Chapter

Oro

Author(s):
Joseph Gold
Published Date:
September 1987
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Estados Unidos: La Convención de Varsovia

Los tribunales de Estados Unidos habían adoptado distintas decisiones respecto de la forma en que debían aplicarse, después de abrogarse el régimen de paridades, las disposiciones sobre limitación de la responsabilidad contenidas en la Convención de Varsovia sobre la unificación de ciertas normas relativas al transporte aéreo internacional, del 12 de octubre de 1929 (la Convención de Varsovia). La Corte Suprema de Estados Unidos falló el 17 de abril de 1984, por mayoría de ocho votos contra uno, en la causa Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al., respecto de la forma en que debía resolverse el problema169. Desde 1974 la Administración de Aeronáutica Civil de Estados Unidos (CAB) había informado a los transportistas internacionales que operaban en Estados Unidos que el límite mínimo de su responsabilidad por pérdida de cargas sería de US$9,07 por libra de peso. Esa cuantía era el equivalente en dólares de EE.UU. por libra de peso del número de francos Poincaré por kilogramo establecido como límite de responsabilidad por la Convención de Varsovia, que debía convertirse en moneda nacional 170. La cuantía en dólares de EE.UU. se derivaba de la última paridad del dólar (US$42,22 por onza de oro fino) establecida con arreglo al Convenio antes de la segunda enmienda. El franco Poincaré se define como el equivalente de 65,5 miligramos de oro de nueve décimas de ley.

La Federal Aviation Act of 1958 (Ley Federal de Aviación de 1958)171 confería a la CAB facultades normativas que incluían la función de convertir el franco Poincaré en dólares de EE.UU. En el Artículo 22 (4) de la Convención de Varsovia se dispone que: [e]stas sumas [en francos Poincaré] podrán convertirse en cualquier moneda nacional en cifras redondas”172. La CAB exigía a los transportistas aéreos internacionales que le presentaran tarifas en las cuales se indicara el límite de la responsabilidad por cargas al cual se acogerían. La CAB podía rechazar las tarifas que considerara incompatibles con la Ley Federal de Aviación o sus propios reglamentos. En ejercicio de su facultad normativa, la CAB tuvo que actuar de conformidad con las obligaciones de Estados Unidos dimanadas de tratados.

Trans World Airlines, Inc. (TWA) dio cumplimiento en todo momento a las disposiciones reglamentarias de la CAB. El 23 de marzo de 1979 Franklin Mint Corporation (Franklin) entregó 714 libras de material numismático a TWA, para su transporte de Filadelfia a Londres, sin declaración especial alguna de valor, si bien en juicio alegó que su valor ascendía a US$250.000. Los paquetes no llegaron nunca a destino y TWA, cuando se la demandó, reconoció responsabilidad por la pérdida. La única cuestión que quedaba pendiente de solución en el litigio era la cuantía de la responsabilidad de TWA. El Tribunal Federal de Distrito falló que la responsabilidad de TWA se limitaba a US$6.475,98, sobre la base de US$9,07 por libra de peso. El Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito afirmó la sentencia, pero decidió que, 60 días después de la fecha de la sentencia, el límite de responsabilidad en virtud de la Convención de Varsovia dejaría de ser ejecutable en los tribunales de Estados Unidos173.

TWA impugnó la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito respecto de la futura inaplicabilidad del límite de responsabilidad, que constituía una importante preocupación para los transportistas aéreos. TWA sostuvo que la última paridad del dólar era la solución correcta, pero que la solución del DEG sería una alternativa aceptable. Con arreglo a la solución del DEG, el límite se calcula en una cantidad de DEG sobre la base de la relación entre la definición del franco Poincaré y la definición del DEG en términos de oro con arreglo al Convenio antes de la segunda enmienda174. El valor del DEG en términos del dólar de EE.UU. en la fecha pertinente se aplica al límite en DEG calculado sobre la base de la relación antedicha. TWA abandonó el argumento, como otra posible solución, de la equivalencia entre el franco Poincaré y el franco francés actual. La tesis de Franklin era que el tribunal debía declarar que el límite era inejecutable tanto retroactiva como prospectivamente. La Corte Suprema resolvió que el límite de US$9,07 por libra no era incongruente con la Convención de Varsovia y revocó la declaración de inaplicabilidad prospectiva del Tribunal de Apelaciones, de lo cual se siguió que la inaplicabilidad retroactiva era igualmente inaceptable.

En su reseña de la evolución reciente del derecho monetario, la Corte Suprema afirmó, erróneamente como es obvio, que “a partir del 1 de abril de 1978 el ‘derecho especial de giro’ (DEG) debía convertirse en el único activo de reserva que las naciones del FMI utilizarían en sus relaciones mutuas”175. Esta proposición podría haberla llevado a decidir que, como el DEG es el sucesor del oro en el sistema monetario internacional, debía adoptarse la solución del DEG cuando fuera necesario aplicar una unidad de cuenta oro.

La Corte Suprema observó que el Tribunal de Apelaciones había argumentado que se necesitaba un factor de conversión, como se lo denominaba, para hacer cumplir la Convención de Varsovia, pero que en las leyes de Estados Unidos no se había especificado dicho factor. La Corte Suprema desestimó este razonamiento, recordando el canon de interpretación con arreglo al cual se necesita un acto legislativo bien definido para probar la afirmación de que el Congreso ha tenido intención de abrogar o modificar un tratado. Ni en el texto ni en la historia legislativa de las Leyes de Modificación de la Paridad de Estados Unidos176 y de la ley de abrogación177 se hacía referencia a la Convención de Varsovia ni había prueba alguna de que hubiera habido esa intención.

Además, siguió diciendo el tribunal, la Convención de Varsovia es un tratado autoejecutable. No se necesitaba legislación nacional para dar fuerza de la ley a la convención en Estados Unidos y no se sancionó ninguna ley al respecto. La Corte Suprema sostuvo que la derogación de leyes puramente nacionales no se debía considerar como una derogación implícita de una parte de la Convención.

También en apoyo de su objeción a la tesis de que el límite de responsabilidad no puede hacerse cumplir judicialmente, el tribunal hizo referencia a la disposición de la Convención de Varsovia en virtud de la cual un signatario debe notificar a los demás signatarios de su intención de retirarse del tratado con seis meses de anticipación. Estados Unidos no había dado esa notificación y, a decir verdad, en su escrito en calidad de amicus curiae el poder ejecutivo había insistido en que el límite de responsabilidad era todavía aplicable.

Por último, en respuesta al argumento de Franklin de que un tratado deja de ser obligatorio cuando interviene un cambio fundamental en las circunstancias, el tribunal respondió que un tratado tiene la naturaleza de un contrato entre Estados. Cuando las partes en un tratado afirman que éste se encuentra todavía en vigor, el particular que encuentra objetable el tratado no puede invocar la doctrina de rebus sic stantibus178.

La Corte, luego de determinar que podía pedirse la ejecución judicial del límite de responsabilidad, tuvo que decidir la forma en que debía expresarse dicho límite en dólares de EE.UU. La Convención de Varsovia autorizaba a los signatarios a establecer la modalidad de conversión. El tribunal dijo que el artículo 22 (4) de la Convención de Varsovia autorizaba “expresamente” a los signatarios a determinar la forma en que el franco Poincaré debía convertirse en la moneda nacional. Esta afirmación es cuestionable. La disposición, antes citada, establece que las sumas en francos Poincaré “podrán convertirse en cualquier moneda nacional en cifras redondas”. Lo único que permite interpretar este texto es que se autorizaba el redondeo de la suma en moneda nacional, particularmente debido a uso del verbo “podrán”, en tanto que los límites de responsabilidad, para ser efectivos, “deberán” convertirse en la moneda nacional. De aceptarse esta interpretación de la disposición, ello implicaría inevitablemente la autorización para prescribir la modalidad de conversión. En todo caso, la Ley Federal de Aviación exigía la conversión en dólares.

La Corte Suprema discrepó con la tesis del Tribunal de Apelaciones de que el Congreso, al abrogar la legislación sobre paridad, había derogado la “unidad de conversión” (la modalidad de conversión) especificada por la Convención sin estatuir otra unidad. El Tribunal de Apelaciones había sostenido que el establecimiento de una nueva unidad de conversión era una cuestión política, cuya resolución no competía a los tribunales. La Corte Suprema rechazó este análisis, porque la Convención no especificaba una unidad de conversión. La CAB la había especificado. El tribunal no había sido llamado a establecer una nueva unidad de conversión. La cuestión que el tribunal tenía que determinar era si el acto de la CAB era incongruente con la legislación interna o con la Convención de Varsovia, asunto que no entrañaba una cuestión política179.

La Corte Suprema determinó que no había incongruencia con la legislación interna. Cuando había un precio oficial para el oro por imperio de la Ley de Modificación de la Paridad, la CAB había aplicado ese precio. Cuando el Congreso derogó la ley, no se dio indicación alguna de que en lo futuro la CAB debería utilizar un factor de conversión distinto.

La Corte Suprema consideró que la cuestión relativa a si la elección por la CAB del criterio de US$9,07 por libra de peso era compatible con la Convención de Varsovia era “más controvertible”180. Sostuvo que la aplicación del precio de mercado del oro no daría efecto a los fines de la Convención y sería incongruente con la práctica internacional, aceptada por los signatarios, por más de 50 años. El fin primordial y más evidente de la Convención de Varsovia había sido establecer un límite a la responsabilidad del transportista por la pérdida de cargas. Cualquier factor de conversión tendría ese efecto; un límite de US$9,07 por libra era tan razonable como un límite basado en los DEG o el precio del oro en el mercado libre181. Por “razonable” ha de entenderse que el tribunal quiso decir un límite que fuera un límite, cualquiera fuese la forma en que se expresara.

