Chapter

Capítulo 3. El fortalecimiento del sistema financiero internacional

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
October 2002
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Los debates sobre la reforma del sistema financiero internacional pasaron a primer plano en 1998, tras las crisis que sacudieron a las economías asiáticas. Desde entonces, mucho se ha hecho para mejorar la capacidad del FMI en materia de prevención de las crisis y, en términos más generales, de la arquitectura del sistema financiero internacional. Concretamente, se ha adoptado una serie de iniciativas encaminadas a mejorar los análisis de la vulnerabilidad de los países que lleva a cabo el FMI; imprimir mayor transparencia a la formulación de las políticas económicas de los países miembros y de las políticas y operaciones de la propia institución; promover la declaración de datos puntuales y exactos al FMI y la publicación de datos económicos, ciñéndose a normas de aceptación internacional; fortalecer los sectores financieros, entre otras vías mediante la supervisión prudencial; y fomentar la adopción de régimenes monetarios y cambiarios armonizados y menos susceptibles a las crisis. Como resultado, se han robustecido las políticas de muchos países. La flexibilidad de la economía mundial y del sistema financiero internacional frente a la desaceleración económica de 2001 y a los atentados del 11 de septiembre llevan a pensar que estos esfuerzos están empezando a dar su fruto.

Sin embargo, sería poco realista suponer que todos los países miembros podrán evitar perpetuamente las crisis, y por ende el FMI se ha dedicado a fortalecer su capacidad para ayudarlos a solucionarlas. En el curso del ejercicio 2002, el Directorio Ejecutivo debatió dos facetas principales de esta labor. Primero, se planteó la manera de ayudar a los países miembros a hacer frente a las dificultades, cuando éstas surjan, de mantener el acceso a los mercados de capital, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad del sistema financiero internacional. Segundo, en relación con los casos extremos en que un país miembro necesite reestructurar sus obligaciones financieras, el Directorio Ejecutivo evaluó marcos de reestructuración de la deuda soberana tales que los países miembros muestren mayor inclinación a reunirse con los acreedores en una etapa más temprana, antes de que la demora reste valor e incremente la escala de las distorsiones económicas. Al mismo tiempo, el Directorio Ejecutivo reconoció que es preciso tener cautela en el diseño del nuevo contexto para no crear en los países el incentivo de recurrir al incumplimiento de los pagos como manera fácil de eludir los ajustes necesarios.

La lucha internacional contra el lavado de dinero —otra actividad crítica para el fortalecimiento del sistema financiero internacional— cobró renovada importancia tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que llevaron a un nuevo examen a nivel nacional e internacional de mecanismos que permitan promover y hacer cumplir leyes contra el lavado de dinero y también contra el financiamiento del terrorismo. El FMI se planteó la manera de contribuir a estos esfuerzos a escala internacional y se registraron avances en varios frentes.

En este capítulo se describen los avances realizados hasta abril de 2002 en materia de prevención de crisis (vulnerabilidad externa, transparencia, normas y códigos, y fortalecimiento del sector financiero), solución de crisis (incluida la reestructuración de la deuda soberana) y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se examinan asimismo dos temas conexos: la evaluación de los centros financieros extraterritoriales y la liberalización de la cuenta de capital. Véase en el capítulo 2 el análisis de la supervisión de los mercados internacionales de capital que llevó a cabo el FMI durante el ejercicio. Asimismo, en el sitio del FMI en Internet se presenta información más detallada sobre las iniciativas en marcha.

Prevención de crisis

Evaluación de la vulnerabilidad externa

Las crisis de fines de los años noventa fueron en muchos aspectos diferentes de las anteriores y condujeron a un nuevo planteamiento de los métodos tradicionales de evaluación de la vulnerabilidad de los países miembros frente a cambios de las circunstancias externas, motivado por el papel más preponderante del capital privado en el financiamiento de los mercados emergentes, el estrechamiento de la conexión entre los mercados a escala mundial y los vínculos (creados en parte por las presiones sobre el tipo de cambio de un país) entre las dificultades de financiamiento externo y los problemas en el sector empresarial y financiero. Como la prevención de crisis y el fomento de la estabilidad financiera se encuentran entre sus prioridades más importantes, el FMI ha profundizado el análisis de la vulnerabilidad de los países miembros frente a variaciones de las circunstancias externas y, en particular, frente a las condiciones de los mercados de capital.

En octubre de 2001, el Directorio Ejecutivo hizo un balance del progreso logrado en la tarea de hacer un seguimiento más constante de la vulnerabilidad externa de los países miembros, sobre todo en el caso de las economías de mercados emergentes, cuyo acceso a los mercados internacionales de capital a menudo no está asegurado. Los directores manifestaron satisfacción por el renovado empeño en combinar un análisis cualitativo que refleje las circunstancias propias de cada país con indicadores de la vulnerabilidad y otros instrumentos cuantitativos, y también por la mayor integración de las actividades de supervisión bilateral y multilateral conforme surjan las crisis ya sea en economías avanzadas o de mercado emergente. Indicaron que la labor del nuevo Departamento de Mercados Internacionales de Capital contribuye al uso de la información sobre los mercados y sobre su evolución cuando se evalúa la vulnerabilidad.

Los directores señalaron que el FMI recurre de manera sistemática a diversas fuentes independientes de datos:

  • Las últimas revisiones de las perspectivas de la economía mundial. Este es el punto de partida de toda evaluación de la vulnerabilidad, ya que uno de sus principales objetivos es determinar las influencias de la economía mundial sobre los países de mercados emergentes, entre otras formas mediante la consideración explícita de escenarios adversos.

