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Apéndice 4. Algunos temas transversales

Author(s):
Sage De Clerck, and Tobias Wickens
Published Date:
April 2017
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En este apéndice se aplican principios de las estadísticas de finanzas públicas para ilustrar el registro de: los arrendamientos, licencias, permisos y contratos; las asociaciones público-privadas; y los seguros y sistemas de garantías estandarizadas.

Introducción

A4.1 Algunos temas transversales están relacionados al registro del impacto de determinados eventos en el ingreso, el gasto y los flujos y posiciones de saldos de activos y pasivos. Los aspectos del registro de estos eventos se describen en los respectivos capítulos del presente Manual. Sin embargo, al presentarlos juntos, el registro de estos eventos queda más claro. Este apéndice aborda tres de estos temas1:

  • Los arrendamientos, licencias, permisos y contratos.

  • Las asociaciones público-privadas (APP).

  • Los seguros y sistemas de garantías estandarizadas.

Arrendamientos, licencias, permisos y otros contratos

Introducción

A4.2 Muchas transacciones están especificadas en los términos de un contrato entre dos unidades institucionales. La mayoría de los contratos son tales que una unidad suministra un bien, servicio o activo a otra unidad a cambio de un pago acordado, en un momento acordado (posiblemente de inmediato después de acordar el precio). Tales contratos pueden ser por escrito y legalmente obligatorios, o pueden ser informales o incluso solo implícitos. Sin embargo, estos contratos son simplemente acuerdos sobre las condiciones en las cuales los bienes, servicios y activos se entregan a quien los recibe junto con la propiedad del artículo. En particular, estos contratos pueden contribuir a determinar en qué momento corresponde registrar las transacciones en las EFP de acuerdo con los principios del devengo descritos en los párrafos 3.69–3.75.

A4.3 En ciertos tipos de contratos y acuerdos legales, descritos según el caso como arrendamientos y licencias (o permisos), es posible que las condiciones del acuerdo tengan efecto no solo sobre el momento de registro de las transacciones sino también sobre la clasificación de las transacciones y la propiedad del artículo que es objeto del acuerdo. El propósito de esta sección es brindar pautas sobre la manera en que se deben registrar en las EFP las transacciones que forman parte de estos arreglos más complejos.

Arrendamientos

A4.4 Las estadísticas macroeconómicas reconocen tres tipos de arrendamientos: el arrendamiento operativo, el arrendamiento financiero y el arrendamiento de recursos. Cada uno de estos arrendamientos se relaciona con la utilización de un activo no financiero. Para la distinción entre los diferentes tipos de arrendamiento es fundamental diferenciar entre la propiedad legal y la propiedad económica. El propietario legal de los recursos es la unidad institucional que por ley tiene el derecho de reclamar para sí los beneficios asociados al activo en cuestión. En cambio, el propietario económico de un activo tiene derecho a recibir los beneficios asociados al uso del activo durante el curso de una actividad económica, en virtud de haber aceptado los riesgos asociados. Esta distinción entre propiedad legal y económica se explica detalladamente en los párrafos 3.37–3.41 y 7.5. El propietario legal a menudo es también el propietario económico. Cuando son diferentes, el propietario legal ha transferido la mayor parte de los riesgos a cambio de pagos convenidos del propietario económico. Así:

  • En el caso de los arrendamientos operativos y los arrendamientos de recursos, la propiedad económica no cambia: el propietario legal sigue siendo el propietario económico. Los arrendamientos de recursos son acuerdos para el uso de recursos naturales, como las tierras y terrenos y el espectro radial. Los arrendamientos operativos son acuerdos para el uso de todos los demás activos no financieros.

  • En el caso de los arrendamientos financieros, existe una diferencia entre la propiedad económica y la propiedad legal del activo. Los arrendamientos financieros pueden aplicarse a todos los activos no financieros, incluidos los recursos naturales en determinadas circunstancias.

A4.5 En los párrafos siguientes se discute en detalle el tratamiento de los arrendamientos operativos, los arrendamientos financieros y los arrendamientos de recursos.

Arrendamientos operativos

A4.6 El arrendamiento operativo consiste en entregar en arrendamiento activos producidos a través de mecanismos que prevén el uso de un activo tangible por parte del arrendatario, pero no implica la transferencia a este de la mayoría de los riesgos y retribuciones de la propiedad. El propietario legal y económico se denomina arrendador. Un indicio de que existe un arrendamiento operativo es el hecho de que la responsabilidad de la reparación y el mantenimiento del activo recae en el propietario legal. En el arrendamiento operativo, el activo permanece en el balance del arrendador.

A4.7 Las sumas que se pagan en el marco de un arrendamiento operativo por el uso del activo se denominan alquiler y se registran como pagos por un servicio. En principio, cualquier activo fijo puede ser objeto de un arrendamiento operativo. La manera más fácil de describir la índole de los arrendamientos operativos es en relación con los activos fijos, dado que los arrendamientos operativos a menudo tienen que ver con vehículos, equipos de oficina (por ejemplo, fotocopiadoras), equipos de construcción, edificios, etc. El servicio prestado por el arrendador va más allá de la mera provisión del activo. Incluye otros elementos, tales como la comodidad que implica para el arrendatario el hecho de que el arrendador se ocupe del mantenimiento y la seguridad del activo, algo importante desde el punto de vista del usuario. En el caso de los equipos, el arrendador, o propietario, normalmente mantiene equipos disponibles en buen estado de funcionamiento que pueden ser contratados al instante o con escaso preaviso. El arrendador suele ser un especialista en el funcionamiento del equipo, factor que podría revestir importancia en el caso de los equipos altamente especializados, ya que es posible que el arrendatario no tenga ni los conocimientos ni la infraestructura para mantener debidamente el equipo. El arrendador podría también encargarse de sustituir el equipo en caso de avería grave o prolongada. En el caso de un edificio, el arrendador es responsable por su integridad estructural y, generalmente, se responsabiliza de los daños; por ejemplo, debido a una catástrofe natural. Asimismo, normalmente se ocupa del correcto funcionamiento de los elevadores, y los sistemas de calefacción y ventilación.

A4.8 Muchas veces, los arrendamientos operativos buscan atender las necesidades de usuarios que requieren ciertos tipos de equipo pero solo de manera intermitente. Muchos de los arrendamientos operativos son por períodos cortos, aunque el arrendatario puede renovar el alquiler cuando el período finaliza y el mismo usuario puede contratar el mismo tipo de equipo en varias ocasiones. Sin embargo, con la evolución de tipos cada vez más complicados de maquinaria, especialmente en el campo de la electrónica, la prestación de servicios de mantenimiento y de apoyo ofrecidos por un arrendador son factores importantes que pueden influir en la decisión de un usuario a la hora de alquilar. Otros factores que pueden persuadir a los usuarios a alquilar durante períodos largos en lugar de realizar una compra, son consideraciones respecto al balance, el flujo de caja o la obligación tributaria.

A4.9 El servicio suministrado por medio de un arrendamiento operativo debería registrarse como uso de bienes y servicios (22) por el arrendatario, y como ventas de bienes y servicios (142) por el arrendador. El consumo de capital fijo (23) correspondiente al activo fijo en cuestión se registra en las cuentas del arrendador.

Arrendamientos financieros

A4.10 Un arrendamiento financiero es un contrato en virtud del cual el arrendador, como propietario legal de un activo, traspasa al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y retribuciones de la propiedad del activo. La naturaleza económica del mecanismo es que se considera que el arrendador ofrece un préstamo al arrendatario para adquirir la mayor parte de los riesgos y retribuciones de la propiedad, pero el arrendador conserva la propiedad legal como garantía por el préstamo. Es decir, el arrendatario se convierte en el propietario económico del activo. Bajo un arrendamiento financiero, el arrendador registra un préstamo al arrendatario con el cual el arrendatario adquiere el activo. A partir de ese momento, el activo arrendado aparece en el balance del arrendatario y no en el del arrendador; el préstamo correspondiente aparece como activo del arrendador y pasivo del arrendatario.

A4.11 Los arrendamientos financieros se distinguen de otros tipos de arrendamiento porque prácticamente todos los riesgos y beneficios de la propiedad se transfieren del propietario legal del activo no financiero (el arrendador) al usuario del activo no financiero (el arrendatario). La inclusión de cualquiera de las siguientes cláusulas en un contrato de arrendamiento generalmente llevaría a clasificarlo como un arrendamiento financiero:

  • El contrato de arrendamiento transfiere la propiedad legal del activo al arrendatario al final del período de arrendamiento.

  • El contrato de arrendamiento le da al arrendatario la opción de adquirir la propiedad legal del activo al final del período de arrendamiento a un precio lo suficientemente bajo como para que haya seguridad, dentro de lo razonable, en cuanto al ejercicio de la opción.

  • El arrendamiento dura la mayor parte de la vida útil del activo.

  • Al inicio del contrato, el valor presente de los pagos de arrendamiento corresponde sustancialmente a todo el valor del activo.

  • Si el arrendatario puede cancelar el arrendamiento, las pérdidas del arrendador corren por cuenta del arrendatario.

  • Las ganancias o pérdidas del valor residual del activo se devengan al arrendatario.

  • El arrendatario tiene la capacidad de continuar el arrendamiento durante un período secundario a cambio de un pago sustancialmente más bajo que el valor de mercado.

A4.12 Estas cláusulas de un contrato de arrendamiento quizá no sean determinantes del traspaso sustancial de todos los riesgos. Por ejemplo, si el activo se traspasa al arrendatario al final del contrato a su valor justo en ese momento, entonces el arrendador conserva riesgos sustanciales de propiedad. Se considera entonces que el arrendamiento es un arrendamiento operativo. Los arrendamientos financieros se conocen también como “arrendamientos de capital”, denominación que pone de relieve que su motivación (véanse los párrafos A4.10–A4.11) es financiar la adquisición de un activo no financiero. Las prácticas contables internacionalmente aceptadas en general reconocen los arrendamientos financieros de la misma manera que las EFP2. Asimismo, para algunas asociaciones público-privadas3 (APP) se adopta un tratamiento parecido al de los arrendamientos financieros (véanse los párrafos A4.58–A4.65 y el SCN 2008, párrafos 22.154–22.163).

A4.13 El tratamiento estadístico de los arrendamientos financieros tiene por objeto captar la realidad económica de estos acuerdos, tratando los activos que son parte de un arrendamiento financiero como si hubieran sido adquiridos por el usuario y fueran de su propiedad. El arrendatario (propietario económico) registra la adquisición del activo que se financia con un préstamo imputado. El préstamo se reembolsa mediante pagos que se efectúan durante el contrato (con componentes de intereses y principal) y cualquier pago residual al término del contrato (o, alternativamente, la devolución del bien al arrendador). Si el arrendador es un intermediario financiero, una parte del pago se trata también como un cargo por servicio (véase el párrafo 6.81).

