otras unidades institucionales (véanse los párrafos 2.53–2.57).

2.116 El subsector sociedades financieras puede dividirse, a su vez, en subsectores de acuerdo a la actividad de la sociedad financiera en el mercado y la liquidez de sus pasivos32. No obstante, a los fines de las EFP, el subsector sociedades públicas financieras puede agruparse en términos generales en sociedades públicas de depósito (banco central y sociedades públicas de depósito distintas del banco central) y otras sociedades públicas financieras. En comparación con otros subsectores del sector público, las sociedades públicas financieras pueden tender a presentar niveles relativamente elevados de activos financieros y pasivos debido al papel que desempeñan en la intermediación financiera. En consecuencia, podría ser útil contar con datos separados de las sociedades públicas financieras, además de los datos consolidados con otros componentes del sector público.

Sociedades públicas de depósito

2.117 Las sociedades públicas de depósito son sociedades financieras controladas por unidades de gobierno general u otras sociedades públicas, cuya actividad principal es la intermediación financiera y que tienen pasivos en forma de depósitos o instrumentos financieros que son sustitutos cercanos de los depósitos. Se pueden distinguir dos tipos de sociedades públicas de depósito: el banco central y las sociedades públicas de depósito distintas del banco central.

Banco central

2.118 El banco central es la institución financiera nacional que ejerce control sobre aspectos fundamentales del sistema financiero. Por lo general, se clasifican en este subsector los siguientes intermediarios financieros:

  • El banco central nacional, incluido el caso donde es parte de un sistema de bancos centrales33.

  • Juntas monetarias o autoridades monetarias independientes que emiten moneda nacional que se encuentra totalmente respaldada por reservas en moneda extranjera.

  • Organismos monetarios centrales de origen esencialmente público (por ejemplo, organismos que gestionan divisas o que emiten billetes y monedas) que mantienen un conjunto completo de cuentas pero que no se clasifican como parte del gobierno central.

2.119 Si el banco central es una unidad institucional separada, siempre forma parte del subsector sociedades financieras, incluso si es posible argumentar que es principalmente un productor no de mercado. Si bien el banco central puede tener un alto grado de independencia operativa, es una sociedad pública. Las autoridades supervisoras que se dedican principalmente a la supervisión de unidades financieras y son unidades institucionales separadas del banco central se incluyen dentro de los auxiliares financieros.

Sociedades públicas de depósito, distintas del banco central

2.120 Las sociedades públicas de depósito distintas del banco central abarcan todas las sociedades de depósito residentes, excepto el banco central, controladas por unidades de gobierno general u otras sociedades públicas. Entre los ejemplos cabe mencionar a los bancos comerciales, bancos “universales”, bancos “multipropósito”, cajas de ahorro, instituciones de giros postales34, bancos postales, bancos de crédito rural, bancos de crédito agrícola, bancos de exportación e importación y bancos especializados, en la medida que capten depósitos o emitan sustitutos cercanos de los depósitos.

Otras sociedades públicas financieras

2.121 Las otras sociedades públicas financieras son todas las sociedades financieras residentes, excepto las sociedades públicas de depósito, controladas por unidades de gobierno general o por otras sociedades públicas. Este subsector incluye unidades que captan fondos en los mercados financieros, pero no en forma de depósitos, y los utilizan para adquirir activos financieros. Ejemplos de unidades en este subsector incluyen a fondos del mercado monetario, fondos de inversión del mercado no monetario, sociedades de seguros, fondos de pensión y otros intermediarios financieros (excepto sociedades de seguros y fondos de pensión). Además, este subsector incluye auxiliares financieros (incluidas las autoridades supervisoras que son unidades institucionales separadas) e instituciones financieras y prestamistas de dinero cautivos.

Otras agrupaciones de unidades del sector público

2.122 Al compilar estadísticas de las sociedades públicas, distintas agrupaciones —o subsectores del sector público— pueden ser convenientes para fines analíticos. Probablemente las cuatro agrupaciones de las sociedades públicas presentadas en el gráfico 2.2 sean la base a partir de la cual podrán crearse otras agrupaciones. Las otras agrupaciones posibles incluyen:

  • El sector público no financiero: El sector gobierno general más las sociedades públicas no financieras.

  • El sector gobierno general más el banco central.

  • El sector público del gobierno central: El subsector gobierno central más las sociedades públicas controladas por el gobierno central35.

2.123 El término “soberano” es usado a menudo en los mercados financieros, y por parte de analistas fiscales, en el contexto de las operaciones fiscales, la obtención de préstamos y la deuda. A diferencia de las agrupaciones del sector público antes descritas, que se basan en unidades institucionales, la definición de “soberano” tiene una base funcional y puede utilizarse de distintas maneras. Para evitar confusión y como servicio a los usuarios, la presentación de las “estadísticas soberanas” debe indicar la cobertura institucional de las estadísticas y su relación con las definiciones estándar de las estadísticas del sector gobierno general y/o del sector público.

Árbol de decisiones para la clasificación sectorial del sector público

2.124 Haciendo uso de los conceptos de residencia, unidad institucional, control y productores de mercado versus no de mercado, el árbol de decisiones que se presenta en el gráfico 2.4 facilita la correcta delimitación del sector público. A fin de determinar qué entidades pertenecen al sector gobierno general y cuáles al subsector sociedades públicas es necesario recorrer el árbol de decisiones, empleando preguntas secuenciales:

Gráfico 2.4Árbol de decisiones para la clasificación sectorial de las entidades públicas

  • ¿Es la entidad residente o no residente? Los datos de entidades no residentes se registran en los datos del resto del mundo (véase el párrafo 2.7).

