Chapter

VII. Conclusión

Author(s):
Michael Ainley
Published Date:
September 1984
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A pesar del considerable progreso realizado en materia de ajuste externo por los países deudores en 1983 y el primer semestre de 1984, es posible que la demanda de recursos del Fondo continúe en un nivel históricamente elevado, al menos hasta 1986 inclusive. Los problemas relacionados con la crisis de la deuda son de profundo arraigo. Se los puede resolver únicamente en el mediano plazo, en el marco de una recuperación mundial sostenida, un declive de los tipos de interés internacionales y un desmantelamiento de las barreras proteccionistas. Incluso de darse estas circunstancias favorables, muchos países tendrán ante sí un arduo y prolongado período de ajuste. El éxito de sus esfuerzos dependerá de que cuenten con el apoyo de acuerdos apropiados de reprogramación de la deuda y una provisión adecuada de nuevos recursos financieros, tanto del Fondo como de otros acreedores, alentados por el “sello de aprobación” del Fondo.

La magnitud de estas demandas sobre el Fondo dependerá de diversos factores imprevisibles, entre los cuales los más importantes son la evolución de la economía mundial, la cambiante distribución de superávit y déficit de los países miembros y la disponibilidad de crédito bancario. Si la actual recuperación económica se generaliza aún más en 1985 y 1986, si persisten los esfuerzos de ajuste de los países deudores, y si los acreedores privados y oficiales recobran su confianza, el Fondo acaso no tenga que recurrir a los AGP en el período 1987–88 (en el cual se llevará a cabo la próxima revisión general de cuotas). Esto, aunque posible, todavía no es probable. Incluso si sólo se concretaran algunas de estas circunstancias favorables, el Fondo podría salir adelante sin recurrir a los Acuerdos Generales. A mediados de 1984 la posición de liquidez del Fondo era mucho más fuerte que la observada durante varios años. El uso de los recursos del Fondo parecía estar declinando en relación con los recientes niveles máximos; además, en 1985 se reducirán nuevamente los límites máximos en virtud de la política de mayor acceso115.

Por otra parte, el sistema sigue siendo vulnerable a diversos traumas potenciales. La recuperación no ha arraigado en muchos países y podría debilitarse. Varios deudores importantes están demorando la adopción de medidas de ajuste muy necesarias. Las barreras al comercio plantean una verdadera amenaza a las exportaciones y la capacidad de servicio de la deuda de los países en desarrollo. Los bancos, en general, continúan obrando con mucha cautela en cuanto a la concesión de nuevos préstamos a los países en desarrollo. En consecuencia, la inestabilidad podría persistir, redundando en fuertes demandas sobre el Fondo.

En ese caso, el Fondo tendría que tomar empréstitos, quizás en gran escala, o reducir sus operaciones de préstamo. Si el Fondo decide tomar empréstitos, acaso no haya otra alternativa ajustada a la realidad que recurrir a los AGP. Las posibilidades de nuevos préstamos bilaterales de fuentes oficiales son exiguas, y varios países miembros influyentes del Fondo se oponen en la actualidad a que tome empréstitos en el mercado.

Que los recursos con que cuentan los participantes en los AGP estén a disposición del Fondo sin dificultad en esas circunstancias es un interrogante que no se puede responder con precisión de antemano. Sin embargo, hay indicios de que los principales participantes obrarían con cautela en cuanto a posibles activaciones en beneficio de no participantes. Su filosofía conservadora ya ha tenido una considerable influencia sobre las políticas del Fondo en 1983 y 1984, Su creencia de que la política de mayor acceso se debiera abolir por entero en 1987 ó 1988 se refleja en las sucesivas reducciones de los límites de acceso. Los criterios de acceso en casos individuales se están interpretando con mayor estrictez. Ha habido un marcado cambio en favor de los acuerdos de derecho de giro a un año en lugar de los acuerdos ampliados a tres años. El acceso a los servicios especiales se ha reducido a un porcentaje menor de la cuota en 1984 (aunque se mantendrá en el mismo nivel en 1985), y se ha reforzado la condicionalidad del uso del servicio de financiamiento compensatorio. Asimismo, es más probable que continúen aumentando los cargos que deben pagar los países miembros prestatarios luego de la decisión adoptada en enero de 1984 de armonizar más con los niveles de mercado la tasa de remuneración que el Fondo paga a los acreedores por el uso de sus suscripciones de cuota.

En esta etapa, por lo tanto, parece probable que los Acuerdos Generales estén disponibles tardía y no tempranamente, y que sólo se pueda recurrir a ellos en una verdadera emergencia. Esta situación no disipa las inquietudes de los países en desarrollo, particularmente porque no les incumbirá adoptar esa decisión. Análogamente, el Fondo no puede saber precisamente en qué circunstancias podrá recurrir a los Acuerdos Generales, lo cual introduce un elemento de incertidumbre en la planificación de los recursos del Fondo.

El Fondo, con todo, ha cumplido su cometido en el marco de restricciones políticas similares en el pasado. Más importante es el hecho de que la reforma radical de los AGP, al cabo de 20 años de inercia, demuestra que los países principales están dispuestos a apoyar al Fondo en caso de crisis. El Fondo tiene ahora acceso a una reserva sustancial. Sean cuales fueren sus deficiencias, los Acuerdos Generales reformados servirán para fomentar la estabilidad y la confianza en el sistema en el futuro.

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