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Apéndice VI. Metodología de evaluación del cumplimiento de normas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo1

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
August 2003
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2.1 Medidas Referentes a La Justicia Penal y a La CooperaciÓn Internacional

I. Tipificación como delito del LD y el FT

1. Cada jurisdicción debe haber ratificado y aplicado plenamente la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (Convención de Viena), la Convención Internacional de las Naciones Unidas para Supresión de la Financiación del Terrorismo de 1999, y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2000 (Convención de Palermo), así como, cuando corresponda, otras convenciones ALD/LFT regionales (como la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo de capitales, investigación, incautación y decomiso del producto de delitos). Cada país debe aplicar también, inmediatamente, las resoluciones de las Naciones Unidas sobre prevención y supresión del financiamiento de los terroristas, en especial, la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase GAFI 1, 35, I).

2. Cada jurisdicción debe tipificar como delito el blanqueo de capitales tal y como se prevé en las Convenciones de Palermo y de Viena (véase GAFI 4).

  • 2.1 El delito de LD puede comprender no solo a las personas que hayan cometido actos de LD, sino también a quienes, además del lavado de dinero, hayan cometido el delito subyacente.

  • 2.2 No debe ser imprescindible que una persona sea condenada por un delito subyacente para establecer que determinados activos son producto de dicho delito, ni para condenar a una persona por el lavado de ese producto.

  • 2.3 Se debe ampliar el delito de blanqueo de capitales a todos los delitos graves incluidos el tráfico de estupefacientes y el FT (véase GAFI 4, II). Es posible identificar los delitos de LD en forma de listas o en forma genérica, incluso en función del término de la pena.

  • 2.4 El delito de LD debe extenderse a todo tipo de bienes que directa o indirectamente representen el producto de un delito.

  • 2.5 Los delitos subyacentes referentes a LD deben comprender los actos cometidos en otro país que habrían constituido un delito subyacente si se hubieran cometido en el país.

3. La tipificación del FT debe basarse en la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Supresión de la Financiación del Terrorismo (véase GAFI II).

  • 3.1 El delito de FT debe castigarse también cuando los terroristas o las organizaciones terroristas se encuentren en otra jurisdicción o los actos terroristas se cometan en otra jurisdicción (véase GAFI II).

4. Las normas sobre delitos de LD y FT deberían aplicarse al menos a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades intencionales de LD o FT, entendiendo que el elemento intencional de estos delitos podrá inferirse de circunstancias de hecho objetivas (véase GAFI 5).

  • 4.1 Si el sistema legal de la jurisdicción lo permite, las empresas mismas (por ejemplo, compañías, fundaciones) deberían estar sujetas a responsabilidad penal por los delitos de LD y FT (véase GAFI 6).

5. Las leyes deben disponer sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, de carácter penal, civil o administrativo, para los actos de LD y FT.

6. Los medios y recursos legales deben ser adecuados para posibilitar una aplicación efectiva de las leyes sobre LD y FT.

II. Confiscación del producto del delito o de los bienes utilizados para financiar el terrorismo

7. Las leyes deben prever la confiscación de los bienes blanqueados2, del producto y de los instrumentos utilizados o que se pretenda utilizar para la comisión de cualquier LD o de un delito subyacente, y de bienes de valor correspondiente. Las leyes deben prever la confiscación de bienes que sean el producto de FT, se utilicen, se pretendan utilizar o se destinen a ser utilizados en actividades de FT (véase GAFI 7, III).

  • 7.1 Las leyes y otras medidas deben disponer la congelación y/o incautación de bienes que sean o puedan llegar a ser objeto de confiscación. Estas leyes o medidas pueden disponer que la solicitud inicial de congelación o incautación de bienes puedan realizarse ex parte.

  • 7.2 Si el sistema legal de la jurisdicción lo permite, los Estados deben considerar la sanción de leyes que prevean la confiscación de los bienes de organizaciones cuyo carácter primordialmente delictivo se haya comprobado (por ejemplo, organizaciones cuya función principal sea realizar actividades ilegales o colaborar en su realización).

  • 7.3 Las leyes deben prever la confiscación de bienes de valor correspondiente, en caso de que no se disponga de bienes sujetos a confiscación (véase GAFI 7, III).