  • ¿Es la entidad una unidad institucional? Si es residente pero no es una unidad institucional, se la trata como parte integral de la unidad institucional que la controla. Si cumple con los criterios para ser considerada una unidad institucional, debe avanzar al próximo punto de decisión (véase el párrafo 2.22).

  • ¿Está la unidad institucional bajo el control del gobierno u otra sociedad pública? La respuesta a esta pregunta ubicará a la unidad institucional en el sector público o en el sector privado (véanse los recuadros 2.1 y 2.2).

  • ¿Es la unidad institucional un productor de mercado o no de mercado? La respuesta a esta pregunta ubicará a la unidad institucional en el sector gobierno general o en el subsector sociedades públicas (véanse los párrafos 2.65–2.75).

  • Si la unidad institucional se ubica en el sector gobierno general, ¿podría identificarse dentro de la unidad del gobierno general algún establecimiento de mercado que cumpla con los criterios necesarios para ser una unidad institucional? Tales establecimientos de mercado deberían clasificarse como cuasisociedades en el subsector sociedades públicas (véanse los párrafos 2.33–2.34).

  • ¿Presta la unidad institucional servicios auxiliares, tales como las autoridades supervisoras de intermediarios financieros y mercados financieros? Una respuesta afirmativa a esta pregunta ubicará a la unidad institucional en el subsector sociedades públicas financieras (véase el párrafo 2.54).

  • ¿Se dedica la sociedad pública a la producción de servicios financieros? La respuesta a esta pregunta ubicará a la unidad institucional en el subsector sociedades públicas financieras o no financieras (véanse los párrafos 2.114–2.121).

Aplicación práctica de los principios de clasificación sectorial

Identificación de cuasisociedades

2.125 Las cuasisociedades (tal como se las define en el párrafo 2.33) cumplen con los criterios para ser consideradas unidades institucionales separadas y funcionar como si fueran sociedades. Las cuasisociedades se tratan en las estadísticas macroeconómicas como si fueran sociedades (es decir, como unidades institucionales separadas de las unidades a las que jurídicamente pertenecen). Por lo tanto, las cuasisociedades propiedad de, o controladas por, unidades de gobierno se agrupan con las sociedades públicas en los sectores sociedades públicas no financieras o financieras.

2.126 La existencia de, o la posibilidad de elaborar, un conjunto completo de cuentas, incluidos los balances, de la empresa es una condición necesaria para tratar la entidad como una unidad institucional separada. Además, el gobierno debe conceder a la dirección de la empresa discrecionalidad para operar como si fuera una sociedad separada. En la práctica, esto debe aplicar tanto con respecto a la administración del proceso productivo como al uso de fondos, incluido el mantener su propio capital de trabajo y crédito comercial, y poder financiar parte o la totalidad de su formación de capital en base a sus propios ahorros, activos financieros o endeudamiento. La capacidad de distinguir los flujos de ingreso y de financiamiento entre las cuasisociedades y las unidades de gobierno general implica que, en la práctica, sus actividades operativas y de financiamiento deben ser separables de las estadísticas de ingresos y financiamiento del gobierno, a pesar de que no son entidades jurídicas separadas.

2.127 Entidades tales como los ferrocarriles nacionales, las autoridades portuarias, las oficinas de correos, las oficinas de publicaciones gubernamentales, teatros públicos, museos, piscinas, hospitales, centros educativos y otras entidades que proveen bienes y servicios deben tratarse como sociedades públicas si cumplen con los criterios para ser consideradas como cuasisociedades. Productores de mercado similares que no cumplan con los requisitos para ser reconocidos como cuasisociedades se tratan como establecimientos de mercado integrados con la unidad del gobierno general que los controla. En aquellos casos en que los productores gubernamentales de bienes y servicios similares venden sus productos a precios no de mercado, se los considera parte de las actividades no de mercado del gobierno general.

Diferenciación entre casas matrices y sociedades de cartera

2.128 Es posible crear grandes grupos de sociedades en que una sociedad matriz (o el gobierno en el caso de las sociedades públicas) controla varias subsidiarias, algunas de las cuales pueden, a su vez, controlar sus propias subsidiarias. Cada sociedad individual que cumple con los criterios para ser considerada una unidad institucional debe clasificarse como una unidad institucional separada, independientemente de si forma parte de un grupo. En tal circunstancia, la sociedad matriz usualmente se denomina como sociedad de cartera. Hay dos tipos de sociedades de cartera:

  • El primer tipo es la casa matriz que se dedica activamente a la producción ejerciendo parte del control administrativo de sus subsidiarias. Esta clase de sociedades supervisa y administra otras unidades de la compañía o empresa; asume el papel de planificación y toma de decisiones estratégicas u organizativas de la compañía o empresa; ejerce el control operativo; y administra las operaciones diarias de las unidades vinculadas. Dichas unidades se clasifican en el sector sociedades no financieras a menos que todas o la mayoría de sus subsidiarias sean sociedades financieras, en cuyo caso deben tratarse por convención como auxiliares financieros en el sector sociedades financieras.

