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Apéndice VII. Modelo de ley: Países con sistemas de Derecho romano

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
August 2003
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Título I. Definiciones1

A los efectos de la presente ley:

1. Por “fondos” y “bienes” se entenderá los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos jurídicos, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes, incluidos, entre otros, créditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, giros, acciones, títulos, obligaciones, letras de cambio y cartas de crédito2.

2. Por “instalación gubernamental o pública” se entenderá toda instalación o vehículo de carácter permanente o temporal utilizado u ocupado por representantes de un Estado, funcionarios del poder ejecutivo, el poder legislativo o la administración de justicia, empleados o funcionarios de un Estado u otra autoridad o entidad pública o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental, en el desempeño de sus funciones oficiales3.

3. Por “producto” se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo I-24.

4. Por “Convenio” se entenderá el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, abierto a la firma el 10 de enero de 2000.

Título II. Delitos

Artículo II-1. Financiamiento del terrorismo5

1. Comete delito quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, [ilícita y deliberadamente]6, proporcione o recolecte fondos, o trate de proporcionar o recolectar fondos [Opción:, o dispense o trate de dispensar servicios financieros u otros servicios]7 con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer:

a) Un acto que constituya un delito contemplado y definido en alguno de los tratados enumerados en el anexo al Convenio para la represión de la financiación del terrorismo, y al que [nombre del país que adopta la ley] esté adherido.

b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto.

2. Variante 18: [Para que un acto constituya un delito enunciado en el párrafo 1, no será necesario que los fondos se hayan usado efectivamente para cometer un delito mencionado en el párrafo 1, apartado a) o b).] Variante 2: [El delito existe independientemente de que llegue a producirse un acto de los referidos en el párrafo 1, apartado a) o b).]

3. Comete igualmente un delito quien:[9]

a) Participe como cómplice en la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 3 del presente artículo.

b) Organice la comisión de un delito enunciado en los párrafos 1 ó 3 del presente artículo, u ordene a otros cometerlo.

c) Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos enunciados en los párrafos 1 ó 3 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común, cuando esa contribución se realice con pleno conocimiento de la intención del grupo de cometer un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo o con el propósito de facilitar la actividad delictiva o los fines delictivos del grupo, cuando esa actividad o esos fines impliquen la comisión de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo10.

Artículo II-2. Justificaciones no admitidas

Los actos delictivos comprendidos en el ámbito del presente Convenio no pueden justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar11.

Título III. Medidas coercitivas [12]

Capítulo I. De la represión de los delitos

Sección 1. Sanciones aplicables

Artículo III-1. Financiamiento del terrorismo

Serán castigados con pena de prisión de … a … y multa de … a … quienes cometan un delito de financiamiento del terrorismo.

La tentativa de un delito de financiamiento del terrorismo se castigará Opción 1: [como si el delito se hubiera consumado] Opción 2: [con una pena reducida en [fracción] con respecto de la pena principal].

La complicidad en un delito, su organización, el ordenar que se cometa y la asistencia proporcionada para su comisión se castigarán como si el delito se hubiera consumado.

Artículo III-2. Asociación o confabulación con miras al financiamiento del terrorismo

Se castigará con las mismas penas la participación en una asociación o confabulación con miras a la comisión de los delitos contemplados en el artículo I-2.

Artículo III-3. Sanciones aplicables a las personas jurídicas

Cuando un delito de financiamiento del terrorismo lo comete un agente o un representante sometido a su gestión o control, las personas jurídicas, salvo el Estado, serán castigadas con una multa equivalente a [un múltiplo; por ejemplo, al quíntuplo] de las multas especificadas para las personas físicas, sin perjuicio de la condena de estas últimas como autoras o cómplices del delito.

Las personas jurídicas podrán, además, ser condenadas a:

a) La inhabilitación definitiva o por un período de hasta cinco años para el ejercicio directo o indirecto de ciertas actividades profesionales.

b) El cierre definitivo o por un período de hasta cinco años de los establecimientos que hayan servido para cometer el delito.

c) La disolución, cuando hayan sido creadas para cometer los delitos incriminados.

d) La difusión de la decisión en la prensa escrita o en cualquier otro medio de comunicación audiovisual.

