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Finance & Development, Septembre 2010
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La desigualdad es indefendible: Si las autoridades descuidan la distribución del ingreso, las consecuencias para la sociedad y sus integrantes podrían ser graves

Author(s):
International Monetary Fund. External Relations Dept.
Published Date:
September 2010
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Pastoras en Malkona, Kenya.

Rodney Ramcharan

Es lógico preguntarse si los gobiernos se deberían preocupar por la creciente desigualdad, o bien—inspirándose en la imagen de una marea creciente que levanta a todos los navíos por igual—concentrarse en estimular el crecimiento del PIB. La teoría económica y una masa creciente de datos llevan a pensar que la desigualdad debería ser una inquietud importante.

Tomemos el caso de Estados Unidos. Después de la recesión de 1982 gozó de uno de los períodos de crecimiento económico más prolongados de la posguerra, salpicado apenas por una desaceleración breve a comienzos de los años noventa y otra en 2001. Pero la prosperidad no fue generalizada. Aunque la actividad económica se aceleró durante el boom informático de la década de 1990, no todo el mundo salió ganando. De hecho, durante los 25 años de auge entre 1982 y el estallido de la crisis mundial en 2007, la desigualdad aumentó drásticamente. Entre 1980 y 2004, la proporción agregada del ingreso (neto de impuestos) percibida por el 10% de la población que más ganaba pasó de 7,5% a 14% (CBO, 2006). Pero tomando datos más específicos en un período más largo, la agudización de la desigualdad se revela más marcada. En 1976, el 1% más alto de los hogares percibía apenas el 9% del ingreso estadounidense; para 2007, esa cifra rondaba el 24%. De igual manera, el índice de Gini—un indicador común de la desigualdad que registra 0 si todo el mundo tiene un ingreso idéntico y 1 si una sola persona recibe la totalidad del ingreso—aumentó alrededor de 25% durante ese mismo período.

La desigualdad es mucho peor en numerosos países. Sudáfrica gozó de un crecimiento vigoroso entre 2000 y 2005, pero la desigualdad se agravó brutalmente. En ese lustro, el índice de Gini subió alrededor de 12%, a 0,58, lo cual significa que Sudáfrica es uno de los países más desiguales del mundo.

El costo de los riesgos

Una desigualdad marcada puede acarrear costos socioeconómicos significativos tanto para los particulares como para la sociedad. La vida está llena de riesgos y la desigualdad del ingreso puede dictar cómo los controlan las personas. Los emprendimientos comerciales pueden fracasar y los problemas de salud pueden impedir trabajar. En un mundo con mercados de capital bien desarrollados—sistemas bancarios y seguros fácilmente accesibles—, la gente puede asegurarse contra el infortunio, mediante sus propios ahorros o contratando un seguro. Pero como quedó claro en el debate reciente sobre el sistema de atención de la salud de Estados Unidos, el acceso al crédito y a los seguros es imperfecto en las economías avanzadas, y está aún más limitado en los países menos desarrollados. Eso significa que en muchos casos los particulares tendrán que asumir íntegramente la mayoría de los riesgos que conlleva vivir, y esa responsabilidad es más pronunciada en las economías menos desarrolladas.

Por ende, en las sociedades sumamente desiguales, cuando golpea un infortunio como una enfermedad o una quiebra, es posible que gran parte de la población no tenga acceso al crédito o el patrimonio personal necesario para reemplazar el ingreso perdido o amortiguar el impacto del shock en el consumo. Entonces, aunque el crecimiento económico per cápita—un concepto que mide la variación del ingreso del ciudadano promedio—quizá esté en alza, la brecha del ingreso podría seguir ensanchándose porque una proporción relativamente mayor del ingreso cae en manos de quienes más ganan. Es decir, el ingreso per cápita puede estar creciendo, pero el bienestar del grueso de la población no cambia o empeora, incluso en medio de un boom.

Para la sociedad en su conjunto, una fuerte desigualdad, sumada a un acceso limitado al crédito, puede obstaculizar el desarrollo económico. Por ejemplo, la enseñanza suele considerarse un ingrediente clave del desarrollo económico, pero recibirla requiere mucho tiempo y dinero, incluido el ingreso que la persona sacrifica por estar en un aula. Igualmente, el espíritu de empresa es importante para el desarrollo, pero plasmar una idea en un negocio por lo general requiere un capital inicial considerable. Una desigualdad creciente, que pone estas inversiones fuera del alcance de muchos, puede sentar las bases de un crecimiento mucho más débil. Además, también puede llevar a los desfavorecidos a reclamar una redistribución del ingreso—a través de métodos potencialmente ineficientes de transferencia o tributación—capaz de trabar el crecimiento. La presión a favor de políticas ineficientes podría adoptar formas aún más insidiosas. Rajan (2010), por ejemplo, sostiene que los políticos estadounidenses podrían haberse visto tentados a respaldar medidas económicamente riesgosas, como la expansión excesiva del crédito bancario, para contribuir a aliviar el costo de la desigualdad aguda en términos del bienestar, sembrando las semillas del colapso crediticio.