La Corte Suprema pasó seguidamente a examinar otros fines del tratado:

El segundo objetivo de la Convención fue establecer un límite estable, previsible e internacionalmente uniforme que fomentara el desarrollo de una industria incipiente. Con ese fin, los redactores de la Convención eligieron una norma internacional y no nacional, libre del control de los países. La elección por la CAB de un límite de responsabilidad de US$9,07 por libra es ciertamente un límite estable y previsible en el cual pueden confiar los transportistas. Reconocemos, sin embargo, que dar realidad en el largo plazo al objetivo de uniformidad internacional de la Convención podría requerir que la CAB ajustara periódicamente el límite basado en dólares para que refleje el cambio del valor del dólar en relación con otras monedas occidentales y, si fuera necesario, las modificaciones de los tipos de conversión adoptados por otros signatarios de la Convención. Desde 1978, con todo, no ha habido modificaciones considerables en ninguna de esas categorías.

Pese a la abolición del patrón oro, el límite de responsabilidad de US$9,07 por libra que se retiene desde 1978 ha representado una cifra razonablemente estable cuando se la ha convertido en otras monedas occidentales. Se la puede establecer fácilmente por referencia al DEG, que es la nueva norma de conversión internacionalmente reconocida, de carácter no nacional. El 31 de marzo de 1978, por ejemplo, un DEG valía US$1,23667; el 23 de marzo de 1979 valía US$1,28626. En todo momento desde 1978 un transportista que hubiera escogido fijar su límite de responsabilidad en 17 DEG por kilogramo, como lo sugiere el Protocolo de Montreal No. 4, habría tenido un límite de responsabilidad en dólares cercano a US$9 por libra182.

En apoyo de la conclusión de que el factor escogido por la CAB satisfacía los objetivos de estabilidad, previsibilidad y uniformidad internacional por el momento, aunque no por tiempo indefinido, la Corte Suprema adujo las siguientes razones:

1. El factor de la CAB había representado “una cifra razonablemente estable cuando se la ha convertido en otras monedas occidentales”, pues “se la puede establecer fácilmente por referencia al DEG, que es la nueva norma de conversión internacionalmente reconocida, de carácter no nacional”183. Este razonamiento es confuso. Aparentemente el tribunal dice que US$9,07 por libra había sido una cifra igual, en el tiempo, a un número fundamentalmente invariable de unidades de cada una de las demás monedas “occidentales”. Para demostrar esta tesis, citó la estabilidad aproximada de la relación entre el dólar de EE.UU. y el DEG, aparentemente porque el DEG se define por referencia a los tipos de cambio de mercado de cantidades especificadas de cinco monedas “occidentales”. El tribunal citó valores del DEG de dos fechas, aparentemente porque Franklin había entregado los bultos a la TWA en una de esas fechas (el 23 de marzo de 1979) y porque el tribunal pensó que la situación un año antes era reveladora. El tribunal dijo que, “por ejemplo”, un DEG era igual a $1,23667 el 31 de marzo de 1978 y US$1,28626 el 23 de marzo de 1979184.

Un argumento basado en lo que, en efecto, es la estabilidad de los tipos de cambio entre el dólar de EE.UU. y otras monedas es obviamente inaceptable habida cuenta de la inestabilidad de los tipos de cambio. El argumento basado en la estabilidad de la relación entre el dólar y el DEG es igualmente cuestionable. El 17 de abril de 1984, fecha en que se dio a conocer el fallo del tribunal, un DEG era igual a US$1,05813. Los valores de un DEG al final de algunos meses anteriores eran los siguientes, pero no se citaron como “ejemplos”:

Valor de un DEG en dólares de EE.UU.
Noviembre de 19831,0506
Diciembre de 19831,0470
Enero de 19841,0341
Febrero de 19841,0601
Marzo de 19841,0642

El límite de responsabilidad de DEG 17 kilogramo habría dado lugar, sobre la base del valor del DEG en dólares el 17 de abril de 1984 (US$1,05813), a un factor de conversión de aproximadamente US$8,15 por libra de peso. Las estadísticas de fechas posteriores mostrarían una inestabilidad aún más sorprendente. Por ejemplo, los valores del DEG en dólares al final de los meses siguientes eran:

Septiembre de 1984$0,9990
Diciembre de 1984$0,9802
Marzo de 1985$0,99127
Junio de 1985$0,99828
Septiembre de 1985$1,05940

La sentencia hace pensar que a juicio de la Suprema Corte el dólar de EE.UU. es una moneda estable. Si hay inestabilidad en los tipos de cambio, la explicación podría ser que las otras monedas tienen un valor fluctuante. La hipótesis de que la libra esterlina era una moneda estable fue una razón de que se insistiera, antes del caso Miliangos, en que las sentencias se podían expresar sólo en libras esterlinas, y la misma razón puede explicar por qué la práctica de los tribunales de Estados Unidos sigue siendo que las sentencias pueden expresarse sólo en dólares, no obstante el enfoque modificado que se advierte en la proyectada revisión de Restatement of the Foreign Relations Law of the United States del American Law Institute. Las instituciones del país emisor de lo que comúnmente se considera la moneda central, en el contexto de los regímenes monetarios vigentes, pueden sentirse tentadas a suponer que su moneda es más estable que otras.

Como se sugirió anteriormente, la Corte Suprema acaso haya escogido mencionar el valor del DEG en dólares de EE.UU. el 31 de marzo de 1978 y el 23 de marzo de 1979 porque la primera era la fecha del día anterior a la ehtrada en vigor de la segunda enmienda, en tanto que la segunda, era la del día en el cual se hizo entrega de la carga a TWA. La circunstancia de que no se hayan mencionado los valores de fechas posteriores, con todo, no puede explicarse aduciendo que las fechas citadas eran las únicas que el tribunal consideró pertinentes, ya que el tribunal dijo que no podía “criticar la decisión de la CAB de adherirse, en los seis años transcurridos desde 1978, a un límite constante de responsabilidad de US$9,07 por libra”185.

2) La Corte Suprema determinó que la suma de US$9,07 por libra “parece haber sido una elección provisional razonable para mantener” el límite de responsabilidad “en consonancia con los límites aplicados por otros signatarios”186. El razonamiento aparentemente ha sido que un factor de conversión basado en el último valor de paridad del dólar de EE.UU. daba resultados muy similares a los que estaban obteniendo otros signatarios de la Convención de Varsovia. No puede haber querido decir que las técnicas de conversión escogidas por los signatarios eran razonablemente similares entre sí. La Corte observó que, el 31 de diciembre de 1975, 15 países habían suscrito el protocolo de Montreal No. 4, lo que mostraba su intención de aceptar un límite de responsabilidad de DEG 17 por kilogramo. Algunos países estaban aplicando el último precio oficial del oro para convertir el límite de responsabilidad en la moneda nacional. En una nota de la sentencia se admite expresamente que algunos signatarios estaban aplicando la solución del DEG187. La Corte Suprema atribuyó gran importancia al hecho de que la norma empleada por otros signatarios para convertir el franco Poincaré fuera el DEG, aunque se negó a hacer cumplir la solución del DEG indirectamente interpretando la Convención.

En el pasaje siguiente, la Corte Suprema volvió al examen del precio de mercado del oro:

Reconocemos que esta investigación del valor del dólar en relación con otras monedas habría sido innecesaria si la CAB hubiera optado por el precio de mercado del oro para convertir en dólares los límites de responsabilidad de la Convención. Por cuanto el oro se negocia libremente en el mercado internacional, su precio proporciona siempre un tipo de conversión único e internacionalmente uniforme. Sin embargo, basarse en el mercado del oro no proporcionaría en modo alguno una unidad de conversión estable en la cual pudieran basarse los transportistas. Para tomar un ejemplo extremo, cabe decir que entre enero y abril de 1980 las cotizaciones del oro oscilaron entre US$490 y US$850 por onza… Lejos de dar previsibilidad y estabilidad, el vínculo de la Convención al mercado del oro obligaría a todos los transportistas y usuarios del transporte aéreo a convertirse en especuladores en oro, expuestos a las fluctuaciones repentinas e imprevisibles del precio de ese producto. La CAB ha reconocido correctamente que ésa no era la intención de los redactores de la Convención. La decisión adoptada en 1978 por muchos de los signatarios de la Convención de retirarse del mercado del oro no puede atinadamente interpretarse como una decisión de compeler a todos los transportistas aéreos y los usuarios del transporte aéreo a entrar en ese mercado188

No se advierte con claridad qué quiere decir la Corte cuando hace referencia a la decisión de los países en 1978 de “retirarse del mercado del oro”. La referencia corresponde a la segunda enmienda, que entró en vigor el 1 de abril de 1978 y que libera a los países miembros del Fondo de las restricciones jurídicas que pesaban anteriormente sobre ellos respecto de los precios a los cuales podían realizar transacciones en el mercado. Los países miembros no decidieron retirarse del mercado, sino negociar en él con más libertad si así lo deseaban, ya fuera el mercado entre los bancos centrales o en lo que solía llamarse el mercado libre, privado o extraoficial. Los países miembros tienen una obligación implícita en virtud de la segunda enmienda de no mantener un precio fijo para las transacciones en oro, así como también una obligación expresa de no mantener el valor exterior de sus monedas por referencia al oro. No obstante la imprecisión de este considerando, la objeción al precio de mercado cuando se trata de aplicar un límite de responsabilidad con arreglo a la Convención de Varsovia debiera ser incontrovertible. El juez disidente, sin embargo, sostuvo que la mayoría no estaba aplicando el límite de responsabilidad de la Convención, sino el límite establecido por TWA y aceptado por la CAB en razón de que era más compatible con los objetivos de la Convención. Al preferir el precio de mercado del oro, ese juez consideró que el objetivo principal de la Convención era la uniformidad absoluta y no la aproximación a la uniformidad que la mayoría trató de descubrir para justificar su solución189.

