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4: Otras funciones de las UIF

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
February 2005
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Las tres funciones básicas de todas las UIF que pertenecen al Grupo Egmont son recibir informes de operaciones sospechosas y de otra índole, analizarlos y difundir la inteligencia financiera resultante; pero algunas unidades desempeñan otras funciones, como las cinco que se analizan a continuación: supervisar el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT, bloquear operaciones, capacitar al personal de las entidades notificadoras sobre las obligaciones de notificación y otras relacionadas con ALD/LFT, llevar a cabo estudios y fomentar la conciencia pública sobre temas ALD/LFT.

Algunas UIF cumplen otras funciones. La recopilación y el archivo de la inteligencia financiera es de especial interés. A lo largo de los años, muchas UIF han reunido un acervo de información e inteligencia financiera a partir de datos recibidos y analizados sobre operaciones sospechosas y de otra índole, pero algunas UIF se han convertido en “depósitos” nacionales centralizados de información e inteligencia financiera y han elaborado programas para que las autoridades encargadas de aplicar la ley puedan consultarla. FinCEN en los Estados Unidos es un ejemplo.

Otras UIF, formal o informalmente, brindan a las autoridades importantes servicios de asesoramiento sobre numerosos aspectos relativos al lavado de dinero y los medios para combatirlo. Estas UIF pueden realizar análisis estratégicos que servirán para definir las prioridades del gobierno en la lucha contra los delitos financieros. Asimismo, es posible que estén particularmente bien capacitadas para redactar enmiendas legislativas según evolucionen las políticas penales.

Cabe destacar que en algunos países la lista de funciones de las UIF previstas en una ley u otro documento comprende otras actividades o responsabilidades tratadas en otras secciones de este manual. Por ejemplo, la publicación de un informe anual suele ser una de las funciones de las UIF.

Supervisión del cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT

Todo sistema ALD/LFT preventivo, que exija tanto a empresas como a profesionales que identifiquen a sus clientes, lleven registros, implanten controles internos y notifiquen toda operación sospechosa, tiene que ser supervisado para funcionar de forma eficaz. La sola existencia de sanciones no basta para garantizar el cumplimiento. Si se deja de lado la supervisión, se corre el riesgo de que los sectores reacios al proceso no cumplan las obligaciones o las cumplan parcialmente. La supervisión regular y minuciosa afianza el cumplimiento. Además, un sistema de supervisión aplicado correctamente servirá para que los datos fluyan en ambos sentidos, lo cual ayudará a mejorar la calidad de la información suministrada a la UIF.

La Recomendación 23 del GAFI establece como norma que los países se cercioren de que las instituciones financieras estén sujetas a reglamentaciones y controles adecuados. El objeto fundamental de la supervisión es garantizar que las instituciones cumplan eficazmente las obligaciones ALD/LFT y adopten las medidas necesarias para controlar el riesgo de verse involucradas o ser utilizadas en actividades de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo; no se trata de detectar casos concretos de estos delitos147.

Mecanismos de supervisión ALD/LFT

En algunos países, la función de supervisar que las instituciones reguladas cumplan las obligaciones ALD/LFT ha sido asignada a entidades supervisoras o reguladoras ya existentes y familiarizadas con dichas instituciones. Tales entidades conocen a fondo los sectores de interés, pueden incorporar el riesgo de LD/FT en su análisis de riesgo global y, por lo general, tienen la experiencia necesaria para ejercer la función de supervisión. Además, suelen contar con los recursos necesarios. Por otra parte, este mecanismo tiene en cuenta el hecho de que las normas internacionales de supervisión prudencial prevén la supervisión ALD/LFT148.

En los países con un solo organismo de supervisión financiera, este será el único que garantizará el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT. Por ejemplo, en el Reino Unido, uno de los objetivos de la Financial Services Authority [dirección de servicios financieros], estipulado en una ley sobre servicios y mercados financieros de 2000, es reducir la posibilidad de las empresas reguladas para cometer delitos financieros, tales como el lavado de dinero149.

