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Apéndice VIII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho anglosajón

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
August 2003
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Organización de las secciones1

1. Definiciones

2. Delitos

3. Responsabilidad de las personas jurídicas

4. Jurisdicción

5. Investigaciones

6. Derechos del infractor

7. Notificación de otros Estados

8. Congelamiento de fondos

9. Decomiso

10. Reparto de los fondos decomisados

11. Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

12. Extradición

13. Asistencia jurídica recíproca

14. Traslado temporal

15. Sistemas alternativos de envío de fondos

16. Rechazo de solicitudes de registro y revocación del registro de entidades de beneficencia vinculadas con grupos terroristas

Sección 1. Definiciones

En esta parte:

1) Por “fondos” se entenderá los activos de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, sin que la enumeración sea exhaustiva, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, valores, bonos, letras de cambio y cartas de crédito.

2) Por “instalación gubernamental o pública” se entenderá toda instalación o vehículo de carácter permanente o temporal utilizado u ocupado por representantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, del poder legislativo o de la administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales.

3) Por “producto” se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en la sección 2.

4) El concepto de “proporcionar” comprende dar, donar y transmitir.

5) El concepto de “recolectar” comprenderá recaudar y recibir.

6) Por “tratado” se entenderá:

  • a) El Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

  • b) El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de septiembre de 1971.

  • c) La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973.

  • d) La Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

  • e) La Convención sobre la protección física de los materiales nucleares, aprobada en Viena el 3 de marzo de 1980.

  • f) El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

  • g) El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.

  • h) El Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

  • i) El Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

7) El término “nacional de [país]” tiene el significado que se le da en [hacer referencia a la sección pertinente de la ley de nacionalidad o ciudadanía].

8) El término “Estado” tiene el mismo significado que el que posee esa expresión en el Derecho internacional, e incluye todas las subdivisiones políticas del Estado.

9) Por “tribunal” se entiende [nombre del tribunal competente para considerar y dictar mandamientos de congelamiento y decomiso].

Sección 2. Delitos

1) Comete delito en el sentido de la presente sección quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, proporcione o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer:

a) Un acto que constituya un delito comprendido en el ámbito de alguno de los tratados enumerados en el inciso 6) de la sección 1.

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

2) Comete igualmente un delito en el sentido de la presente sección quien trate de cometer o conspire a fin de cometer un delito enunciado en el inciso 1).

3) Comete delito en el sentido de la presente sección quien:

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los incisos 1) ó 2).

b) Organice la comisión de un delito enunciado en los incisos 1) ó 2) u ordene a otros cometerlo.

c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los incisos 1) o 2) por un grupo de personas que actúe con un propósito común, siempre que esa contribución sea intencionada y:

  • i) Se realice con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en los incisos 1) ó 2).

  • ii) Se realice con conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en los incisos 1) ó 2).

4) Comete delito conforme a la presente sección quien, directa o indirectamente, proporciona fondos, activos financieros o recursos económicos, o servicios financieros u otros servicios conexos:

a) Con la intención de que sean utilizados, o a sabiendas o teniendo fundamentos razonables para creer que serán utilizados, en todo o en parte, en beneficio de cualquier persona que esté realizando o facilitando, o que se proponga realizar o facilitar, un delito enunciado en los incisos 1) ó 2).

b) A sabiendas o teniendo fundamentos razonables para creer que serán utilizados, en todo o en parte, en beneficio de cualquier persona o entidad que esté realizando o facilitando, o que se proponga realizar o facilitar, un delito enunciado en los incisos 1) ó 2)2.

5) Para que un acto constituya un delito de los previstos en esta sección, no será necesario que los fondos u otros recursos hayan sido efectivamente utilizados para cometer un delito enunciado en los párrafos a) o b) del inciso 1).

Sección 3. Responsabilidad de las personas jurídicas

Cuando un delito de los previstos en la sección 2 sea cometido por una persona responsable de la gestión o el control de una persona jurídica ubicada en [país] o constituida conforme a la legislación de [país], esa entidad, en las circunstancias en que la persona haya cometido el delito actuando en esa condición, será considerada culpable del delito, sin perjuicio de:

a) Cualquier responsabilidad penal en que pueda haber incurrido una persona que haya intervenido directamente en la comisión del delito.

b) Cualquier sanción civil o administrativa que se haya impuesto a la entidad con arreglo a la ley Competencia.