  • Modelos de sistemas de alerta anticipada. Estos estiman, mediante distintos indicadores de la vulnerabilidad, la probabilidad de que la balanza de pagos entre en crisis. A pesar de que se los está perfeccionando, hay muchas crisis que estos modelos no predicen, y otras previstas que no ocurren. Los modelos seguramente sigan siendo instrumentos de advertencia algo mecánicos y no del todo perfectos. Por lo tanto, es necesario matizarlos con análisis detallados de cada país y utilizarlos con prudencia.

  • Necesidades de financiamiento. Si hay riesgo de que el acceso de un país a los mercados financieros mundiales se haga más difícil o se interrumpa, es importante calcular en detalle las necesidades de financiamiento externo y el posible origen y destino de los fondos. Las perspectivas de problemas de liquidez también quedan reflejadas en los análisis de la suficiencia de las reservas, que tienen en cuenta indicadores como la relación reservas/deuda externa a corto plazo y las pruebas de tensión a las que se somete la balanza de pagos. Los análisis de suficiencia de las reservas y la evaluación de los determinantes de los diferenciales y las calificaciones sirven de base para formular políticas preventivas.

  • Información del mercado y riesgos de contagio. Además de la información directa que los diferenciales cambiarios revelan en cuanto al costo del endeudamiento para un país determinado, el análisis de estos diferenciales pone de relieve los cambios en la percepción del mercado y agrega una dimensión más al estudio del contagio. El nuevo Departamento de Mercados Internacionales de Capital está encargado de recabar sistemáticamente información del mercado y perfeccionar las herramientas para comprender los mercados y su comportamiento.

  • Evaluaciones de la vulnerabilidad del sector financiero. Como especialista en el sector financiero de sus países miembros, el FMI cuenta con un elemento crítico para evaluar la vulnerabilidad. Las evaluaciones realizadas en el marco del programa de evaluación del sector financiero (PESF) —proyecto mancomunado del FMI y del Banco Mundial— ayudan a medir la solidez del sector financiero mediante pruebas de tensión y otras hipótesis. El personal se mantiene activamente dedicado al seguimiento del sector financiero de todos los países, brindándoles asesoramiento.

  • Especialización de los departamentos regionales. Los conocimientos especializados que manejan los departamentos regionales del FMI sobre los países de su ámbito permiten estudiar y juzgar con criterios más amplios los instrumentos utilizados para evaluar la vulnerabilidad.

La mayor atención que reciben la vulnerabilidad y las medidas adecuadas para hacerle frente resalta otra vez la importancia de eliminar las lagunas y las deficiencias de los datos. Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) del FMI representan un marco ya acordado para dar a conocer información sobre las reservas y la deuda externa. Otros datos necesarios para la evaluación de la vulnerabilidad son la exposición al riesgo cambiario del sector financiero y de los sectores empresariales no financieros, y también las necesidades de financiamiento de los países, incluido el grado en que dependen del refinanciamiento, del crédito para el comercio exterior y del financiamiento mediante la emisión de bonos. Los directores alentaron al personal a conceder más atención a estas necesidades para que el caudal de datos vaya aumentando con el correr del tiempo y destacaron que muchos países necesitarán asistencia técnica al respecto.

El fortalecimiento de las evaluaciones de la vulnerabilidad permite la realización de ajustes oportunos de política para prevenir crisis externas. Los directores estuvieron de acuerdo en que el FMI puede desempeñar un importante papel para lograr que las autoridades nacionales participen en el análisis de la vulnerabilidad, convenciéndolas de la urgencia de tales medidas, mientras que la información sobre posibles crisis futuras debe mantenerse con carácter estrictamente confidencial. Subrayaron el papel del Directorio Ejecutivo, por ejemplo, a través de la presión de los pares y encargando explícitamente a la gerencia que exprese la mayor preocupación del FMI por este tema. En este sentido, resulta esencial que los resultados de la labor del personal sobre la vulnerabilidad se comuniquen en forma oportuna a los directores ejecutivos.

Recuadro 3.1El Directorio Ejecutivo analiza las directrices para la gestión de las reseñas en moneda extranjera

En septiembre de 2001, al pasar revista a las directrices para la gestión de las reservas en moneda extranjera —publicadas posteriormente por el FMI— el Directorio Ejecutivo señaló que representarán un conjunto de principios básicos que los países podrán aplicar al formular políticas y prácticas sólidas de gestión de las reservas. Los directores ejecutivos se mostraron complacidos con el carácter voluntario de las directrices y convinieron en que su alcance y cobertura son adecuados. El lugar destacado que ocupa el marco para la gestión prudente de los riesgos y el hincapié que se hace en los marcos de transparencia y rendición de cuentas servirán de base para la difusión de sólidas prácticas de gestión. A su vez, éstas complementan las medidas macroeconómicas prudentes y los sectores financieros afianzados, elementos críticos para que un país pueda adaptarse a las perturbaciones y evitar crisis financieras.

Los directores ejecutivos también expresaron su agradecimiento por los comentarios vertidos por un amplio grupo de países miembros e instituciones internacionales durante las extensas consultas que tuvieron lugar mientras se preparaban las directrices. Este proceso contribuyó a que los países miembros lograran una identificación más íntima con las directrices y que éstas estuvieran armonizadas con prácticas sólidas de aceptación general. Los administradores de las reservas se mostraron especialmente complacidos con el hecho de que las directrices se centren en principios de aplicación general y eviten prácticas prescriptivas, de modo que puedan ser de utilidad para países miembros con una amplia variedad de estructuras institucionales que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo.