En otros países, sin embargo, son varios los organismos que pueden participar en la supervisión ALD/LFT: el banco central con respecto a bancos y otras instituciones de crédito, la superintendencia de seguros en el sector de los seguros, y la comisión de valores en el caso de las bolsas y los corredores y operadores bursátiles. En la República Checa, la supervisión ALD/LFT de las instituciones financieras reguladas está a cargo del Banco Nacional Checo, la comisión de valores y la entidad supervisora de cooperativas de crédito; y la UIF supervisa casas de juego, casinos, locales de apuestas, salas de subastas, agencias inmobiliarias, entidades que ofrecen arrendamiento financiero u otros tipos de financiamiento, casas de cambio y proveedores de servicios de transferencia de efectivo o por cable150.

En el caso de las entidades notificadoras que no están sujetas a una autoridad supervisora, como por ejemplo los servicios de envío de dinero o los comerciantes de bienes de mucho valor, es necesario asignar la responsabilidad de supervisión ALD/LFT a una o varias entidades designadas. Es posible delegar esta función en la UIF, como se ha hecho en la República Checa. También es posible nombrar una entidad supervisora con experiencia en el ámbito en el que se desenvuelve un grupo no regulado o que reúna las condiciones idóneas para controlar determinada actividad. Por ejemplo, algunos países han optado por asignar a un organismo de investigación la vigilancia de las actividades de los comerciantes de bienes de mucho valor, como por ejemplo la Oficina de Control Económico en los Países Bajos, o la administración de aduanas en Francia y el Reino Unido. En Polonia, las autoridades aduaneras supervisan el cumplimiento de la obligación de notificación relativa al transporte transfronterizo de dinero e instrumentos al portador151. Sin embargo, esta correspondencia entre los sectores y las entidades supervisoras no siempre es posible, y puede ser que la supervisión se tenga que delegar en organismos poco afines con el sector en cuestión. En los Países Bajos, por ejemplo, el banco central supervisa el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT por parte de los casinos152.

La UIF como organismo de supervisión ALD/LFT

En algunos países, la UIF se encarga de vigilar que todas las instituciones previstas por la ley, estén o no sujetas a supervisión prudencial, cumplan con la obligación de notificar y con otras obligaciones de carácter preventivo. Este es el caso, por ejemplo, de Australia, Canadá y España. Una ventaja de este mecanismo es que los conocimientos especializados de ALD/LFT se concentran en un solo organismo de supervisión, lo cual puede mejorar su eficiencia. No obstante, cabe señalar que la supervisión es una tarea que exige abundantes recursos y un conocimiento considerable de las instituciones supervisadas. Si la UIF va a asumir esta responsabilidad, se le deberán otorgar los recursos necesarios, de modo que el cumplimiento de esta tarea no aminore su capacidad para llevar a cabo sus funciones básicas.

En los países en que a la UIF le corresponde garantizar el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT, se deben instrumentar mecanismos para cerciorarse de que la UIF y las demás entidades supervisoras puedan cooperar en aras de un mayor cumplimiento153. Dado el conocimiento que obtienen de los diversos sectores en el desempeño de sus actividades, las entidades supervisoras pueden ser cruciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT entre las entidades bajo su autoridad154.

Cuando un país decide delegar la responsabilidad de supervisión en la UIF, respecto de todas las entidades o profesiones notificadoras o solo algunas de ellas, la ley debe conferirle las facultades necesarias para desempeñar esta función. Concretamente, la UIF debe tener autoridad no solo para solicitar información relacionada con todos los informes de operaciones sospechosas, sino también para ingresar en las instalaciones de las instituciones supervisadas, inspeccionar documentos, obtener copias de ellos y compartir información con otras entidades supervisoras, incluso en los casos en que se sospecha incumplimiento de las normas del sector, tanto nacionales como internacionales. En resumen, la UIF debe tener todas las facultades que se conceden a los organismos convencionales de supervisión ALD/LFT.

Asimismo, la UIF también debe contar con un mandato legal claro para poder supervisar el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT. En términos más generales, como la creación de una UIF encargada de supervisar las obligaciones ALD/LFT puede incidir en la forma en que las entidades de supervisión y regulación prudencial existentes desempeñan sus tareas según las normas internacionales aceptadas, es importante definir con cuidado las responsabilidades de cada entidad participante y cerciorarse de que la ley refleje con claridad los mecanismos previstos.