Artículo III-4. Circunstancias agravantes

Variante a): La pena impuesta en los artículos II-1, II-2 y II-3 podrá llegar a convertirse en pena de prisión de … a … y multa de … a …:

Variante b): La pena impuesta en los artículos II-1, II-2 y II-3 podrá aumentarse en … [un tercio, u otra proporción determinada en función del sistema penal general en vigor]:

cuando el delito se cometa en el marco de una organización delictiva.

Artículo III-5. Circunstancias atenuantes

El régimen general de circunstancias atenuantes previsto por [… disposiciones del código penal sobre circunstancias atenuantes] será aplicable a los delitos previstos en el artículo I-2.

Sección 2. Del decomiso

Artículo III-6. Decomiso

En caso de condena por un delito de los previstos en el Artículo I-2, se ordenará el decomiso de los fondos y activos utilizados o que se haya tenido la intención de utilizar para cometer el delito; de los fondos y activos que sean objeto del delito, así como del producto del delito.

En el mandamiento de decomiso se designarán los fondos y activos de que se trate, con todos los detalles necesarios para poder identificarlos y localizarlos.

Cuando no sea posible poner de manifiesto los fondos y activos por decomisar se podrá ordenar el decomiso de su valor.

Todo aquel que se declare con derecho a los activos o fondos que sean objeto de un mandamiento de decomiso podrá impugnar este último ante la jurisdicción que haya dictado el mandamiento, dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha del mismo.

Artículo III-7. Nulidad de determinados instrumentos

Será nulo todo instrumento otorgado a título gratuito u oneroso, inter vivos o mortis causa, cuyo fin sea poner bienes fuera del alcance de las medidas de decomiso dispuestas en esta sección.

En caso de anulación de un contrato a título oneroso, el precio solo será restituido al comprador en la medida en que haya sido efectivamente pagado.

Artículo III-8. Destino de los bienes decomisados

Los fondos decomisados pasarán a propiedad del Estado, que podrá destinarlos a fondos de lucha contra la delincuencia organizada o contra el terrorismo, o a indemnizar a las víctimas del terrorismo o a sus familias. Los fondos continuarán sujetos a gravamen, hasta su valor, por los derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros.

Cuando se disponga el decomiso en virtud de una sentencia dictada en rebeldía, los bienes decomisados pasarán a ser propiedad del Estado y se liquidarán conforme a los procedimientos previstos en la materia. No obstante, si el tribunal, al conocer del recurso interpuesto contra la decisión, declara inocente a la persona procesada, dispondrá que el Estado restituya a ésta el valor de los bienes decomisados, salvo que se establezca que dichos bienes son producto de un crimen o delito.

Capítulo 2. Congelamiento de fondos en aplicación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Artículo III-9. Congelamiento de fondos

El [Primer Ministro, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia] podrá, por decisión administrativa, ordenar el congelamiento de fondos y otros activos de personas y organizaciones que designe el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas13. Esta decisión deberá publicarse en … [nombre del diario oficial].

Artículo III-10. Procedimiento de impugnación de medidas administrativas de congelamiento de fondos

Toda persona o entidad cuyos fondos hayan sido congelados conforme a lo dispuesto en el artículo II-9 y que crea haber sido incluida por error en una lista, podrá procurar la eliminación de su nombre de la lista, dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación de la misma, presentando una solicitud a esos efectos al ministro que haya ordenado el congelamiento. Deberá indicar en la solicitud todos los factores que puedan probar el error. La decisión del ministro con respecto a esta solicitud no estará sujeta a apelación.

Capítulo 3. Congelamiento, medidas precautorias e incautación en materia penal

Artículo III-11. De las medidas precautorias

[…nombre de la autoridad judicial competente para disponer medidas provisionales] podrá ordenar, de oficio o a instancias del ministerio público [Opción: o de una administración competente], a expensas del Estado, la adopción de medidas precautorias, incluido el congelamiento de capitales y de transacciones financieras referentes a activos, sea cual fuere su naturaleza, susceptibles de incautación o decomiso. Podrá ordenarse en todo momento el levantamiento de esas medidas a petición del ministerio público o, previo dictamen de éste, a petición de la administración competente o del propietario.

Artículo III-12. Incautación14

[…nombre de las autoridades judiciales y de los funcionarios competentes encargados de la detección y represión de los delitos vinculados con el financiamiento del terrorismo] podrán incautar los bienes relacionados con el delito objeto de la investigación, en especial los fondos utilizados o que se haya tenido la intención de utilizar para cometer los delitos contemplados en el artículo I-2, así como al producto de esos delitos y a cualesquiera elementos que puedan facilitar su identificación.