La Corte Suprema sugirió que otro de los objetivos previstos de una unidad de cuenta oro “puede haber sido vincular la Convención a un valor constante, que estuviera en consonancia con el valor medio de la carga transportada y que, en consecuencia, siguiera siendo equitativo para transportistas y cargadores”190. El tribunal reconoció que un límite fijo de responsabilidad basado en dólares bien podría a la larga no satisfacer ese objetivo en condiciones de inflación. Esta objeción se desestimó diciendo, primero, que los redactores de la Convención de Varsovia habían pensado que ésta estaría en vigor sólo durante unos pocos años y, segundo, que las partes en la Convención habían tolerado sin modificarlo el considerable aumento del precio de mercado del oro (y de otros productos) en la comparación con su precio oficial en el período más prolongado durante el cual la Convención había estado en vigor. La inestabilidad del precio de mercado del oro mercancía no reflejaba la inflación y no satisfacía ninguno de los objetivos de la Convención.

La Corte Suprema dijo que “[a]1 31 de marzo de 1978, la suma de US.$9,07 por libra de carga, por lo tanto, representaba una conversión ‘correcta’ del límite de responsabilidad de la Convención en dólares”191. La fecha del 23 de marzo de 1979, en lugar de la del 31 de marzo de 1978, habría estado más en consonancia con la auténtica ratio decidendi del fallo. La oración citada se refería sólo al 31 de marzo de 1978, sin ninguna mención de los seis años transcurridos desde 1978, no obstante la anterior referencia del tribunal a dicho período.

En el fallo se acepta que el último precio oficial del oro en dólares de EE.UU. es la norma para convertir el franco Poincaré en la moneda nacional de los Estados Unidos; sin embargo, el tribunal no insistió en que esa técnica debía aplicarse en todas las circunstancias antes de la entrada en vigor del protocolo de Montreal No. 4. La solución había satisfecho los objetivos de la Convención de Varsovia en grado razonable y era al menos una “elección provisional razonable”. Esta conclusión se basaba en una discutible hipótesis acerca de la estabilidad del dólar.

La Corte Suprema declaró que la solución que hacía suya había logrado resultados tan uniformes como los que se habrían obtenido aplicando la solución del DEG; este razonamiento, con todo, también es discutible. Incluso con un criterio liberal respecto de qué constituye un resultado uniforme, la uniformidad no era inherente a la solución. Bien podría realzarse la diversidad, al aumentar la divergencia entre los resultados obtenidos aplicando el último precio oficial del oro y los obtenidos aplicando la solución del DEG y en la medida en que un número creciente de países optara por la solución del DEG. El tribunal observó una nota192 que Canadá, Italia, el Reino Unido, Sudáfrica y Suecia habían adoptado ya por ley la solución del DEG. Es probable que haya aumentado incluso el número de países que han adoptado esa solución. La República Federal de Alemania y los Países Bajos se cuentan ciertamente entre esos países193. Podría interpretarse que la insistencia del tribunal en las medidas adoptadas por los signatarios, distintos de Estados Unidos, de aplicar la solución del DEG para determinar los límites de responsabilidad de la Convención de Varsovia implicaba, a su juicio, que tarde o temprano la solución del DEG sería más eficaz para alcanzar los objetivos de la Convención. Es innegable que el DEG es la única unidad de cuenta que puede remplazar a una unidad oro, por lo tanto, la única unidad de cuenta que puede lograr resultados uniformes. Si los resultados logrados mediante la aplicación del último precio oficial del oro en dólares se consideran comparables—y afirmamos que no lo son—esa comparabilidad sería fortuita.

La Corte Suprema obviamente se resistió a aplicar la solución del DEG por interpretación debido a la objeción, aceptada por el Tribunal de Apelaciones, de que esta solución sustituiría a la unidad de la Convención de Varsovia por una nueva unidad. No obstante, no falló que el último precio oficial del oro era la solución inescapable. Se había aplicado por decisión administrativa de la CAB y había dado resultados bastante satisfactorios como medida provisional. La Corte Suprema podría determinar que una decisión administrativa distinta es satisfactoria si se probaran circunstancias diferentes, y cabe decir que esas circunstancias pueden probarse. El Departamento de Transporte de Estados Unidos, al cual se traspasaron las restantes funciones de la CAB el 1 de enero de 1985, podría determinar que, tal como han evolucionado las circunstancias (incluida la variabilidad del tipo de cambio del dólar de EE.UU.), las tarifas deben presentarse con arreglo al criterio de DEG 17 por kilogramo de oro, expresado en el equivalente en dólares por libra de 16 onzas de peso.

Francia: La Convención de Varsovia

Se recordará del examen del caso Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al. que TWA abandonó la tesis de que, si fracasaban sus principales argumentos respecto de la conversión del franco Poincaré en dólares de EE.UU., la responsabilidad debía ser limitada con arreglo al principio de que, en las actuales circunstancias, el franco francés corriente debía considerarse al sucesor del franco Poincaré. La afirmación de TWA respecto del franco francés se había inspirado en decisiones del Tribunal de Apelaciones de París en el caso Société Egyptair v. Chamie194 y del Tribunal de Apelaciones de Aix-en Provence en el caso Pakistan International Airlines v. Compagnie Air Inter S.A. et al.195. Esos tribunales rechazaron las soluciones basadas en el DEG y en el precio de mercado del oro en favor del franco francés corriente como unidad de cuenta.

El Tribunal de Casación (Sala de Comercio) revocó el 7 de marzo de 1983 el fallo del tribunal de París en Société Egyptair v. Chamie,196 lo cual explica probablemente por qué TWA abandonó el argumento que se había basado en el franco francés. El Tribunal de Casación remitió el caso al Tribunal de Apelaciones de París con lo que equivalía a la siguiente instrucción:

Considerando que se impuso a las partes un método de cálculo distinto del previsto en la Convención de Varsovia y que los jueces de primera instancia deben ceñirse a la interpretación oficial dada por la autoridad gubernamental a la cual deben recurrir si las disposiciones de un tratado diplomático que se presenta a su interpretación involucra cuestiones de política monetaria pública, conforme a la definición de los acuerdos internacionales en vigor, el Tribunal de Apelaciones contravino la disposición de la Convención de Varsovia197.

Ningún tribunal francés ha aplicado la solución del DEG. Esta decisión del Tribunal de Casación se asemeja mucho al fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos. La unidad de cuenta de la Convención de Varsovia no puede ser sustituida por interpretación judicial, pues los tribunales deben atenerse a la interpretación oficial dada por la autoridad competente del gobierno respecto de la forma en que ha de aplicarse la unidad de cuenta especificada en tratados. El tribunal expresó este principio en relación con todos los tratados diplomáticos vinculados con la política monetaria oficial.

Italia: El Convenio de Bruselas sobre conocimientos

El caso Borletti Brothers, Inc. v. Dolphin Shipping Agency198, fallado en Genova el 11 de marzo de 1981, se refería a la aplicación de la unidad de cuenta oro en el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, suscrito en Bruselas el 25 de agosto de 1924 (el Convenio de Bruselas)199. Italia es una parte contratante en el tratado. La parte pertinente del párrafo 5 del artículo 4 dispone que:

5. A menos que el cargador haya declarado la naturaleza y el valor de las mercancías antes de su embarque y que esta declaración haya sido incluida en el conocimiento, ni el porteador ni el buque responderán en ningún caso de las pérdidas o daños causados a las mercancías o que afecten a éstas por una cantidad superior a 100 libras esterlinas por bulto o unidad o el equivalente de esa suma en otra moneda200.

De acuerdo con el artículo 9:

Las unidades monetarias mencionadas en el presente Convenio se han de interpretar en su valor en oro.

Los Estados contratantes en los cuales la libra esterlina no es una unidad monetaria se reservan el derecho de convertir las sumas en libras esterlinas indicadas en el presente Convenio en términos de su propio sistema monetario en cifras redondas.

Las leyes nacionales podrán reservar al deudor el derecho de saldar su deuda en moneda nacional de acuerdo con el tipo de cambio del día de llegada del buque al puerto de descarga de las mercancías pertinentes201.

Las mercancías despachadas por el demandante se habían cargado en Milwaukee, Wisconsin, en un buque canadiense el 28 de julio de 1976, pero no se encontraron cuando el buque llegó a Génova. El demandante entabló acción en Italia contra la agencia que representaba allí al propietario del buque. En cuanto a la cuestión de la cuantía de la sentencia, el demandante sostuvo que el límite de responsabilidad en virtud del Convenio de Bruselas se debía calcular con arreglo al contenido de oro de la libra esterlina en la fecha de suscribirse el Convenio en 1924 (7,32 gramos) y el precio de mercado del oro al tiempo de la sentencia (alrededor de 18.000 liras por gramo). Ese cálculo daba unos 26 millones de liras (7,32 x 18.000 x 100 x 2), El demandado ofreció pagar una indemnización de 990 florines holandeses, sosteniendo que ese era el límite aplicable en virtud del Convenio de Bruselas. El valor de las mercancías perdidas ascendía a 18.736,99 florines, o sea, algo más de 8 millones de liras al tipo de cambio de la fecha de la sentencia (que fluctuaba entonces en alrededor de 435 liras por florín). Aunque existía un vínculo del caso con los Países Bajos, que el demandado y el tribunal usaron para justificar la referencia al florín holandés, el vínculo no se menciona en el informe.