  • El segundo tipo es una unidad que mantiene los activos de sociedades subsidiarias pero no realiza ninguna actividad administrativa. Esta clase de sociedades incluye las actividades de las sociedades de cartera, es decir, las unidades que mantienen los activos (al poseer participaciones mayoritarias de capital) de un grupo de sociedades subsidiarias y cuya actividad principal es ser propietarias del grupo. Las sociedades de cartera pertenecientes a esta clase no proveen ningún otro servicio a las empresas en las que poseen el capital social (es decir, no administran ni gestionan otras unidades). Estas unidades se clasifican en el subsector sociedades financieras y se tratan como instituciones financieras cautivas incluso si todas las sociedades subsidiarias son sociedades no financieras. Sin embargo, estas sociedades de cartera deben diferenciarse de las subsidiarias artificiales y las entidades rees-tructuradoras (véanse los párrafos 2.42 y 2.129, respectivamente).

Entidades reestructuradoras

2.129 Las entidades reestructuradoras son entidades creadas para vender sociedades y otros activos, y para reorganizar compañías. Se las puede utilizar también para la remoción contable de activos deteriorados o para el reembolso de pasivos de entidades insolventes, a menudo en el contexto de una crisis bancaria. Estas entidades se conocen con distintos nombres, tales como sociedades reestructuradoras, vehículos de privatización, sociedades de gestión de activos, sociedades de liquidación, bancos puente o bancos malos.

2.130 Algunas unidades institucionales se especializan en la reestructuración de sociedades, ya sea financieras o no financieras. Estas sociedades pueden, o no, estar controladas por el gobierno. Las entidades reestructuradoras pueden ser de larga data o creadas con ese fin especial. Los gobiernos pueden financiar las operaciones de reestructuración de varias maneras, ya sea directamente, mediante inyecciones de capital (transferencia de capital, préstamo o adquisición de participaciones de capital); o, indirectamente, mediante la concesión de garantías. Si la entidad reestructuradora está bajo el control del gobierno u otra sociedad pública, se la clasifica en el sector público (véase el recuadro 2.2). Lo que determina que la unidad reestructuradora sea parte del sector gobierno general o una sociedad pública es el hecho de que sea un productor de mercado o no de mercado. Dado que el criterio del precio económicamente significativo podría no ser suficiente a tal fin, es necesario considerar los siguientes criterios generales36:

  • Una unidad que presta servicios solo, o principalmente, al gobierno tiene más probabilidades de ser incluida como un productor no de mercado dentro del sector gobierno general que una que también sirva a otras unidades.

  • Una unidad que vende o compra activos financieros a valores distintos de los de mercado tiene más probabilidades de formar parte del sector gobierno general.

  • Una unidad que asume poco riesgo porque actúa con considerable respaldo financiero público y que, ya sea por ley o de facto, actúa en nombre del gobierno, es probable que sea incluida en el sector gobierno general.

2.131 A continuación, se presentan dos ejemplos observados a menudo, que brindan mayor orientación sobre la clasificación de las entidades reestructuradoras:

  • Una entidad reestructuradora puede encargarse de la reorganización de entidades del sector público o privado, o de la gestión indirecta de la privatización. Se pueden plantear dos casos:

    • La unidad reestructuradora es una sociedad de cartera genuina que controla y gestiona un grupo de subsidiarias, y solo un segmento pequeño de su actividad consiste en canalizar fondos de una subsidiaria a otra en nombre del gobierno y para fines de política pública. Es más probable que esta unidad sea un productor de mercado y se la clasifique como una sociedad financiera, y que las transacciones realizadas en nombre del gobierno se redireccionen mediante la unidad de gobierno general que hace uso del servicio prestado37.

    • La unidad reestructuradora, sea cual fuere su condición jurídica, actúa como un agente directo del gobierno y no es un productor de mercado. Su función principal es redistribuir los ingresos y la riqueza nacionales, canalizando fondos de una unidad a otra. La entidad reestructuradora debe clasificarse en el sector gobierno general.

  • Otro ejemplo de entidad reestructuradora es una que se ocupa principalmente de activos deteriorados, fundamentalmente en el contexto de una crisis bancaria u otro tipo de crisis financiera. La entidad reestructuradora debe ser analizada según el grado de riesgo que asume, teniendo en cuenta el grado de financiamiento provisto por el gobierno. Nuevamente, se pueden plantear dos casos:

    • La entidad reestructuradora obtiene un préstamo en el mercado asumiendo el riesgo para adquirir activos financieros o no financieros que gestiona activamente. En este caso es más probable que la unidad sea un productor de mercado y se la clasifique como una sociedad financiera.

    • La entidad reestructuradora adquiere deliberadamente activos a precios superiores a los de mercado con respaldo financiero directo o indirecto del gobierno. Se dedica principalmente a la redistribución de los ingresos (y la riqueza) nacionales, no actúa independientemente del gobierno ni asume riesgos y, por lo tanto, no es un productor de mercado y debe clasificarse en el sector gobierno general.

Sistemas de protección financiera

2.132 La infraestructura financiera de una economía puede incluir sistemas de protección financiera para proteger los activos de los clientes de las instituciones financieras. A menudo estos sistemas se denominan sistemas de garantía de depósitos o sistemas de seguro de depósitos. Los principales tipos de sistemas protegen los depósitos o a los titulares de pólizas respecto de sistemas de seguros de vida y no de vida en dificultades. Estas entidades se conocen por distintos nombres, pero para determinar su clasificación sectorial, es necesario considerar la naturaleza de sus actividades caso a caso.

2.133 Un sistema de protección financiera se clasifica como parte del gobierno general, como una sociedad pública financiera o como una sociedad privada financiera fuera del sector público de acuerdo a los mismos principios de clasificación sectorial que se aplican a cualquier otra entidad, tal como se describe previamente en este capítulo (véase el párrafo 2.124).