Sección 4. Jurisdicción

EJEMPLO UNO

Cuando se sostenga que una persona ha cometido un delito conforme a la sección 2, los procedimientos relacionados con ese delito podrán iniciarse en [país], cuando el supuesto delito:

a) Haya sido cometido por un nacional de [país].

b) Haya sido cometido a bordo de un buque que enarbolara el pabellón de [país].

c) Haya sido cometido a bordo de una aeronave que:

  • i) Fuera explotada por el Gobierno de [país].

  • ii) Estuviera registrada en [país].

d) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2, en [país] o contra un nacional de [país], o que haya suscitado ese resultado.

e) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2, contra una instalación gubernamental o pública de [país] fuera de [país], incluso un local diplomático o consular de [país], o que haya suscitado ese resultado.

f) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2 en un intento de obligar a ese [país] a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, o que haya suscitado ese resultado.

g) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de [país]. EJEMPLO DOS3

1) Se entenderá que toda persona que, fuera de [país], cometa un delito de los previstos en la sección 2, comete ese delito en [país], cuando el mismo sea cometido:

a) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de [país] o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de [país] en el momento de la comisión del delito.

b) Por un nacional de [país].

c) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2 en [país] o contra un nacional de [país], o que haya suscitado ese resultado.

d) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2 contra una instalación gubernamental o pública de [país] en el extranjero, incluso un local diplomático o consular de [país], o que haya suscitado ese resultado.

e) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2 en un intento de obligar a [país] a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, o que haya suscitado ese resultado.

f) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de [país].

g) A bordo de una aeronave que sea explotada por el Gobierno de [país].

EJEMPLO TRES4

Los tribunales serán competentes para entender en los delitos previstos en la sección 2 en las siguientes circunstancias:

1) Cuando el delito tenga lugar en [país] y sea cometido:

a) Por una persona que sea nacional de otro Estado, o por un apátrida.

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de otro Estado, o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de otro Estado en el momento de la comisión del delito.

c) A bordo de una aeronave explotada por el Gobierno de otro Estado.

d) Por una persona que sea hallada fuera de [país].

e) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los incisos a) o b) del acto conexo, o que haya suscitado ese resultado, contra:

  • i) Un nacional de otro Estado.

  • ii) Otro Estado o una instalación gubernamental o pública de ese Estado, incluidos su embajada u otro local diplomático o consular de ese Estado.

f) Con el propósito de perpetrar un acto conexo, en un intento de obligar a otro Estado o a un organismo internacional a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, o que haya suscitado ese resultado.

g) Con el propósito de perpetrar un acto conexo, o que haya suscitado ese resultado:

  • i) Fuera de [país].

  • ii) Dentro de [país], y que el delito o el acto conexo haya sido realizado en el contexto del, o cuyos resultados hayan afectado al, comercio interestatal o exterior.

2) Que el delito tenga lugar fuera de [país] y sea cometido:

a) Por una persona nacional de [país] o por un apátrida con residencia habitual en [país].

b) Por una persona que sea hallada en [país].

c) Con el propósito de perpetrar un acto conexo, o que haya suscitado ese resultado, contra:

Adaptado del Title 18, USC 2339C (b) [Estados Unidos].

  • i) Cualesquiera bienes de los que fuera propietario, arrendatario o usuario de [país] o cualquier departamento o dependencia de [país], incluidos una embajada u otros locales diplomáticos o consulares de [país].

  • ii) Cualquier persona o bien dentro de [país].

  • iii) Cualquier nacional de [país] o los bienes de ese nacional.

  • iv) Cualquier bien de cualquier persona jurídica constituida conforme a la legislación de [país], incluidos cualquiera de sus estados, distritos, comunidades, territorios o posesiones.

3) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de [país] o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de [país] en el momento de la comisión del delito.

4) A bordo de una aeronave que sea explotada por el Gobierno de [país].

5) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en la sección 2 en un intento de obligar a [país] a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, o que haya suscitado ese resultado.

Sección 5. Investigaciones

1) [Cuando cualquier persona tenga fundamentos razonables para sospechar que determinados fondos o servicios financieros han de utilizarse, directa o indirectamente, para facilitar la comisión de un delito de los contemplados en esta parte, esa persona estará obligada a denunciar el asunto al [Comisionado de Policía].]

2) Cuando se reciba información de cualquier fuente, dentro o fuera de [país], de que una persona que haya cometido, o a la que se atribuya, un delito de los contemplados en esta parte, puede encontrarse en [país], el [Comisionado de policía] deberá adoptar las medidas que sean necesarias para investigar los hechos contenidos en la información.