A4.14 Es común, pero no necesario, que un arrendamiento financiero abarque la totalidad de la vida económica del activo. Independientemente de que el arrendamiento sea o no por la totalidad de la vida económica del activo, el valor del préstamo imputado al comienzo corresponde al valor de mercado del activo, y se valora al valor nominal a lo largo de su vida, tal como ocurre con otros préstamos. El valor del préstamo es el valor presente de los pagos futuros exigibles por el propietario legal, más el valor del activo al final del arrendamiento, tal como se especifica en el contrato de arrendamiento.

A4.15 Al inicio del arrendamiento, el valor del activo que figura en el balance del arrendatario debe ser igual al valor del préstamo adeudado al arrendador en ese momento. Al final del plazo del arrendamiento, el activo puede ser devuelto al arrendador para cancelar el préstamo, o bien el arrendador y el arrendatario pueden suscribir un nuevo acuerdo que incluya la compra definitiva del activo. Si el arrendamiento dura menos que la vida económica esperada del activo, el arrendatario generalmente especifica el valor para el arrendador al final del plazo de arrendamiento o las condiciones que rigen la renovación del arrendamiento. Cualquier variación en el precio del activo respecto del valor especificado en el contrato de arrendamiento es asumida por el arrendatario.

Arrendamientos de recursos

A4.16 Un arrendamiento de recursos es un acuerdo en virtud del cual el propietario legal de un recurso natural, que las estadísticas macroeconómicas tratan como si tuviera vida infinita, lo pone a disposición de un arrendatario a cambio de un pago regular que es registrado como renta de la propiedad y recibe el nombre de arriendo de recursos naturales. En el caso de los arrendamientos de recursos, la propiedad económica no cambia y, por lo tanto, el recurso continúa figurando en el balance del arrendador, a pesar de que es el arrendatario quien lo usa. Los pagos realizados en virtud de un arrendamiento de recursos se registran como ingresos o gastos en forma de arriendo de recursos naturales (1415 o 2814). Por convención, el consumo de capital fijo no se aplica a los recursos naturales. En cambio, el agotamiento de un recurso natural se registra como una otra variación en el volumen de activos (véase el párrafo 10.52).

A4.17 Las tierras y terrenos son un ejemplo clásico de un activo objeto de un arrendamiento de recursos, pero todos los demás recursos naturales reciben el mismo tratamiento. En el párrafo A4.26 se describe una excepción, cuando un arrendamiento a largo plazo de tierras y terrenos se puede considerar como una venta4.

Licencias y permisos para el uso de un recurso natural

A4.18 En muchos países, las licencias y los permisos para el uso de recursos naturales los emite el gobierno, ya que es el gobierno el que asume la propiedad de los recursos en nombre de la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno también podría emitir estas licencias y permisos si los recursos fueran de propiedad privada.

A4.19 Como lo ilustra el gráfico A4.1, hay tres grupos diferentes de condiciones que pueden regir el uso de un recurso natural:

Gráfico A4.1Ilustración del tratamiento de licencias y permisos para el uso de un recurso natural

  • El propietario puede permitir que el recurso se utilice hasta su extinción. Esta opción conduce a la venta (o, posiblemente, la expropiación) del propio recurso no producido.

  • El propietario puede permitir que el recurso sea utilizado durante un largo período de tal manera que, en efecto, el usuario controla el uso del mismo durante este tiempo con poca o ninguna intervención del propietario legal. Ese permiso conduce a la creación de un activo no producido intangible clasificado como contratos, arrendamientos y licencias (31441) para el usuario, distinto del recurso propiamente dicho; sin embargo, el valor del recurso y el valor del activo no producido en la forma de contratos, arrendamientos y licencias están vinculados. Existe una relación inversa entre el valor del recurso propiamente tal y el valor del activo intangible5.

  • El propietario puede conceder o no permiso para continuar usando el activo de un año a otro. Esta opción corresponde a un arrendamiento de recursos por el que corresponde pagar/cobrar un arriendo de recursos naturales (véanse los párrafos A4.16–A4.17).

A4.20 Las diferencias de tratamiento entre las diversas opciones no son absolutamente claras6. No existe un criterio único, universal e indiscutible para hacer una distinción entre el arriendo de recursos naturales y la venta de activos, de modo que corresponde aplicar una variedad de criterios para tomar la decisión (véase el recuadro A4.1).

A4.21 Los factores enumerados en el recuadro A4.1 pueden considerarse como un paralelo más específico a la distinción entre la propiedad económica y la propiedad legal, empleada para distinguir entre los arrendamientos operativos y los financieros, reseñada anteriormente. Las condiciones para el tratamiento del pago como la adquisición de un activo o un arriendo de recursos naturales son más indicativas que prescriptivas. La decisión sobre el tratamiento que corresponde aplicar cuando algunas de las condiciones no se cumplen requerirá examinar cómo se registran dichas transacciones. Por ejemplo, si en definitiva la decisión es tratar el pago como arriendo de recursos naturales, pero se hizo un pago inicial importante, este se debe tratar como un pago anticipado, registrado en base devengado. Sin embargo, si el receptor no está dispuesto a considerar un reembolso en caso de que se suspenda el contrato, esto es indicativo de la venta de un activo no producido intangible, más que el pago de un arriendo de recursos naturales.

A4.22 La aplicación de estos principios a los tipos de recursos naturales más importantes se describe a continuación.

Espectro radial

A4.23 El pago por una licencia de telefonía móvil constituye la venta de un activo, más que el pago de un arriendo de recursos naturales, cuando el licenciatario adquiere derechos de propiedad económica efectiva sobre el uso del espectro7.

A4.24 Si la venta de dicha licencia constituye la venta de un activo, hay dos tratamientos posibles: la venta del espectro propiamente dicho y la venta de un permiso para el uso del espectro.

  • Cuando la duración de la licencia y del espectro coinciden, el pago de la licencia se trata como la venta del espectro propiamente dicho (otros recursos naturales: espectro radial (314331)). Este último caso siempre se aplica cuando las licencias se conceden indefinidamente.

  • Cuando la duración de la licencia y del espectro no coinciden, el pago de la licencia se trata como la venta de un activo no producido intangible clasificada como permisos para el uso de recursos naturales (314412) del propietario legal (licenciante) al propietario económico (licenciatario).

A4.25 Cuando el acuerdo de licencia se considera como la venta de un activo intangible, por derecho propio, su valor se establece en el momento de la venta. El valor de la licencia disminuye a lo largo del período restante de validez hasta llegar a un valor de cero cuando la licencia vence. Simétricamente, el valor del espectro para el arrendador cae cuando la licencia se emite y luego aumenta progresivamente a medida que la licencia avanza hacia su vencimiento. Esto refleja la posibilidad de volver a vender el derecho de uso del espectro durante otro período8.

Tierras y terrenos

A4.26 Las tierras y terrenos pueden ser objeto de una venta propiamente dicha (es decir, cuando la propiedad legal se transfiere de una unidad institucional a otra)9 o de un arrendamiento de recursos (por ejemplo, cuando los agricultores arrendatarios pagan regularmente un arriendo de recursos naturales al propietario). En cambio, el arrendamiento de recursos de tierras y terrenos puede ser considerado una venta de esas tierras y terrenos (3141) si el arrendamiento satisface la mayor parte de, o todos, los criterios de venta de un activo enumerados en el recuadro A4.1. Cuando las tierras y terrenos se arriendan en otras circunstancias, los pagos se registran como arriendo de recursos naturales (1415 o 2814) bajo un acuerdo de arrendamiento de recursos.

A4.27 En algunas jurisdicciones, las tierras y terrenos sobre los que está asentado un edificio permanecen como propiedad legal de un propietario que no es el propietario del edificio. Si se realizan pagos regulares al propietario de las tierras, estos se registran como arriendo de recursos naturales (1415 o 2814). Sin embargo, a veces se da el caso en que, aunque legalmente la tierra pertenezca a otra unidad, el derecho a ocuparla durante un largo período se paga mediante un solo pago por adelantado, generalmente en el momento en que se adquiere el edificio. En ese caso, el pago se registra como la adquisición de un activo no producido, clasificado como tierras y terrenos (3141) si el valor de las tierras y terrenos puede establecerse independientemente del valor del edificio. De lo contrario, el activo compuesto debe clasificarse en la categoría que representa la mayor parte del valor (véanse los párrafos 7.94 y 8.51). En tal caso, cuando el edificio cambia de propiedad, el precio de compra incluye un elemento que representa el valor presente de los pagos futuros de arriendo de recursos naturales. Por lo tanto, las tierras y terrenos se registran como si la propiedad se transfiriera junto con el edificio que se encuentra ubicado en los mismos. Si al final del arrendamiento de las tierras y terrenos corresponde hacer otro pago por la prórroga del arrendamiento durante otro período de largo plazo, corresponde registrar la transacción como una adquisición de otro activo no producido, tal como se describió arriba.

Bosques

A4.28 En el caso de los bosques, se distinguen cuatro posibilidades: la venta de un recurso natural, la venta de un permiso, el arriendo de un recurso natural o la venta de bosques que son activos producidos.

  • Venta de un recurso natural. Si el gobierno autoriza a una unidad a talar parte de un bosque natural o talar a discreción sin ninguna restricción a perpetuidad, los pagos al gobierno (el propietario) constituyen la venta de un recurso natural, clasificada como recursos biológicos no cultivados (31431)10.

  • Venta de un permiso. Cuando las licencias o los permisos emitidos para el uso de un recurso natural, como un bosque, satisfacen los criterios de clasificación como un activo separado, los activos se clasifican como contratos, arrendamientos y licencias (31441).

  • Arriendo de un recurso natural. La tala de bosques suele estar permitida, pero sujeta a límites estrictos y al pago de una tasa por volumen de bosques talados (derechos de tala). Los límites por lo general están fijados de tal manera que la cosecha de madera sea sostenible y los pagos se registran como un arriendo de recursos naturales (1415 o 2814) en el caso de un bosque natural. Es improbable tener la opción de un contrato de arrendamiento que permita la tala a discreción del arrendatario, pero con sujeción a la restauración de los bosques a un estado de forestación aceptable en algún momento futuro.

  • Venta de bienes y servicios. Cuando los bosques cultivados constituyen activos producidos en la forma de existencias, la extracción de madera recibe el tratamiento de venta de bienes y servicios (142).

Recuadro A4.1Criterios para determinar si una licencia representa una venta de un activo o un arriendo de recursos naturales

Es necesario tener en cuenta varios criterios:

  • Costos y beneficios asumidos por el licenciatario: Cuanto mayores sean los riesgos y beneficios relacionados con el derecho a usar un activo en que incurra el licenciatario, es más probable que se clasifique la transacción como la venta de un activo en vez de como arriendo de recursos naturales. El pre-acuerdo sobre el valor de los pagos (ya sea por una suma global o en cuotas) transfiere de manera efectiva todos los riesgos y beneficios económicos al licenciatario, apuntando así a la venta de un activo. Si, por otra parte, el valor de los pagos es contingente a los resultados del uso de la licencia, los riesgos y beneficios solo son parcialmente transferidos al licenciatario y la situación se caracteriza fácilmente como el pago de un arriendo de recursos naturales. En el caso de las licencias de telefonía móvil, el monto total a pagar a menudo ha sido pre-acordado. Un indicador adicional, para determinar el grado en que los riesgos comerciales han sido traspasados al licenciatario, es examinar el caso hipotético en donde un licenciatario se declara en quiebra. En tal caso, y si quien otorga la licencia no reembolsa ninguno de los pagos anticipados realizados por el licenciatario, esto constituiría una sólida razón en contra de caracterizar la transacción como un arriendo de recursos naturales, ya que al parecer el licenciatario ha asumido todos los riesgos involucrados.