Título IV. Competencia de los tribunales de … [nombre del país que adopta la ley]15

Artículo IV-1. Competencia de los tribunales

El derecho penal de … [nombre del país que adopta la ley] es aplicable a los delitos enunciados en el artículo I-2 cuando éstos hayan sido cometidos:

a) En su territorio.

b) A bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave matriculada de conformidad con su legislación en el momento de la comisión del delito.

c) Por uno de sus nacionales.

d) Fuera de su territorio por una persona que ahora está presente en su territorio, en todos los casos en que [… nombre del país que adopta la ley] no conceda la extradición de esa persona a un Estado que solicite la extradición por el mismo delito.

e) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en el artículo I-2, párrafo 1, apartados a) o b) en su territorio o contra uno de sus nacionales, o que haya suscitado ese resultado.

f) Con el propósito de perpetrar uno de los delitos mencionados en el artículo I-2, párrafo 1, apartado a) o b), contra una instalación gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluidos los edificios diplomáticos o consulares de ese Estado, o que haya suscitado ese resultado.

g) Con el propósito de perpetrar uno de los delitos mencionados en el artículo I-2, párrafo 1, apartado a) o b), en un intento de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar determinado acto, o que haya suscitado ese resultado.

h) Por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado.

i) A bordo de una aeronave que sea explotada por el Gobierno de ese Estado.

Artículo IV-2. Jurisdicción territorial

El tribunal de [nombre de la capital] es competente para entender en casos referentes a delitos cometidos fuera del territorio nacional.

Título V. Cooperación internacional

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo V-1. Disposiciones generales16

Las autoridades de [… nombre del país que adopta la ley] se obligan a cooperar en la mayor medida posible con las de los demás Estados con fines de intercambio de información, investigación y procedimiento, en lo tocante a las medidas precautorias y al decomiso de los instrumentos y productos relacionados con el lavado de dinero, a los fines de la extradición y de la asistencia técnica recíproca.

Capítulo 2. Medidas relativas a personas objeto de investigación

Artículo V-2. Investigaciones

Cuando el ministerio público reciba información que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artículo I-2, tomará las medidas que sean necesarias para investigar los hechos comprendidos en esa información.

Artículo V-3. Medidas especiales

Si el ministerio público estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que correspondan a fin de asegurar la presencia de esa persona, a efectos de su enjuiciamiento o extradición, si es necesario solicitando la apertura de una investigación preliminar y la puesta bajo control judicial o la detención de una persona investigada.

Artículo V-4. Derecho de comunicación

Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el artículo V-3 tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de un apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente.

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado.

c) Ser informada de los derechos previstos en los apartados a) y b) de este párrafo.

Cuando el ministerio público reciba una solicitud de un Estado que haya asumido jurisdicción con respecto al delito conforme al artículo 7, párrafos 1 b) y 2 b) del Convenio, deberá disponer lo necesario para que la persona detenida conforme al artículo IV-3 pueda ser visitada por un representante de la Cruz Roja Internacional.

Artículo V-5. Notificación a los Estados competentes

Cuando la persona que sea objeto de la investigación indicada en el artículo IV-2 ha sido detenida, el ministerio público deberá hacer saber, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, a los Estados Partes que hayan asumido jurisdicción y, si lo considera oportuno, a los demás Estados interesados, el hecho de la detención y las circunstancias que la justifiquen. El ministerio público dará a conocer sin dilación los resultados de la investigación a los Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Capítulo 3. Solicitudes de cooperación judicial

Artículo V-6. Objeto de las solicitudes de cooperación

A petición de un Estado extranjero, las solicitudes de cooperación relativas a delitos de los previstos en el artículo I-2 de la presente ley serán atendidas conforme a los principios que se definen en el presente título. En especial la cooperación podrá incluir:

  • - Recopilación de pruebas o toma de declaraciones testimoniales.

  • - Prestación de asistencia para se pongan a disposición de las autoridades judiciales del Estado que lo solicite a las personas detenidas o a otras personas, con el fin de que presten declaración testimonial o ayuden en la realización de la investigación.

  • - Notificación de documentos judiciales.

  • - Realización de inspecciones e incautaciones.

  • - Examen de objetos y lugares.

  • - Facilitación de información y de elementos de prueba.