El demandado sostuvo que el valor de la unidad oro en el Convenio de Bruselas debía determinarse de acuerdo con el contenido de oro de la libra esterlina en 1976 y el valor actual del oro en el mercado oficial. El demandado basó el argumento en favor de 1976 en la circunstancia de que la obligación contractual dimanada del despacho de las mercancías se había concertado en esa época y que el Convenio de Bruselas, a diferencia de los muchos convenios en que la unidad de cuenta era el franco Poincaré, no definía el valor en oro de la libra esterlina. La ausencia de definición sugería que los negociadores del Convenio de Bruselas no habían tenido intención de adoptar el valor en oro de la esterlina en 1924.

El tribunal de Genova desestimó el argumento en favor de 1976, porque la historia legislativa del Convenio de Bruselas demostraba claramente que la norma prevista era el valor en oro de la libra esterlina en 1924. Otra razón aducida por el tribunal en favor de esa decisión fue que el Protocolo de Bruselas del 23 de febrero de 1968 era prueba de la intención, si bien aún no había entrado en vigor. El Protocolo, en virtud del artículo 2 a), había modificado el párrafo 5 del artículo 4 del Convenio de 1924 añadiendo las palabras [por una cantidad superior] “al equivalente de 10.000 francos por bulto o unidad o de 30 francos por kilogramo de peso bruto de las mercancías perdidas o dañadas, siendo aplicable el límite más elevado”,202 definiendo el franco como el equivalente del franco Poincaré. Este razonamiento es un ejemplo interesante de las consecuencias jurídicas que a veces se atribuyen a un tratado que no ha estado en vigor (y que es improbable que lo esté alguna vez). Es también ejemplo del empleo de la conducta ulterior como prueba en la interpretación de un tratado, en este caso, de un tratado que hacía más de 40 años que se había celebrado. Por último, el tribunal rechazó el valor oro de la libra esterlina en 1976, porque aceptar el argumento en favor de él hubiera significado que las autoridades monetarias británicas tenían derecho a modificar la unidad de cuenta en el Convenio de Bruselas en forma unilateral al modificar el valor en oro de la libra esterlina. El tribunal no mencionó el hecho de que la libra esterlina era una moneda flotante, de modo que la determinación de su valor en oro en 1976 constituía en sí misma un problema.

El demandado sostuvo que el segundo determinante, el valor del oro, tenía que ser el precio oficial del oro en dólares de EE.UU. establecido de conformidad con el Convenio del Fondo, a saber, US$42,22 por onza. Afirmó que el Convenio nunca había sido abrogado. Esa afirmación era correcta, porque el Convenio ha estado en vigor ininterrumpidamente desde el 27 de diciembre de 1945; sin embargo, el caso se decidió en 1981, mucho después del cambio fundamental obrado en la función del oro en virtud de la segunda enmienda, que entró en vigor el 1 de abril de 1978.

El tribunal afirmó que el antiguo precio oficial del oro no podía servir como norma actual debido a que el precio se había basado en la convertibilidad del dólar de EE.UU. en oro y en un sistema monetario cuyo elemento central era el dólar. Estas condiciones habían cesado desde 1971, aunque el mercado oficial del oro no se hubiera abolido oficialmente. No está claro qué se entendía por “mercado oficial del oro”. Si se hacía referencia así a las transacciones en oro entre países miembros, cabe decir que ya no había restricciones en cuanto a los precios a que los países miembros pueden efectuar esas transacciones, siempre que no traten de mantener un precio fijo para el oro. Además, siguió diciendo el tribunal, aplicar la antigua paridad de una moneda daría lugar a recuperaciones desiguales, porque las monedas flotan. El precio de mercado del oro era más ajustado a la realidad y preferible como norma, por cuanto involucraba menos elementos de incertidumbre; sólo el precio del oro fluctuaba, en tanto que las monedas en general flotaban. El tribunal siguió diciendo lo siguiente:

Segundo, debe observarse que, si bien es cierto que el mercado oficial del oro no ha sido abolido formalmente, también es verdad que se ha decidido mantenerlo sólo en el marco de las relaciones entre los Estados y exclusivamente con el fin de evitar movimientos desestabilizadores excesivamente pronunciados. Además, las reservas de oro de diversos países se valoran constantemente con arreglo al precio corriente del oro en el mercado libre203.

La decisión adoptada por los Estados que se menciona en la primera oración de este pasaje es probablemente la decisión sobre el sistema de mercado doble del oro, régimen que se terminó en noviembre de 1973204. No todos los países valoran el oro de sus reservas con arreglo al precio corriente en el mercado libre. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que no lo hace. Las palabras “con arreglo al” son apropiadamente vagas, debido a las diversas técnicas que utilizan los Estados para valorar sus tenencias oficiales de oro205.

El tribunal pasó seguidamente a examinar la solución del DEG, que rechazó:

Por último, respecto de la opinión de que el valor del oro se debe determinar sobre la base del DEG, es verdad que, en algunos convenios, se remplaza una suma expresada en oro con sumas expresadas en unidades de cuenta, definidas como cestas de cantidades fijas de monedas nacionales; en particular cabe hacer referencia al derecho especial de giro del Fondo Monetario Internacional. Con todo, el Convenio de Bruselas—el único aplicable en el presente caso—no se refiere a esas unidades de cuenta. Sin embargo, el uso de unidades de cuenta tampoco está exento de dificultades. Por un lado, esas unidades sólo reflejan las tendencias de las monedas principales; por el otro, también están sujetas a fluctuación, ya que se componen de monedas nacionales206.

El tribunal formuló tres objeciones al DEG en este pasaje: 1) que no lo menciona el Convenio de Bruselas, 2) que el DEG es una cesta de monedas fluctuantes y 3) que el valor del DEG fluctúa. No se hizo comparación entre el grado de fluctuación del valor del DEG y el precio de mercado del oro.

El tribunal resolvió que el precio de mercado del oro era la norma correcta, no obstante la fluctuación de su precio. El tribunal tenía que elegir la fecha en la cual se aplicaría el precio. El demandante sostuvo que debía elegirse la fecha de la sentencia. El tribunal rechazó esta tesis, porque el objetivo del Artículo 4, párrafo 5, del Convenio de Bruselas era dar al porteador la posibilidad de saber por anticipado qué riesgo corría al aceptar una carga. Para dispensarse del límite de responsabilidad, debía declararse el valor de las mercancías e incluírselo en el conocimiento de embarque, de modo que el porteador pudiera aumentar las tarifas de flete si lo deseaba. Estos factores llevaron al tribunal a afirmar que el precio apropiado era el imperante en la fecha en que se suscribió el contrato de flete. En este caso, el conocimiento de embarque no indicaba el valor de la carga perdida, razón por la cual debía aplicarse el límite de responsabilidad estipulado en el Convenio de Bruselas.

Las conclusiones del tribunal llevaron a este cálculo del límite de responsabilidad: 7,32 x 5.000 liras (el precio de mercado por gramo de oro en la fecha pertinente de 1976) x 100 x 2 = 7.320.000 liras. La pérdida real fue de 18.736,99 florines holandeses, equivalentes a 6.058.793 liras al tipo de cambio de 323,36 liras por florín en igual fecha. El demandante tenía derecho a la cuantía total de la pérdida porque era inferior al límite de responsabilidad.

Esta decisión no fue suficiente para dirimir el caso. La cuantía calculada tuvo que ajustarse a fin de tener en cuenta la inflación habida desde el momento en que ocurrió la pérdida de las mercancías. El reajuste planteó una cuestión novedosa. ¿Quedaba la cuantía reajustada sujeta al límite impuesto por el Convenio de Bruselas? El tribunal señaló que el párrafo 5 del Artículo 4 se refería a “las pérdidas o daños causados a las mercancías o que afecten a éstas” y que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 1 e), las pérdidas o daños debían haberse producido durante el embarque207. El tribunal dedujo que el límite de responsabilidad no se aplicaba a las pérdidas o daños de ningún otro origen, por ejemplo, la declinación del poder adquisitivo de la moneda. La suma adeudada al demandante (6.058.793 liras) debía recalcularse de conformidad con los cambios en los índices de los precios de consumo para trabajadores y empleados desde septiembre de 1976 (la fecha del incumplimiento) hasta la fecha de la liquidación208, calculando el interés legal sobre la base de la suma revaluada a partir de septiembre de 1976.

Italia: La Convención de Varsovia

En el caso Saint Paul Fire and Marine Insurance Co. v. S.E.A.209 el tribunal de Milán, en fallo del 19 de noviembre de 1979, había razonado en forma análoga para concluir que el franco Poincaré en la Convención de Varsovia debía aplicarse sobre la base del precio de mercado del oro. El tribunal dio su opinión sobre qué debía entenderse por precio de mercado:

El resultado de establecer un nuevo sistema basado en “tipos de cambio centrales” (que se definen desde noviembre de 1973 sin siquiera una referencia indirecta al oro) ha sido la fluctuación recíproca de las diversas monedas, que continúa hasta la fecha. De ello se ha seguido que el valor oficial del oro ha perdido todo significado práctico.

De resultas de lo cual, no parece en absoluto ajustado a la realidad convertir la suma en cuestión utilizando para ello el valor oficial en oro del dólar, incluso a pesar de que en algunos fallos extranjeros anteriores a 1973 se siguió este criterio.