  • Pago por anticipado o en cuotas: Como sucede con otros indicadores, la forma de pago no es en sí misma concluyente para la caracterización de una transacción en activos o el pago de un arriendo de recursos naturales. En general, el medio de pago de una licencia es un tema financiero y no es un factor relevante para determinar si es o no un activo. Sin embargo, la práctica comercial muestra que los pagos por anticipado del arriendo de recursos naturales durante períodos largos (15–25 años en el caso de las licencias de telefonía móvil) son excepcionales y esto favorece la interpretación de que se trata de la venta de un activo.

  • Duración de la licencia: Las licencias concedidas por largos períodos sugieren que la transacción debe tratarse como la venta de un activo, y por períodos más cortos como pagos de un arriendo de recursos naturales. El período de tiempo comprometido en la concesión de licencias de telefonía móvil (15–25 años) se considera inusual como para concluir que es un pago de arriendo de recursos naturales y, por lo tanto, es un indicador adicional a favor de entenderla como la venta de un activo.

  • Transferibilidad efectiva o de hecho: La posibilidad de vender la licencia es un indicio sólido de propiedad y si existe la transferibilidad, esto se considera una poderosa condición para caracterizar al acto de concesión de licencias como la venta de los derechos de propiedad a terceros. En la práctica, las licencias de telefonía móvil a menudo son transferibles ya sea directamente (por la sociedad que vende la licencia a otra sociedad) o indirectamente (a través de una sociedad que toma el control de otra).

  • Posibilidad de cancelación: Mientras más fuertes sean las restricciones sobre la capacidad del emisor para cancelar la licencia a su discreción, más sólido es el caso para tratarla como la venta de un activo. Por el contrario, cuando las licencias pueden ser fácilmente canceladas a discreción de quien las emite, la propiedad sobre los beneficios y los riesgos no se han transferido completamente al licenciatario y la transacción cumple más fácilmente los requisitos de un arriendo de recursos naturales.

  • Tratamiento en el mundo de los negocios y normas internacionales de contabilidad: Las empresas, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, tratan a menudo las licencias para el uso del espectro como un activo. Una vez más, por sí mismo esto no conduce a su tratamiento como un activo en las cuentas nacionales, y hay otros ámbitos en los que las compañías optan por presentar las cifras en sus cuentas de manera que no son consistentes con las cuentas nacionales. Sin embargo, el tratamiento de la adquisición de licencias de telefonía móvil como inversión de capital en las cuentas de la compañía ofrece un incentivo más para tratarlos de manera similar en las cuentas nacionales.

No es necesario que todas, o la mayor parte de, estas consideraciones tengan que ser satisfechas para caracterizar a la licencia como la venta de un activo. Sin embargo, para caracterizarla como arriendo de recursos naturales (1415 o 2814) y no como la venta de un activo, debe cumplirse, como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

  • El contrato es de corta duración, o renegociable en intervalos de corto plazo. Estos contratos no proporcionan beneficios al arrendatario cuando los precios de mercado del activo arrendado suben en la forma en que lo haría un contrato fijo de largo plazo. Estos beneficios son ganancias por tenencia que normalmente se devengan a los propietarios de los activos.

  • El contrato no es transferible. La no transferibilidad es un criterio importante, pero no suficiente para tratar los pagos de licencias como arriendo de recursos naturales, porque aunque evita que el arrendatario cobre ganancias por tenencia, no evita que el arrendatario obtenga beneficios económicos comparables (por ejemplo, utilizando la licencia en sus negocios).

  • El contrato contiene estipulaciones detalladas sobre la forma en que el arrendatario debe hacer uso del activo. Tales disposiciones se ven a menudo en los casos de arriendos de tierras y terrenos, en las que el propietario desea mantener un control sobre su uso. En el caso de las licencias, ejemplos de tales disposiciones serían que el contrato establezca las zonas geográficas o los tipos de clientes que se deberían atender, o que ponga límites a los precios que el arrendatario pueda cobrar.

  • El contrato incluye condiciones que dan al arrendador el derecho unilateral de terminar el contrato de arrendamiento sin compensación; por ejemplo, por subutilización del activo subyacente por parte del arrendatario.

  • El contrato requiere pagos a lo largo de la duración del contrato, en lugar de un pago importante por anticipado. Aunque esta condición es esencialmente de carácter financiero y, por lo tanto, no puede ser determinante sobre el tipo de arrendamiento, puede indicar un grado de control directo de la utilización del activo no producido por parte del arrendador. Si los pagos están relacionados con el ingreso que el arrendatario deriva de la licencia, este es un argumento que respalda el tratamiento como arriendo de recursos naturales.

A4.29 La tala ilegal es común en algunos países. En esos casos, la cantidad de madera extraída debe registrarse como otras variaciones en el volumen de activos (es decir, incautación no compensada).

Peces

A4.30 Las existencias naturales de peces con un valor económico son un activo y se aplican las mismas consideraciones que a otros recursos naturales11. Existen dos posibilidades para la pesca comercial:

  • Las cuotas de pesca son permisos que se pueden asignar a perpetuidad o por largos períodos a unidades institucionales específicas; por ejemplo, si la pesca es una forma de vida y puede haber pocas alternativas económicas de empleo. En tales circunstancias, las cuotas pueden ser transferibles y, de ser así, puede haber un mercado bien desarrollado para ellas. Por ende, las cuotas de pesca pueden ser consideradas como permisos transferibles para el uso de un recurso natural. Estos permisos son activos en las estadísticas macroeconómicas y se clasifican como permisos para el uso de recursos naturales (614412) en el balance.

  • Una alternativa consiste en emitir un permiso por un período estrictamente limitado —menos de un año— a una unidad institucional determinada, a menudo no residente. Esta es una práctica común en, por ejemplo, algunas islas del Pacífico Sur. En estos casos, el ingreso generado por las licencias debe registrarse como arriendo de recursos naturales (1415) porque constituyen un arrendamiento de recursos.

A4.31 Las licencias para la pesca recreativa se consideran desde hace tiempo, por convención, como el pago de un impuesto bajo otros impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452). Este tratamiento no se modifica en virtud de las consideraciones más amplias para la pesca comercial.

Agua

A4.32 Un cuerpo natural de agua con un valor económico puede ser vendido en su totalidad, ya sea como parte de las tierras y terrenos que lo rodean o como una entidad por separado.

A4.33 Como ocurre en el caso de los peces, es poco probable que la propiedad económica sea cedida en virtud de un arrendamiento prolongado sin condiciones previas sobre la cantidad y el estado en que una cuantía similar de agua debe ser devuelta al propietario. Sin embargo, es posible que las aguas superficiales puedan ser arrendadas; por ejemplo, en virtud de un arrendamiento prolongado con fines recreativos. El tratamiento de estos arrendamientos debería ser igual al que se aplica a las tierras y terrenos (véanse los párrafos A4.26–A4.27).

A4.34 Los pagos regulares por la extracción de agua de cuerpos naturales de agua (en contraposición a la entrega de la misma) deberían tratarse como un arriendo de recursos naturales (1415 o 2814). Sin embargo, la extracción de agua como un producto básico (por ejemplo, compras a una represa) debe registrarse como una venta de bienes y servicios.

Recursos minerales y energéticos

A4.35 Los recursos minerales y energéticos difieren de las tierras y terrenos, los bosques y los peces porque, si bien constituyen también un recurso natural, no permiten un uso sostenible. Toda extracción necesariamente reduce la cantidad de recursos disponibles para el futuro. Esta característica requiere un conjunto diferente de recomendaciones acerca de cómo deben registrarse las transacciones relativas a su uso.

  • Si una unidad —tal como un gobierno— que es propietaria de un recurso mineral o energético cede todos los derechos sobre el mismo a otra unidad, esto constituye una venta de recursos clasificados como recursos minerales y energéticos (3142). Al igual que las tierras y terrenos, los recursos minerales solo pueden ser propiedad de unidades residentes; en caso necesario, debe establecerse una unidad residente ficticia a fin de preservar esta convención.

  • Si una unidad explota una reserva mineral o energética en virtud de un acuerdo por el cual los pagos efectuados cada año dependen de la cantidad extraída, los pagos (a veces denominados regalías) se registran como un arriendo de recursos naturales (1415 o 2814). El agotamiento del recurso propiamente dicho se registra como otras variaciones en el volumen de activos12.

Activos compartidos

A4.36 Hay dos maneras de compartir los activos y los dos casos requieren distintos tratamientos:

  • El activo en su totalidad puede ser propiedad de dos o más unidades, cada una en diferentes momentos del tiempo.

  • Alternativamente, los riesgos y los beneficios de los activos pueden ser compartidos por dos o más unidades en el mismo momento.

A4.37 En las estadísticas macroeconómicas, a pesar de que el activo puede ser propiedad de unidades diferentes en momentos diferentes, cuando se elabora un balance, la totalidad del valor del activo se atribuye a una unidad.

  • En el caso de un activo objeto de un arrendamiento operativo, no hay ambigüedad. El propietario legal es también el propietario económico y es la unidad que muestra el activo en su balance.

  • Un activo objeto de un arrendamiento financiero figura en el balance del propietario económico. Esto concuerda con la opinión de que el valor del activo representa la corriente de beneficios futuros provenientes del activo, y el propietario económico es la unidad que tiene el derecho a recibir estos beneficios a cambio de aceptar los riesgos asociados al uso del activo en la producción.

  • En el caso de un activo sujeto a un contrato de arrendamiento de recursos, el valor se muestra en el balance del propietario legal.

A4.38 Cuando las licencias para el uso de recursos naturales, tales como el espectro radial, las tierras y terrenos, los bosques y los peces satisfacen los criterios necesarios para ser clasificados como activos intangibles bajo permisos para el uso de recursos naturales (314412), forman parte de la subclase de activos no financieros en la forma de contratos, arrendamientos y licencias (31441) y figuran en el balance del licenciatario.

A4.39 Compartir los riesgos y las retribuciones de un activo entre diferentes unidades en un momento del tiempo no es habitual. Lo que sucede con más frecuencia es que una sola unidad ejecuta la actividad en la que el activo se utiliza y comparte los beneficios entre los propietarios en la forma de renta de la propiedad distribuida. Sin embargo, ocasionalmente es posible que tal unidad única no exista y no tiene sentido tratar de crearla estadísticamente. Esto es más común cuando las unidades participantes son residentes en diferentes economías, como puede ser el caso con una compañía aérea, o en el caso de algunas empresas conjuntas no constituidas en sociedad. Los términos bajo los cuales se establecen las empresas conjuntas no constituidas en sociedad son diversos, pero una forma permite que todos los miembros compartan por igual los activos. En tales casos, las estadísticas macroeconómicas registran los activos compartidos entre los propietarios en proporción a sus participaciones en la propiedad.