Como no existe un único conjunto de prácticas que pueda aplicarse a todos los países, la ejecución de las directrices debe tener en cuenta las circunstancias propias de cada país. Al analizar la posibilidad de utilizarlas como parte de la labor de supervisión, y respetando su carácter voluntario, los directores ejecutivos convinieron en que podrían servir de base de las conversaciones entre las autoridades y el FMI sobre campos críticos que requieran el mejoramiento de la gestión délas reservas, pero que no deben ser consideradas como exigencias rígidas ni parámetros oficiales para evaluar esa gestión.

La reducción de la vulnerabilidad externa de los países miembros sigue teniendo como elemento la fijación de pautas. Las directrices para la gestión de la deuda pública, formuladas por el FMI y el Banco Mundial, se publicaron al final del ejercicio 2001. En septiembre de 2001, se publicaron las directrices para la gestión de las reservas en moneda extranjera, preparadas en estrecha colaboración con entidades competentes pertenecientes a un extenso grupo de países miembros e instituciones internacionales (véase el recuadro 3.1). En octubre de 2001, el Directorio Ejecutivo examinó un documento sobre asuntos relacionados con la suficiencia y la gestión de las reservas, incluidos los resultados que se derivan de la aplicación del método de la cuenta de capital para determinar la suficiencia desde el punto de vista de la gestión de las reservas. El documento tenia también por objeto facilitar a los países la formulación de estrategias de inversión de los activos de reserva y control del riesgo, y complementar las pautas ya publicadas sobre la gestión de las reservas. El siguiente paso será el análisis de la suficiencia de las reservas dentro del contexto general de la gestión de la liquidez externa, que incluye la gestión de la deuda externa.

El programa de trabajo sobre la evaluación de la vulnerabilidad es amplio y fluido, y los directores se han planteado diversas maneras de perfeccionar los distintos elementos que entran en juego en las evaluaciones. Entre las prioridades cabe mencionar la utilización de balances nacionales para la prevención y solución de crisis, y también de indicadores del sector financiero. Paralelamente, se procurará comprender mejor la dinámica de los mercados, detectar movimientos dentro de los distintos países que puedan tener repercusiones sobre otros países miembros, y tener muy en cuenta los efectos agregados que puede sufrir la economía mundial a causa de políticas similares adoptadas simultáneamente por varios países.

Transparencia

Con mayor transparencia —tanto a nivel de la política económica como de los datos económicos y financieros— un participante en el mercado puede juzgar con más acierto los riesgos crediticios y evitar una crisis en la medida de lo posible, o frenar el daño si es que ocurre. Esa razón es la que ha impulsado al FMI a promover la transparencia en el ámbito de las políticas de los países miembros, poner en marcha un programa de amplio alcance que tiene por objeto lograr que el público comprenda mejor la política y las operaciones de la institución, e invitar a las autoridades nacionales y al público a hacerle llegar sus comentarios sobre la transparencia y otras iniciativas de importancia crítica. Todos estos esfuerzos se han canalizado principalmente a través del sitio del FMI en Internet.

En los últimos años, ha habido un cambio radical en la política de publicación del FMI y en la disponibilidad de información sobre las medidas adoptadas por la institución y los países miembros. En lo que respecta a información sobre los países, antes de 1994 no se publicaba prácticamente más que estudios con fines de investigación y algunos documentos que servían de referencia para los informes del personal sobre las consultas del Artículo IV; estas últimas por lo general no recibían más que una síntesis breve en el Informe anual del FMI. Los detalles de los programas respaldados por el FMI se consideraban confidenciales. Hoy, el FMI da a conocer un enorme caudal de datos sobre el asesoramiento que brinda a los países, los mecanismos de crédito, las finanzas y las políticas y evaluaciones en campos esenciales.

Un paso importante hacia una mayor transparencia en la supervisión bilateral que ejerce la institución fue la aparición de las notas de información al público (originalmente conocidas como notas de información a la prensa) a mediados de 1997. Al 30 de abril de 2002, se habían publicado notas de información al público sobre el 90% de los países miembros del FMI —en comparación con el 56% a fines de 1998— en las que se resumieron las consultas del Directorio Ejecutivo dispuestas por el Artículo IV sobre la situación económica de los países miembros. Lo más notable, sin embargo, es que ahora con el acuerdo del país se publícan en versión íntegra los informes del personal sobre las consultas del Artículo IV. Entre junio de 1999, cuando el Directorio Ejecutivo decidió autorizar la publicación a título voluntario, y fines de abril de 2002, 106 países miembros han dado a conocer 177 informes. Con todo, la participación ha sido desigual, ya que la publicación es más frecuente entre los países avanzados, del Hemisferio Occidental y de Europa central y oriental.

El cambio en lo que respecta a la transparencia en los programas respaldados por el FMI ha sido igualmente trascendental. Ahora se publican con regularidad declaraciones del Presidente, notas informativas y comunicados de prensa una vez finalizadas las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre el uso de los recursos del FMI. Se presume que los documentos en que las autoridades exponen sus intenciones en cuanto a los programas que recibirán el respaldo del FMI serán de conocimiento público; de hecho, desde que el Directorio Ejecutivo aprobó la publicación en enero de 2001, un 96% del total de esta documentación ha llegado a manos del público. Ese mismo mes, el Directorio Ejecutivo convino en la publicación de los informes del personal que tratan específicamente sobre los programas respaldados por el FMI (informes sobre el uso de los recursos del FMI), siempre con el acuerdo del país miembro. A fines de abril de 2002, se había publicado el 55% de estos informes y la mayor proporción correspondía a los países de Europa central y oriental.