Consecuencias políticas

Pero el precio más pernicioso de la desigualdad quizá sea el impacto en el sistema político. En las sociedades extremadamente desiguales, una minoría pequeña no solo controla un porcentaje significativo de los recursos económicos, sino que también los organiza probablemente con más eficacia y se expresa con una sola voz en el proceso político. En otras palabras, le resulta más fácil que a los estratos sociales más pobres actuar colectivamente. Ese hecho, conjugado con el manejo de grandes recursos, puede concederles a los ricos una participación desmedida en el proceso político y engendrar políticas económicas que benefician a unos pocos a expensas de la mayoría.

Consideremos el suministro de bienes públicos, como la enseñanza. Dado que tiene un valor social amplio, muchos gobiernos mantienen cierta escolaridad obligatoria y la financian a través de impuestos. Pero aunque la gente menos adinerada se beneficia desproporcionadamente de la educación pública, su costo muchas veces recae en la población más adinerada, que suele optar por la educación privada pero aun así debe pagar impuestos. Por lo tanto, una desigualdad pronunciada que favorezca políticamente a los ricos a expensas de los demás puede conducir a un financiamiento insuficiente de la educación y otros bienes públicos importantes (Ramcharan, 2010). De hecho, hay economistas que sostienen que, como la educación beneficia principalmente a ciertos tipos de producción como la manufactura, es posible que las elites terratenientes de algunos países hayan convencido a los gobiernos de privar conscientemente de fondos a la educación pública, retrasando el desarrollo económico (Galor, Moav y Vollrath, 2009).

Las políticas del sector financiero son otra esfera en la cual la desigualdad y la captura política pueden retrasar el desarrollo económico. La accesibilidad perfecta de los mercados es un indicio de un sistema financiero bien desarrollado. En un sistema de esas características, los mercados están abiertos y tienen competencia, y los particulares pueden acceder fácilmente al crédito. Pero el ingreso de agentes nuevos en el mercado puede hacer peligrar las rentas económicas y el poderío político de los protagonistas ya establecidos; en una sociedad extremadamente desigual, estos últimos—usualmente la elite económica—pueden aprovechar mejor el proceso político para bloquear el desarrollo financiero. Los intereses concentrados pueden, por ejemplo, luchar por que se adopte legislación financiera restrictiva, como ocurrió en las últimas batallas sobre el sector bancario en Estados Unidos (véanse Rajan y Ramcharan, 2010a y 2010b), o bien por que los bancos permanezcan bajo control del Estado, de modo que el crédito esté dirigido a un puñado de empresas bien conectadas. En uno u otro caso, el daño colateral para la economía puede ser grave, ya que persisten empresas ineficientes y se retrasa la innovación. Obviamente, una vez que una elite soluciona el problema de la acción colectiva y aprende a manipular el proceso político, su impacto puede ser mucho más amplio. Alston y Ferrie (1993), por ejemplo, sostienen que hasta que la mecanización de la producción algodonera desplazó la mano de obra agrícola no calificada en los años cuarenta, un pequeño grupo de terratenientes sureños empleó su influencia en el Congreso para postergar el establecimiento del régimen de seguridad social en Estados Unidos, a fin de mantener a esos trabajadores bajo su control.

El bienestar social en juego

En suma, cuando el crecimiento económico es positivo, la sociedad puede estar mejor que en el pasado. Pero las políticas económicas que circunscriben la atención a las tasas de crecimiento promedio pueden ser ingenuas hasta rayar en lo peligroso, sobre todo en países donde la desigualdad ya es elevada. Su precio para el bienestar de la sociedad puede ser muy grande, especialmente si los mercados de crédito están subdesarrollados, y también puede limitar las inversiones en capital físico y humano propicias para el crecimiento, y alentar la insistencia en una redistribución posiblemente ineficiente. Pero la desigualdad aguda también puede alterar el proceso político, dándoles a los ricos una voz relativamente más fuerte que la de una mayoría no tan homogénea. El resultado de ese desequilibrio de poder quizá sean políticas e instituciones económicas que beneficien a unos pocos a expensas del resto de la sociedad. Esas políticas, a su vez, pueden sesgar aún más la distribución del ingreso y calcificar el sistema político, con consecuencias políticas y económicas aún más graves a largo plazo.

Rodney Ramcharan es Economista Principal del Departamento de África del FMI.

Referencias:

    AlstonLee y JosephFerrie1993Paternalism in Agricultural Labor Contracts in the US South: Implications for the Growth of the Welfare StateAmerican Economic Review vol. 83 No. 4 págs. 85276.

    GalorOdedOmerMoav y DietrichVollrath2009Inequality in Land Ownership, the Emergence of Human-Capital Promoting Institutions, and the Great DivergenceReview of Economic Studies vol. 76 No. 1 págs. 14379.

    Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO)2006Historical Effective Federal Tax Rates: 1979–2004 (Washingtondiciembre).

    RajanRaghuram2010Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy (Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press).

    RajanRaghuram y RodneyRamcharan2010aLand and Credit: A Study of the Political Economy of Banking in the United States in the Early 20th CenturyJournal of Financede próxima publicación.

    RajanRaghuram y RodneyRamcharan2010bConstituencies and Legislation: The Fight over the McFadden Act of 1927” (inédito).

    RamcharanRodney2010Inequality and Redistribution: Evidence from U.S. Counties and States, 1890–1930Review of Economics and Statisticsde próxima publicación.

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