Intercambio de información y cooperación

Sean cuales fueren los mecanismos adoptados con respecto a la responsabilidad básica de la supervisión ALD/LFT, dada la gran cantidad de organismos participantes, los acuerdos de cooperación entre estos organismos son imprescindibles para evitar conflictos y garantizar la coordinación de actividades. En especial, cuando a un organismo distinto de la UIF se le encarga inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT en un sector, dicho organismo necesita cierta información específica de la UIF, como por ejemplo, la frecuencia, integridad y calidad de los informes recibidos de cada institución supervisada; las tipologías que se notifican con mayor frecuencia; las ciudades o zonas de mayor interés, y las instituciones que parecen justificar una inspección más minuciosa. No basta con que las entidades supervisoras examinen los informes de operaciones sospechosas presentados ante la UIF al realizar inspecciones in situ; deben cotejar esta información con los datos recibidos por la UIF. La comprobación de los datos servirá para conocer más a fondo los controles de las instituciones financieras y les permitirá a las entidades supervisoras realizar un análisis estadístico y, por consiguiente, comparar el desempeño de las instituciones financieras.

Debido a que los datos recibidos por las UIF están protegidos por estrictas normas de secreto, las leyes tienen que dejar sin efecto tal reserva para que las UIF puedan suministrar esos datos a los demás supervisores. Por ejemplo, en la República Checa la ley estipula que la UIF tiene la obligación de mantener el secreto; sin embargo, este requisito no se debe imponer a quienes se encargan de la supervisión bancaria, entre otros155.

En los casos en que interviene más de una autoridad, es importante que todas las partes, incluida la UIF, cooperen para cerciorarse de que la supervisión se lleve a cabo con el mismo rigor en los distintos sectores. Esto se puede lograr informalmente mediante reuniones periódicas para intercambiar experiencias. Sin embargo, un mecanismo más formal puede establecer por ley el intercambio de información entre los organismos participantes. Por ejemplo, Monaco ha formado una comisión encargada de coordinar las actividades de los distintos organismos supervisores156. Estos mecanismos de cooperación pueden ayudar a garantizar que se establezcan condiciones equitativas entre las entidades notificadoras y a reducir el “arbitraje regulatorio”.

Bloqueo de operaciones y congelamiento de cuentas

Aun en circunstancias óptimas, puede ser que una UIF no esté en condiciones de determinar de inmediato si la operación a la que se hace referencia en una notificación está relacionada con una actividad delictiva o no, y en caso de estarlo, transmitir el expediente a las autoridades pertinentes para fines de investigación o enjuiciamiento. En ciertos casos, un retraso en el inicio de los actos procesales penales puede tener como consecuencia que la operación se lleve a cabo y que los fondos se pierdan a efectos de la aplicación de la ley. A fin de que las UIF dispongan de tiempo para determinar si una operación está o no relacionada con actividades delictivas, ciertas jurisdicciones conceden a la UIF la facultad de bloquear por un período determinado una operación denunciada como sospechosa. Durante ese período, la UIF puede analizar la operación y, si tras el análisis se concluye que está efectivamente relacionada con actividades delictivas, puede enviar el expediente a los órganos policiales pertinentes que están autorizados para congelar la operación y las cuentas bancarias conexas por un período más prolongado157.

A tal respecto, las atribuciones de la UIF se limitan al bloqueo de determinadas operaciones sospechosas. En contados casos, la UIF tiene facultades que le permiten congelar una cuenta bancaria e incluso incautarse de bienes. Cabe destacar que la autoridad de la UIF para bloquear operaciones es inusual, en el sentido de que, en la mayoría de los sistemas jurídicos, esa medida solo puede ser ejecutada u ordenada por un juez.

No existe ninguna norma internacional contra el lavado de dinero que exija que una UIF esté autorizada para bloquear operaciones. Varios tratados internacionales, entre ellos el Convenio de Estrasburgo, el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención de Palermo, exigen que los países adherentes adopten medidas internas que permitan congelar operaciones sospechosas158. Asimismo, en las Recomendaciones del GAFI de 2003 se establece como norma general que los países deben adoptar medidas que permitan a las autoridades decomisar los bienes de delincuentes, incluidas medidas precautorias como el congelamiento y la incautación, para impedir cualquier comercialización, transferencia o disposición de dichos bienes159. No obstante, estos instrumentos pueden conferir la facultad de congelar operaciones a otras autoridades distintas de la UIF, y en muchos países tal facultad corresponde a los jueces.