A4.40 En algunas empresas conjuntas reconocidas como unidades institucionales, una parte puede aportar un activo para cubrir su parte de los costos. En ese caso, debe registrarse una inyección de participaciones de capital igual al valor del activo junto con la adquisición del activo en cuestión por parte de la empresa conjunta.

Permisos para emprender una actividad específica

A4.41 Además de los arrendamientos y las licencias para el uso de un activo, como se describió en las secciones anteriores, un gobierno puede conceder un permiso para participar en una actividad en forma completamente independiente de cualesquier activos asociados con la actividad. El permiso para extraer minerales a cambio del pago de un arriendo de recursos naturales, por ejemplo, no está cubierto por este tipo de permiso porque el permiso deriva de la propiedad del gobierno de los activos. Los permisos que autorizan la realización de una determinada actividad tienen por objeto limitar el número de unidades individuales con derecho a emprender dicha actividad. Estos permisos pueden ser emitidos por el gobierno o por unidades institucionales privadas, y se aplican diferentes tratamientos a los dos casos. Esta sección aborda únicamente los permisos emitidos por el gobierno. Los permisos emitidos por unidades distintas al gobierno no se discuten aquí porque su tratamiento no afecta a las cuentas del gobierno13.

Permisos emitidos por el gobierno

A4.42 Cuando los gobiernos restringen, por ejemplo, el número de automóviles que pueden funcionar como taxis o limitan el número de casinos permitidos a través de la emisión de licencias, en la práctica están creando utilidades monopólicas para los operadores aprobados y recuperan parte de esas utilidades como una “tasa por permiso”. Dichas tasas se registran como otros impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452). Este principio se aplica a todos los casos en que el gobierno otorga licencias para limitar el número de unidades que operan en un campo determinado, donde el límite está fijado arbitrariamente y no depende solo de criterios de calificación.

A4.43 En principio, si la licencia es válida por varios períodos de declaración de datos, en base devengado el pago debe registrarse con un asiento en otras cuentas por cobrar (3208) u otras cuentas por pagar (3308) por el monto de la tasa de la licencia que cubre futuros períodos de declaración de datos. Sin embargo, si el gobierno no reconoce un pasivo que deba reembolsar por la licencia en caso de una cancelación, la totalidad de la tasa a pagar se registra como un pago único de un impuesto en el momento en que se paga.

A4.44 El incentivo para adquirir la licencia es la expectativa del licenciatario de estar adquiriendo el derecho de obtener utilidades monopólicas que sean como mínimo iguales al monto que paga por la licencia. Desde el punto de vista del titular de la licencia, este flujo de ingresos futuros se trata como un activo si el licenciatario puede hacerlo efectivo revendiendo el activo. El activo aparece por primera vez en las cuentas del licenciatario como una otra variación en el volumen de activos. Los aumentos y las disminuciones posteriores de su valor se registran como ganancias o pérdidas por tenencia. Estos tipos de activos se describen como permisos para emprender una actividad específica (614413). El valor del activo está determinado por el valor al que se puede vender; si no hay información disponible, se estima como el valor presente de la corriente futura de utilidades monopólicas.

A4.45 Si el pago por la licencia se registra en base devengado, el licenciatario posee en el balance un activo bajo otras cuentas por cobrar igual al valor de la tasa de la licencia que abarca futuros períodos de declaración de datos y un activo registrado como permisos para emprender actividades específicas (614413) por el valor de la licencia que cubre el excedente de las utilidades monopólicas por encima del costo. Si se revende la licencia, el precio pagado por el nuevo propietario refleja tanto el valor del derecho a una devolución del gobierno si se cancela la licencia como el valor presente de la corriente futura de utilidades monopólicas. Si la licencia se registra como un solo pago de impuestos en el período de declaración de datos, el valor del activo para el licenciatario es el valor al cual se puede vender o, de no existir esa información, se estima como el valor presente de la corriente futura de utilidades monopólicas. El recuadro A4.2 esboza el tratamiento estadístico de los permisos emitidos por el gobierno mediante cuatro ejemplos.

Condiciones para reconocer como activos los permisos del gobierno

A4.46 Un permiso emitido por el gobierno para emprender una actividad específica puede ser tratado como un activo (permisos para emprender actividades específicas (614413)) únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

  • La actividad específica no utiliza un activo perteneciente al gobierno; de lo contrario, el permiso para utilizar el activo se trata como un arrendamiento operativo, un arrendamiento financiero, un arrendamiento de recursos o, posiblemente, la adquisición de un activo que representa un permiso para utilizar los activos a discreción del licenciatario durante un período prolongado.

  • El titular del permiso debe tener legalmente y en la práctica la potestad para vender el permiso a un tercero.

  • El número de permisos es limitado, permitiendo así al titular obtener utilidades monopólicas, cuando realiza la actividad de que se trate.

  • La emisión del permiso no está sujeta a un criterio de calificación. El ingreso obtenido mediante la emisión de permisos sujetos a criterios de calificación se trata como impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452) o como pagos por servicios bajo derechos administrativos (1422).

A4.47 Incluso si todas estas condiciones se cumplen pero en la práctica los permisos no se revenden, no es pertinente registrarlos como activos. Si no se cumple alguna de las condiciones, los pagos reciben el tratamiento de impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452); es decir, sin la creación de un activo en forma de permisos para emprender actividades específicas (614413). (Es posible que haya una cuenta por pagar si los titulares de permisos efectúan pagos que se devengan en más de un período de declaración de datos).

Permisos para el uso de recursos naturales como sumideros

A4.48 Los gobiernos pueden expedir permisos de emisión como medio para controlar el total de emisiones. Estos permisos no implican el uso de un activo natural (dado que no se asigna un valor económico a la atmósfera, no se la puede considerar un activo económico). Sin embargo, esto es inherente al concepto de que los permisos son negociables y que hay un mercado activo para ellos.

A4.49 Los pagos por permisos de emisión expedidos por el gobierno reciben el tratamiento de impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452), en el momento en que se producen las emisiones. La diferencia entre el momento en que el gobierno recibe los pagos por los permisos y el momento en que se producen las emisiones da lugar a una transacción en pasivos financieros clasificada como otras cuentas por pagar (3308) por el gobierno y un activo financiero clasificado como otras cuentas por cobrar (3208) por el titular. La diferencia entre el valor del permiso como impuesto pagado por adelantado y el valor de mercado del permiso representa un contrato negociable (activo no financiero no producido) para el titular. La creación y la desaparición del activo no financiero no producido se registran como una otra variación en el volumen de activos.

Recuadro A4.2Tratamiento estadístico de los permisos emitidos por el gobierno: Ejemplos

Supóngase que la unidad A contrata con el gobierno la compra de un permiso para operar un casino durante tres años a un costo total de 12. La unidad A espera obtener utilidades monopólicas de 7 por año, porque el permiso excluye la operación de otros casinos. El gobierno puede o no estar dispuesto a hacer un reembolso si A renuncia al permiso. A puede utilizar el permiso por el total de los tres años de vigencia o puede venderlo a la unidad B al final del año 1. A continuación, se examinan los registros de estas cuatro posibilidades.

Caso 1: El gobierno no ofrece un reembolso y A mantiene el permiso por los tres años

Al comienzo del año 1, A paga un impuesto de 12 y mediante una otra variación en el volumen de activos reconoce un activo por un valor inicial de 21. El gobierno registra solamente un ingreso tributario de 12. Suponiendo que el precio de mercado no varía y que no se aplica un factor de descuento, a finales del año el valor del activo se ha reducido en 7 mediante una otra variación en el volumen, porque uno de los tres años por los cuales el permiso era inicialmente válido ha terminado. En este punto, el activo está contribuyendo en 14 al patrimonio neto de A. Al final del segundo año, A cancela otros 7 como una otra variación en el volumen, dejando una contribución al patrimonio neto de 7. Al final del tercer año el activo vale cero.

Caso 2: El gobierno no ofrece un reembolso y A vende el permiso a B después de un año

Al comienzo del año 1, A paga un impuesto de 12 y mediante una otra variación en el volumen de activos reconoce un activo por un valor inicial de 21. El gobierno registra solamente un ingreso tributario de 12. Suponiendo que el precio de mercado no varía y que no se aplica un factor de descuento, a finales del año el valor del activo se ha reducido en 7 mediante una otra variación en el volumen, porque uno de los tres años por los cuales el permiso era inicialmente válido ha terminado. En este punto, el valor del activo es 14. Sin embargo, B solo está dispuesto a pagar 13 por el activo, oferta que A acepta. Por lo tanto, A reduce el valor de los activos en 1 a través de una pérdida por tenencia (variación por revaloración) antes de venderlo por 13. B adquiere el activo por 13 y, suponiendo que no haya otro cambio en el precio de mercado, reduce su valor por 6,5 en la cuenta de otras variaciones en el volumen de activos en cada uno de los dos años siguientes.

Caso 3: El gobierno ofrece la posibilidad de un reembolso y A mantiene el permiso por los tres años

Al comienzo del año 1, A hace un pago de 12 al gobierno, que se registra como un pago de impuestos de 4 por el año. El resto del monto es un pago anticipado del impuesto y, por lo tanto, al final del año el gobierno tiene otra cuenta por pagar a A de 8. El valor del permiso para A es solo el exceso de la utilidad monopólica por sobre el monto total que A tendrá que pagar al gobierno. Al comienzo del año 1, A reconoce un activo con un valor de 9 (la diferencia entre 7 y 4, por tres años) mediante una otra variación en el volumen de activos. Suponiendo que el precio de mercado no varía y que no se aplica un factor de descuento, al final del año 1 este activo solo vale 6. Al final del año, el patrimonio neto de A incluye otra cuenta por cobrar al gobierno de 8, además de 6 como valor remanente del permiso. El valor total de los activos de A es 14, como en el caso 1. Durante el segundo año, las otras cuentas por cobrar de A al gobierno se reducen en 4, que se utiliza para pagar el impuesto devengado en el año 2. En ese año, el valor del permiso también se reduce en 3, de 6 a 3. Al final del segundo año, el patrimonio neto de A incluye otra cuenta por cobrar al gobierno de 4 y, suponiendo que el precio de mercado no cambia, un valor del permiso de 3, haciendo que sus activos totalicen 7 como en el caso 1. Al final del año 3, tanto las otras cuentas de A por cobrar como el valor del permiso de A se reducen a cero.