3) Cuando, en virtud de la investigación, se llegue a la conclusión de que la persona a la que se hace referencia en el inciso 2) se encuentra en [país], el [Comisionado de policía] deberá efectuar una denuncia al [Director de la fiscalía penal], quien deberá adoptar las medidas que sean necesarias para el enjuiciamiento o la extradición del infractor, si las circunstancias del caso lo justifican.

4) Cualquier persona de las mencionadas en el inciso 1) que omita realizar la denuncia preceptuada en ese inciso, incurrirá en delito, y una vez condenada se le impondrá una multa de [suma] o una pena de prisión por un plazo de [número] años.

Sección 6. Derechos del infractor

La persona contra la que se adopten las medidas mencionadas en la sección 5, inciso 3), tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda:

  • i) Del Estado del que sea nacional.

  • ii) Del Estado al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona.

  • iii) Si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente.

b) Ser visitada por un representante del Estado pertinente al que se hace referencia en el inciso 1).

c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).

Sección 7. Notificación de otros Estados

Cuando la persona que sea objeto de la investigación indicada en la sección 5 ha sido detenida, el [Director de la fiscalía penal] deberá hacer saber al [Fiscal general], quien deberá:

a) Notificar, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, qué Estado ha asumido jurisdicción con respecto a una solicitud planteada conforme a las secciones 8 ó 9, el hecho de la detención y las circunstancias que la justifiquen.

b) Comunicar el resultado final de los procedimientos al Secretario General a los efectos de que la información sea remitida al otro Estado.

Sección 8. Congelamiento de fondos

1) Conforme a lo dispuesto en el inciso 4, el tribunal podrá, cuando llegue a la conclusión, basada en la solicitud del [Director de la fiscalía penal], de que:

a) Una persona ha sido imputada, o está por ser imputada, de uno de los delitos contemplados en la sección 2.

b) La autoridad competente de otro Estado ha formulado una solicitud con respecto a una persona:

  • i) Que ha sido acusada o esté por ser acusada de un delito en relación con uno de los actos descritos en las secciones 3 ó 4.

  • ii) En relación con la cual existan sospechas razonables de que ha cometido uno de los delitos contemplados en el apartado i).

  • dictar una orden, referida en esta parte como mandamiento de congelamiento, de congelamiento de los fondos que estén en poder o bajo el control de esa persona.

2) Las solicitudes de mandamientos de congelamiento previstas en la subsección 1) podrán formularse a pedido de parte, debiendo realizarse por escrito e ir acompañadas de una declaración en que se establezca:

a) Cuando la persona a la que se hace referencia en el inciso 1) ha sido acusada, el delito por el que se la acusa.

b) Cuando la persona no ha sido acusada, las razones que llevan a:

  • i) Creer que la persona ha cometido el delito.

  • ii) Tener sospechas razonables de que la persona ha cometido el delito.

c) Una descripción de los fondos con respecto a los cuales se promueve el mandamiento de congelamiento.

d) El nombre y la dirección de la persona que se cree que está en posesión de los fondos.

e) Las razones para creer que los fondos se utilizan, directa o indirectamente, para facilitar un delito de los referidos en el inciso 1), y que los fondos están sujetos al control efectivo de la persona.

3) Cuando el tribunal dicta un mandamiento de los previstos en la subsección 1), el tribunal requerirá que:

a) El mandamiento sea publicado dentro del plazo y del modo que el tribunal disponga.

b) El solicitante, dentro de un plazo de 21 días a partir del dictado del mandamiento, sea notificado del mismo y conjuntamente reciba una copia del mandamiento cualquier persona que, en opinión del tribunal, parezca tener interés en los fondos a los que se hace referencia en el inciso 2).

c) A la persona a la que se hace referencia en el párrafo b) o a cualquier otra persona que parezca tener interés en los fondos, se le conceda la oportunidad de ser oída por un tribunal dentro del plazo que éste disponga, a menos que, en relación con el párrafo b), el tribunal sea de la opinión de que la realización de esa notificación provocará la desaparición, disipación o reducción del valor de los fondos.

4) Cuando se solicite un mandamiento de congelamiento conforme al inciso 1) como resultado de la solicitud de otro Estado, el tribunal no lo dictará a menos que compruebe que existen acuerdos recíprocos entre [país] y el otro Estado, en virtud de los cuales el otro Estado tiene la potestad de dictar una orden similar con respecto a una solicitud de mandamiento de congelamiento formulada por [país].