  • 7.4 Si el sistema legal lo permite, las jurisdicciones deben considerar la posibilidad de sancionar leyes que autoricen la confiscación sin necesidad de condena penal (incautación civil), además del sistema de confiscación activado por una condena penal.

8. Debe conferirse a los organismos de seguridad pública, las UIF u otras autoridades competentes atribuciones adecuadas para identificar y realizar el seguimiento de los bienes que sean o puedan ser objeto de confiscación, o de los que se sospeche que sean el producto del delito o hayan sido usados para FT (véase GAFI 7, III).

9. Las leyes deben proteger los derechos de terceros de buena fe. Esta protección debe ser compatible con las normas previstas en la Convención de Palermo y en la Convención de Estrasburgo, cuando sean aplicables (véase GAFI 7).

10. Además de la confiscación y de las sanciones penales, si el sistema legal de la jurisdicción lo permite las autoridades deben estar facultadas para declarar la nulidad o inaplicabilidad de un contrato cuando alguna de las partes del mismo sepa o deba haber sabido que el contrato iría en detrimento de la capacidad de las autoridades de hacer efectivos derechos financieros resultantes de la aplicación de la legislación ALD/LFT (véase GAFI 7).

11. Las autoridades deben llevar estadísticas sobre el importe de los bienes congelados, incautados y confiscados en relación con LD, con los delitos subyacentes y con FT (véase GAFI 7, 38).

12. Debe brindarse capacitación a autoridades administrativas, investigadoras, de la fiscalía y judiciales en relación con la aplicación coercitiva de las leyes referentes a congelación, incautación y confiscación de bienes.

13. A través de leyes y otras medidas debe disponerse la congelación inmediata de fondos u otros bienes de terroristas, de quienes financien el terrorismo y de las organizaciones terroristas, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas referentes a la prevención y supresión del FT (por ejemplo, U.N. SCR 1267, 1269, 1390) (véase GAFI III).

  • 13.1 Las autoridades deben llevar estadísticas sobre el importe de los bienes congelados en relación con el FT y sobre el número de personas o entidades cuyos bienes hayan sido congelados.

14. Las autoridades competentes deben estar facultadas para identificar y congelar los bienes de sospechosos de terrorismo, de quienes financien el terrorismo y a organizaciones terroristas, aunque los nombres de esas personas no aparezcan en la(s) lista(s) que mantienen los comités pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

15. Si el sistema legal de la jurisdicción lo permite, la jurisdicción debe considerar la posibilidad de establecer un fondo de decomiso de activos en el que se depositarán todos o parte de los bienes confiscados. El fondo se utilizará para la administración de los bienes incautados y confiscados, y con fines de seguridad pública, salud, educación u otros fines pertinentes (véase la nota interpretativa de GAFI 38).

16. Si el sistema legal de la jurisdicción lo permite, la jurisdicción debe considerar la posibilidad de establecer mecanismos de reparto de los activos confiscados con otras jurisdicciones, especialmente cuando la confiscación sea el resultado directo o indirecto de medidas coordinadas de aplicación coercitiva de la ley. Salvo acuerdo en contrario, estos convenios de intercambio recíproco no deben imponer condiciones a las jurisdicciones que reciban los bienes en cuestión (véase GAFI 38, nota interpretativa de GAFI 38).

[…]

V. Cooperación internacional

34. Deben sancionarse leyes y establecerse procedimientos que permitan disponer de la gama más amplia posible de medidas de asistencia jurídica mutua en materia de ALD/LFT—requieran o no la aplicación de medidas compulsivas—entre las que se incluyen la presentación de registros por parte de instituciones financieras y otras personas, el registro de personas y el allanamiento de establecimientos, la incautación y obtención de pruebas que hayan de ser usadas en investigaciones ALD/LFT y actuaciones tendientes al procesamiento de sus responsables, y en actividades conexas en jurisdicciones extranjeras (véase GAFI 3, 32, 34, 36, 37, 38, 40, I y V).