Caso 4: El gobierno ofrece la posibilidad de un reembolso y A vende el permiso a B después de un año

Al comienzo del año 1, A hace un pago de 12 al gobierno que se registra como un pago de impuestos de 4 por el año. El resto del monto es un pago anticipado del impuesto y, por lo tanto, al final del año el gobierno tiene una otra cuenta por pagar a A por 8. El valor del permiso de A es solo el exceso de las utilidades monopólicas por sobre las otras cuentas por pagar. Al comienzo del año 1, A reconoce un activo por un valor de 9 (la diferencia entre 7 y 4, por tres años) mediante una otra variación en el volumen de activos. Suponiendo que el precio de mercado no varía y que no se aplica un factor de descuento, al final del año el valor del activo es solo de 6. El valor total de los activos de A es 14, como en el caso 1. Sin embargo, B está dispuesto a pagar solo 13 por el activo, oferta que A acepta. Como en el caso 2, A tiene que reducir el valor del permiso en 1 a través de una pérdida por tenencia (variación por revaloración) antes de venderle el activo a B por 13. La otra cuenta por cobrar al gobierno de 8 se transfiere a B y el activo (el permiso) se vende en 5. El patrimonio neto de B no se modifica porque B le pagó 13 a A, pero recibió a cambio otra cuenta por cobrar de 8 y un activo (el permiso) valuado en 5. En el año 2, la otra cuenta por cobrar de B se reduce en 4 debido al pago de impuestos devengado de 4 y, suponiendo que el precio de mercado no cambia, el permiso disminuye su valor de 5 a 2,5. Al final del año 3, tanto la cuenta por cobrar de B como el valor del permiso de B se reducen a cero.

A4.50 El caso de los pagos por la descarga de agua puede considerarse como un ejemplo de las diferentes formas posibles de tratamiento de los pagos:

  • Si un pago por la descarga de agua es una multa disuasiva impuesta por el gobierno, la multa debe recibir el tratamiento de ingreso para el gobierno clasificado como multas, sanciones pecuniarias y depósitos en caución transferidos (143). Si la multa se impone a otra unidad institucional del gobierno o a unidades del sector público, es un gasto clasificado como transferencias corrientes no clasificadas en otra partida (2821).

  • Si se emite un número limitado de permisos con la finalidad de restringir las descargas, el pago debe recibir el tratamiento de impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452) si el medio en el cual se descarga el agua no está considerado como un activo en las estadísticas macroeconómicas.

  • Si el medio en que se descarga el agua es un activo y se cumplen las condiciones necesarias en relación a los términos por los que se permite la descarga, entonces el pago por el permiso se debe tratar de la misma manera que el pago de una licencia de uso del espectro radial para telefonía móvil. Si el pago está vinculado a medidas correctivas, constituye un pago por un servicio a menos que el monto sea desproporcionado respecto de los costos del tratamiento posterior de las aguas, en cuyo caso el pago debe recibir el tratamiento de otros impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (11452).

Contratos para producción futura

A4.51 Aunque el capital humano no está reconocido como un activo económico, hay casos en que los contratos que dan el derecho al titular de limitar la capacidad de una persona de trabajar para otros pueden ser considerados como activos. Contratos prolíficos y lucrativos pueden ser los de deportistas donde, por ejemplo, un club de fútbol puede “vender” un jugador a otro. De hecho, el club no está vendiendo a la persona, sino más bien los derechos exclusivos de tener a la persona en su plantel. Existen contratos similares por los derechos para publicar obras literarias o actuaciones musicales. Esos contratos reciben el tratamiento de activos, clasificados como derechos de exclusividad sobre bienes y servicios futuros (614414) dentro de la clase de activos de contratos, arrendamientos y licencias.

A4.52 Pueden existir contratos parecidos para la producción futura de activos no financieros. Un examen de la práctica de las opciones de compra de la producción futura de aviones reveló, sin embargo, que en este caso no hay activos transferibles y un cambio de opinión por parte del comprador potencial o un incumplimiento en la entrega por parte del proveedor se resuelve con un cambio en los acuerdos entre las dos partes y no lleva a la venta de la opción a un tercero. Si surge una instancia donde la opción de adquirir activos no financieros se trata de la misma manera que un contrato por las actuaciones de una persona específica, se aplica la misma clasificación.

Arrendamientos como activos

A4.53 Como se señala en el párrafo A4.2, muchas transacciones registradas en las estadísticas macroeconómicas se fundamentan en contratos, y es importante comprender las implicaciones para el momento de registro y la clasificación de las transacciones que surgen de un contrato. Los permisos o licencias para el uso de recursos naturales pueden constituir un activo, y lo mismo ocurre con los permisos para emprender actividades específicas y los contratos para producción futura.

A4.54 Como se indica en los párrafos 7.105–7.106, un contrato puede ser considerado como un activo cuando se lo puede transferir a un tercero (es decir, una unidad distinta de las dos que están especificadas en el contrato original); por ejemplo, un arrendamiento operativo negociable que adquiere valor como activo. Otro ejemplo figura en el recuadro A4.3. Los activos que reflejan esos derechos de propiedad de terceros siempre son transitorios: existen únicamente mientras dura el arrendamiento y si existe una diferencia entre los valores afectados y no afectados.

A4.55 Los permisos para el uso de recursos naturales y los contratos para producción futura pueden también dar lugar a este tipo de activos de derechos de propiedad de terceros. Análogamente, los permisos para emprender actividades específicas pueden dar lugar a este tipo de activos aun si el pago original, si fuese pagadero al gobierno, recibiera el tratamiento de impuesto. Los arrendamientos financieros no dan lugar a este tipo de activos. Si el valor del activo arrendado aumenta más que los pagos exigibles en virtud del arrendamiento financiero, el arrendatario puede tener la opción de vender el activo, reembolsar el préstamo y guardar la diferencia.

Recuadro A4.3Ejemplo práctico de un arrendamiento como un activo

Supóngase que el contrato de arrendamiento de un apartamento, acordado hace algún tiempo, especifica el alquiler en 100 por mes, pero el alquiler de mercado corriente es 120 por mes. Desde el punto de vista del arrendador, el apartamento está “afectado” por el arrendamiento existente, es decir, carga con un castigo (en este caso de 20 por mes) debido a la existencia del contrato de arrendamiento. El valor afectado del apartamento se basa en el valor presente de los pagos futuros de alquiler, teniendo en cuenta la existencia del contrato de arrendamiento, es decir, el flujo de ingresos futuro que es de 100 por mes durante el tiempo que dure el contrato de arrendamiento y 120 por mes de ahí en adelante (sin contemplar ningún ajuste por inflación). El valor no afectado del apartamento es el valor presente basado en el flujo de ingresos de 120 por mes desde el período actual en adelante. El valor a ser incorporado en el balance del propietario es el valor afectado, que es también el valor total que el propietario puede esperar obtener si vende el apartamento mientras el arrendatario tiene el derecho a mantener el contrato de arrendamiento. Si desea realizar el valor no afectado, el arrendador tendría que pagar al arrendatario la diferencia entre el valor no afectado y el valor afectado para estar libre del contrato de arrendamiento. En algunas circunstancias este monto —afectado— puede ser tratado como un activo del arrendatario. Puede que sea posible tanto jurídicamente como en la práctica que el arrendatario subarriende el apartamento a un tercero. Debido a la dificultad de identificar dichos activos, cuando pudieran existir, se recomienda en la práctica que estos activos se registren solo cuando existen pruebas de que han sido realizados.

Es posible que el valor afectado del apartamento pueda ser superior al valor no afectado si los arriendos han disminuido desde que se acordó el contrato de arrendamiento. En este caso el propietario se beneficia por la discrepancia entre el precio del contrato y el precio de mercado, porque el valor del apartamento en su balance sigue siendo el valor afectado. Si el arrendatario desea cancelar el contrato de arrendamiento, puede tener que pagar al propietario la diferencia entre el valor afectado y el valor no afectado. Solo en el caso excepcional donde el arrendatario pague a un tercero por asumir el contrato al precio especificado en el contrato, este pago representa la realización de un activo de valor negativo para el arrendatario. Una vez que el contrato de arrendamiento expira o se cancela, el valor del apartamento vuelve a su valor no afectado.

A4.56 En el caso de arrendamientos operativos comerciales, el arrendamiento puede recibir el tratamiento de activo solo si se cumplen las siguientes dos condiciones:

  • El contrato de arrendamiento especifica un precio determinado de antemano por el uso de un activo que difiere del precio en que el activo podría arrendarse en el momento actual.

  • El arrendatario posee capacidad jurídica y práctica para hacer realidad esta diferencia de precio mediante la subcontratación del arrendamiento a un tercero.

A4.57 En la práctica, se recomienda registrar estos activos únicamente si el valor del activo es significativo y si el arrendatario puede ejercer efectivamente el derecho de hacer realidad esa diferencia de precio.

Asociaciones público-privadas

Introducción

A4.58 Las asociaciones público-privadas (APP) son contratos a largo plazo entre dos unidades, en virtud de los cuales una unidad adquiere o construye un activo, lo explota durante cierto tiempo y luego se lo transfiere a una segunda unidad. Los gobiernos participan en las APP por varias razones, incluida la expectativa de que la administración privada pueda conducir a una producción más eficiente y se pueda obtener acceso a una gama más amplia de fuentes financieras. Tales acuerdos se suscriben habitualmente entre una sociedad privada y un gobierno, pero otras combinaciones son posibles, como la participación de una sociedad pública en uno u otro papel, o de una institución privada sin fines de lucro como segunda unidad. En aras de la sencillez, la segunda unidad se denominará en adelante la sociedad privada. Estos sistemas reciben diferente denominaciones según el tipo de contrato suscrito; por ejemplo, iniciativas de financiación privadas (PFI, por sus siglas en inglés); sistemas de diseño, construcción, operación y transferencia (DBOT, por sus siglas en inglés); sistemas de construcción, posesión y transferencia (BOT, por sus siglas en inglés); o sistemas de construcción, posesión, operación, transferencia (BOOT, por sus siglas en inglés). En aras de la sencillez, en el resto de esta sección se los denominará APP.

A4.59 La naturaleza de las actividades que realizan las APP varía enormemente. En general, las sociedades privadas construyen y operan activos de un tipo que suele ser responsabilidad del gobierno general o de sociedades públicas. Tales proyectos comprenden, habitualmente, caminos, puentes, suministro de agua potable y obras de alcantarillado, hospitales, instalaciones carcelarias, instalaciones de generación y distribución de electricidad, y oleoductos.

A4.60 La sociedad privada tiene la expectativa de cubrir sus costos y obtener una tasa de rendimiento adecuada a su inversión. El gobierno puede efectuar pagos periódicos durante el período del contrato14, o bien la sociedad privada puede venderle los servicios al público (por ejemplo, una carretera de peaje), o una combinación de ambos. El precio muchas veces está regulado por el gobierno y se fija en un nivel que le permitirá a la sociedad privada recuperar sus costos y obtener un rendimiento de la inversión (precio de referencia). Si el precio regulado se fija a un nivel inferior a ese precio de referencia, el gobierno tendrá que resarcir al socio privado, generalmente mediante subsidios u otras transferencias. Puede haber muchas variaciones en los contratos de APP con respecto a cuestiones como la disposición de los activos al término del contrato, la operación y mantenimiento necesarios de los activos durante el contrato, y el precio, la calidad y el volumen de los servicios producidos. Al término del período del contrato, el gobierno puede obtener la propiedad legal y económica de los activos, posiblemente sin efectuar ningún pago.