5) Al dictar el mandamiento de congelamiento conforme al inciso 1), el tribunal podrá disponer:

a) La duración del mandamiento de congelamiento.

b) El destino de los fondos a los efectos de:

  • i) Resolver toda controversia referente a la propiedad de los fondos o cualquier parte de los mismos, o cualquier interés en ellos.

  • ii) Su debida administración durante el plazo del mandamiento de congelamiento.

  • iii) El pago de deudas que se hayan contraído de buena fe antes del dictado del mandamiento.

  • iv) El pago de sumas de dinero a la persona a la que se hace referencia en el inciso 1) para la razonable subsistencia de esa persona o familia.

  • v) El pago de los costos que represente para la persona a la que se hace referencia en el apartado iv) su defensa frente a los procedimientos penales contra ella instaurados.

6) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5), un mandamiento de congelamiento adoptado en virtud de esta sección quedará sin efecto al cabo del período de seis meses contados a partir de la fecha en que se haya dictado el mandamiento si la persona contra la que éste haya sido dictado no ha sido acusada de uno de los delitos contemplados en la sección 2 dentro de ese plazo.

7) Las órdenes dictadas conforme a el inciso 1) podrán ser renovadas por un período de no más de seis meses en cada caso particular, pero en ningún caso el período, en su totalidad, podrá pasar de 18 meses.

8) Las órdenes de congelamiento dictadas por el tribunal conforme a esta sección no podrán afectar a los derechos de ningún tercero de buena fe.

9) Cuando el tribunal dicte un mandamiento de administración de fondos congelados, la persona encargada de la administración de los fondos no será responsable de ninguna pérdida ni detrimento de los fondos ni del costo de los procedimientos adoptados para establecer una reclamación de los fondos o de algún interés en los mismos, a menos que el tribunal en que se formule la reclamación opine que la persona ha actuado en forma negligente en cuanto a la custodia de los fondos.

Sección 9. Decomiso

1) Cuando una persona sea condenada por un delito previsto en la sección 2, el Director de la fiscalía penal podrá promover ante el tribunal el dictado de un mandamiento de decomiso de los fondos que sean objeto del delito.

2) El tribunal, a solicitud del [Director de la fiscalía penal], podrá decomisar fondos provenientes de un delito de terrorismo, o cualesquiera fondos de esa persona que sean objeto de un mandamiento de congelamiento, a menos que se pruebe que esos fondos no derivan de la comisión, por parte de esa persona, de un delito de los previstos en la sección 2.

3) A los efectos de lo dispuesto en el inciso 2) la carga de la prueba recae sobre la persona que sea propietaria o esté en posesión o control de los fondos.

4) Para establecer si determinados fondos provienen o no de uno de los delitos contemplados en la sección 2, el nivel de las pruebas requeridas a los efectos de lo dispuesto en el inciso 2) es idéntico al de los procesos penales, y a los efectos del inciso 3), es igual al de los procesos civiles.

5) Al dictar un mandamiento de decomiso, el tribunal podrá impartir instrucciones:

a) Encaminadas a decidir cualquier controversia en cuanto a la propiedad u otro derecho sobre los fondos o cualquier parte de los mismos.

b) En cuanto al destino a darse a los fondos.

6) Si una persona contra la que se haya dictado un mandamiento de decomiso conforme a la presente sección lo solicita, el tribunal podrá ordenar que esa persona pague al tribunal una suma que el tribunal considere equivalente al valor de los fondos cuyo decomiso se haya dispuesto, y una vez efectuado en debida forma el pago de esa suma por esa persona, deberán devolverse a ésta los fondos cuyo decomiso se haya dispuesto.

Sección 10. Reparto de los fondos decomisados

1) El Gobierno de [país] podrá, en virtud de cualquier acuerdo celebrado con cualquier otro Estado, repartirse con ese Estado, sobre la base de la reciprocidad, los fondos derivados del decomiso realizado conforme a la presente ley.

2) Los fondos a los que se hace referencia en el inciso 1) podrán ser utilizados por el Gobierno de [país] para indemnizar a las víctimas de los delitos contemplados en la presente ley.

Sección 11. Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se pronuncie, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, sobre las medidas que han de introducirse a los efectos de aplicar cualquiera de las resoluciones de ese órgano, y exhorte al Gobierno de [país] a aplicar esas medidas, el ministro competente en materia de relaciones exteriores podrá, mediante una orden publicada en el diario oficial, adoptar las disposiciones que crea necesarias o convenientes para la aplicación efectiva de esas medidas.