Es necesario, pues,… tomar como referencia el precio corriente del oro en los principales mercados de Europa y Estados Unidos (Zurich, Londres, Nueva York). Contrariamente a una opinión autorizada, este precio no se puede reducir equitativamente, pues esa reducción impediría, anularía o, en todo caso, disminuiría considerablemente la eficacia de la cláusula que limita la responsabilidad del transportista establecida en la Convención210.

Países Bajos: CMR

La Convención sobre el contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, del 19 de mayo de 1956, conocida comúnmente con la sigla CMR, que se deriva de su título en francés, es una de varias convenciones sobre transporte unimodal suscritas con el auspicio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE). Esas convenciones limitan la responsabilidad de los transportistas en términos del franco germinal, que se define como 10/31 gramos de oro de nueve décimas de ley. El 5 de julio de 1978 se llegó a un acuerdo respecto a los Protocolos de la CMR y las otras convenciones del mismo grupo, en virtud del cual el franco germinal sería sustituido por el DEG, en calidad de unidad de cuenta, cuando entraran en vigor los protocolos. La sustitución se basaría en la relación entre la definición del DEG en términos del oro antes de la segunda enmienda y la definición del franco germinal211.

En el caso Frigoscandia Transpon B.V. v. Sea Products International212 el tribunal de apelaciones de La Haya confirmó, el 12 de noviembre de 1982, la sentencia del tribunal inferior de Rotterdam sobre la aplicación del franco germinal. Las mercancías se habían transportado desde Marsella, pasando por los Países Bajos, con destino a Inglaterra, donde se advirtió, al llegar las mercancías, que habían sufrido daños. El transportista pagó a los propietarios de las mercancías la suma de £ 10.767,94 que, de acuerdo con el transportista, era el valor en libras esterlinas al cual quedaba limitada su responsabilidad en términos del franco germinal con arreglo al Artículo 23 (3) de la CMR (25 francos germinales por kilogramo)213. Los propietarios de las mercancías reclamaron la diferencia entre la suma recibida en libras esterlinas y el límite (58.951,08 francos germinales) con arreglo a la CMR convertido en la moneda de los Países Bajos.

El tribunal de alzada dijo que había habido cambios radicales en los pagos internacionales desde que se había negociado la CMR y que, de resultas de ello, el oro había perdido toda significación monetaria. De ello se seguía que “el franco expresado en oro como unidad de cuenta general ya no se presta para establecer límites de responsabilidad internacionalmente uniformes”214. Existía, pues, una laguna en la CMR, que debía salvarse. La decisión de que los límites de responsabilidad expresados en términos de una unidad de cuenta oro no se pueden hacer cumplir se asemeja al fallo del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al. El Protocolo de la CMR del 5 de julio de 1978, que habría resuelto el problema, aún no surtía efecto en los Países Bajos; sin embargo, una ley de los Países Bajos del 15 de mayo de 1981 había entrado en vigor el 15 de marzo de 1982 y se había decretado aplicable a la CMR por Real Decreto del 19 de enero de 1982. Con arreglo a la ley y al decreto, el franco oro mencionado en el artículo 23 (3) de la CMR se considera equivalente a un tercio de un DEG. Además, en el Artículo 2 (2) del Protocolo se dispone que el DEG se ha de convertir en la moneda del foro sobre la base del valor del DEG en la fecha de la sentencia215.

El tribunal sostuvo que las disposiciones del derecho inglés que expresaban el límite de responsabilidad en libras esterlinas, en las cuales se había basado el transportista, se alejaban tanto de las normas originales de la CMR, en virtud de las cuales la unidad de cuenta era el franco germinal, como de las normas basadas en el DEG. Las disposiciones del derecho inglés eran de carácter exclusivamente nacional y no se aplicaban a las actuaciones judiciales en los Países Bajos. Los límites expresados en DEG con arreglo al derecho holandés se debían aplicar y convertir en florines al valor de la moneda en la fecha de la sentencia.

Una característica extraña del caso es que, antes de que el tribunal de Rotterdam y de que el Tribunal de Apelaciones de la Haya dieran a conocer sus fallos en 1982, el Protocolo de la CMR del 5 de julio de 1978 había entrado en vigor respecto del Reino Unido, si bien aún no había entrado en vigor respecto de los Países Bajos. El Reino Unido quedó obligado por el Protocolo a partir del 28 de diciembre de 1980, fecha en la cual por decisión legislativa216 se dio efecto a las disposiciones de la Carriage by Air and Road Act of 1979 (Ley sobre el Transporte por Vía Aérea y Carretera de 1979)217. En virtud de la ley, el DEG sustituyó al franco germinal sobre la base de la solución del DEG218. El Reino Unido, por conducto de esas disposiciones, estaba dando efecto a un cambio en la ley que se derivaba del Protocolo; sin embargo, los Países Bajos, que actuaban en virtud de su iniciativa nacional, estaban salvando una laguna en la CMR por analogía con el Protocolo, a pesar de que el Protocolo aún no era obligatorio para los Países Bajos. La legislatura holandesa había encontrado una solución para continuar aplicando los límites estipulados en la CMR, en tanto que en el caso Franklin Mint la Suprema Corte había encontrado la solución.

El pago en libras esterlinas se efectuó antes de que el Reino Unido diera fuerza de ley al Protocolo. El daño de la carga se descubrió en la fecha de llegada del buque, el 14 de julio de 1980, y el pago se efectuó el 30 de octubre de 1980. El transportista insistió en que esta suma se conformaba a la limitación de su responsabilidad expresada en francos germinales con arreglo a la CMR, pero el tribunal holandés determinó que el demandante no había convenido ni aceptado esa suma en concepto de liquidación total. La acción judicial en los Países Bajos se entabló el 11 de diciembre de 1981.

En el informe relativo a este caso no se da explicación alguna en apoyo de la conclusión de que el derecho inglés no se podía reconciliar con la CMR o el Protocolo. La práctica del Reino Unido con arreglo a algunos convenios, y en virtud de las leyes que les conferían fuerza de ley, que estipulaban una unidad de cuenta oro ha sido expedir decisiones legislativas después de abrogarse el precio oficial del oro. Las decisiones legislativas han prescrito el valor en libras esterlinas de la unidad convirtiéndolo en DEG de acuerdo con la solución del DEG. El equivalente en libras esterlinas continúa en vigor hasta que se expide una nueva decisión legislativa. Acaso se haya expedido una decisión legislativa de esta índole respecto del franco germinal en la CMR, pero no se la ha identificado. (El pago acaso se haya calculado por analogía con las determinaciones oficiales de valor establecidas en decisiones legislativas expedidas respecto de otras convenciones).

Sin embargo, si hubiera existido esa decisión legislativa respecto de la CMR, el tribunal holandés podría haber objetado un equivalente en libras esterlinas fijado en una fecha anterior a la del pago en libras esterlinas, porque el valor del DEG podría haber sido distinto cuando se efectuó el pago. Además, quizá la referencia a la incompatibilidad entre el derecho inglés y la CMR significaba que el valor del franco germinal basado en el precio de mercado del oro era también un valor fluctuante.

El tribunal citó una disposición del Protocolo en apoyo de la tesis de que la conversión en la moneda holandesa debía efectuarse en la fecha de la sentencia, a pesar de que los Países Bajos no habían aceptado todavía el Protocolo. El tribunal determinó que ese principio no era incompatible con las disposiciones del derecho holandés.

No se advierte con claridad por qué el demandante no estaba satisfecho con la cuantía recibida en libras esterlinas219, pero puede suponerse que una sentencia expresada en florines al tipo de cambio vigente en la fecha de la sentencia le habría resultado más ventajosa220.

Austria: La Convención de Varsovia

En Kislinger v. Austrian Airtransport el Tribunal de Comercio de Viena, constituido en Tribunal de Apelaciones, resolvió el 21 de junio de 1983 cómo aplicaría el franco Poincaré de la Convención de Varsovia221. La demandante, en un vuelo de Madrid a Viena el 20 de abril de 1981, había perdido equipo fotográfico, de 3 kilos de peso, adquirido por 13.360,40 chelines austríacos (S.), que llevaba en una valija que pesaba 10 kilogramos. La empresa de transporte aéreo demandada pagó a la demandante una indemnización de S. 4. 100, aparentemente en la hipótesis de que el reclamo correspondía a la pérdida de la valija y su contenido; sin embargo, la demandante reclamó la diferencia de S. 6.588 entre el valor actual del equipo y la indemnización recibida, más interés. El demandado había pagado la indemnización a razón de S. 410 por kilogramo sobre la base del precio de mercado del oro y el límite de responsabilidad en francos Poincaré con arreglo a la Convención de Varsovia (250 francos Poincaré por kilogramo). El tribunal inferior, aplicando lo que estimó eran las disposiciones pertinentes del derecho interno, calculó una suma de S. 240 por kilogramo y no hizo lugar a la demanda, pues sostuvo que la demandante había recibido una indemnización excesiva.

La demandante apeló y el Tribunal de Apelaciones falló que las disposiciones jurídicas en las cuales se había basado el tribunal inferior habían dejado de ser pertinentes, porque habían sido abrogadas. El Tribunal de Apelaciones citó el caso Transarctic Shipping Corporation, Inc., Monrovia, Liberia v. Krógerwerft Company, fallado por el Tribunal Superior Anseático Regional de Hamburgo el 2 de julio de 1974222, que se examina con detalle en el Folleto No. 19223 Ese caso involucró la aplicación del franco Poincaré como la unidad de cuenta del Tratado relativo a la limitación de la responsabilidad de los propietarios de buques de altura, suscrito en Bruselas el 10 de octubre de 1957.