En la mayoría de los países en los que la UIF goza de facultades de este tipo, estas se circunscriben al bloqueo de operaciones concretas que hayan sido notificadas por el período máximo establecido por ley. Unas pocas UIF tienen facultades más amplias, incluida la autoridad para bloquear operaciones a pedido de una UIF extranjera. Por ejemplo, la UIF de Barbados puede congelar una cuenta bancaria por un máximo de cinco días a pedido de una autoridad judicial o policial nacional o de una UIF extranjera en relación con un delito sobre el cual la UIF tenga competencia, con sujeción a un procedimiento de apelación por parte del titular de dicha cuenta160. En Tailandia, un “Comité de Operaciones” integrado por cinco personas y presidido por el director de la UIF está autorizado para congelar operaciones e incautarse de activos. En un caso urgente, el director de la UIF puede actuar por su cuenta y luego informar al comité161.

La mayoría de las leyes que otorgan la facultad de bloqueo a una UIF también le otorgan la autoridad para hacerlo por iniciativa propia, por lo general tras recibir la denuncia de una operación sospechosa. En ciertos sistemas, esta facultad está más limitada. En Italia, por ejemplo, la UIF puede suspender una operación solo si se lo pide otra autoridad (por ejemplo, la dirección de investigación contra la mafia o la policía financiera)162. En Bulgaria, el director de la UIF inicia el proceso, pero es el ministro de Finanzas quien expide oficialmente la orden de bloqueo163.

El plazo durante el cual la UIF puede bloquear una operación es un aspecto clave de la legislación. La autoridad de bloqueo tiene por finalidad otorgar a la UIF el tiempo necesario para examinar el caso y determinar si los hechos justifican que se lo remita a las autoridades competentes para su investigación y enjuiciamiento, y para permitir que dichas autoridades tomen las medidas necesarias, dentro de sus facultades, para salvaguardar los bienes en cuestión. El plazo necesario para tomar estas medidas varía según el país. Tal como se indica en elcuadro 1, el período tiende a ser de 24 a 72 horas, es decir, entre dos y tres días. Es posible que las limitaciones locales hagan necesario un período de más de tres días, pero un lapso mucho mayor podría perjudicar la relación entre la institución notificadora del hecho y su cliente, y podría dar lugar a interrogantes relacionados con los derechos fundamentales del titular de la cuenta. Un período mayor también aumentaría el riesgo de que el titular sea advertido sobre la situación.

Cuadro 1.Autoridad de la UIF para bloquear operaciones y congelar cuentas en ciertos países
PaísBloqueo de operacionesTiempo máximoCongelamiento de cuentasTiempo máximo
Barbados72 horas5 días
Bélgica2 días hábiles
Bulgaria72 horas
Croacia2 horas
Eslovenia72 horas
Francia12 horas
Italia48 horas
LuxemburgoIlimitado
Polonia48 horas
República Checa72 horas
Sudáfrica5 días
Tailandia3 a 10 días90 días

La tendencia general registra variaciones. Por ejemplo, en la República Checa, la institución financiera que notifica una operación sospechosa tiene que abstenerse de llevarla a cabo durante las 24 horas posteriores a la notificación si al efectuarla esto pudiera frustrar o complicar la obtención de los fondos. Durante ese período, la UIF puede bloquear la operación por más tiempo —pero nunca más de 72 horas después de la notificación a la UIF— si el análisis de la operación se extiende más allá de las 24 horas iniciales. Si se le informa sobre la iniciación de acciones judiciales, la entidad notificadora debe esperar tres días antes de llevar a cabo la operación164. En Tailandia, el período de bloqueo puede variar, según los datos concretos con los que cuente la UIF. La demora máxima es de tres días si solo hay indicios razonables de que la operación esté relacionada con el lavado de dinero, pero puede ser de hasta 10 días si existen pruebas de que una operación está o puede estar relacionada con la comisión de un delito de lavado de dinero165.