Sección 12. Extradición

1) Los delitos que se describen en la sección 2 se considerarán extraditables en virtud de la ley de extradición y, por lo tanto, las disposiciones de esa ley se aplicarán, directa o indirectamente, a la extradición por delitos de ese tipo.

2) Cuando, a la fecha en que entre en vigor la presente ley, esté vigente un acuerdo de extradición entre el Gobierno de [país] y un Estado adherido al Convenio, se entenderá que ese acuerdo, a los efectos de la ley de extradición, incluye una disposición sobre extradición en relación con los delitos que se describen en la sección 2.

3) Cuando no exista acuerdo de extradición entre el Gobierno de [país] y el Estado adherido al Convenio, el ministro [de relaciones exteriores] podrá, mediante una orden publicada en el diario oficial, tratar al Convenio, a los efectos de la ley de extradición, como un acuerdo de extradición entre el Gobierno de [país] y el Estado adherido al Convenio que prevé la extradición en relación con los delitos previstos en la sección 2.

4) Cuando el Gobierno de [país] acceda a una solicitud de un Estado adherido al Convenio a los efectos de la extradición de una persona acusada de un delito de los previstos en la sección 2, el acto que constituya ese delito deberá considerarse, a los efectos de la ley de extradición, como cometido no solo en el lugar en que efectivamente haya sido cometido, sino también dentro de la jurisdicción del Estado solicitante.

5) Sin perjuicio de lo que establezca la ley de extradición, ninguno de los delitos estipulados en la sección 2 podrá ser considerado, a los efectos de esa ley, como delito fiscal ni como delito de carácter político, relacionado con un delito político o inspirado por motivos políticos, exclusivamente a los efectos de la extradición de una persona acusada de un delito de ese tipo entre el Gobierno de [país] y un Estado adherido al Convenio.

Sección 13. Asistencia judicial recíproca

Sin perjuicio de lo que pueda disponer [la ley de asistencia recíproca] [el presente código penal], no se rechazará una solicitud de asistencia recíproca de un Estado adherido al Convenio en relación con uno de los delitos estipulados en la sección 2 exclusivamente en virtud de que:

a) El suministro de esa asistencia infringe las leyes relativas al secreto bancario.

b) Ese delito es un delito fiscal.

c) Ese delito es un delito político, conexo a un delito político o inspirado por motivos políticos.

Sección 14. Traslado temporal

1) Cuando [país] apruebe una solicitud de un Estado adherido al Convenio tendiente al traslado temporal de una persona sometida a custodia en [país] al Estado adherido al Convenio para prestar declaración testimonial o colaborar en una investigación o procedimiento referente a uno de los delitos estipulados en la sección 2, el [fiscal general] podrá solicitar al tribunal que dicte una orden de traslado.

2) En la solicitud deberá especificarse:

a) El nombre y el lugar en que se encuentre la persona detenida.

b) El plazo durante el que se mantendrá el traslado de la persona.

c) El país al que la persona haya de ser trasladada.

d) La persona o categoría de personas a cuya custodia la persona ha de ser entregada a los efectos del traslado.

e) La finalidad del traslado.

3) Si el juez que atiende una solicitud planteada conforme al inciso 1 comprueba que la persona detenida consiente el traslado y éste es por un plazo fijo, el juez dictará la orden de traslado, incluidas las condiciones que considere apropiadas.

4) Sin perjuicio de lo que pueda disponer la [ley de Inmigración, u otras disposiciones jurídicas similares], cuando [país] formule una solicitud tendiente a que una persona detenida en un Estado adherido al Convenio sea trasladada temporalmente a [país] para prestar declaración testimonial o colaborar en una investigación o un procedimiento referente a un delito estipulado en la sección 2 [del código penal], el [ministro, el fiscal general u otra autoridad competente] podrá autorizar que la persona detenida ingrese en [país] para ser mantenida en uno o más lugares fijos durante cierto plazo especificado.

5) El [ministro, fiscal general u otra autoridad competente] podrá modificar las condiciones de la autorización concedida conforme al inciso 4.

6) Una persona que se encuentre en [país] en virtud de la solicitud de [país] no podrá ser procesada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad personal en [país] en relación con ningún acto o condena anterior a su partida del territorio del Estado adherido al Convenio del que esa persona haya sido trasladada.