En la actualidad, existe mayor transparencia en las políticas y operaciones del FMI. Se publican los documentos preparados por el personal sobre cuestiones clave de política y los resúmenes de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo al respecto. Además, el FMI ha iniciado un diálogo con el público sobre algunas cuestiones clave. Por ejemplo, se ha procurado conocer la opinión del público con respecto al examen del FMI sobre la condicionalidad, a través de Internet y de seminarios en los que han participado numerosos representantes del mundo académico, responsables de la política económica y organizaciones no gubernamentales. En los últimos años se han llevado a cabo varias evaluaciones externas (e internas) de las actividades y los programas del FMI y se han publicado los resultados de casi todos estos estudios. Por último, durante el ejercicio 2002 comenzó a funcionar una Oficina de Evaluación Independiente (OEI) como complemento de los procedimientos de revisión y evaluación vigentes.

Normas y códigos

La divulgación de normas y códigos para la formulación de políticas y mecanismos institucionales que gocen de aceptación internacional contribuye a un mejor funcionamiento de los mercados al permitir a los participantes y a los responsables de la política económica comparar la información sobre las prácticas que siguen los países con las buenas prácticas acordadas como parámetro de referencia. Las normas también tienen por objeto mejorar la transparencia y el buen gobierno, y reforzar la rendición de cuentas y la credibilidad de las políticas.

La iniciativa del FMI sobre normas y códigos, iniciada en respuesta a la crisis de Asia, ha contribuido a fomentar la formulación y el perfeccionamiento de normas internacionalmente reconocidas en ámbitos clave, preparar evaluaciones sobre la observancia de las normas por parte de los países y ayudar a éstos a aplicar las normas, entre otras formas mediante el suministro de asistencia técnica. Una parte importante de la iniciativa consiste en conocer y tener en cuenta las opiniones de las autoridades y del sector privado. Durante el ejercicio 2002, se avanzó en todos estos frentes.

Cuarto examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos

En julio de 2001, el Directorio Ejecutivo llevó a cabo deliberaciones sobre las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) y el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD) en el marco del cuarto examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos, durante el cual se evaluaron la observancia de las NEDD, la planilla de declaración de datos sobre reservas, la creación de una categoría de datos sobre la deuda externa y la participación en el SGDD. El Directorio Ejecutivo estudió también la propuesta del personal para incorporar una metodología de evaluación —denominada marco de evaluación de la calidad de los datos— a la estructura del módulo estadístico incluido en los informes sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN), como elemento central del Programa de Evaluación de la Calidad de los Datos (véase el recuadro 3.2).

Recuadro 3.2Normas del FMI sobre la divulgación de datos

Las iniciativas del FMI en cuanto a normas de divulgación de datos pretenden contribuir a la elaboración de estadísticas puntuales y completas y, por ende, fomentar la aplicación de políticas macroeconómicas acertadas y facilitar el buen funcionamiento de los mercados financieros.

Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), establecidas en 1996, tienen por objeto orientar en este campo a los países que tienen acceso o podrían obtener acceso a los mercados internacionales de capital. Al 30 de abril de 2002, 50 países se habían suscrito a las NEDD; en noviembre de 2001, Costa Rica pasó a ser, después de Brasil y Túnez, el tercer suscriptor nuevo desde la finalización del período de transición en diciembre de 1998. La suscripción es voluntaria. Entre otras cosas, los suscriptores se comprometen a cumplir los requisitos relativos a la cobertura, periodicidad y puntualidad de los datos que divulgan, a presentar calendarios de publicación en forma anticipada y a atenerse a las buenas prácticas que rigen la integridad y calidad de las estadísticas. Asimismo, proporcionan información sobre sus prácticas de divulgación para su publicación en Internet en la Cartelera Electrónica de Divulgación de Datos (CEDD) (http://dsbb.imf.org). Además, los suscriptores deben mantener un sitio en Internet —conocido como página de datos nacionales resumidos— que contiene los datos propiamente dichos y que está electrónicamente enlazada a la CEDD.

El Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD) se estableció en 1997 para ofrecer a los países un marco para mejorar sus sistemas estadísticos en función de las cambiantes necesidades de la comunidad de usuarios. El SGDD fomenta la aplicación de principios metodológicos acertados, la adopción de prácticas de compilación rigurosas y la observancia de procedimientos que garanticen el profesionalismo y la objetividad. Los países participantes suministran metadatos que describen sus prácticas en cuanto a divulgación de datos, junto con planes detallados de mejora que se publican en la CEDD.

En julio de 2001, el Directorio Ejecutivo aprobó una medida importante encaminada a mejorar las normas del FMI sobre la divulgación de datos al adoptar un marco para la evaluación de la calidad de los datos, que se incluirá en el módulo estadístico de los informes sobre la observancia de los códigos y normas 1 (IOCN). Este marco tiene por objeto hacer frente a la preocupación de que en las evaluaciones sobre las normas deberían examinarse no solo la frecuencia, puntualidad y cobertura de los datos publicados sino también la calidad de los mismos. El marco para evaluar la calidad de los datos fue elaborado por el FMI en consulta con oficinas nacionales de estadística, organismos internacionales y usuarios de datos fuera del FMI. Comprende buenas prácticas y conceptos y definiciones de aceptación internacional en el ámbito de la estadística, y abarca distintas dimensiones de la calidad de los datos, como la integridad, el rigor metodológico, la exactitud y fiabilidad, la utilidad para el usuario y el acceso, así como los requisitos institucionales pertinentes.