El Tribunal de Hamburgo se negó a aplicar el precio de mercado del oro o la última paridad del marco alemán establecida en virtud del Convenio Constitutivo del FMI, a pesar de que el Código de Comercio de la República Federal de Alemania declaraba que el franco Poincaré debía aplicarse sobre la base de la “paridad” de la moneda. La paridad tenía todavía existencia legal con arreglo al Convenio del Fondo en la fecha del fallo, porque aún no se había derogado el régimen de paridades. El 23 de junio de 1974, la República Federal de Alemania había notificado al Fondo un tipo central para su moneda en términos del DEG conforme a una decisión del Fondo que no había conferido a los tipos de cambio centrales congruencia jurídica con el Convenio224. El Tribunal de Hamburgo resolvió aplicar el franco Poincaré por referencia al tipo de cambio central y no a la paridad.

El Tribunal de Apelaciones de Viena, con todo, falló que el 31 de marzo de 1978 había dejado de tener validez el criterio aplicado en el caso de Hamburgo porque el día siguiente había entrado en vigor la segunda enmienda y porque el DEG había dejado de definirse en términos del oro. El tribunal resolvió que, de conformidad con el Código Civil General de Austria225, debía encontrar una solución por interpretación basada en el texto o por analogía, que respetara los objetivos de la limitación de la responsabilidad de la Convención de Varsovia. Los objetivos eran la uniformidad en las indemnizaciones y el mayor grado de independencia posible respecto de variaciones accidentales en los sistemas monetarios. “En teoría el valor exterior de la moneda debiera permanecer nominalmente constante hasta que los Estados miembros resuelvan modificar la suma nominal, en plazos más largos, porque quieran ampliar la responsabilidad o porque el valor real ha cambiado definitivamente”226.

Es interesante observar que el tribunal tomó nota y rechazó la ratio decidendi del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en la causa Franklin Mint, que también fue rechazada por la Suprema Corte de los Estados Unidos:

… Por lo tanto, es apropiado buscar un arbitrio que corresponda en la medida de lo posible al régimen de la limitación de la responsabilidad normalizado en la CV [Convención de Varsovia], cuya tendencia básica ya se ha expuesto, si no se desea adoptar la tesis de que se ha creado una espúrea laguna jurídica debido al abandono de la paridad del oro y de que los límites máximos de responsabilidad se han vuelto completamente inaplicables227.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que no había ninguna laguna en el tratado que tenía ante sí y que el tribunal podía aplicar el franco Poincaré, vigente conforme al derecho norteamericano que autorizaba a la CAB a elegir el método de conversión. El tribunal de La Haya decidió que había ahora una laguna en el tratado, pero que el derecho holandés había subsanado esa laguna. El tribunal de Viena rechazó la tesis de la existencia de una laguna en el tratado y aplicó la unidad de cuenta por analogía con una ley alemana, que no formaba parte del derecho austríaco, y una ley austríaca, que no se aplicaba al tratado en cuestión. Tanto el Tribunal de La Haya como el de Viena aplicaron la solución del DEG; la Corte Suprema de Estados Unidos falló que la última paridad del dólar se aproximaba suficientemente a la solución del DEG aplicada por otros países.

El Tribunal de Apelaciones de Viena eligió la solución del DEG y la sustentó por referencia a la solución similar adoptada por la República Federal de Alemania en su Ley de Conversión del Franco Oro del 13 de junio de 1980228. Además, el tribunal mencionó la propia Ley de Conversión del Franco Oro de Austria, que se aplicaba a dos tratados sobre tránsito negociados con el auspicio de la CEPE, pero no a la Convención de Varsovia229, Puede haber razones internas por las cuales un país miembro promulga leyes respecto de algunos tratados en los cuales figura una unidad de cuenta oro, en lugar de hacerlo respecto de todos los tratados de esa índole. Esas razones pueden estar desvinculadas de los méritos del DEG como unidad de cuenta. El problema es menos agudo si, como en el caso de Austria, el derecho interno autoriza expresamente la interpretación por analogía.

El tribunal decidió que debía aplicarse el tipo de cambio del chelín austríaco en términos del DEG vigente en la fecha en que el tribunal inferior había pronunciado sentencia. El tribunal de Apelaciones, ateniéndose al Código de Procedimiento Civil, obtuvo el tipo de cambio del Banco Nacional. Con arreglo a ese tipo de cambio, la responsabilidad en virtud de la Convención de Varsovia se limitaba a S. 308 por kilogramo. El tribunal resolvió también que la demandante únicamente había perdido tres kilogramos de carga. La demandante sólo tenía derecho a S. 308 x 3, pero había recibido S. 4. 100 y, por lo tanto, no tenía derecho a más.

El Tribunal de Distrito de Linz, actuando en calidad de Tribunal de Alzada, es otro tribunal que el 17 de junio de 1983, en la causa Rendezvous-Boutique-Parfumerie Friedrich und Albine Breitinger Gesellschaft mbH v. Austrian Airlines, aplicó la solución del DEG al franco Poincaré de la Convención de Varsovia230. La empresa de transporte aéreo demandada había pagado al demandante la suma de S. 11.355,72 en concepto de indemnización por la pérdida de mercancías, pero el demandante reclamó una suma adicional de S. 5.433. El tribunal inferior concedió esta nueva suma, basando su sentencia en el precio de mercado del oro y, por lo tanto, calculando el límite de responsabilidad con arreglo a la Convención de S. 53.638,33. El demandado apeló y el tribunal de alzada anuló la sentencia, sosteniendo que el demandante ya había sido indemnizado con exceso.

El Tribunal de Apelaciones examinó distintos aspectos de versiones sucesivas del Convenio y la historia de los regímenes cambiarios austríacos conforme al Convenio. Sobre la base de esos análisis, llegó sumariamente a la conclusión de que debía aplicarse la solución del DEG. Al parecer, atribuyó importancia al hecho de que Austria fuera participante en el Departamento de Derechos Especiales de Giro, que hubiera recibido DEG, que mantuviera tenencias de DEG en calidad de reservas y que los considerara parte del respaldo monetario. El tribunal parece también haber encontrado apoyo en diversas disposiciones del Convenio que se refieren al DEG como denominador de las monedas231 o al antiguo valor del DEG en términos del oro232. El tribunal de Linz, como el tribunal de Viena, citó la ley austríaca de Conversión del Franco Oro, aunque no se aplicaba a la Convención de Varsovia. La responsabilidad máxima del demandado conforme a la solución del DEG ascendió a S. 4.285. El tribunal de Linz falló que el demandante podía recuperar del demandado las costas en que había incurrido en las actuaciones ante el tribunal inferior y el tribunal de alzada. Esas costas ascendían a S. 13.639,49 y eran superiores a la suma de S. 11.355,72 que el demandante había recibido.

Legislación sobre las unidades de cuenta oro

Al analizar los casos austríacos se hizo referencia a la cuestión de por qué algunos países han adoptado disposiciones legislativas para aplicar la solución del DEG a la unidad de cuenta oro de algunos de los tratados vigentes que establecen esa clase de unidad, pero no de todos los tratados de esa índole. Se sugirió que podría haber razones especiales de carácter interno por las cuales no se adopta el enfoque general.

Estados Unidos no ha adoptado disposiciones legislativas de esa índole respecto de los tratados en los cuales es parte, pero la experiencia de Estados Unidos con la Convención de Varsovia ilustra las dificultades que podrían suscitarse en relación con ciertos tratados. Debe advertirse que se han planteado dificultades en relación con los Protocolos propuestos para modificar la Convención de Varsovia y no en relación con los proyectos de ley respecto de la forma en que debe aplicarse el franco Poincaré en la Convención de Varsovia vigente y en las modificaciones de ésta que ya se encuentran en vigor.

En el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, del 10 de febrero de 1983233 hay un dictamen favorable a la ratificación de los Protocolos de Aviación de Montreal 3 y 4, con sujeción a tres disposiciones respecto del Protocolo 3, que se refiere a la responsabilidad limitada por muerte o lesión: 1) el establecimiento de un plan satisfactorio para conceder indemnizaciones suplementarias a los ciudadanos norteamericanos; 2) la denuncia, si ese plan no continúa siendo satisfactorio a la luz de nuevas circunstancias económicas o de otra índole o si continuar adhiriendo a los Protocolos no redunda en beneficio de los usuarios norteamericanos del transporte aéreo; y 3) que el poder ejecutivo norteamericano continúe negociando activamente con miras a obtener límites más elevados de responsabilidad.

Una carta de un representante del poder ejecutivo de Estados Unidos apoyó la ratificación y respecto del DEG dijo, al examinar el Protocolo 4, que

… al remplazar el oro con el activo mucho más estable que es el derecho especial de giro (DEG) como unidad monetaria para cuantificar la responsabilidad conforme al tratado, por perdida, daño o demoras en los embarques de cargas, el Protocolo No. 4 restablecerá niveles fijos de responsabilidad en el plano mundial y evitará las incertidumbres que rodean a las sentencias que se dictan en diversas jurisdicciones. Esta característica de la Convención, que revisa la “cláusula oro”, que ha sufrido serio menoscabo en diversos países desde que comenzaron a mediados del decenio de 1970 las grandes fluctuaciones del valor del oro, es esencial para que tanto las empresas de transporte aéreo como los cargadores pueden calcular prudentemente sus necesidades de seguros234.

Esta carta se redactó después de dictada la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corporation et al. y antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Protocolo 3 ha contado con el respaldo de la American Bar Association, pero ha suscitado oposición por parte de la American Trial Lawyers Association. La oposición se ha vinculado con el régimen de responsabilidad sin culpa pero limitada, estipulado en el Protocolo 3, por entenderse que la limitación es injusta para las víctimas. Se teme que este régimen elimine las sentencias que otorgan cuantiosas indemnizaciones por daños a los clientes, una proporción de las cuales cobran los abogados en virtud de pactos de cuota litis235. El 8 de marzo de 1985 el Senado de Estados Unidos, por 50 votos contra 42 en favor de los Protocolos, no logró la mayoría de dos tercios requerida para la ratificación236.