  • - Entrega de originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, estados financieros y registros que documenten las operaciones de una compañía o sus actividades empresariales.

Artículo V-7. Denegación de la ejecución de solicitudes

1. Las solicitudes de cooperación podrán ser denegadas solo en los casos siguientes17:

a) Si existen motivos fundados para creer que las medidas o la decisión solicitadas se dirigen contra la persona de que se trate únicamente por razón de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas18.

b) Si la solicitud no procede de una autoridad competente según la legislación del país requirente, o si no se remite conforme al procedimiento establecido.

c) Si los hechos a que se refiere son objeto de un procedimiento penal o han sido ya objeto de una decisión definitiva en el territorio de … [nombre del país que adopta la ley].

2. No podrá invocarse el secreto bancario para denegar la ejecución de una solicitud.

3. El ministerio público podrá apelar la decisión tomada por un tribunal de denegar la ejecución dentro de los […] días siguientes a esa decisión.

4. El gobierno de … [nombre del país que adopta la ley] comunicará sin demora al gobierno extranjero los motivos de la denegación de la ejecución de la solicitud.

Artículo V-8. Solicitud de medidas de investigación

Las medidas de investigación se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la legislación de … [nombre del país que adopta la ley], a menos que las autoridades competentes extranjeras hayan solicitado que se proceda de una forma determinada compatible con la legislación de … [nombre del país que adopta la ley].

Un magistrado o un funcionario público delegado por la autoridad competente extranjera podrá asistir a la ejecución de las medidas, según éstas sean efectuadas por un magistrado o por un funcionario público.

Artículo V-9. Solicitud de medidas provisionales

El tribunal al que una autoridad competente extranjera solicite que dicte medidas precautorias ordenará las medidas solicitadas previstas en la legislación de … [nombre del país que adopta la ley]. Podrá asimismo tomar una medida cuyos efectos correspondan en la mayor medida posible a las medidas solicitadas. Si la solicitud está redactada en términos generales, el tribunal dictará las medidas más apropiadas previstas por la legislación.

En caso de que se oponga a la ejecución de medidas no previstas en la legislación de … [nombre del país que adopta la ley], el tribunal al que se solicite la ejecución de medidas precautorias dictadas en el extranjero podrá sustituirlas por medidas previstas en esa legislación cuyos efectos correspondan en la mayor medida posible a las medidas cuya ejecución se solicita.

Serán aplicables las disposiciones relativas al levantamiento de las medidas precautorias previstas en el artículo II-11, párrafo 2, de la presente ley.

Artículo V-10. Solicitud de decomiso

Cuando se presente una solicitud de cooperación judicial para que se dicte un mandamiento de decomiso, el tribunal decidirá tras derivar el asunto a la autoridad encargada del procesamiento. El mandamiento de decomiso deberá referirse a los fondos usados o que se haya tenido la intención de usar para cometer un delito de financiación del terrorismo o que constituyan el producto de ese delito, y se encuentren en el territorio de … [nombre del país que adopta la ley].

El tribunal al que se hubiera remitido una solicitud de ejecución de un mandamiento de decomiso dictada en el extranjero deberá aceptar la constatación de los hechos en los que se funde el mandamiento y no podrá negarse a atender la solicitud más que por alguno de los motivos enumerados en el artículo IV-7.

Artículo V-11. Disposición de los bienes decomisados

El Estado … [nombre del país que adopta la ley] goza de la facultad de disponer de los fondos decomisados en su territorio a petición de autoridades extranjeras.

No obstante, el Estado puede llegar a acuerdos con Estados extranjeros, referentes al reparto, sistemáticamente o caso a caso, de fondos derivados de decomisos ordenados a pedido.

Capítulo 4. Extradición

Artículo V-12. Solicitudes de extradición

En caso de que se reciba una solicitud de extradición, se aplican las disposiciones del Convenio, los procedimientos y principios que no sean contrarios al Convenio estipulados en un tratado de extradición en vigor entre el Estado requirente y … [nombre del país que adopta la ley], así como las disposiciones de la presente ley.

Artículo V-13. Medidas de seguridad

Si se considera que las circunstancias del caso lo justifican, el ministerio público deberá adoptar medidas apropiadas que garanticen la presencia de la persona a la que se refiera la solicitud de extradición, cuando sea necesario solicitando el tribunal que recibe la solicitud de extradición que la someta a control judicial o la mantenga en detención.