1Los informes sobre la observancia de los códigos y normas son producto de una labor mancomunada que el FMI y el Banco Mundial llevan a cabo en consulta con las autoridades nacionales competentes, y describen en forma resumida el grado de observancia de determinadas normas internacionalmente reconocidas por parte de los países.

Los directores apreciaron la oportunidad de pasar revista a la experiencia adquirida con respecto a las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación dedatos y de analizar propuestas encaminadas a precisarlas y unificarlas, y manifestaron su gran reconocimiento al personal por la labor realizada. Hicieron suyo el espíritu de consulta con el que se busca mejorar la concepción y la ejecución de las iniciativas (véase el recuadro 3.3) y destacaron que debe seguir siendo, junto con el carácter voluntario de las iniciativas, una característica importante. El sustancial avance logrado en los últimos años en el ámbito de estas iniciativas le ha permitido al FMI afianzarse más como centro de divulgación de estadísticas económicas y financieras.

Los directores pusieron de manifiesto la importancia que tienen las actividades de los países miembros en este campo para poder mejorar la transparencia y la prevención de crisis. Felicitaron a las autoridades nacionales por el sustancial progreso realizado hasta la fecha, como lo demuestra el gran aumento del número de países que cumplen las especificaciones de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos, en comparación con el año pasado. Asimismo, observaron complacidos que la participación en el Sistema General de Divulgación de Datos crece a un ritmo satisfactorio, acorde con la meta fijada en el tercer examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos.

Prueba del mayor interés de los usuarios en las NEDD la dio el aumento del uso de la Cartelera Electrónica de Divulgación de Datos (CEDD) y la respuesta a la labor de extensión que llevó a cabo el FMI. Los directores respaldaron los planes del personal de realzar estos esfuerzos mediante seminarios sobre normas y códigos internacionales, y de aprovechar las oportunidades que brindan las misiones dedicadas a los informes sobre la observancia de los códigos y normas y las encuestas a los usuarios de la CEDD.

Recuadro 3.3Colaboración en la creación de normas

El personal del FMI ha colaborado con varios otros grupos en la revisión y formulación de normas. Actualmente, está cooperando con:

  • El Comité de Basilea, en la preparación de un nuevo Acuerdo de Basilea sobre capital como complemento fundamental de los principios básicos de Basilea, norma reconocida internacionalmente en materia de supervisión bancaria.

  • Organismos internacionales competentes, en la formulación de metodologías de evaluación y directrices sobre normas internacionales de reglamentación bursátil (Organización Internacional de Comisiones de Valores, OICV), supervisión de seguros (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS) y sistemas de pagos de importancia sistémica (Comité de Sistemas de Pago y Liquidación, CSPL.).

  • El Banco Mundial y la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, en la preparación de normas más detalladas y metodologías de evaluación de las normas de contabilidad y auditoría.

  • Otros organismos, en la finalización de la publicación External Debt Guide (Guía de la deuda externa), brindando a la vez asistencia a los países en la recopilación de datos sobre la deuda externa de acuerdo con los requisitos establecidos en las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) y las recomendaciones del Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD)1. En este sentido, el FMI publicó un segundo borrador de la Guia de la deuda en el sitio de la institución en Internet, a fin de recoger nuevos comentarios antes de presentar la versión definitiva de la misma.

  • El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Banco Mundial, en la elaboración de una metodología tendiente a reforzar la evaluación de las normas jurídicas, institucionales y de supervisión financiera relativas a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (véase el texto).

1El Grupo de tareas interinstitucional sobre estadísticas financieras, constituido bajo los auspicios de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y presidido por el FMI, es el órgano de coordinación de esta labor.

También se ha avanzado en el campo de las estadísticas de la deuda externa. Los directores tomaron nota de la tarea de finalización de la publicación External Debt Guide (Guía de la deuda externa) y de la respuesta alentadora de los países miembros a una serie de seminarios destinados a fomentar la familiaridad con las normas sobre divulgación de datos sobre la deuda externa y evaluar el avance logrado por los países hacia su cumplimiento. La adopción de la nueva categoría de datos sobre la deuda externa será uno de los temas del próximo examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos.

Los directores expresaron su satisfacción por la formulación del marco de evaluación de la calidad de los datos y, en su mayoría, respaldaron la idea de incorporarlo al módulo estadístico incluido en los IOCN. Convinieron en mantener la estructura del módulo, de modo tal que siga sirviendo de evaluación sintética de la observancia de las normas sobre divulgación de datos por parte del país miembro, complementado por una evaluación resumida de la calidad de los datos.

Reflexionando sobre el futuro, los directores coincidieron, en líneas generales, en la necesidad de incorporar la metodología estadística más avanzada a las normas de divulgación de datos del FMI. También hicieron suya la idea de poner en marcha un sistema abierto de distribución e intercambio de datos estadísticos por Internet, de modo tal que la CEDD resulte más funcional y fácil de utilizar.

La mayoría de los directores acordó programar para el segundo semestre de 2003 el próximo examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos.

Evaluación de la observancia de las normas por parte de los países miembros

El número de evaluaciones resumidas en los módulos de los IOCN aumentó más del 100% durante el ejercicio 2002. Para fines de abril, se habían concluido 228 módulos correspondientes a 76 economías y se habían publicado 165 módulos correspondientes a 59 economías. El Banco Mundial está llevando a cabo evaluaciones sobre la observancia de las normas por parte de los países en los ámbitos de gobierno de las sociedades, contabilidad y auditoría. La mayor participación en los módulos de los IOCN —que es voluntaria— se concentra en los países de Europa central y oriental.