El Congreso de Estados Unidos y el oro

El 22 de junio de 1981 el Secretario del Tesoro de Estados Unidos nombró una Comisión del Oro, de conformidad con la Sección 10 de la Ley Pública 96–389237. Esa ley se había sancionado para permitir que Estados Unidos aceptara el aumento de su cuota en el Fondo propuesto de resultas de la séptima revisión general de las cuotas y para otros fines. En la Sección 10 a) se establecía la composición de la Comisión y en la Sección 10 b) se declaraba que su cometido era “emprender un estudio y formular recomendaciones respecto de la política del Gobierno de Estados Unidos en cuanto al papel del oro en los sistemas monetarios nacional e internacional”238. La Comisión envió su informe al Congreso en marzo de 1982. Dicho informe se examina en el Folleto No. 40239.

El informe no impidió que el Congreso volviera a ocuparse del tema del oro en la Ley Pública 98–181, del 30 de noviembre de 1983240, en virtud de la cual se autorizó al poder ejecutivo de Estados Unidos a consentir en el aumento de la cuota de Estados Unidos en el Fondo propuesto como resultado de la octava revisión general de las cuotas y un aumento de los compromisos de crédito de Estados Unidos en virtud de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos del Fondo. La ley establecía numerosos requisitos e instrucciones para la rama ejecutiva del gobierno que eran imprescindibles para lograr que el Congreso la sancionara. En la Sección 50 de la Ley Pública 98–181 figuran las siguientes disposiciones:

c) A más tardar un año después de la fecha de promulgarse la presente sección, el Secretario del Tesoro enviará al Congreso un informe sobre el fortalecimiento de las funciones y el aumento de las operaciones del Fondo Monetario Internacional, que incluirá lo siguiente:

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2) Un examen y análisis de…

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C) La viabilidad de devolver las reservas de oro del Fondo, en todo o en parte, a los países miembros del Fondo o de vender las reservas de oro del Fondo en los mercados privados para obtener capital;

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E) La viabilidad de establecer un Servicio de Préstamos de Oro en virtud del cual el Fondo prestaría oro a los países miembros que, a su vez, lo utilizarían en garantía de préstamos comerciales;

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G) El efecto i) sobre el precio de mercado del oro, ii) los países cuyos bancos centrales mantienen reservas en forma de oro y iii) los mercados de crédito de Estados Unidos en el caso de adoptarse algunas de las medidas descritas en los apartados C), D) o E) del presente párrafo241;…

El 15 de marzo de 1985 el Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el Report to Congress on the Functioning of the International Monetary and Financial System and the Role and Operation of the International Monetary Fund. En la introducción y resumen del informe figura el siguiente párrafo:

La conclusión derivada del análisis es que la posición de liquidez del FMI es lo suficientemente sólida ahora para atender las demandas previsibles de financiación. Las diversas propuestas de que se empleen las reservas de oro del FMI en lugar de futuros aumentos de las cuotas plantean graves dificultades prácticas y podrían tener consecuencias perjudiciales para los intereses económicos y financieros de Estados Unidos242.

En el análisis del informe de las propuestas de movilizar el oro del Fondo se señala que esas propuestas se formularon como alternativa a los aumentos de cuotas: “una tentación comprensible en momentos de restricciones presupuestarias y de dificultades económicas internas”243. Bajo el título “Los efectos sobre el FMI”, se dice que el oro es la “reserva básica (del Fondo), que puede emplearse para atender los títulos de los acreedores sobre el Fondo en caso de liquidación y para reponer las tenencias de monedas del FMI”244. Las ventas de oro movilizan un activo existente y no amplían los recursos del Fondo. La venta de todas las tenencias del Fondo, 103 millones de onzas de oro, al precio corriente, producirían mucho menos que los aumentos totales de las cuotas y de los Acuerdos Generales para la Obtención de Préstamos. Los mercados del oro son inestables y tienen un volumen escaso de operaciones. El Fondo no podría vender todas sus tenencias en el curso de varios años sin deprimir los precios de mercado en gran medida y acaso radicalmente. Las ventas realizadas durante un período prolongado producirían sólo cuantías pequeñas para uso del Fondo.

La “restitución” del oro a los países miembros al antiguo precio oficial agotaría los recursos del Fondo. No fortalecería la capacidad del Fondo para encarar los problemas actuales ni ayudaría a resolver los problemas de los países miembros con mayores dificultades. La restitución total tendría por efecto que los países miembros recibieran oro por valor de alrededor de US$31.000 millones, a los precios de mercado cotizados al tiempo de publicarse el informe, a un costo de US$4.000 millones. Los 110 países miembros en desarrollo no productores de petróleo recibirían alrededor de una cuarta parte del oro total. Incluso los deudores más importantes—México, Brasil y Argentina—recibirían únicamente alrededor de US$500 millones a los precios de mercado cotizados en esa época. Los países miembros recibirían menos beneficio de la restitución que de los aumentos en las cuotas y el acceso a los recursos del Fondo con arreglo a sus políticas ordinarias: “En esencia, (la restitución) es un plan de ‘enriquecimiento rápido’ para los países más ricos”245. La Comisión del Oro había rechazado también el plan de restitución.

Todos los activos del Fondo incluido el oro, sirven de respaldo para atender los títulos de los acreedores del Fondo, que se derivan del uso neto por el Fondo de las suscripciones de los países miembros y de los préstamos insolutos de los países miembros con el Fondo. Esos títulos, al publicarse el informe, ascendían a aproximadamente US$40.000 millones, suma considerablemente superior al valor del oro del Fondo a los precios entonces cotizados en el mercado.

Si los países miembros acreedores quisieran cobrar sus títulos, que eran activos de reserva líquidos que podían utilizarse automáticamente con breve preaviso para atender sus necesidades de balanza de pagos, y si las tenencias disponibles de monedas económicamente utilizables del Fondo fueran suficientes, el Fondo podría movilizar ese oro. Además, en caso de liquidación, los acreedores tendrían un crédito privilegiado sobre el oro si los otros recursos fueran insuficientes246. Era improbable que los acreedores del Fondo en aquel momento estuvieran dispuestos a que las ventas de oro del Fondo eliminaran la garantía última de sus títulos o los subordinaran a los créditos obtenidos contra la garantía prendaria de ese oro constituida ya fuese por el Fondo o por los países miembros a los cuales el Fondo lo hubiera prestado para que pudieran contraer préstamos contra ese oro en el mercado. Cualquiera de esos actos podría inducir reacciones desfavorables de los acreedores, algunos de los cuales podrían querer cobrar sus créditos sobre el Fondo. Además, los préstamos de oro concedidos por el Fondo a los países miembros, para que éstos pudieran emplearlo en garantía de los préstamos contraídos en el mercado, podrían sugerir alguna incertidumbre en cuanto a la eficacia de los programas respaldados por el Fondo y llevar a una pérdida de confianza por parte de los mercados, reduciéndose así las concesiones de préstamos.

Las ventas o prendas del oro del Fondo en garantía de préstamos no serían interpretadas por los acreedores del Fondo o por los países miembros más vulnerables de éste como una alternativa favorable en sustitución del aumento de las cuotas. Era sumamente improbable que pudieran negociarse las decisiones encaminadas a adoptar esas medidas respecto del oro, que requieren una mayoría del 85% del número total de votos. Los préstamos de oro del Fondo a los países miembros no están mencionados explícitamente en el Convenio. En el informe no se examina la viabilidad jurídica de esas operaciones.

Bajo el título “Los intereses financieros y económicos de Estados Unidos” se examina en el informe el posible efecto de los aumentos de la cuota de Estados Unidos sobre la situación de efectivo y las necesidades de empréstitos del Tesoro y sobre los mercados internos del dinero y el capital247. Concluye el informe que esos efectos probablemente serían de menor importancia. Sin embargo, son los efectos del menor aumento de los empréstitos anuales del Tesoro de Estados Unidos derivado del aumento de la cuota lo que los partidarios de las ventas del oro por el Fondo han querido evitar. Los efectos financieros y económicos de esas ventas sobre Estados Unidos, con todo, bien podrían ser muy superiores a los costos de los empréstitos.

Se mencionan tres consideraciones que son pertinentes a esta comparación. Primera, Estados Unidos es uno de los mayores acreedores del Fondo. La venta del oro y el uso del producto de esa venta por el Fondo eliminarían la garantía última de los títulos de Estados Unidos. Segunda, las grandes ventas de oro podrían hacer reducir enormemente el precio y el valor potencial de las existencias de oro de Estados Unidos y otros países que tienen reservas de oro. La probable declinación del precio del oro resultante de esas grandes ventas por el Fondo tendrían graves efectos adversos sobre los productores nacionales de oro. Tercera, las ventas de oro no eliminarían los efectos sobre el mercado financiero que algunos atribuían al aumento de la cuota y a los posibles empréstitos del Tesoro. El oro vendido por el Fondo sería adquirido primordialmente con fines de inversión y las transacciones en el mercado del oro se harían esencialmente en términos de dólares. Las compras del oro del Fondo se pagarían con el producto de la venta de títulos mobiliarios denominados en dólares, por ejemplo, títulos de las sociedades anónimas o del Tesoro de Estados Unidos. Esas operaciones harían subir los tipos de interés y sus efectos sobre los mercados financieros serían similares a los de los empréstitos que tendría que contraer Estados Unidos de resultas del aumento de la cuota, si no mayores.

