Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional
Chapter

Artículo XXIX: Interpretación

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
September 1993
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a) Toda cuestión de interpretación de las disposiciones de este Convenio que surja entre cualquier país miembro y el Fondo o entre cualesquiera países miembros se someterá a la decisión del Directorio Ejecutivo. Si la cuestión afecta en particular a un país miembro que no tenga derecho a nombrar director ejecutivo, el país tendrá derecho a hacerse representar de acuerdo con el Artículo XII, Sección 3j).

b) En los casos en que el Directorio Ejecutivo haya tomado una decisión de acuerdo con el apartado a), todo país miembro podrá exigir dentro del término de los tres meses siguientes a la fecha de la decisión, que la cuestión se someta a la Junta de Gobernadores, cuya decisión será definitiva. Toda cuestión de interpretación que se someta a la Junta de Gobernadores será resuelta por una Comisión de Interpretación de la propia Junta. Cada miembro de la Comisión tendrá un voto. La Junta de Gobernadores resolverá sobre la composición de dicha Comisión, sus procedimientos y las mayorías que se requerirán para tomar acuerdos. Las decisiones que la Comisión adopte se considerarán decisiones de la Junta de Gobernadores a menos que ésta, por mayoría del ochenta y cinco por ciento de la totalidad de los votos, decida otra cosa. Mientras esté pendiente la resolución de la Junta de Gobernadores, el Fondo podrá actuar, en lo que juzgue necesario, basándose en la decisión del Directorio Ejecutivo.

c) En caso de que surja un desacuerdo entre el Fondo y un país miembro que se haya retirado o entre el Fondo y algún país miembro durante la liquidación del Fondo, dicho desacuerdo será sometido al arbitraje de un tribunal compuesto de tres árbitros, uno nombrado por el Fondo, otro por el país miembro o por el país miembro que se haya retirado y un tercero en discordia, el cual, a menos que las partes acuerden otra cosa, será nombrado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia o por cualquiera otra autoridad que prescriba el reglamento adoptado por el Fondo. El tercero en discordia tendrá plenos poderes para resolver todas las cuestiones de procedimiento en los casos en que las partes estuvieren en desacuerdo al respecto.

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