2.134 Un sistema de protección financiera residente puede cumplir, o no, con los criterios para ser considerado una unidad institucional. De no ser una unidad institucional, se lo trata como parte integral de la unidad institucional que lo controla.

2.135 Si el gobierno fija las tasas, o si el gobierno o una sociedad pública controlan el sistema de protección financiera a través de otros medios, el sistema debe incluirse en el sector público. Los siguientes criterios deben tenerse en cuenta para determinar si el sistema es parte del sector gobierno general:

  • Si las tasas que se deben pagar al gobierno por tal sistema de protección son obligatorias —es decir, si los beneficiarios no pueden elegir no participar en el sistema— el sistema debe incluirse en el sector gobierno general (véase el párrafo 5.74).

  • Si las tasas no se determinan en base al riesgo asociado cubierto, el sistema debe incluirse en el sector gobierno general (véase el párrafo 5.74).

  • Si las tasas que se deben pagar al gobierno no se separan en un fondo, o pueden emplearse con otras finalidades, el sistema debe incluirse en el sector gobierno general.

  • Si los derechos son proporcionales al costo del servicio prestado y el sistema es una unidad institucional, se lo clasifica como una sociedad de seguros; operar un fondo que funciona conforme a la normativa aplicable a los seguros puede indicar proporcionalidad y la existencia de un sistema de garantías estandarizadas.

Entidades con fines especiales

2.136 Si bien no hay una definición internacional acordada para las EFE, algunas características habituales son que poseen poca presencia física, están relacionadas con otra sociedad o gobierno y con frecuencia residen en un territorio distinto del territorio de residencia de su unidad matriz38.

2.137 Los gobiernos pueden crear las EFE por razones de conveniencia financiera. Por ejemplo, las EFE pueden participar en actividades fiscales o cuasifiscales (incluidas la titulización de activos, la toma de préstamos, etc.). Las EFE residentes39 que funcionan únicamente de manera pasiva con respecto al gobierno general y que ejecutan actividades fiscales y cuasifiscales no cumplen con los criterios para ser consideradas unidades institucionales y, por lo tanto, no se las trata como unidades institucionales separadas en las estadísticas macroeconómicas, sino como parte del gobierno general, independientemente de su condición jurídica. Las EFE residentes que actúan de manera independiente, adquiriendo activos e incurriendo en pasivos por cuenta propia, aceptando el riesgo asociado, se tratan como unidades institucionales separadas y se clasifican en el sector correspondiente de acuerdo a su actividad principal.

2.138 Las EFE que son residentes en un país distinto del país del gobierno que las controla siempre se clasifican como unidades institucionales separadas en la economía en la que están establecidas. Cuando tales entidades existen, es necesario ser cuidadoso para reflejar con precisión las actividades fiscales del gobierno. Todos los flujos y saldos entre la unidad de gobierno general y la EFE no residente deben registrarse en las cuentas del gobierno general y del resto del mundo cuando tienen lugar40.

2.139 Un gobierno puede crear una EFE no residente con fines fiscales, para encargarse de la obtención de préstamos para el gobierno o realizar gastos del gobierno en el exterior con fines fiscales. Aun si no se registran flujos económicos efectivos entre el gobierno y la EFE en relación con estas actividades fiscales, los flujos y saldos deben imputarse en las cuentas tanto del gobierno como del resto del mundo para reflejar las actividades fiscales del gobierno realizadas por la EFE.

Empresas conjuntas

2.140 Muchas unidades del sector público celebran acuerdos con entidades privadas (por ejemplo, una asociación público-privada) o con otras unidades del sector público para realizar conjuntamente distintas actividades. La empresa conjunta podría ser un productor de mercado o no de mercado. Las operaciones conjuntas pueden estructurarse, en términos generales, como uno de estos tres tipos: unidades controladas conjuntamente, denominadas aquí empresas conjuntas; operaciones controladas conjuntamente; y activos controlados conjuntamente.

2.141 Una empresa conjunta implica la creación de una sociedad, asociación u otra unidad institucional en la que, legalmente, cada parte ejerce control conjunto sobre las actividades de la unidad de la empresa conjunta. La unidad de la empresa conjunta funciona de la misma manera que otras unidades, excepto que un acuerdo jurídico entre las partes establece el control conjunto de la unidad. Como unidad institucional, la empresa conjunta puede celebrar contratos a nombre propio y recaudar fondos para sus propias finalidades. Una empresa conjunta lleva sus propios registros contables.

2.142 Los participantes de una empresa conjunta pueden ser unidades del sector público y/o privado. Para decidir correctamente la clasificación sectorial de la empresa conjunta en las estadísticas macroeconómicas, es necesario determinar qué unidad tiene el control económico sobre ella. Dada la naturaleza de una empresa conjunta (creada jurídicamente con control conjunto), la principal cuestión a considerar es si el control económico efectivo de la empresa conjunta establece una unidad pública o privada:

  • Si una empresa conjunta funciona como productor no de mercado, entonces el control efectivo está en manos del gobierno y se la clasifica como parte del sector gobierno general.

  • Si la empresa conjunta es un productor de mercado, se la trata como una sociedad pública o privada dependiendo de si la controla una unidad del gobierno. Por lo general, el porcentaje de propiedad bastará para determinar el control. Si las unidades públicas y privadas son propietarias del mismo porcentaje de la empresa conjunta, se deben tener en cuenta los demás indicadores de control (véase el recuadro 2.2).