Artículo V-14. Doble tipificación penal

Conforme a la presente ley, la extradición solo se ejecutará cuando el delito que dé lugar a la extradición o un delito análogo esté previsto en la legislación del Estado solicitante y en la de …. [nombre del país que adopta la ley].

Artículo V-15. Causales de denegación obligatoria de la extradición

No se concederá la extradición:

a) Si existen motivos fundados para creer que ha sido solicitada con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opinión política, sexo o estado civil, o que el cumplimiento de lo solicitado puede ir en detrimento de la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos19.

b) Si se ha dictado sentencia firme en … [nombre del país que adopta la ley] por la comisión del delito por el que se solicita la extradición.

c) Si, de conformidad con la legislación de cualquiera de los dos países, la persona cuya extradición se solicita goza de inmunidad con respecto al procesamiento o castigo por algún motivo, entre los que se incluyen la prescripción y la amnistía.

d) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido o va a ser objeto, en el Estado solicitante, de torturas o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, o si no ha tenido ni va a tener un proceso penal con las garantías mínimas que se establecen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo V-16. Motivos para denegar facultativamente la extradición Podrá denegarse la extradición:

a) Si en … [nombre del país que adopta la ley] hay un proceso pendiente contra la persona reclamada por el delito en que se funda el pedido de extradición.

b) Si la persona cuya extradición se solicita ha sido condenada o podría ser juzgada o condenada en el Estado solicitante por un tribunal extraordinario o especial.

c) Si … [nombre del país que adopta la ley], tras haber tenido también en cuenta el carácter del delito y los intereses del Estado solicitante, considera que, dadas las circunstancias del caso, la extradición de esa persona no sería compatible con consideraciones de tipo humanitario en razón de la edad, el estado de salud u otras circunstancias personales de esa persona.

d) Si se promueve la extradición a fin de hacer cumplir una sentencia definitiva dictada en rebeldía, y la persona de que se trate no ha podido proveer a su defensa por razones que escapan a su control.

e) Si … [nombre del país que adopta la ley] ha asumido su jurisdicción en relación con el delito conforme a lo dispuesto en el artículo III-1 de la presente ley.

Artículo 15 del Convenio (que comprende también la cooperación judicial).

Opciones:

f) Si a la persona cuya extradición se solicita se le puede imponer la pena de muerte por los hechos de los que se le acusa en el país solicitante, a menos que ese Estado dé garantías suficientes de que la pena no será ejecutada.

g) Si la persona cuya extradición se solicita es nacional de … [nombre del país que adopta la ley].

Artículo V-17. Principio aut dedere aut judicare [obligación de extraditar o enjuiciar en Derecho internacional]

Si … [nombre del país que adopta la ley] deniega la extradición, deberá someter el asunto a sus autoridades competentes a fin de que puedan iniciarse actuaciones contra la persona en cuestión por el delito que haya dado lugar a la solicitud.

Artículo V-18. Entrega de bienes

En la medida en que lo permita la legislación nacional y sin perjuicio de los derechos de terceros, en caso de que se conceda la extradición se entregarán todos los bienes hallados en el territorio de … [nombre del país que adopta la ley] que hubiesen sido adquiridos de resultas de la comisión del delito o que pudieran requerirse como elementos de prueba.

Podrá hacerse entrega de esos bienes al Estado solicitante, si éste así lo solicita, aun en el caso de que no pueda realizarse la extradición a la que ya se haya accedido.

Cuando esos bienes puedan ser objeto de incautación o decomiso en el territorio de … [nombre del país que adopta la ley], ese Estado podrá retenerlos temporalmente o entregarlos.

Una vez concluidas las actuaciones y siempre que lo exija la legislación nacional o sea necesario para la protección de derechos de terceros, los bienes que se hayan entregado conforme a lo señalado se restituirán sin ningún cargo a … [nombre del país que adopta la ley], a petición de éste.

Capítulo 5. Disposiciones comunes a las solicitudes de asistencia recíproca y de extradición

Artículo V-19. Carácter político del delito

A efectos de la presente ley, los delitos enunciados en el artículo I-2 no se considerarán delitos de carácter político, delitos conexos con delitos políticos, delitos inspirados en motivos políticos, ni delitos fiscales.