Pese a que la responsabilidad de la puesta en práctica de las normas recae en los países miembros, el FMI y otros órganos internacionales facilitan la tarea mediante la prestación de asistencia técnica. (En el capítulo 7 se expone un análisis más amplio de este tema.)

Opiniones de los usuarios en cuanto a los informes sobre la observancia de los códigos y normas

El FMI, en colaboración con otras instituciones, como el Banco Mundial y el Foro sobre Estabilidad Financiera, ha llevado a cabo una serie de misiones destinadas a informar y conocer la opinión de los países miembros y los mercados sobre la labor relacionada con las normas. Durante el último ejercicio, el personal del FMI participó en seminarios en Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Túnez, y también en la Organización Mundial del Comercio (Ginebra) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos/Comité de Asistencia para el Desarrollo (París).

Esta labor de difusión ha generado información que contribuye a que los IOCN sean más accesibles a los usuarios; por ejemplo, gracias a una extensión limitada, un formato estándar y una cobertura de países más amplia. Las autoridades nacionales también han manifestado la necesidad de disponer de asistencia técnica adecuada para facilitar la corrección de las deficiencias detectadas en las evaluaciones del cumplimiento de las normas. Se están tomando medidas para hacer frente a estas inquietudes y evaluar las consiguientes repercusiones sobre los recursos.

Fortalecimiento del sector financiero

Las crisis de Asia y los problemas del sector bancario surgidos en muchos países miembros han puesto de relieve la importancia crucial de una labor concertada para reforzar los sistemas financieros. A lo largo del ejercicio 2002, como parte de la intensificación de las actividades de supervisión del sector financiero emprendidas en los últimos años, el FMI siguió adelante con los análisis exhaustivos que efectúa en colaboración con el Banco Mundial en el marco del programa de evaluación del sector financiero), examinó el uso de los indicadores sintéticos de la solidez financiera y concedió más atención a las evaluaciones de los centros financieros extraterritoriales.

Programa de evaluación del sector financiero

El PESF, en el que los países participan voluntariamente, tiene como objetivo fortalecer el seguimiento de los sistemas financieros de los países en el contexto de la labor de supervisión bilateral del FMI y la labor de desarrollo del sector financiero del Banco Mundial. Tras el programa piloto, los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial decidieron que se mantendría el PESF, con un máximo de 24 evaluaciones de países por año. En lo que respecta al FMI, se acordó que las evaluaciones de la estabilidad del sector financiero (EESF) —que son informes derivados del análisis de las conclusiones del PESF— constituyen el instrumento preferencial para reforzar el seguimiento de los sistemas financieros en el marco de la labor de supervisión que ejerce el FMI. Para abril de 2002, 27 países habían llevado a termino su participación en el PESF1 y 50 nuevos países habían anunciado su intención de participar en el programa, habiéndose iniciado las labores en el caso de 27 de ellos. En enero de 2001 se autorizó la publicación de EESF para proporcionar a los mercados una evaluación integrada de los puntos fuertes y débiles del sector financiero de los países en cuestión. Para abril de 2002, 11 países habían publicado su EESF. En el marco del programa de evaluación correspondiente al ejercicio 2002 se dio mayor énfasis a los países de importancia sistémica, de conformidad con las opiniones vertidas en los dos Directorios.

El FMI ha preparado, como complemento de su labor de evaluación de la vulnerabilidad externa y los PESF, un conjunto de indicadores de la solidez financiera (ISF) y ha formulado métodos de análisis macroprudencial destinados a mejorar la evaluación y el seguimiento de los factores de vulnerabilidad de los sistemas financieros. (El análisis macroprudencial incluye un análisis de la vulnerabilidad de los sistemas financieros frente a diversos tipos de perturbaciones mediante pruebas de tensión.) En junio de 2001 el Directorio Ejecutivo aprobó un conjunto básico de ISF y otro conjunto de ISF cuyo uso se recomienda. El conjunto básico de indicadores está centrado en el sector bancario y fue seleccionado en virtud de su relevancia analítica, utilidad y disponibilidad. El conjunto recomendado incluye indicadores complementarios para el sector bancario e indicadores para el sector financiero no bancario, para los sectores empresarial y de hogares, y para los mercados de bienes raíces. Los directores ejecutivos coincidieron en que una recopilación más general y un uso más intensivo de los ISF, centrando la atención en el conjunto básico, permitirían mejorar considerablemente la labor de supervisión. Señalaron que sería conveniente recopilar de manera más sistemática datos sobre los ISF en el PESF y en los informes relativos a las consultas del Artículo IV, así como realizar evaluaciones en profundidad del sector financiero.

En julio de 2001, durante el cuarto examen de las iniciativas sobre normas del FMI para la divulgación de datos, los directores se plantearon la posibilidad de incluir los ISF en las NEDD. Si bien algunos estimaron que sería útil, otros se manifestaron en contra de hacerlo incluso en una etapa posterior para evitar desalentar nuevas suscripciones y sobrecargar a los suscriptores actuales. Se decidió volver a examinar el tema en otra ocasión.

La futura labor pertinente a los ISF incluye actividades en cuatro ámbitos: el apoyo a las tareas de compilación de las autoridades nacionales; una labor analítica y empírica de medición y análisis de los ISF; un seguimiento más eficaz de los ISF, en colaboración con las autoridades nacionales, como componente esencial del proceso de los PESF y la EESF; y una labor orientada a alentar a las autoridades nacionales a divulgar periódicamente los indicadores.