2.143 Los acuerdos de operación conjunta pueden adoptar la forma de operaciones controladas conjuntamente o de activos controlados conjuntamente. Cuando unidades del sector público participan en acuerdos de operación conjunta sin establecer unidades institucionales separadas, no hay unidades que requieran clasificación; no obstante, el registro debe reflejar la verdadera propiedad económica de los activos. Asimismo, todo régimen de coparticipación en los ingresos y los gastos debe registrarse de acuerdo a su naturaleza económica tal como lo establecen las disposiciones del contrato que rige la operación. Por ejemplo, dos unidades pueden acordar hacerse cargo de diferentes etapas de un proceso de producción conjunto, o una unidad puede ser propietaria de un activo o un complejo de activos relacionados, pero ambas unidades acuerdan compartir los ingresos y los gastos.

Fondos de amortización

2.144 Un fondo de amortización es una cuenta separada, que puede ser, o no, una unidad institucional. Los fondos de amortización están conformados por aportes diferenciados provistos por la o las unidades que utilizan el fondo (la unidad “matriz”) para la amortización gradual de la deuda de la unidad matriz. También es posible establecer un fondo de amortización para solventar reparaciones o reemplazos de envergadura. Además del objetivo final de extinguir la deuda pública en su totalidad de manera prudente y ordenada, la finalidad de un fondo de amortización puede ser inspirar confianza, respaldando el mercado de títulos públicos.

2.145 Los fondos de amortización del sector público se clasifican en distintos sectores de acuerdo a si son unidades institucionales separadas41 y, de ser así, en base a si prestan servicios a precios económicamente significativos.

  • Los fondos de amortización que son unidades institucionales separadas y suministran servicios como productores de mercado se clasifican como sociedades públicas financieras.

  • Los fondos de amortización que son unidades institucionales separadas y suministran servicios como productores no de mercado se clasifican como unidades de gobierno general. En particular, estos fondos de amortización se clasifican como unidades extrapresupuestarias de la unidad que los controla (por ejemplo, el gobierno central).

  • Los fondos de amortización que no son unidades institucionales separadas se clasifican con la unidad que los controla (es decir, la unidad “matriz”).

2.146 Las prácticas de los fondos de amortización en cuanto a su funcionamiento y el grado de control que ejerce la unidad “matriz” (por ejemplo, el gobierno) son variadas:

  • Algunos fondos de amortización amortizan o adquieren únicamente los títulos de la unidad matriz para la que fueron creados. Esos fondos de amortización no suelen ser unidades institucionales separadas y se clasifican como parte de la unidad que los controla.

  • Algunos fondos de amortización también pueden tener otras responsabilidades, como la conducción de los programas de préstamo del gobierno o incluso la recaudación de impuestos asignados. Esos fondos de amortización no suelen ser unidades institucionales separadas y se clasifican como parte de la unidad que los controla.

  • Otros fondos de amortización pueden comprar y vender títulos de otros gobiernos o instituciones —deudores o acreedores nacionales o extranjeros— buscando generalmente títulos con vencimientos parecidos. Esos fondos de amortización bien pueden ser unidades institucionales que suministran servicios sobre una base de mercado y se clasifican como sociedades públicas financieras.

Sistemas de pensiones

2.147 Los modos en que se otorgan las pensiones a los jubilados varían según el país. Las unidades del sector público proveen distintos tipos de pensiones a las personas por medio de la asistencia social, los sistemas de seguridad social y los sistemas relacionados con el empleo distintos de la seguridad social. Debido a las complejidades que entraña la clasificación y sectorización de estos mecanismos, se brinda una discusión detallada en el apéndice 2.

Fondos de previsión

2.148 Los fondos de previsión son sistemas de ahorro obligatorio que mantienen la integridad de las contribuciones de cada participante. Algunos gobiernos crean fondos de previsión en lugar de brindar prestaciones de los seguros sociales. En virtud de los mecanismos de los fondos de previsión, las contribuciones obligatorias de cada participante y de su empleador en nombre del participante se mantienen en una cuenta separada, y se pueden retirar en ciertas circunstancias específicas, tales como jubilación, desempleo, invalidez y muerte. Estas contribuciones se gestionan y se invierten con el fin de obtener una rentabilidad para cada participante.

2.149 La creación de un fondo de previsión plantea la cuestión de si corresponde clasificarlo como un sistema de seguridad social en algún subsector del gobierno general, como una sociedad pública o fuera del sector público. Los mecanismos de los fondos de previsión, tal como se los define en el párrafo anterior, difieren de los sistemas de seguridad social en tanto que hay activos segregados para cada contribuyente y no se prevé que el gobierno pueda modificar las prestaciones. Por consiguiente, estos fondos de previsión se excluyen de los sistemas de seguridad social.

2.150 La clasificación de un fondo de previsión controlado por el gobierno en el sector gobierno general o en el subsector sociedades financieras se determina por los mismos principios de clasificación sectorial que rigen para cualquier otra entidad, tal como se describen previamente en este capítulo:

  • Un fondo de previsión residente controlado por el gobierno que cumple la definición de unidad institucional se clasifica como una sociedad pública financiera. Las contribuciones individuales determinan prestaciones individuales, y la entidad realiza intermediación financiera al mancomunar las contribuciones de muchos hogares e invertirlas en su nombre de modo similar a lo observado en los fondos de inversión y fondos de pensiones de contribuciones definidas (véanse los párrafos 2.53–2.54). Por lo tanto, como productores de mercado estas unidades se clasifican en el subsector sociedades públicas financieras.