Artículo V-20. Remisión de solicitudes

Las solicitudes enviadas por autoridades extranjeras con miras a descubrir actividades de lavado de dinero o para ejecutar o dictar medidas precuatorias o de decomiso, o con miras a la extradición, serán remitidas por vía diplomática. En caso de urgencia podrán ser remitidas por intermedio de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC/Interpol) o en forma directa por las autoridades extranjeras a las autoridades judiciales de … [nombre del país que adopta la ley], por correo o cualquier otro medio de transmisión más rápido, que deje constancia escrita o sustancialmente equivalente. En tal caso, a falta de aviso dado por vía diplomática, las solicitudes no son susceptibles de ejecución inmediata.

Las solicitudes y sus anexos deberán ir acompañados de una traducción a un idioma aceptable para … [nombre del país que adopta la ley].

Artículo V-21. Contenido de las solicitudes

Las solicitudes deberán precisar:

1. La autoridad que solicita la medida.

2. La autoridad a la que se presenta la solicitud.

3. El objeto de la solicitud y demás observaciones pertinentes sobre su contexto.

4. Los hechos que la justifican.

5. Todos los elementos conocidos que puedan facilitar la identificación de las personas de que se trate; y en particular el estado civil, la nacionalidad, el domicilio y la profesión.

6. Todos los datos necesarios para identificar y localizar a las personas, así como los instrumentos, recursos o bienes de que se trate.

7. El texto de la disposición jurídica que tipifique el delito o, en su caso, una reseña de la legislación aplicable a éste, con indicación de la pena con que se castiga dicho delito.

Además, en ciertos casos particulares, las solicitudes deberán contener los elementos siguientes:

1) En caso de que se solicite la adopción de medidas precautorias, una descripción de las medidas solicitadas.

2) En caso de que se solicite la adopción de un mandamiento de decomiso, una relación de los hechos y argumentos pertinentes que permita a las autoridades judiciales ordenar el decomiso conforme a su Derecho interno.

3) En caso de que se solicite la ejecución de un mandamiento de medidas precautorias o de decomiso:

a) Una copia auténtica certificada del mandamiento y, si no está enunciada en ésta, la relación de sus motivos.

b) Una declaración de que el mandamiento es ejecutorio y no es recurrible por vía ordinaria.

c) La indicación de los límites hasta donde debe ejecutarse el mandamiento y, en su caso, de la cuantía de la suma que se ha de recuperar del bien o de los bienes.

d) Si es procedente y posible, cualesquiera otras indicaciones relativas a los derechos que podrían ser reivindicados por terceros sobre los instrumentos, los recursos, los bienes u otros objetos en cuestión.

4) En el caso de una solicitud de extradición, si la persona ha sido declarada culpable de un delito: la sentencia o una copia auténtica certificada de ésta o de cualquier otro documento en el que se establezca que se ha comprobado la culpabilidad del interesado y se indique la pena aplicada, el hecho de que la sentencia es ejecutoria y la medida en que la pena no ha sido cumplida.

Artículo V-22. Tramitación de las solicitudes

El Ministro de Justicia de … [nombre del país que adopta la ley], una vez comprobada la regularidad de la solicitud, la transmitirá al ministerio público del lugar donde deban realizarse las investigaciones, del lugar donde se encuentren los recursos o los bienes considerados o del lugar donde se encuentre la persona cuya extradición se solicita.

El ministerio público remitirá a los funcionarios competentes las solicitudes de investigación y al tribunal competente las solicitudes relativas a las medidas precautorias, los decomisos o la extradición.

Un magistrado o un funcionario público delegado por la autoridad competente extranjera podrá asistir a la ejecución de las medidas según ésta esté a cargo de un magistrado o de un funcionario público.

Artículo V-23. Información complementaria

El Ministerio de Justicia o el ministerio público podrán, de oficio o a petición del tribunal al que se hubiera transmitido la solicitud, pedir por vía diplomática o directamente a la autoridad competente extranjera toda la información complementaria que fuere necesaria para dar cumplimiento a la solicitud o para facilitar tal cumplimiento.

Artículo V-24. Petición de trato confidencial

Cuando en la solicitud se pida que tanto su existencia como su contenido se mantengan confidenciales, se accederá a esa petición, salvo en la medida en que sea necesario proceder de otro modo para darle efecto. En caso de imposibilidad, se deberá informar de ello sin demora a las autoridades solicitantes.