La entidad notificadora debe tener derecho a conocer de inmediato si puede efectuar la operación solicitada, y para garantizar que esto suceda es necesaria una coordinación estrecha entre la entidad notificadora y la UIF. Las leyes suelen contener disposiciones detalladas al respecto. Por ejemplo, en Bélgica, la ley exige que la entidad que notifica una operación sospechosa indique la hora a la que prevé efectuarla. La UIF tiene que acusar recibo de inmediato a la entidad notificadora. Si el asunto es de carácter “grave y urgente”, la UIF puede manifestarle a la entidad su oposición a que se efectúe la operación antes de la hora señalada por la entidad notificadora. Esta acción bloquea la operación por un período de dos días laborables a partir de la hora de notificación por parte de la entidad. En caso de que la UIF desee prorrogar este plazo, debe obtener la autorización de la Fiscalía de la Corona. Si no se efectúa tal notificación, la entidad notificadora puede llevar a cabo la operación166. En otros países, la prórroga del plazo puede ser decidida por un tribunal o un juez de instrucción167. En Austria, la entidad notificadora tiene derecho a exigirle a la UIF que decida si hay objeciones a la ejecución inmediata de una operación. Si no se recibe ninguna respuesta al término del siguiente día hábil, la entidad puede llevar a cabo la operación168.

Una vez bloqueada la operación, en algunos sistemas la UIF puede solicitar a un juez que ordene la inmovilización o incautación de fondos, cuentas u otros activos relacionados con la operación sospechosa169. Otros sistemas permiten que la UIF solicite al fiscal que tome las medidas necesarias170. En Estonia, la UIF puede remitir el caso a los tribunales solo para lograr la incautación de los bienes objeto de lavado de dinero171.

Capacitación del personal de las entidades notificadoras para el cumplimiento de obligaciones de notificación y de otro tipo

La capacitación del personal de las entidades notificadoras es un componente esencial de la estrategia para mejorar el flujo y la calidad de los informes. En efecto, según la Recomendación 15 del GAFI, las instituciones financieras son responsables de poner en marcha programas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que deben incluir la capacitación constante del personal. En muchos países, la participación en cursos de capacitación forma parte de las funciones de la UIF.

Además de proporcionarle al personal de la entidad notificadora la información que le permita asimilar las obligaciones, la capacitación también fomenta un clima de confianza entre el personal de la UIF y las entidades notificadoras. Esto reviste especial importancia en los primeros años de funcionamiento de la UIF, ya que quizá sea necesario superar una fuerte resistencia inicial hasta que la notificación alcance niveles satisfactorios. Los programas de capacitación también pueden servir para detectar problemas en el cumplimiento de la obligación de notificación que se pueden abordar en etapas posteriores. Por último, gracias a la capacitación, el personal de la entidad notificadora podrá formarse una idea de la finalidad e importancia del trabajo que realiza, lo cual puede ayudar a mejorar la calidad de los informes que recibe la UIF.

La capacitación para detectar operaciones sospechosas puede estar a cargo del personal de la UIF, asesores externos (privados), funcionarios encargados de verificar el cumplimiento de las entidades notificadoras o una combinación de todos ellos. Por ejemplo, se podría convocar a especialistas en capacitación para que se ocupen del diseño de los cursos y la preparación del material (una tarea para la que el personal de la UIF quizá no esté calificado), aunque algunas de las sesiones de capacitación deberían estar a cargo del personal de la UIF que cuente con los conocimientos especializados necesarios. En muchos países existen empresas privadas que podrían ocuparse de tales actividades y de la capacitación sobre temas relativos al cumplimiento de un modo más general. En países pequeños carentes de los debidos conocimientos especializados, puede ser que la UIF sea la única entidad local calificada, y es posible que los costos sean un obstáculo para la contratación de expertos privados extranjeros.

Los cursos se pueden adaptar según el tipo de entidad notificadora y los programas de capacitación pueden realizarse conjuntamente con los gremios y supervisores respectivos. Por ejemplo, la asociación nacional de bancos podría organizar seminarios para los bancos o aunar esfuerzos con la UIF para organizarlos, o viceversa. Las entidades reguladoras y los supervisores nacionales interesados en las actividades ALD/LFT también pueden participar en los programas de capacitación.