Evaluaciones de los centros financieros extraterritoriales

El FMI ha ampliado su labor en el sector financiero a fin de incluir los centros financieros extraterritoriales. El programa comprende evaluaciones voluntarias en tres niveles posibles2. A fines de abril de 2002, el personal del FMI había iniciado misiones en 19 centros financieros extraterritoriales con el fin de reunir información, brindar asistencia técnica y colaborar en las autoevaluaciones; había concluido nueve evaluaciones y se habían publicado tres (Chipre, Gibraltar y Panamá). La encuesta coordinada sobre inversión de cartera organizada por el FMI, en la que participarán varios centros financieros extraterritoriales importantes, complementará esta labor al facilitar a los estadísticos nacionales la compilación de datos más exhaustivos sobre la posición de inversión transfronteriza.

Liberalización de la cuenta de capital

El FMI ha potenciado su labor relativa a la cuenta de capital, para lo cual, entre otras cosas, ha ampliado su labor de análisis, ha dado mayor prominencia a los problemas de la cuenta de capital en las consultas del Artículo IV y ha ampliado sus consultas con el sector privado. Entre los beneficios que reporta la apertura de la cuenta de capital se incluyen una asignación más eficiente del ahorro a nivel internacional y una mayor productividad (por ejemplo, a través de la transferencia de tecnología en flujos de inversión extranjera directa), mayores oportunidades de diversificación de la cartera de inversiones, distribución de los riesgos, mayor profundidad de los mercados financieros y mayor división internacional del trabajo. Por otro lado, la inestabilidad de los flujos internacionales de capital ha sido uno de los factores que han influido en varias de las crisis recientes, lo que revela la importancia de liberalizar la cuenta de capital siguiendo una secuencia adecuada.

En julio de 2001, el Directorio Ejecutivo, en respuesta a una solicitud del Comité Monetario y Financiero Internacional, celebró un debate preliminar sobre la estabilidad del sector financiero y la secuencia de la liberalización de la cuenta de capital. Conscientes de que no existe una regla simple que sea aplicable en todos los países, los directores ejecutivos examinaron algunos principios generales que podrían ayudar a los países a coordinar la liberalización de la cuenta de capital y establecer una secuencia adecuada para la misma. Estos principios ponen de manifiesto:

  • La importancia de lograr la estabilidad macroeconómica y dar prioridad a la adopción de reformas del sector financiero que la promuevan.

  • Coordinar las distintas políticas del sector financiero para que las reformas se refuercen entre sí.

  • Tener en cuenta la situación inicial de las entidades financieras y no financieras y la eficacia de los controles de capital en vigor.

  • Adoptar cuanto antes las medidas decisivas que puedan tener un período de gestación prolongado.

  • Considerar la sostenibilidad del proceso de reforma.

  • Garantizar la transparencia del proceso de liberalización.

Estos principios ponen de relieve que, en la mayoría de los casos, es conveniente que los flujos a largo plazo (especialmente la inversión extranjera directa) se liberalicen antes que los flujos a corto plazo y que hay medidas de política específicas que deberían adoptarse con anterioridad a la liberalización de los distintos tipos de flujos. En muchos casos podría ser necesario aplicar un enfoque gradual para la liberalización, pero esto no sería suficiente para garantizar una liberalización adecuada.

En diciembre de 2001 se organizó un seminario de evaluación de la experiencia de los países avanzados con respecto a la liberalización de la cuenta de capital. Continúan las deliberaciones, dentro del FMI y con el sector privado, a través del Grupo Consultivo sobre los Mercados de Capital3 y otros grupos.

Solución de crisis

Pese a que la labor de prevención que realiza el FMI debería de reducir el número de crisis con el correr del tiempo, no sería realista esperar que todos los países miembros puedan evitarlas siempre. A lo largo del ejercicio 2002, el Directorio Ejecutivo mantuvo una serie de deliberaciones oficiosas sobre distintos temas vinculados a la solución de crisis financieras y la función que puede desempeñar el sector privado.

En agosto de 2001, el Directorio Ejecutivo consideró en forma preliminar y oficiosa un documento preparado por el personal sobre el tratamiento de los créditos otorgados por el sector privado y los acreedores del Club de París. El Directorio Ejecutivo había solicitado al personal un documento sobre cuestiones relacionadas con la comparabilidad de tratamiento de los créditos otorgados por el Club de París y el sector privado en los casos excepcionales que requieran una reprogramación por parte del Club de París y otros acreedores bilaterales oficiales. Los directores estimaron que muchos de los planteamientos expuestos en el documento eran de carácter técnico, pero que éste serviría de base para las conversaciones entre el Club de París y el personal, por un lado, y entre el Club de París y el sector privado, por el otro, sobre la manera de abordar la comparabilidad de tratamiento y la participación del sector privado.

En septiembre de 2001, el Directorio Ejecutivo evaluó los factores determinantes y las perspectivas del ritmo de acceso a los mercados de capital para los países que salen de una crisis, un elemento crítico del marco para la participación del sector privado. Los directores examinaron una amplia gama de cuestiones a este respecto pero llegaron a la conclusión de que se necesitan más estudios teóricos y empíricos para formar una opinión decidida sobre este complejo tema. Los directores coincidieron con el personal en que las evaluaciones no pueden efectuarse de manera mecánica y que cada caso seguirá requiriendo discernimiento y seguimiento.