Las clausulas oro y las resoluciones conjuntas del Congreso de Estados Unidos

La flotación del dólar de EE.UU. y de otras monedas con posterioridad al 15 de agosto de 1971 dio lugar a diversos cambios en las leyes estadounidenses relativas al oro, en consonancia con la política de Estados Unidos de reducir el papel del oro en el sistema monetario internacional, que luego se incorporó como objetivo en la segunda enmienda248. En septiembre de 1973 el Congreso de Estados Unidos promulgó la Ley Pública 93—110249, una ley para modificar la Ley de Modificación de la Paridad y con otros fines, en virtud de la cual restauró el derecho de los ciudadanos a adquirir, tener, vender y negociar oro. Las disposiciones con esa mira entrarían en vigor cuando el Presidente determinara e informara al Congreso que la reforma monetaria internacional había avanzado al punto en que la eliminación de las disposiciones reglamentarias restrictivas de la propiedad privada del oro no afectarían adversamente a la situación monetaria internacional de Estados Unidos. En agosto de 1974 el Congreso sancionó la Ley Pública 93–373250 con igual finalidad, pero con la diferencia de que las disposiciones relativas al oro entrarían en vigor el 31 de diciembre de 1974, o en la fecha anterior en la que el Presidente hiciera la determinación y presentara el informe mencionados en la ley anterior. La disposición sustantiva de la ley de 1973 decía como sigue:

No se interpretará que ninguna disposición de ninguna ley en vigor en la fecha de la promulgación de la presente Ley, ni ninguna norma, reglamento o resolución en virtud de esas leyes prohiben a ninguna persona comprar, tener, vender o negociar oro251.

Esta disposición fue abrogada por la ley de 1974 y reemplazada por la siguiente disposición:

No podrá interpretarse que ninguna disposición de ninguna ley en vigor en la fecha de la sanción de la presente Ley, ni ninguna norma, reglamento o resolución en vigor en la fecha de entrada en vigor de los apartados a) y b) prohiben a ninguna persona comprar, tener, vender o negociar oro en Estados Unidos o en el extranjero252.

La disposición entró en vigor el 31 de diciembre de 1974.

El Congreso derogó la Resolución Conjunta del 5 de junio de 1933253 con la Ley Pública 95–147254, que se aprobó el 28 de octubre de 1977. La Resolución Conjunta había invalidado las cláusulas oro de los contratos. La disposición que operó esa derogación establecía lo siguiente:

La resolución conjunta titulada “Resolución conjunta para garantizar el valor uniforme de billetes y monedas de Estados Unidos”, aprobada el 5 de junio de 1933 (31 U.S.C. 463), no se aplicará a las obligaciones emitidas en la fecha de sanción de la presente sección o con posterioridad a ella.

En Estados Unidos, en el caso Gold Bondholders Protective Council, Inc. v. United States255 el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo tuvo que decidir sobre el efecto de la legislación antes mencionada sobre la demanda del propietario de un Bono Oro “Libertad” de 1933–38 por valor de US$50, emitido el 24 de octubre de 1918. En el bono se disponía que Estados Unidos pagaría el principal e interés en moneda de oro “del valor corriente” contra su presentación por el portador al Tesorero de Estados Unidos a partir del 15 de octubre de 1938. El 2 de abril de 1981 el bono en cuestión fue presentado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos con una carta en la cual se solicitaba que se devolviera el bono si el pago no se efectuaba en moneda de oro de Estados Unidos o en moneda de Estados Unidos con valor nominal suficiente para adquirir el equivalente en moneda de oro del valor de la moneda de oro prometida en el bono. El Departamento del Tesoro devolvió el bono y declaró que la presentación no podía considerarse equivalente a la presentación y entrega del bono para efectuar su pago, debido a las condiciones que el demandante había impuesto. El demandante entabló acción para recobrar la suma de US$1.253,02 con cargo al bono porque el oro se vendía en el mercado a aproximadamente US$518 por onza en la fecha en que se lo había presentado al pago.

La Resolución Conjunta declaraba que las cláusulas oro eran contrarias al orden público; que el uso de cláusulas oro quedaba a partir de entonces prohibido y que toda obligación, contraída o por contraer en el futuro, debía cumplirse mediante el pago, dólar por dólar, en una moneda o medio de pago que al tiempo del pago fuera de curso legal para saldar deudas públicas o privadas. En el caso Perry v. United States256, fallado por la Suprema Corte, el demandante era propietario de un Bono Oro del Cuarto Empréstito “Libertad” al 4,25%, de US$10.000, que debía pagarse en moneda de oro de Estados Unidos “de valor corriente”. El demandante había presentado el bono al pago y exigido la entrega de la cantidad de oro representada por la suma de US$10.000 en moneda de oro cuando el bono se había emitido o US$16.931,25 en moneda de curso legal. La Corte Suprema falló que la promesa del Gobierno de Estados Unidos de pagar el equivalente en papel moneda de la moneda de oro estipulada no podía ser repudiada o afectada por la Resolución Conjunta. El fallo se basó en consideraciones de carácter constitucional. El demandante no podía reclamar daños por incumplimiento del contrato, sin embargo, porque sólo había sufrido daños nominales y el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, en el cual el demandante había iniciado las actuaciones, no tenía competencia para un reclamo por daños nominales. Este resultado se basó en las disposiciones sancionadas por el Congreso en 1933 y 1934 en virtud de las cuales se obligó a los particulares a vender al Estado todo el oro que tuvieran en su poder y con arreglo a las cuales se prohibió a los tenedores de monedas de oro exportarlas o realizar transacciones cambiarías.

El Congreso reaccionó rápidamente ante el fallo de que el Estado no podía repudiar o reducir su obligación en relación con la cláusula oro. El Congreso adoptó la Resolución Conjunta del 27 de agosto de 1935, en virtud de la cual se retiraba el consentimiento que Estados Unidos pudiera haber prestado para que se le demandase en relación con valores emitidos por Estados Unidos con cláusula oro, salvo cuando el valor de la reclamación no superara la cuantía nominal en dólares del título. Esta Resolución Conjunta estaba todavía en vigor257. El tribunal falló que se aplicaba al bono del demandante, por lo cual su reclamo no podía prosperar debido a la inmunidad del Estado.

El demandante trató, sin éxito, de argüir que la Resolución Conjunta del 27 de agosto de 1935 era inconstitucional y, por lo tanto, que conforme a la decisión amplia adoptada en el caso Perry tenía derecho a que se hiciera lugar a su petición. Incluso en el caso Perry se reconocía que Estados Unidos estaba facultado a retirar su consentimiento a ser enjuiciado.

Por último, el demandante invocó las leyes de 1933 y 1934 que daban a los ciudadanos la facultad de tener oro. El tribunal dijo que no advertía con claridad si el demandante había sostenido que la Resolución Conjunta del 27 de agosto de 1935 había dejado de ser aplicable debido a esas leyes. Para resolver cualquier duda, el tribunal afirmó que esas leyes no habían tenido ese efecto. La Resolución Conjunta no había sido derogada implícitamente. En diversos casos de litigios entre particulares relativos a las cláusulas oro se había llegado a la conclusión de que las leyes no habían derogado la Resolución Conjunta del 5 de junio de 1933258. La justificación de estos casos era igualmente aplicable a la Resolución Conjunta del 27 de agosto de 1935.

Los certificados oro y la tributación

La Sección 14 c) de la Ley de Reserva de Oro de Estados Unidos259 autoriza al Secretario del Tesoro a emitir certificados oro contra las tenencias de oro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La cuantía de los certificados emitidos y en circulación no debe ser superior al valor, sobre la base del patrón legal, de las tenencias de oro que respaldan los certificados. Los bancos del sistema de la Reserva Federal reciben los certificados a cambio de efectivo. Cuando Estados Unidos modificó la Ley de los Acuerdos de Bretton Woods260 para poder aceptar la segunda enmienda del Convenio del Fondo, derogó la sección 2 de la Ley de Modificación de la Paridad261 a partir de la fecha de entrada en vigor de la segunda enmienda262, de modo que en esa fecha dejó de haber un valor de paridad para el dólar de EE.UU. Con todo, se mantuvo la antigua paridad de US$42,22 por onza de oro fino, no como paridad sino como el “patrón legal” con arreglo al cual se cuantificaría el monto de los certificados oro emitidos y el monto insoluto con cargo al oro263.

En el caso Birkenstock v. Commissioner of Internal Revenue264 los contribuyentes apelaron una decisión del Tribunal Fiscal ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito. Se había determinado que los contribuyentes eran responsables por una insuficiencia en el pago de los impuestos sobre la renta. Los contribuyentes sostenían que tenían derecho a liquidar el impuesto sobre su ingreso imponible calculado sobre la base del valor del dólar “real”, “legal” o “patrón”. Su cálculo se basaba en el promedio de los precios diarios del oro cotizados en Londres en 1974. Los contribuyentes invocaron la Ley de Modificación de la Paridad, que había establecido la paridad del dólar en US$42,22 por onza de oro fino. Convirtieron su ingreso imponible en lo que denominaron dólares “legales” multiplicando el ingreso imponible por US$42,22 sobre US$159,45, el precio medio en Londres.

El tribunal falló que los contribuyentes habían errado en su interpretación de la ley. La antigua paridad del dólar se había conservado al solo efecto de la emisión de certificados oro, y no había indicación de que ese patrón reflejara el valor real del dólar. Los billetes del Sistema de la Reserva Federal eran de curso legal para todas las deudas, pero el oro no tenía curso legal. El precio de mercado del oro no era pertinente a efectos de la determinación del impuesto.

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