  • Un fondo de previsión residente controlado por el gobierno que no cumple con los criterios necesarios para ser una unidad institucional se clasifica con la unidad del gobierno que lo controla.

2.151 Es posible que un fondo de previsión esté establecido de manera tal que incluya aspectos de un sistema de seguridad social (seguro social), así como también aspectos de un sistema de ahorro obligatorio. En esos casos, el fondo se clasificaría según el sistema que predomina aplicando los principios de clasificación sectorial expuestos en este capítulo.

Fondos soberanos de inversión

2.152 Algunos gobiernos crean fondos con fines especiales, generalmente llamados fondos soberanos de inversión (FSI)42. Los FSI son fondos pertenecientes al gobierno general y creados por este con fines macroeconómicos. Los FSI mantienen, gestionan o administran activos para alcanzar objetivos financieros y utilizan una serie de estrategias de inversión que incluyen la inversión en activos financieros externos. Comúnmente estos fondos se crean a partir de superávits de la balanza de pagos, operaciones cambiarias oficiales, recursos provenientes de privatizaciones, superávits fiscales y/o ingresos resultantes de la exportación de materias primas.

2.153 La creación de un FSI plantea la cuestión de si se clasifica como parte del gobierno general, como una sociedad pública o fuera del sector público. La clasificación de un fondo soberano de inversión controlado por el gobierno en el sector gobierno general o en el subsector sociedades financieras se determina por los mismos principios de clasificación sectorial que rigen para cualquier otra entidad, tal como se describen previamente en este capítulo (véase el párrafo 2.124).

2.154 Un FSI residente controlado por el gobierno puede cumplir, o no, con la definición de unidad institucional:

  • Si el FSI no es una unidad institucional, se lo clasifica con la unidad que lo controla.

  • Si el FSI residente es una unidad institucional, se lo clasifica como:

    • Una sociedad pública financiera, si brinda servicios financieros sobre una base de mercado.

    • Una unidad de gobierno general (un fondo extrapresupuestario o un fondo de seguridad social43), si cumple con la definición de una unidad de gobierno (véase el párrafo 2.38) y es simplemente una tenedora pasiva de activos y pasivos (véase el párrafo 2.42).

2.155 Si el FSI es una entidad constituida jurídicamente en el extranjero o una cuasisociedad ubicada en el extranjero, se lo clasifica como una unidad institucional separada en el subsector sociedades financieras de la economía en la cual está constituido o, de no estar constituido jurídicamente, de la economía en la que tiene su domicilio legal. En tales circunstancias, todas las transacciones y saldos del gobierno con el FSI deben reflejarse en la cuenta del gobierno general con el resto del mundo como contraparte.

Organismos de regulación de mercado

2.156 Los organismos de regulación de mercado actúan en nombre de un gobierno (o de una organización regional cuyos miembros son gobiernos) y ejercen influencia directa o indirectamente en el mercado de bienes o servicios específicos. Estos organismos pueden ejercer una influencia directa actuando como compradores y vendedores de bienes o servicios, y pueden hacerlo de modo indirecto mediante regulaciones, resoluciones, leyes de cumplimiento obligatorio o normas, para tener impacto sobre la producción, el precio y la comercialización de productos específicos. Las regulaciones pueden cubrir los términos y condiciones para el suministro de los bienes y servicios y, en particular, el precio que se permite cobrar y/o a quién se distribuirán los bienes y servicios. Es muy común que un organismo de regulación controle productos agrícolas, mercados monopolísticos o, en ciertos casos, recursos naturales.

2.157 Los organismos de regulación de mercado pueden ser de distinta naturaleza. Debe analizarse la naturaleza de cada organismo para decidir en qué sector clasificarlo siguiendo los principios de clasificación sectorial. En un extremo del espectro, algunos organismos solo distribuyen subsidios, en tanto que otros pueden desempeñar una función administrativa, de asesoría, de determinación de normas o precios o de publicidad colectiva. En el otro extremo del espectro, el organismo puede tener control absoluto sobre todos los aspectos del proceso productivo y de distribución, incluido ser el único comprador/vendedor legal de los productos.

2.158 Conforme al principio de residencia, los organismos de regulación de mercado que cumplen con la definición de un organismo internacional o regional no se incluyen en las estadísticas de los distintos países miembros, pero sus actividades deben quedar reflejadas en los datos regionales (véase el apéndice 5). Por convención, los organismos de regulación (supervisión) financiera se consideran como sociedades financieras, específicamente como auxiliares financieros cuando constituyen unidades institucionales separadas. En el caso de los organismos de regulación de mercado residentes que se dedican a bienes y servicios no financieros, las siguientes pautas son aplicables:

  • Aquellos organismos que no cumplen con los criterios para ser considerados una unidad institucional continúan siendo parte integral de la unidad del gobierno general que los controla. Usualmente este sería el caso de aquellos organismos que se dedican exclusiva o principalmente a la distribución de subsidios en nombre del gobierno.

  • Aquellos organismos que cumplen con los criterios para ser considerados unidades institucionales, y que son principalmente productores no de mercado, tales como los que realizan ciertas funciones administrativas, establecen normas o supervisan y regulan el proceso productivo, deben clasificarse en el sector gobierno general. Aunque el organismo puede contar con la participación activa de miembros del mercado al que presta servicio, el control del gobierno se establece al otorgarle este capacidad efectiva para operar a los instrumentos de estos organismos y por la naturaleza no de mercado de los mismos.