Sección 15. Sistemas alternativos de envío de fondos5

a) Quien a sabiendas opere, controle, administre, supervise, dirija o sea propietario, en todo o en parte, de una empresa de envío de fondos carente de licencia, será penado con multa de hasta […], prisión de hasta […] años, o ambas cosas.

b) En la acepción que se les da en la presente sección:

1) Por “empresa de envío de fondos carente de licencia” se entiende una empresa de remisión de dinero que:

A) Funcione sin una licencia para la remisión de dinero expedida por [autoridad], sea que el acusado conozca o no que la actividad requería licencia o que la operación era punible por ese concepto.

B) De otro modo implique el transporte o el envío de fondos que el acusado supiera que provenían de un delito penal o estaban destinados a ser usados para promover o respaldar actividades ilícitas.

2) El término “envío de fondos” incluye la transferencia de fondos para el público por cualesquiera medios, lo que comprende, entre otras cosas, las transferencias dentro de este país o a lugares del exterior por vía cablegráfica o mediante cheque, giro, facsímil o mensajería.

Sección 16. Rechazo de solicitudes de registro y revocación del registro de entidades de beneficencia vinculadas con grupos terroristas6

1) El [ministro de Hacienda] podrá disponer el rechazo de la solicitud de registro de una entidad de beneficencia, o la revocación de ese registro, basándose en información recibida, incluidos informes de seguridad o de inteligencia criminal, según los cuales existan fundamentos razonables para [creer] [sospechar] que un solicitante de registro como entidad de beneficencia (al que en esta sección se da el nombre de “solicitante”) o una entidad de beneficencia registrada ha puesto, pone o es probable que ponga a disposición de un grupo terrorista cualesquiera recursos, en forma directa o indirecta.

2) Se entregará al solicitante o a la entidad de beneficencia registrada una copia del acta, personalmente o por carta registrada remitida a su última dirección conocida, con copia.

3) Ni el acta ni ningún otro asunto emanado de la misma podrán ser revisados, ni podrán introducírseles restricciones o prohibiciones; tampoco podrán ser revocados, anulados u objeto de medidas de otro género, a no ser de conformidad con lo dispuesto en la presente sección.

4) Dentro del plazo de (30) treinta días contados a partir de la recepción de la copia de la notificación prevista en el inciso 2), el solicitante o la organización de beneficencia registrada podrá apelar ante el [tribunal superior] a los efectos de la revisión de la decisión del ministro.

5) Interpuesto un recurso conforme al inciso 4), un juez de ese tribunal deberá:

a) Examinar en audiencia la información, incluidos los eventuales informes de servicios de seguridad o de inteligencia criminal considerados por el [ministro de Hacienda] antes de firmar el acta, y recibir cualquier otra prueba o información que sea ofrecida por esos ministros o en nombre de ellos (independientemente de que esa información sea admisible en un tribunal de justicia), y podrá, a solicitud del ministro, examinar en todo o en parte esas pruebas o información en ausencia del solicitante, de la entidad de beneficencia registrada o de cualquier abogado que patrocine al solicitante o a la entidad en cuestión, si el juez cree que la divulgación de la información puede comprometer la seguridad nacional o la seguridad de cualquier persona.

b) Proporcionar al solicitante o a la entidad de beneficencia registrada una declaración en que se resuma la información de que dispone el juez, para que el solicitante o la entidad en cuestión estén razonablemente informados de las circunstancias del caso, sin que se divulge información que, en opinión del juez, comprometería la seguridad de un país o de una persona.

c) Dar al solicitante o a la entidad de beneficencia registrada posibilidades razonables de ser oídos.

d) Determinar si el acta es fundada a la luz de la información de que disponga el juez, o revocarla si no lo fuere.

6) La decisión que se adopte conforme al inciso 5) no estará sujeta a apelación ante ningún tribunal.

7) Si el juez llega a la conclusión, conforme al inciso 5), de que el acta es fundada, o si la misma no es impugnada dentro del plazo de (30) treinta días contados a partir de la fecha de notificación, el ministro dispondrá la publicación del acta en el diario oficial.

8) Si se determina que el acta fundada conforme al inciso 5) se entenderá, a todos los efectos, que existen razones suficientes para rechazar la solicitud de registro de la entidad de beneficencia a la que se hace referencia en el acta, o para revocar el registro de la entidad de beneficencia a la que se hace referencia en la misma.

9) Cuando el juez llegue a la conclusión de que el acta es infundada dispondrá el registro o el mantenimiento del registro de la entidad de beneficencia.

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