A4.61 Ni la decisión en torno a la propiedad económica del activo, ni la decisión de registrar los activos y pasivos relacionados con las APP en los balances del gobierno o de la sociedad privada son sencillas. La sociedad privada es responsable de la adquisición/construcción de los activos fijos, aunque la adquisición/construcción suele estar respaldada por el gobierno. El contrato a menudo le permite al gobierno especificar el diseño, la calidad, la capacidad de uso y el mantenimiento del activo de acuerdo con normas públicas. Por lo general, los activos suelen tener vidas útiles mucho más largas que el período del contrato, de manera que, por esta sola razón, el gobierno controla los activos, asume los riesgos y recibe las retribuciones durante la mayor parte de la vida útil de los activos. Por lo tanto, a menudo no es obvio si la sociedad privada o el gobierno controlan los activos a lo largo de sus vidas útiles o qué parte asume la mayoría de los riesgos y recibe la mayoría de las retribuciones15.

Determinación de la propiedad económica de los activos relacionados con las APP

A4.62 El tratamiento estadístico depende de la propiedad económica de los activos en cuestión. En las estadísticas macroeconómicas, se hace una distinción entre la propiedad legal y la propiedad económica (véanse los párrafos 3.38–3.41) sobre la base de los riesgos y los beneficios. En una APP, el propietario legal y el propietario económico pueden ser diferentes. En el recuadro A4.4 se resumen los riesgos asociados que deben considerarse.

A4.63 El enfoque de las estadísticas macroeconómicas coincide en términos amplios con los factores enumerados por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) para el reconocimiento y la medición de una concesión de servicios que constituye un activo16. Aunque no es posible dictar reglas que puedan aplicarse a todo tipo de APP, los factores enumerados en el recuadro A4.4 deberían guiar la decisión sobre la parte que debe considerarse propietario económico del activo durante el período del contrato de la APP y al término del mismo. Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS, por sus siglas en inglés) incluyen, entre los factores de importancia para el control de un activo, aspectos relacionados con los riesgos y las retribuciones y, en principio, deberían arrojar las mismas conclusiones sobre la propiedad económica. En el recuadro A4.5 figura un breve análisis sobre cómo algunos países aplican en la práctica el concepto de la propiedad económica en relación con las APP.

Recuadro A4.4Determinación de la propiedad económica de activos relacionados con APP

El propietario económico de los activos relacionados con una APP se determina evaluando qué unidad asume la mayoría de los riesgos y qué unidad espera recibir la mayoría de las retribuciones del activo.

Los factores que necesitan tomarse en cuenta al evaluar la propiedad económica de los activos relacionados con APP incluyen aquellos asociados con la adquisición del activo y los asociados con el uso del mismo.

Algunos de los riesgos asociados con la adquisición del activo son los siguientes:

  • El grado en que el gobierno controla el diseño, la calidad, el tamaño y el mantenimiento de los activos.

  • El riesgo de construcción, que incluye la posibilidad de costos adicionales como resultado de una entrega con retraso, incumplimiento de las especificaciones o códigos de construcción, y riesgos ambientales y de otro tipo que impliquen pagos a terceros.

Algunos de los riesgos asociados con la explotación del activo son los siguientes:

  • Riesgo de oferta, que comprende el grado en que el gobierno puede controlar los servicios producidos, las unidades a las que se brindan los servicios y los precios de los servicios producidos.

  • Riesgo de demanda, que incluye la posibilidad de que la demanda de los servicios, ya sea del gobierno o del público en general, en el caso de que se trate de un servicio pagado, sea mayor o menor de lo que se esperaba.

  • Riesgo de valor residual y obsolescencia, que incluye el riesgo de que el valor de un activo difiera del precio acordado para la transferencia del activo al gobierno al final de la vigencia del contrato.

  • Riesgo de disponibilidad, que incluye la posibilidad de incurrir en costos adicionales o multas debido a que el volumen y/o la calidad de los servicios no cumpla con las normas especificadas en el contrato.

La importancia relativa de cada factor es probable que varíe de una APP a otra. No es posible enunciar reglas preceptivas que puedan aplicarse a toda situación de manera satisfactoria. Se debe evaluar las disposiciones de cada APP para decidir qué unidad ostenta la propiedad económica.

Tratamiento estadístico

A4.64 La siguiente descripción del tratamiento estadístico de las APP se basa en las directrices que se presentan en el SCN 200817. Si se determina que el gobierno es el propietario económico del activo durante el período del contrato pero no realiza pagos explícitos al comienzo del contrato, se debe imputar una transacción para cubrir su adquisición. El registro depende de las cláusulas contractuales, de su interpretación y, posiblemente, de otros factores. En la mayoría de los casos, estos contratos se registran como la adquisición del activo a través de un arrendamiento financiero imputado debido al parecido con un arrendamiento financiero efectivo. En otros casos, por ejemplo, se podría imputar un préstamo que iguale el valor de mercado del activo en el momento de la adquisición, y luego se podrían dividir los pagos efectivos del gobierno a la sociedad privada de modo que una parte de cada pago represente el reembolso del préstamo (véanse los párrafos A4.10–A4.15) y el resto podría representar un gasto por el uso de bienes o servicios, subsidios, etc., de acuerdo con el contrato.

A4.65 Si se considera que la sociedad privada es el propietario económico del activo durante el período del contrato, toda deuda asociada a la adquisición del activo debe atribuirse a la sociedad privada. Generalmente, el gobierno pasa a ser el propietario legal y económico al final del contrato sin que medie un pago significativo. Sin embargo, hay dos métodos para contabilizar la adquisición de los activos por parte del gobierno:

  • Durante el período del contrato, el gobierno adquiere gradualmente un derecho financiero (por ejemplo, otras cuentas por cobrar) y la sociedad privada devenga gradualmente el pasivo correspondiente (por ejemplo, otras cuentas por pagar), de manera que ambos valores son iguales al valor residual de los activos al final del período del contrato. Al final del período del contrato, el gobierno registra la adquisición del activo, con una reducción del derecho financiero (otras cuentas por cobrar) como asiento de contrapartida. La otra unidad registra la disposición del activo, con una reducción del pasivo (otras cuentas por pagar) como asiento de contrapartida. La aplicación de este método quizá sea difícil porque requiere la elaboración de nuevas transacciones basadas en supuestos acerca de los valores esperados de los activos y de las tasas de interés.

  • Un enfoque alternativo es registrar el cambio de la propiedad legal y económica desde la unidad privada al gobierno como una transferencia de capital al final del período del contrato. En ese momento, el gobierno registra un ingreso en la forma de una transferencia de capital que financia la adquisición del activo, y la unidad privada registra un gasto en la forma de una transferencia de capital al gobierno, financiada por la disposición del activo. El método de la transferencia de capital no refleja tan bien, como el primer método, la realidad económica subyacente, pero las limitaciones de los datos, la incertidumbre acerca del valor residual esperado de los activos y las disposiciones contractuales que permiten a cualquiera de las dos partes ejercer varias opciones podrían significar que el registro de una transferencia de capital en las EFP sea aceptable por razones pragmáticas.

Recuadro A4.5Aplicaciones prácticas del concepto de propiedad económica

Para llevar a la práctica los criterios de propiedad económica —es decir, si la mayoría de los riesgos y retribuciones corresponden al gobierno o a la sociedad privada— los países han empleado distintos métodos.

Según las directrices de Eurostat para sus Estados miembros, una condición suficiente para excluir una APP de las cuentas del gobierno es que la sociedad privada asuma el riesgo de construcción del proyecto y, ya sea los riesgos de disponibilidad o los de demanda que implica el uso del activo en la producción. En 2010, Eurostat aclaró la forma en que deben analizarse otros elementos —además de estas tres categorías de riesgo— para determinar la distribución de los riesgos entre el sector público y el privado, especialmente: la existencia de garantías del cedente y su alcance; financiamiento mayoritario a cargo del cedente de los costos de capital durante la fase de construcción; y aspectos financieros de las cláusulas de rescisión (véase el Manual del SEC 95 sobre el déficit público y la deuda pública, edición de 2012, sección VI.5).

Algunos países siguen normas contables internacionalmente aceptadas (por ejemplo, las IPSAS) aplicables a los arrendamientos financieros (véanse los párrafos A4.10–A4.15). Si un contrato de APP se considera arrendamiento financiero, se registran un activo y un pasivo en el balance de la unidad del sector público, los intereses y la depreciación se registran como gastos operativos, y la amortización se registra como una transacción de activos financieros y pasivos. Las IPSAS dan a un arrendamiento el tratamiento de arrendamiento financiero si se cumplen los siguientes criterios: i) el período del contrato cubre la mayor parte de la vida útil del activo; ii) el activo se transfiere al arrendatario (en este caso, la unidad del sector público) al final del contrato; iii) el arrendatario puede adquirir el activo a un precio favorable al final del contrato; iv) el valor presente de los pagos estipulados en el contrato es cercano al valor justo de mercado del activo; y v) el activo es de utilidad principalmente para el arrendatario.

Seguros y sistemas de garantías estandarizadas

Introducción

A4.66 Una póliza de seguros es un acuerdo entre un asegurador y otra unidad institucional, el titular de la póliza. En virtud del acuerdo, el titular de la póliza efectúa un pago (prima) a la sociedad de seguros, la cual efectúa un pago (indemnización) al titular de la póliza si ocurre un hecho determinado. El titular de la póliza se protege de ciertas formas de riesgo. Mancomunando los riesgos, el asegurador busca cobrar más por las primas que lo que paga como indemnizaciones a los asegurados.

A4.67 Esta sección describe los tipos de seguros y sistemas de garantías estandarizadas. Primero define ciertos términos y luego presenta directrices estadísticas sobre el registro de los correspondientes flujos y posiciones de saldos relacionados con los seguros no de vida y los sistemas de garantías estandarizadas.

Tipos de seguros y sistemas de garantías estandarizadas

A4.68 La forma más común de seguro es el seguro directo, mediante el cual el asegurador le emite una póliza a otro tipo de unidad institucional18. Hay dos tipos de seguro directo; a saber, seguros de vida y seguros no de vida. En ambos tipos de seguro se mancomunan los riesgos. Los aseguradores reciben un gran número de pagos regulares de primas (relativamente) pequeños de parte de los tenedores de pólizas y pagan sumas mucho mayores a los demandantes de indemnizaciones cuando ocurren las contingencias cubiertas por la póliza. En el intervalo que transcurre entre el cobro de las primas y el pago de las indemnizaciones, la sociedad de seguros obtiene una renta por la inversión de las primas cobradas. Esta renta de la inversión afecta los niveles de las primas y de las prestaciones establecidas por el asegurador.