  • Aquellos organismos que cumplen con los criterios para ser considerados como unidades institucionales y que son principalmente productores de mercado deben clasificarse en el subsector sociedades no financieras. La única o principal actividad de estos organismos de regulación de mercado consiste en comprar, mantener y vender los bienes y servicios a precios económicamente significativos.

2.159 En aquellos casos en que los organismos de regulación de mercado realizan una combinación de actividades, tales como la distribución de subsidios y la compra, tenencia y venta de bienes y servicios, la clasificación sectorial podría requerir un análisis meticuloso. De ser posible identificar por separado a una cuasisociedad que efectúa las actividades de mercado, esta debe clasificarse en el subsector sociedades no financieras. Las actividades no de mercado deben clasificarse en el sector gobierno general. De no ser posible diferenciar dos unidades institucionales, las actividades de mayor importancia de la entidad deben determinar la clasificación sectorial.

Fondos de desarrollo y/o entidades o empresas de infraestructura

2.160 Algunos gobiernos crean entidades/fondos especiales para financiar y desarrollar la economía en general, desarrollar sectores específicos de la economía o mejorar instalaciones específicas, tales como las de infraestructura. Estos tipos de entidades/fondos pueden tener participación en distintos aspectos del desarrollo, desde únicamente brindar el financiamiento para las actividades de desarrollo hasta participar en todos los aspectos del desarrollo concreto y la construcción de la infraestructura o instalaciones. Para describir estas entidades se emplean diversos términos, como “bancos de desarrollo”, “fondos de inversión”, “fondos de estabilización fiscal” o “empresas de infraestructura”. Más allá de cómo se las denomine, su clasificación sectorial no debe basarse en su descripción sino que en la naturaleza económica de las entidades.

2.161 Empleando los criterios habituales (véase el párrafo 2.22), los compiladores deben determinar si la entidad es una unidad institucional separada en el sector público, o si no es una unidad institucional y, por ende, debe ser clasificada como parte integral de la unidad que la controla.

2.162 Estas entidades pueden establecerse bajo la forma jurídica de una sociedad, pero es necesario decidir si se las clasificará como unidades institucionales. Usualmente, los mecanismos de financiamiento de estas entidades involucran la emisión de instrumentos de deuda, pero también podrían incluir otras fuentes de financiamiento. A menudo, los clientes a quienes prestan servicios, los mecanismos de financiamiento y la propiedad económica de los activos creados por estas entidades podrían indicar los riesgos que estas asumen, y podrían ayudar a determinar su condición como unidad institucional. Las siguientes pautas son aplicables:

  • Si la entidad no puede actuar independientemente de su unidad matriz y es una tenedora pasiva de activos y pasivos, es una subsidiaria artificial. Si es una unidad residente, se la clasifica como un componente del nivel de gobierno que la controla (es decir, como parte de la unidad matriz). Estas entidades no se tratan como unidades institucionales separadas, a menos que residan en una economía diferente de aquella de su unidad matriz (véanse los párrafos 2.6–2.15).

  • Si la entidad obtiene préstamos en el mercado y luego presta únicamente a unidades del gobierno general, no se dedica a la intermediación financiera y debe ser considerada como una subsidiaria artificial residente (véanse los párrafos 2.42–2.44).

  • Si el gobierno asume la propiedad económica de los activos no financieros creados, esto sugiere que el fondo de desarrollo es solo un dispositivo para obtener préstamos y adquirir los activos, y la entidad debe tratarse como una subsidiaria artificial residente.

  • Si estas entidades cumplen con la definición para ser consideradas unidades institucionales (véase el párrafo 2.22) y son productores de mercado de bienes y servicios controlados por el gobierno, deben clasificarse como sociedades. Más específicamente, serán una sociedad pública financiera únicamente si se dedican a proveer servicios financieros (véase el párrafo 2.53)44. Serán consideradas sociedades públicas no financieras solo si producen y venden los activos de infraestructura a precios económicamente significativos en transacciones de mercado.

Mantener un listado o registro de estas unidades y su clasificación sectorial garantizará una clasificación consistente a través de todos los sistemas de estadísticas macroeconómicas.

La residencia se define principalmente en el MBP6, párrafos 4.113–4.144, y también se analiza en el SCN 2008, párrafos 4.10–4.15 y capítulo 26.

De ser útil desde el punto de vista analítico, los datos de estas zonas pueden presentarse por separado, antes de consolidarlos con los del resto de la economía.

El órgano decisorio central de una unión monetaria suele ser el banco central de la unión monetaria (véase el párrafo 2.21). Para un análisis de las uniones monetarias y otros mecanismos regionales, véanse el apéndice 5 en este Manual y el apéndice 3 del MBP6.

Las autoridades monetarias comprenden al banco central (que abarca otras unidades institucionales incluidas en el subsector banco central, como las juntas monetarias) y a ciertas operaciones que usualmente se atribuyen al banco central pero que a veces son ejecutadas por otras instituciones públicas o por bancos comerciales (como los bancos comerciales propiedad del estado).

Véanse el SCN 2008, párrafo 4.13, y el MBP6, párrafos 4.41–4.44.

Las definiciones y descripciones de unidades institucionales son plenamente congruentes con las correspondientes definiciones y descripciones del capítulo 4 del SCN 2008. En adelante, en ciertos casos se emplea el término “unidad” como forma abreviada de “unidad institucional”.

La consolidación es un método en virtud del cual las estadísticas de un conjunto de unidades institucionales (o entidades) se presentan como si constituyeran una única unidad (véanse los párrafos 3.152–3.168).