Artículo V-25. Aplazamiento

El ministerio público solo podrá aplazar la presentación del asunto a las autoridades policiales o al tribunal si las medidas o el mandamiento solicitados pudieren ir en detrimento de las investigaciones o actuaciones en curso. El ministerio público informará inmediatamente al respecto a la autoridad solicitante, por vía diplomática o directamente.

Artículo V-26. Procedimiento simplificado de extradición

Para los delitos previstos en la presente ley y siempre que la persona cuya extradición se solicita haya dado su consentimiento explícito, … [nombre del país que adopta la ley] podrá conceder la extradición una vez que haya recibido la solicitud de detención preventiva.

Artículo V-27. Prohibición de utilizar los elementos de prueba para otros fines

Estará prohibido comunicar o utilizar en investigaciones o actuaciones distintas de las mencionadas en la solicitud extranjera, los elementos de prueba que ésta contenga, so pena de nulidad de esas investigaciones o actuaciones, a menos que el gobierno extranjero haya dado su consentimiento previo.

Artículo V-28. Imputación de los gastos

Los gastos a que diere lugar la ejecución de las solicitudes previstas en el presente título estarán a cargo del Estado de … [nombre del país que adopta la ley], a menos que se haya acordado otra cosa con el país solicitante.

Título VI. Disposiciones varias

Capítulo 1. Asociaciones y organizaciones sin fines de lucro

Artículo VI-1. Procedimiento de registro

Toda asociación u organización sin fines de lucro que desee recaudar, o recibir, otorgar o transferir fondos, deberá ser incluida en el registro [de asociaciones] [de organizaciones sin fines de lucro] conforme a procedimientos definidos por decreto.

La solicitud inicial de registro debe incluir el nombre, el apellido, la dirección y el número telefónico de todas las personas a las que se hayan confiado cometidos referentes a las operaciones de la asociación; especialmente el presidente, el vicepresidente, el secretario general, los miembros del directorio y el tesorero, según corresponda. Todo cambio en la identidad de los responsables deberá ser notificado a la autoridad encargada de mantener el registro.

Artículo VI-2. Donaciones

Toda donación efectuada a una asociación u organización de las indicadas en el artículo precedente por un monto no menor que el establecido por decreto deberá asentarse en un registro mantenido a esos efectos por la asociación u organización, en el que deberán figurar los detalles completos del donante, la fecha, las características y el monto de la donación. El registro deberá mantenerse por un período de […] años y presentarse a solicitud de cualquier autoridad competente para la supervisión de organizaciones sin fines de lucro y, cuando se lo solicite, a las autoridades de la policía judicial encargadas de una investigación criminal.

[Cuando el donante de una suma que supere la cantidad referida desee permanecer anónimo, en el registro podrá omitirse la identificación, pero la asociación u otra organización estará obligada a dar a conocer su identidad a las autoridades de la policía judicial responsables de la investigación criminal, si las mismas lo solicitan].

Artículo VI-3. Declaraciones obligatorias

Por toda donación de efectivo por un monto no inferior a una suma establecida por decreto deberá presentarse una declaración, que deberá registrarse ante [la unidad de investigación financiera] siguiendo los procedimientos definidos en el decreto.

Toda donación está sujeta también a la presentación de una declaración ante la [unidad de investigación financiera] cuando se sospecha que los fondos han estado vinculados con una operación terrorista o con el financiamiento del terrorismo.

Artículo VI-4. Contabilidad y cuentas bancarias

Las asociaciones y otras organizaciones sin fines de lucro están obligadas a llevar registros contables, conforme a las disposiciones vigentes, y a presentar sus estados financieros correspondientes al año precedente, a las autoridades designadas a esos efectos, dentro de un plazo de […] meses contados a partir de la fecha de cierre de su ejercicio financiero.

Las asociaciones u otras organizaciones sin fines de lucro están obligadas a depositar en una cuenta bancaria establecida en una institución bancaria

autorizada todas las sumas de dinero que se les entreguen con carácter de donación o en el contexto de las transacciones que deban realizar.

Artículo VI-5. Asociaciones prohibidas

Sin perjuicio de la realización de actuaciones penales, el ministro de […] podrá, por decisión administrativa, ordenar la prohibición temporal o la disolución de asociaciones u otras organizaciones sin fines de lucro que, con pleno conocimiento de los hechos, alienten, promuevan, organicen o cometan los delitos indicados en el artículo I-2 de la presente ley.