A4.69 El seguro de vida es una actividad mediante la cual el titular de una póliza realiza pagos regulares a un asegurador, a cambio de los cuales este se compromete a entregar al titular de la póliza (o en algunos casos a otra persona designada) una suma convenida, o una renta vitalicia, en una fecha determinada, o antes, si el titular de la póliza fallece con anterioridad a esa fecha. En el caso de los seguros de vida, existe una relación importante entre las primas y las prestaciones durante el período que abarca la póliza. Para los titulares de las pólizas, la expectativa es que las prestaciones que recibirán sean como mínimo iguales a las primas a pagar, y este tipo de seguro puede ser considerado una forma de ahorro. A la hora de determinar la relación entre los niveles de las primas y de las prestaciones, el asegurador combina este aspecto de cada póliza individual con los cálculos actuariales de la población asegurada en relación con la esperanza de vida (incluidos los riesgos de accidentes fatales). Los seguros de vida principalmente redistribuyen las primas a pagar a lo largo de determinado período como prestaciones que se pagarán más adelante a los titulares de pólizas o sus beneficiarios. Básicamente, las primas y las prestaciones son transacciones de activos financieros y pasivos, no transacciones de ingreso y gasto. La participación de unidades del sector público en los seguros de vida ocurre, la mayor parte de las veces, en el contexto de la protección social, en la forma de sistemas de pensiones relacionados con el empleo y otros sistemas de protección social, tales como los sistemas de ahorro obligatorio. El tratamiento de estos tipos de sistema en las EFP se explica en detalle en el apéndice 2.

A4.70 Los seguros no de vida constituyen una actividad similar a la de los seguros de vida excepto que cubren todos los otros riesgos, accidentes, enfermedades, incendio, etc. En el caso de los seguros no de vida, los riesgos se distribuyen entre todos los titulares de las pólizas, y el número de solicitantes de indemnización suele ser mucho más pequeño que el número de titulares de pólizas. Los seguros no de vida incluyen pólizas que pagan prestaciones en caso de fallecimiento dentro de un determinado período, pero no en ninguna otra circunstancia, generalmente denominados seguros a término. En los seguros no de vida, la indemnización se paga solo si ocurre una contingencia especificada. Este tipo de seguro consiste en una redistribución en el período corriente entre todos los titulares de pólizas y unos pocos solicitantes de indemnizaciones. Aunque las sociedades públicas pueden participar en distintos tipos de sistemas de seguros, las unidades del gobierno general, habitualmente, no intervienen en seguros no de vida distintos del seguro social, tal como se explica en el apéndice 2.

A4.71 Las garantías estandarizadas se definen como aquellas que se emiten en gran número, normalmente por montos relativamente reducidos, siguiendo un mismo esquema. En estos sistemas se distinguen tres partes: el prestatario (deudor), el prestamista (acreedor) y el garante. Tanto el prestatario como el prestamista pueden suscribir un acuerdo con el garante para reembolsar al acreedor en caso de incumplimiento del deudor. Al igual que en el caso de los seguros no de vida, no es posible determinar la probabilidad de que un determinado deudor incumpla. No obstante, como las garantías son muy parecidas y numerosas, es posible estimar la probabilidad general de incumplimientos que deberá cubrir el garante. Se acostumbra estimar cuántos incumplimientos se producirán dentro de un grupo de deudas parecidas19. Por lo tanto, las garantías estandarizadas se basan en el mismo paradigma que los seguros no de vida y se les aplica un tratamiento parecido. Las garantías estandarizadas se diferencian de las garantías por una sola vez en base a dos criterios:

  • Se caracterizan por transacciones a menudo reiteradas, con características similares y mancomunidad de los riesgos.

  • Los garantes pueden estimar la pérdida promedio basados en estadísticas disponibles, utilizando conceptos de probabilidad ponderada.

A4.72 Las garantías estandarizadas pueden ser otorgadas por una institución financiera, incluidas, aunque no exclusivamente, las sociedades de seguros. Es posible (aunque poco probable) que las sociedades no financieras otorguen este tipo de garantías. Sin embargo, las unidades del gobierno a menudo participan en los sistemas de garantías estandarizadas a título de garantes. Los ejemplos más comunes son las garantías de créditos de exportación, los sistemas de seguro de depósitos20 y las garantías de préstamos a estudiantes. Concretamente, cuando una unidad de gobierno proporciona garantías estandarizadas sin cobrar tasas, o cobrando tasas tan bajas que las comisiones son significativamente inferiores a las indemnizaciones y los costos administrativos, la unidad debe ser tratada como un productor no de mercado dentro del gobierno general. Si el gobierno reconoce la probabilidad de tener que financiar parte de las indemnizaciones en el marco del sistema de garantías hasta tal punto que la provisiona en sus cuentas, se debe registrar una transferencia de esta magnitud desde el gobierno hacia las unidades en cuestión y un pasivo por este monto (bajo provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas). Si una sociedad o cuasisociedad opera un sistema de garantías estandarizadas en nombre del gobierno, toda transferencia realizada para cubrir pérdidas recurrentes se clasifica como subsidio (véase el párrafo 6.89), y toda transferencia realizada para cubrir elevados déficits operativos que se acumulen durante dos años o más, o pérdidas excepcionales atribuibles a factores ajenos al control de la sociedad/cuasisociedad, se registra como transferencia de capital (véanse los párrafos 6.91–6.124).

Definición de términos vinculados a los seguros

A4.73 La definición de algunos términos propios de la industria de los seguros ayuda a aclarar la discusión sobre el tratamiento estadístico de los seguros y las garantías estandarizadas. El término “primas” denota el pago al asegurador, en tanto que el término “tasas” describe el pago al garante en el caso de las garantías estandarizadas. Los pagos que efectúa el asegurador se denominan “indemnizaciones” en el caso de las pólizas de seguros no de vida y “prestaciones” en el caso de seguros de vida. En el caso de las garantías estandarizadas, las “indemnizaciones” tienen que ver con el incumplimiento de una garantía.

A4.74 La prima (tasa) efectiva es el monto que se paga a la aseguradora (garante) para garantizar la cobertura del seguro ante un evento específico durante un período determinado. Frecuentemente, la cobertura es provista por un año a la vez, con la prima siendo pagada al comienzo, aunque la cobertura pueda establecerse por plazos más cortos (o más largos) y la prima (tasa) se puede pagar, por ejemplo, en cuotas mensuales.

A4.75 La prima ganada es la parte de la prima efectiva relativa a la cobertura proporcionada durante el período de declaración de datos que se está informando. Por ejemplo, si una nueva póliza anual con una prima de 120 unidades entra en vigencia el 1 de abril, y las EFP se preparan para un año calendario, la prima ganada en el año calendario es de 90. La prima no ganada es el monto de la prima efectiva que se recibe y que está referida al período posterior al período de declaración de datos. En este ejemplo, al final del período de declaración de datos habrá una prima no ganada de 30, que cubrirá el primer trimestre del año siguiente.

A4.76 Las primas netas se definen como las primas efectivas, más las primas suplementarias, menos el cargo por el servicio de seguro que pagan los titulares de las pólizas. Las primas por lo general se pagan regularmente, a menudo al comienzo del período del seguro, mientras que las indemnizaciones se pagan con posterioridad y, en el caso de los seguros de vida, frecuentemente muchos años después. Los montos que se acumulan entre los períodos en que se pagan las primas y el momento en que corresponde pagar una indemnización crean un pasivo (reservas) para el asegurador. Estos montos se encuentran a disposición del asegurador para invertir en activos y obtener rentas. Las rentas permiten a las sociedades de seguro cobrar primas más bajas que las que se cobrarían si no existiesen estos ingresos. De esta forma, las rentas de la propiedad se atribuyen a los titulares de las pólizas y posteriormente se registran como primas suplementarias recibidas de los titulares de las pólizas.

A4.77 Una indemnización (prestación o ejecución) es el monto pagadero al titular de la póliza por parte del asegurador debido a un evento cubierto por la póliza ocurrido en el período de vigencia de esta. Las indemnizaciones generalmente se hacen exigibles cuando ocurre el evento, aun si el pago se realiza un tiempo después. Se hace una excepción en los casos en que existe la posibilidad de que la indemnización sea reconocida mucho tiempo después de que el evento haya tenido lugar21. En ese caso, la indemnización se registra en el momento en que la compañía de seguros acepta el pasivo. Las indemnizaciones que se hacen exigibles se denominan indemnizaciones incurridas. En algunos casos, las impugnaciones generan una demora entre el evento que da lugar a la indemnización y la liquidación de la indemnización puede demorar varios años. En base devengado, las indemnizaciones se reconocen como exigibles cuando ocurre un evento que da origen a una indemnización válida, sea o no pagada, liquidada o declarada durante ese período.

Tratamiento estadístico de los seguros no de vida y de las garantías estandarizadas

A4.78 En virtud de una póliza de seguro no de vida (o una garantía estandarizada), el asegurador (o garante) acepta una prima (o tasa) de un cliente y la mantiene en reserva (pasivo) hasta que se solicita una indemnización (o ejecución) o hasta que la vigencia del seguro expira. En el ínterin, el asegurador (garante) invierte el monto derivado del pago anticipado de las primas, las reservas para indemnizaciones pendientes y las reservas actuariales para riesgos pendientes. Estos activos generan una renta de la inversión. La renta de la propiedad representa un ingreso no percibido por el cliente y, por lo tanto, recibe el tratamiento de gastos de la propiedad atribuidos a los titulares de pólizas. En consecuencia, se lo redirecciona y luego se lo registra como un suplemento implícito de las primas efectivas. El asegurador (garante) fija las primas (tasas) efectivas a un nivel tal que la suma de las primas efectivas y la renta de la propiedad percibida por los activos, menos las indemnizaciones pendientes esperadas, producirá un margen que el asegurador puede conservar. Como asegurador o garante, la unidad del gobierno general o del sector público incurre en pasivos iguales al valor presente de las indemnizaciones esperadas por las garantías pendientes, menos toda recuperación22. El tratamiento estadístico de los seguros no de vida y los sistemas de garantías estandarizadas en las EFP dependerá de si la unidad del gobierno general o del sector público actúa como asegurador (garante) o si es titular de la póliza.

Flujos y posiciones de saldos registrados por unidades del sector público como aseguradores no de vida o garantes

A4.79 Es poco probable que las unidades del gobierno general gestionen un sistema de seguros, pero si lo hacen y si mantienen reservas separadas, deberían registrar las transacciones relacionadas con los seguros no de vida de la misma manera que otros aseguradores. Por otra parte, las unidades del gobierno general a menudo actúan como garantes en sistemas de garantías estandarizadas. En caso de que una unidad institucional del gobierno general o del sector público actúe como asegurador o garante de garantías estandarizadas, el registro de estos eventos requeriría los siguientes asientos en las EFP:

  • Primas (tasas) efectivas cobrar. El monto de las primas (tasas) efectivas por cobrar representa las primas ganadas y el pago anticipado de primas23. La parte de las primas (tasas) efectivas por cobrar que representa las primas (tasas) ganadas en el período de declaración de datos es un ingreso, clasificado como primas (14511) o tasas de sistemas de garantías estandarizadas (14512), respectivamente. Las primas (tasas) pagadas por anticipado representan una transacción de activos financieros y pasivos, y se registran como un aumento de los pasivos por reservas técnicas de seguros no de vida (33061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (33065).