Si el establecimiento cobra precios económicamente significativos y cumple con los criterios para ser clasificado como una unidad institucional se lo trata como una cuasisociedad (véase el párrafo 2.33).

Véase el SCN 2008, párrafos 5.1–5.2, para una descripción detallada de las empresas.

Para un análisis exhaustivo de las características de las sociedades, véase también el SCN 2008, párrafos 4.38–4.50.

Dentro de los ministerios de un gobierno puede haber empresas no constituidas en sociedad, como ciertas oficinas de correos o los ferrocarriles nacionales. Si producen bienes y servicios para el mercado a precios económicamente significativos y poseen conjuntos de cuentas en forma separada, son cuasisociedades y se las clasifica como parte de las sociedades públicas. De no ser así, pueden ser establecimientos de mercado, tal como se discute en el párrafo 2.75.

Los conceptos de productores de mercado y no de mercado se describen en el párrafo 2.65.

El requisito de financiar actividades mediante transferencias obligatorias es necesario para diferenciar al gobierno de una institución sin fines de lucro que puede desempeñar las mismas funciones que el gobierno pero obtiene sus fondos de transferencias voluntarias, rentas de la propiedad o ventas. El cobro de las transferencias obligatorias puede ser indirecto. Por ejemplo, un gobierno local puede financiar sus actividades con donaciones que recibe del gobierno central.

Las actividades auxiliares producen principalmente servicios y, como excepciones, bienes que no se convierten en parte física de los productos comerciales que produce una empresa.

Véase el SCN 2008, párrafos 5.35–5.45, para más detalles.

Debido a la consolidación, las EFP no son muy sensibles a la línea que delimita las unidades institucionales entre los subsectores del sector del gobierno general, siempre y cuando se cubran plenamente todas las unidades del gobierno general.

Las definiciones y descripciones de los sectores institucionales coinciden completamente con las correspondientes definiciones y descripciones en el SCN 2008, capítulo 4.

En adelante, a menudo se empleará “sector” como abreviatura de “sector institucional”.

Del mismo modo, las sociedades financieras pueden dividirse en sociedades financieras públicas, sociedades financieras bajo control extranjero y sociedades financieras privadas nacionales.

A menudo las empresas públicas también se denominan como empresas estatales o paraestatales.

Cuando una unidad recientemente establecida debe ser clasificada en un sector, la clasificación como productor de mercado o no de mercado debe basarse en su intención respecto de los precios que ha de cobrar por sus bienes y servicios.

Es muy probable que los precios determinados en un mercado competitivo sean precios económicamente significativos.

Para un desglose detallado de los otros impuestos sobre la producción, véanse el párrafo A7.41 y el cuadro A7.3.

Las ventas de bienes y servicios (142) incluyen las ventas de establecimientos de mercado y no de mercado, y se identifican como categorías específicas de ingreso (véanse los párrafos 5.136–5.141).

Los métodos alternativos de clasificación de subsectores fueron formulados a fin de satisfacer distintas necesidades analíticas. La decisión respecto de qué método es el más apropiado en un país determinado depende de cuán significativos sean los fondos de seguridad social y de en qué medida se los administra con independencia de las unidades de gobierno con las que están asociados.

Véase también el análisis de las empresas conjuntas en los párrafos 2.140–2.143.

Estas entidades son unidades institucionales si cumplen con los criterios necesarios para ser consideradas como unidades institucionales separadas (véase el párrafo 2.22). Si una entidad no cumple con las condiciones para ser clasificada como unidad, se la considera parte de la unidad que la controla.

Véase el párrafo 2.75 para una definición de establecimientos de mercado.

En el apéndice 2 se brinda una descripción detallada de la naturaleza de la protección social, incluida la seguridad social.

Véase también la discusión de la residencia en los párrafos 2.6–2.21 de este capítulo y las definiciones de sociedades en los párrafos 2.31–2.32.

Véanse los párrafos 2.53–2.57 y el SCN 2008, párrafos 4.98–4.116, para un desglose detallado de estos subsectores.

En una unión monetaria, en cada economía miembro las funciones de la autoridad monetaria pueden ser llevadas a cabo por una autoridad monetaria nacional (residente) (véase el párrafo 2.21).

Las instituciones de giros permiten transferir dinero rápidamente y a bajo costo entre cuentas o instituciones financieras.

Las EFP del sector público del gobierno central serán comparables a los estados financieros consolidados preparados conforme a las normas contables del gobierno central en aquellos casos en que el gobierno central no controle los gobiernos estatales y locales.

Esto se debe a que las unidades reestructuradoras tienen, por su propia naturaleza, escasa producción.

El redireccionamiento se describe en el párrafo 3.28.

Las EFE también se discuten en el SCN 2008, párrafos 4.55–4.58.

Para una definición de unidades residentes y no residentes, véanse los párrafos 2.6–2.15.

En la EDSPG (recuadro 4.12) se describen ejemplos de estas imputaciones.

La definición de unidad institucional se presenta en el párrafo 2.22.

Aunque estos fondos pueden tener distintas denominaciones, esta sección los presenta como “fondos soberanos de inversión” para fácil referencia.

Los FSI que mantienen y gestionan riqueza con el fin de brindar prestaciones sociales se incluirán en los fondos de seguridad social.

El hecho de que otorgue préstamos concesionales no necesariamente significa que una unidad institucional no sea un productor de mercado (por ejemplo, algunos bancos de desarrollo otorgan préstamos concesionales pero siguen siendo considerados intermediarios financieros).

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