Los tipos de capacitación necesarios también pueden variar con el tiempo. Al empezar sus funciones, una UIF por lo general concentrará la capacitación en los requisitos básicos de notificación y concientización pública. El fortalecimiento de la confianza es también una consecuencia importante de esta capacitación inicial. En una etapa posterior, el personal de la UIF puede ofrecer capacitación más especializada dirigida a ciertos sectores e incluso a determinadas entidades notificadoras (las más importantes). Las decisiones sobre qué sectores o instituciones recibirán capacitación pueden basarse en su tamaño relativo y su participación en el mercado, así como en las discrepancias registradas entre los volúmenes real y previsto de notificaciones. Estos programas especializados de capacitación pueden centrarse en ciertos indicadores de operaciones sospechosas en el sector en cuestión y pueden ir acompañados de estudios pertinentes de casos prácticos.

Sea cual fuera el enfoque elegido, el personal de la UIF puede ofrecer su experiencia en el examen de informes y el seguimiento de las tipologías en cada sector clave como un valioso aporte a la capacitación del personal de las entidades notificadoras. La participación del personal de la UIF también es conveniente si uno de los objetivos del programa de capacitación es fortalecer la confianza entre los funcionarios de la UIF y de las entidades notificadoras.

Proyectos de investigación

Los proyectos de investigación de las UIF tienen fines diversos, y uno en particular es ayudar a definir la propia política de la UIF y trazar una política ALD/LFT nacional (si la UIF participa en estas actividades). En algunos casos, las leyes distinguen la investigación como una función de la UIF; en otros, la UIF realiza proyectos de investigación basándose en la necesidad básica de que dicha función cumpla sus objetivos declarados.

Algunos proyectos de investigación pueden aprovechar los resultados del análisis estratégico de las operaciones. No obstante, según el carácter del proyecto, se puede utilizar otro tipo de información, como datos estadísticos, tipologías de casos y avances en el contexto ALD/LFT. La investigación no es la tarea primordial de una UIF, pero llevarla a cabo en cuestiones relacionadas con sus actividades mejora la capacidad de la UIF para desempeñar sus funciones básicas y permite que los directores y demás funcionarios adquieran un conocimiento más objetivo de la labor de la UIF.

Fomento del interés público en cuestiones ALD/LFT

En muchos países, la creación de una UIF no despierta entusiasmo. El público siente recelo de que sus datos financieros puedan usarse para fines indebidos, y las entidades notificadoras temen la reacción de su clientela si colaboran con la UIF. Al principio no existe confianza. Estos problemas pueden ser particularmente graves para las UIF de carácter policial, dado que las entidades que cooperen con estas UIF pueden dar la impresión de estar involucradas en investigaciones y actividades policiales. En el caso de las UIF de tipo administrativo, es posible que los demás organismos policiales no hayan respaldado la creación de tal unidad y se rehúsen a trabajar con ella después.

Independientemente del país o sistema, es necesario que el público comprenda el valor de la UIF como institución, la importancia de la función que desempeña y las ventajas y la protección que brinda al sistema financiero. Ninguna UIF puede funcionar bien sin la confianza del público y del personal de las entidades notificadoras.

La confianza puede lograrse con el tiempo y por diversos medios. El más importante es la cooperación diaria y caso por caso con las entidades notificadoras, en las cuales el profesionalismo del personal de la UIF puede fomentar un clima de confianza. Es importante que el personal esté bien preparado para tratar los temas utilizando los canales apropiados y vele siempre por la protección de los datos.

Otra forma de fortalecer la confianza y el interés públicos en cuestiones ALD/LFT es trabajar con los medios de comunicación. Muchas UIF publican folletos de información para el público, ayudan a que sus funcionarios concedan entrevistas y publiquen artículos sobre ALD/LFT en revistas y publicaciones profesionales, y ponen información adicional a disposición de los periodistas172. Una forma de captar la atención de los medios es la difusión de historias exitosas (sin revelar información confidencial y resguardando la seguridad del personal de la UIF). En algunas regiones, las UIF prefieren trabajar de forma más inadvertida en bien de la seguridad de su personal. En tales casos, las UIF pueden cooperar con los organismos públicos y otras entidades interesadas para fomentar el interés público de forma indirecta.

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