  • 34.1 Deben existir leyes y procedimientos apropiados para suministrar una efectiva asistencia jurídica mutua en investigaciones o procedimientos ALD/LFT cuando la autoridad solicitante promueva: i) la presentación o incautación de información, documentos o pruebas (incluidos registros financieros) de instituciones financieras, otras entidades o personas naturales, allanamientos de instituciones financieras, otras entidades y domicilios privados; ii) la toma de declaraciones a testigos, y iii) la identificación, congelación, incautación o confiscación de activos blanqueados o que se tenga la intención de blanquear, el producto de LD y de activos utilizados para el FT, o que se tenga la intención de utilizar a esos fines, así como los instrumentos utilizados para cometer esos delitos, y activos de valor correspondiente (véase GAFI 34, 37, 38, V).

  • 34.2 Debe proporcionarse asistencia en las investigaciones y procedimientos en que alguna persona haya cometido tanto el delito de lavado de dinero como el delito subyacente, así como en investigaciones y procedimientos en que una persona haya cometido exclusivamente el delito de lavado de dinero (véase GAFI 33).

35. Debe recurrirse en la mayor medida posible a la asistencia jurídica mutua para hacer efectivas las solicitudes de asistencia formuladas por autoridades extranjeras en relación con investigaciones, procesamientos, confiscaciones, extradiciones y otras actividades y procedimientos vinculados con el LD y los delitos subyacentes.

  • 35.1 En la mayor medida posible, se debe tratar de asegurar que los diferentes criterios tomados en consideración en las definiciones nacionales sobre el elemento intencional de la infracción no afecten a la capacidad o disposición de los países para prestarse asistencia jurídica mutua (véase GAFI 33).

  • 35.2 Las autoridades deben realizar un seguimiento oportuno y efectivo de las solicitudes de asistencia mutua en cuestiones penales (véase GAFI 37,38).

  • 35.3 Las autoridades deben mantener estadísticas sobre todas las solicitudes de asistencia jurídica mutua y de otras solicitudes efectuadas o recibidas en relación con el LD, con los delitos subyacentes y con el FT, incluidos los detalles de las características y los resultados de la solicitud.

36. La cooperación internacional debe estar apoyada en una red de convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales basados en conceptos jurídicos comunes (véase GAFI 3, 34).

37. Deben establecerse mecanismos que permitan a los servicios de seguridad pública intercambiar información, con respecto a los temas que se

investiguen, con sus homólogos internacionales, basándose en los acuerdos en vigor y en otros mecanismos de cooperación. Las autoridades deben registrar el número, la fuente y la finalidad de la solicitud de intercambio de información y de la resolución adoptada (véase GAFI 34, V).

38. Debe autorizarse la cooperación en materia de investigaciones, incluida la entrega vigilada, con las autoridades competentes de otros países, siempre que se establezcan garantías adecuadas, como la necesidad de obtener autorización judicial (véase GAFI 3, 36).

39. Deben existir mecanismos de coordinación de las actividades de incautación y confiscación, incluida, cuando esté permitida, la autorización del reparto con otros países de los activos confiscados, cuando la confiscación sea el resultado directo o indirecto de medidas coordinadas de seguridad pública (véase GAFI 38, 39).

40. Deben existir leyes y procedimientos para extraditar a los acusados de blanqueo de capitales o de financiamiento del terrorismo, o de delitos conexos (véase GAFI 3, 40, V).

  • 40.1 Las jurisdicciones que no hagan lugar a pedidos de extradición de sus propios nacionales deberán, si la jurisdicción que solicite la extradición así lo requiere y de conformidad con los principios generales relacionados con la asistencia mutua, remitir el caso sin demoras injustificadas a las autoridades competentes a fin de procurar el procesamiento de los culpables de los delitos indicados en la solicitud.

41. Los países deben tomar todas las medidas posibles para asegurar que se denegará refugio a los individuos acusados de financiar el terrorismo, acciones terroristas u organizaciones terroristas, y deben contar con procedimientos para extraditar cuando sea posible a tales individuos (GAFI V).

42. Debe proporcionarse a las autoridades pertinentes los recursos financieros, humanos y técnicos suficientes para realizar una adecuada supervisión, llevar a cabo las investigaciones y responder con prontitud y cabalmente a las solicitudes de asistencia recibidas de otros países.

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