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Resumen general

Author(s):
International Monetary Fund. Independent Evaluation Office
Published Date:
May 2008
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En esta evaluación se examinan los factores que influyen en la eficacia de la condicionalidad estructural del FMI para promover la reforma estructural, y se analiza el impacto de la iniciativa de racionalización puesta en marcha en 2000 y de las directrices sobre condicionalidad adoptadas en 2002. Ambas tienen por objeto reducir el volumen y el alcance de la condicionalidad estructural mediante el uso “restringido” de las condiciones y estipulan que las condiciones deben ser “esenciales” para alcanzar los objetivos del programa.

En la evaluación se llega a la conclusión que durante el período 1995–2004 el uso de la condicionalidad estructural en los programas respaldados por el FMI fue amplio y se estableció un promedio de 17 condiciones por año de programa. La mayor parte de estas condiciones se caracterizaron por su escasa profundidad estructural y solo alrededor de la mitad se cumplió oportunamente. El cumplimiento estuvo solo ligeramente correlacionado con los avances subsiguientes en la reforma estructural. La identificación del equipo económico y los ministerios a cargo de la implementación de las medidas específicas con el programa de reforma fue necesaria tanto para el cumplimiento como para la continuidad de la reforma. El cumplimiento y la eficacia se situaron en niveles más altos en los ámbitos que constituyen el núcleo básico de las atribuciones y competencia del FMI, como la gestión del gasto público y las cuestiones relacionadas con los impuestos, y más bajos en ámbitos tales como la privatización y la reforma del conjunto del sector público.

La iniciativa de racionalización no redujo el volumen de la condicionalidad, debido en parte a que las condiciones estructurales continuaron utilizándose para realizar el seguimiento de otras iniciativas como los programas de apoyo de los donantes y el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE). No obstante, contribuyó a modificar la composición de la condicionalidad, orientándola hacia los ámbitos que constituyen el núcleo básico de las atribuciones y competencia del FMI y en nuevas esferas de la reforma fiduciaria básica. Asimismo, el FMI se retiró de las esferas polémicas en las que su impacto había sido poco significativo y que correspondían en gran medida a los ámbitos propios del cometido básico del Banco Mundial. Sin embargo, los acuerdos del FMI aún incluían condiciones que no parecían esenciales para alcanzar los objetivos del programa.

Una de las recomendaciones es reafirmar la necesidad de reducir el volumen de la condicionalidad estructural. Como primera medida práctica, podría establecerse un tope teórico, posiblemente de cuatro o cinco condiciones al año, es decir, la mitad del promedio actual, para los criterios de ejecución y las acciones previas. Deberían eliminarse los parámetros estructurales, y las medidas con un contenido estructural bajo no deberían formar parte de la condicionalidad. Normalmente, la condicionalidad debería limitarse a los ámbitos que constituyen el núcleo de las atribuciones y competencia del FMI. En otras esferas críticas como el conjunto del sector público, el FMI debería cumplir una función subsidiaria que complemente la desempeñada por el Banco Mundial, que tiene más experiencia en estos ámbitos. Será necesaria la orientación explícita del Directorio cuando las reformas de política en ámbitos que no constituyen el núcleo básico de las atribuciones y competencia del FMI se consideren esenciales pero no pueda lograrse oportunamente una cooperación eficaz con el Banco Mundial. El FMI debería establecer un marco de evaluación y seguimiento en el que se vinculen las reformas con los objetivos, lo que proporcionaría una base más sólida para evaluar los resultados de los programas. En los documentos de los programas debería explicarse en qué medida la condicionalidad propuesta es esencial para alcanzar los objetivos explícitos. En el caso de los acuerdos respaldados por el SCLP, en particular, las solicitudes de aprobación de un programa deberían incluir una hoja de ruta operativa que abarque toda la duración del programa, en la que se expliquen las reformas propuestas, la secuencia de las mismas y el impacto previsto.

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