Deberán establecerse por decreto las condiciones de aplicación de las presentes disposiciones.

Artículo VI-6. Sanciones

Toda violación de las disposiciones del presente capítulo está sujeta a una de las penas siguientes:

a) Multa de no más de […].

b) Prohibición temporal de las actividades de la asociación u organización, por un plazo de no más de […].

c) Disolución de la asociación u organización.

Capítulo 2. Sistemas alternativos de transferencia de fondos

Artículo VI-7. Opción 1: [Autorización de funcionamiento] Opción 2: [Inscripción en el registro]20

1. Toda persona física o jurídica no autorizada como institución financiera en la acepción de la ley … [leyes de bancos y legislación referente a otras instituciones financieras] o cualquier otra ley aplicable, que realice, en representación o en nombre de otra persona física o jurídica, operaciones de transferencia de fondos o activos en el sentido del siguiente párrafo, como actividad principal o esencial, regular o periódicamente o además de otra actividad, deberá Opción 1: [estar autorizada para hacerlo por … [nombre de la autoridad designada a esos efectos]] Opción 2: [inscribirse en un registro abierto a esos efectos por … [nombre de la autoridad designada a esos efectos]].

2. Un sistema de transferencia de fondos o activos consiste en un servicio financiero que acepta efectivo, cheques o cualesquiera otros instrumentos de pago o depósito de valor en determinado lugar y paga una suma equivalente en efectivo o de cualquier otra forma a un beneficiario ubicado en otra región geográfica mediante un método de comunicación, un mensaje, una transferencia o un sistema de compensación al que pertenezca el sistema de transferencia de fondos o activos. En las transacciones realizadas a través de esos servicios podrán participar uno o más intermediarios, así como un tercero que reciba el pago final21.

3. Las siguientes disposiciones de la ley … [referencia a la ley sobre lavado de dinero] son aplicables a los servicios de transferencias indicados en los párrafos 1 y 222:

  • Artículo … [disposiciones sobre identificación del cliente];

  • Artículo … [disposiciones sobre informes referentes a transacciones sospechosas]; y

  • Artículo … [disposiciones sobre retención de documentos]

  • Artículo … [otras disposiciones]

4. Deben establecerse por decreto los métodos de aplicación de este artículo.

Artículo VI-8. Sanciones

1. Se aplica pena de prisión de … a … y una multa de … a … a quienes realicen transferencias de fondos en el sentido de los párrafos 1 y 2 sin Opción 1: [previa autorización para ello] Opción 2: [haber sido inscritos en el registro indicado en el párrafo 1]23.

2. La tentativa de cualquiera de los delitos a los que se hace referencia en el párrafo precedente se castigará con la misma pena que el delito consumado [variante: con una pena reducida en [fracción] con respecto a la pena principal].

3. La complicidad se castiga como el delito consumado.

4. Las personas jurídicas pueden, además, ser objeto de las siguientes medidas:

a) Inhabilitación definitiva o por un período de hasta cinco años para el ejercicio directo o indirecto de ciertas actividades profesionales.

b) Cierre definitivo o por un período de hasta cinco años de los establecimientos que hayan servido para cometer el delito.

c) Disolución, cuando hayan sido creadas para cometer los delitos incriminados.

d) Multa de hasta […].

5. Se aplicará una multa de … a … a quienes realicen transferencias de fondos en la acepción de los párrafos 1 y 2 que anteceden, sin cumplir las disposiciones del párrafo 3. A las personas jurídicas podrá imponérseles además una multa por un máximo de … a … y, en caso de reincidencia, las penas indicadas en el párrafo 4.

Capítulo 3. Información que debe acompañar a las transferencias por cable

Artículo VI-9. Información que debe acompañar a las transferencias por cable24

1. Todas las transferencias transfronterizas por cable deben ir acompañadas de información precisa sobre la persona que las ordena; especialmente su nombre y, si corresponde, su cuenta bancaria. A falta de un número de cuenta, la transferencia debe ir acompañada de un número único de referencia.

2. Todas las transferencias internas por cable deben incluir la misma información que las transferencias transfronterizas, a menos que toda la información referente a la persona que ordena la transferencia pueda ponerse a disposición de las instituciones financieras del beneficiario y de las autoridades competentes de algún otro modo.

3. Deben establecerse por decreto los métodos de aplicación del presente artículo.

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