  • Renta de la propiedad ganada por la inversión de las reservas. Por lo general, las reservas relacionadas con seguros o garantías estandarizadas se invierten en activos financieros y el ingreso generado por estas inversiones toma generalmente la forma de intereses (1411) o dividendos (1412). Sin embargo, a veces las reservas pueden ser utilizadas para generar excedentes de operación netos, ya sea en un establecimiento independiente o como una actividad secundaria. El ejemplo más común es el arriendo de recursos naturales (1415) generado por bienes raíces que son activos.

  • Renta de la propiedad atribuida a los titulares de pólizas. La renta de la propiedad generada por la inversión de reservas se considera una prima suplementaria implícita24. Por lo tanto, el asegurador o garante debería atribuir la renta de la propiedad a los titulares de pólizas25, registrando un gasto clasificado como gastos de la propiedad por desembolsos de renta de la inversión (2813). El asiento de contrapartida de este gasto es una transacción que resulta en un aumento de los pasivos por reservas técnicas de seguros no de vida (33061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (33065).

  • Indemnizaciones por pagar. Corresponde reconocer un gasto por las indemnizaciones previstas en primas, tasas e indemnizaciones corrientes (2831) o indemnizaciones de capital (2832), según corresponda, con un asiento de contrapartida en la forma de un aumento del pasivo relacionado con reservas técnicas de seguros no de vida (33061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (33065). En el caso de los sistemas de garantías estandarizadas, el gasto registrado es el nivel esperado de indemnizaciones (menos toda recuperación esperada de activos) por las garantías estandarizadas provistas en el período de declaración de datos. Cuando se pagan las indemnizaciones (ejecuciones), se registran transacciones que reducen los pasivos relacionados con reservas técnicas de seguros no de vida, o las provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas, con la correspondiente disminución de activos o el aumento de otros pasivos.

  • Ganancias y pérdidas por tenencia. En casos excepcionales, si se ha acordado el monto de una indemnización pendiente y se ha acordado indexarlo hasta que se realice el pago, podría registrarse una ganancia o pérdida por tenencia.

  • Otras variaciones en el volumen de activos y pasivos. Las variaciones de las provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas que no sean resultado de transacciones, ni de ganancias y pérdidas por tenencia, se registran como otras variaciones en el volumen de activos; por ejemplo, cuando se reconoce un cambio significativo en el nivel esperado de indemnizaciones, más allá de cualquier recuperación de activos.

Flujos y posiciones de saldos registrados por unidades del sector público como titulares de pólizas no de vida y titulares de garantías estandarizadas

A4.80 El registro de flujos y posiciones de saldos relacionados con garantías estandarizadas difiere del registro de las garantías por una sola vez (véase el párrafo 7.256). En el caso de que unidades institucionales del gobierno general o del sector público sean titulares de una póliza de seguro no de vida, o titulares de una garantía estandarizada, el registro de sus actividades requiere, en las EFP, los siguientes asientos:

  • Primas (tasas) efectivas por pagar. El monto de las primas efectivas por pagar representa primas incurridas, pago anticipado de primas y cargos pagados por servicios implícitos. Como el cargo por servicio implícito puede calcularse únicamente en el contexto de un análisis de la economía en su conjunto, las EFP no lo reconocen como un gasto. La parte de las primas efectivas por pagar que representan primas incurridas durante el período de declaración de datos constituye un gasto, clasificado como primas (28311) o tasas por sistemas de garantías estandarizadas (28312), respectivamente. Las primas pagadas por anticipado representan una transacción de activos financieros y pasivos, y deben registrarse como un aumento de los activos financieros en forma de reservas técnicas de seguros no de vida (32061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (32065).

  • Renta de la propiedad atribuida a los titulares de pólizas. Como lo explica el párrafo A4.78, la renta de la propiedad generada por aseguradores (garantes) por la inversión de reservas se considera una prima suplementaria implícita, atribuida a los titulares de pólizas. Conceptual-mente, las unidades institucionales del gobierno general o del sector público, en su calidad de titulares de pólizas, podrían registrar un ingreso por renta de la propiedad, clasificado como renta de la propiedad derivada de desembolsos de la renta de la inversión (1414). El asiento de contrapartida de este ingreso es un aumento del activo financiero correspondiente a reservas técnicas de seguros no de vida (32061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (32065). Sin embargo, el ingreso relacionado con esta partida no siempre es del conocimiento de los compiladores de las EFP. Por lo tanto, este ingreso no se registra en las EFP y permanece como partida de ajuste entre las EFP y las cuentas nacionales.

  • Indemnizaciones por cobrar. Las indemnizaciones se hacen exigibles cuando ocurre el evento que les da lugar, independientemente de que se las pague, liquide o declare durante el período de declaración de datos. El titular de la póliza reconoce el ingreso por la indemnización en el momento en que ocurre el evento que le dio lugar o, en el caso de una garantía estandarizada, en el momento en que puede ejecutarse una indemnización según lo dispuesto en el contrato. Estas indemnizaciones por cobrar deben reconocerse como ingreso clasificadas como primas, tasas e indemnizaciones corrientes (1451) o indemnizaciones de capital (1452), según corresponda, y el asiento de contrapartida es un aumento de un activo financiero en la forma de reservas técnicas de seguros no de vida (32061) o provisiones para indemnizaciones bajo sistemas de garantías estandarizadas (32065). Una vez hecho efectivo el pago de las indemnizaciones, se registra una disminución en la reserva de seguros pertinente, con un aumento correspondiente del efectivo o de otros activos financieros.

Aunque la protección social y las operaciones de deuda también pueden ser considerados temas transversales, se los describe por separado en los apéndices 2 y 3.

Al momento de la publicación del presente Manual, el tratamiento de los arrendamientos financieros y operativos estaba bajo revisión por los órganos normativos contables internacionales.

Por ejemplo, podría establecerse un sistema de construcción-propiedad-operación-transferencia para asignar los riesgos y retribuciones de la propiedad al gobierno, de forma que el socio privado se consideraría como el proveedor de un arrendamiento financiero.

El análisis de los recursos naturales en la próxima sección presenta otros casos en los cuales el uso de un recurso debe considerarse como la venta del recurso.

El valor afectado del recurso se basa en el valor presente de los pagos de arrendamiento futuros teniendo en cuenta la existencia del arrendamiento. El valor del recurso aumenta a medida que el contrato se acerca a la fecha de vencimiento, mientras que el valor del contrato disminuye a lo largo del mismo período. Véase también el recuadro A4.3.

Véase también este tema en el contexto del caso de las licencias de telefonía móvil en SNA News and Notes, volumen 14, Naciones Unidas, 2002.

Para decidir si la propiedad se transfiere efectivamente, conviene tener en cuenta los seis criterios presentados en el recuadro A4.1.

Este procedimiento de registro garantiza un efecto neutro sobre el patrimonio neto de la economía como un todo durante la vida de la licencia.

Como se describe en el párrafo 2.13, es posible que no se registre la venta de tierras y terrenos a una unidad no residente. En tales casos, se crea una unidad residente ficticia que tiene el título sobre las tierras y terrenos; la unidad no residente es propietaria del capital de la unidad residente ficticia.

La venta de tierras forestales se puede registrar como ventas de bosques y de tierras y terrenos por separado, dependiendo del uso al que se pretende destinar.

No es realista considerar que el permiso se fuera a otorgar hasta agotar las poblaciones de peces, pero la pesca ilegal puede reducir las existencias por debajo del punto de sostenibilidad o agotarlas del todo. En estos casos, corresponde registrar una otra variación en el volumen en las posiciones de saldos.

Las razones por las cuales se recomienda el registro simple de los pagos de cada año de parte del extractor al propietario como arriendo de recursos naturales, y las variaciones en el tamaño y valor del recurso como otras variaciones en el volumen de activos del propietario legal, figuran en el SCN 2008, párrafo 17.343.

Véase el SCN 2008, párrafos 17.360–17.362. Análogamente, los contratos para sistemas de tiempo compartido tampoco se discuten en este Manual (véase el SCN 2008, párrafos 17.344–17.348).

El período del contrato se refiere a la duración del acuerdo contractual entre las partes de una APP.

La “mayor parte” debe evaluarse desde un punto de vista económico. Un solo riesgo y una sola retribución pueden implicar la “mayor parte” en algunos casos, mientras que en otros ocurre lo propio con una serie de riesgos y retribuciones combinados.

La IPSAS 32 contiene algunas directrices para reconocer y medir activos y pasivos relacionados con concesiones de servicios que constituyen activos (es decir, activos relacionados con las APP).

La EDSPG presenta ejemplos del registro de arrendamientos financieros (véase el recuadro 4.11) y el registro de deuda y flujos derivados de APP (véase el recuadro 4.16).

En otra modalidad denominada reaseguro, un asegurador asegura a otro.

Este riesgo de incumplimiento establece el pasivo derivado de las garantías estandarizadas.

Si la participación en este seguro de depósitos u otra garantías es obligatoria —es decir, si los beneficiarios no tienen la opción de no participar en el sistema y el pago es claramente desproporcionado en comparación con el servicio prestado— no se trata de un sistema de garantía estandarizada, sino que corresponde hacer un registro como impuestos sobre el uso de bienes y sobre el permiso para usar bienes o realizar actividades (1145), tal como se indica en los párrafos 5.73–5.76.

Por ejemplo, una importante serie de indemnizaciones se reconocieron solo cuando la exposición al asbesto se estableció como causa de enfermedades graves y se dictaminó judicialmente que daba lugar a indemnizaciones en virtud de las pólizas de seguro vigentes al momento de la exposición.

Estas recuperaciones pueden incluir recuperaciones obtenidas de asegurados, reaseguros, prestatarios en mora o terceros.

Las primas de seguros no de vida implican un cargo implícito por servicio. Sin embargo, estos cargos pueden calcularse únicamente en el contexto de un análisis de la totalidad de la economía. Por lo tanto, las EFP no reconocen un cargo por servicio implícito.

En principio, la atribución debe hacerse de acuerdo con la proporción de las reservas (saldo de reservas) atribuida a las diferentes clases de seguros y titulares de pólizas. En la práctica, el método usual es distribuir la renta de la inversión en proporción a las primas efectivas.

En el caso de las garantías estandarizadas, la unidad institucional que se beneficia de la garantía quizá no sea la misma unidad que paga la tasa por la garantía. En este caso, la renta de la propiedad se distribuye a la unidad que paga la tasa. La renta de la propiedad distribuida se trata como una tasa suplementaria.

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