De acuerdo con los directores, una concepción más clara de las razones por las cuales los países pierden acceso al mercado podría apuntar a la manera de recuperarlo. Entre los factores determinantes del acceso, se destacan tres: la evolución de las condiciones financieras mundiales; el contagio entre un mercado y otro, y las medidas internas de política económica. La experiencia parece indicar que los países que pierden acceso por perturbaciones en los mercados financieros mundiales o por ligeros efectos secundarios causados por crisis ajenas generalmente lo recuperan con rapidez en cuanto la situación vuelve a la normalidad. Algunos directores hicieron hincapié en que las medidas internas de política económica son a menudo una causa importante de la pérdida de acceso.

El Directorio Ejecutivo señaló que la lista de factores determinantes del restablecimiento del acceso al mercado consignada en el documento constituía un buen punto de partida, pero insistió en que era limitada. Dejó constancia de la trascendencia de que las condiciones de los mercados internacionales de capital sean favorables para que pueda reanudarse el acceso, pero convino en que el factor más decisivo para las perspectivas de cada país es la adopción de medidas correctivas que inspiren confianza, sobre todo las de carácter macroeconómico y estructural encaminadas a mejorar las cuentas externas y la sostenibilidad de la deuda. También se plantearon otros factores.

Por último, muchos directores pusieron de relieve la necesidad de que, a medida que avanza su labor en este ámbito, el FMI se familiarice mejor con las opiniones de los propios participantes en el mercado y tenga una concepción más clara de las razones en que basan sus decisiones crediticias.

Programa de trabajo para la solución de crisis

En su informe al CMFI de abril de 2002, el Director Gerente expuso un programa de trabajo para fortalecer el marco para la solución de las crisis que se concentra en los siguientes cuatro ámbitos básicos:

  • Incrementar la capacidad del FMI para evaluar la sostenibilidad de la deuda de los países.

  • Aclarar la política de acceso del FMI.

  • Fortalecer los instrumentos disponibles para asegurar la participación del sector privado en la solución de las crisis financieras.

  • Examinar un contexto jurídico más ordenado y transparente para la reestructuración de la deuda soberana y definir con más claridad los fundamentos en que se basará la disponibilidad del financiamiento del FMI durante y después de la reestructuración.

El mejoramiento del marco analítico que utiliza el FMI para determinar la sostenibilidad de la deuda es esencial para su capacidad de responder debidamente a las distintas crisis. Como se indica en el marco de Praga, el FMI debe esforzarse por establecer una diferencia entre los casos que exigen una importante reestructuración de la deuda, tal vez incluso una considerable reducción; los casos en los cuales el sector oficial tendrá que alentar a los acreedores para que lleguen a acuerdos voluntarios y mantengan su exposición con el fin de ayudar a superar los problemas de coordinación, y los casos en que es pertinente que el FMI, conjuntamente con otros interesados, proporcione financiamiento en apoyo del programa de ajuste del país miembro para ayudar a restablecer la confianza y catalizar la reanudación de las entradas de capital privado. Esta distinción debería basarse sólidamente en una evaluación de la sostenibilidad de la deuda del país miembro.

Al evaluar la sostenibilidad de la posición externa y fiscal del país miembro, es menester concentrarse en la probabilidad de que pueda recuperar la viabilidad financiera y económica, y prestar atención también a la necesidad de lograr cierto nuevo perfil o reestructuración de la deuda para alcanzar ese objetivo en el contexto de un programa de ajuste bien concebido. El análisis de la sostenibilidad puede no arrojar siempre resultados inequívocos, pero el FMI está desplegando esfuerzos para fortalecer la base analítica que se utiliza para llegar a un juicio intrínsecamente difícil. Se prevé que los funcionarios reúnan en forma más sistemática los elementos requeridos para ese juicio, incluidos la masa inicial de pasivos reales y contingentes, los acontecimientos externos e internos previstos que afectarán la carga del servicio de la deuda, la probabilidad de que se planteen hipótesis más adversas y la capacidad del país miembro —incluidas tanto la política como la institucional— de ajustar las políticas económicas para enfrentar las perturbaciones.

Otro lincamiento del programa de trabajo será aclarar la política sobre acceso a los recursos del FMI para el país miembro que enfrenta una crisis de la cuenta de capital. En este contexto, será importarte reconocer que una política de límites de acceso en tales casos debe basarse en el hecho real de que los recursos del FMI son intrínsecamente limitados, en tanto las posibles necesidades financieras de un país integrado a los mercados mundiales pueden en efecto ser muy grandes y en algunos casos no guardan correspondencia con su cuota en el FMI. La política sería especificar las circunstancias en que el FMI estaría dispuesto a respaldar las políticas del país miembro en caso de que enfrente dificultades. A modo de orientación general, se establecería que los mayores niveles de acceso han de exigir una justificación más rigurosa. Una política más clara de límites de acceso debería permitir que el FMI otorgue la escala de financiamiento necesaria para ayudar a los países miembros a enfrentar sus problemas y, al mismo tiempo, reforzar los incentivos para que se apliquen políticas económicas responsables y se evalúe el riesgo con prudencia.

Un tercer lincamiento del programa de trabajo es fortalecer los instrumentos disponibles para asegurar la participación del sector privado en la solución de las crisis financieras dentro del contexto del marco jurídico vigente. Un aspecto de esta labor explora el uso de opciones de financiamiento para ayudar a superar crisis financieras y complementar el enfoque catalizador, en los casos en que la carga de la deuda del país miembro se considere sostenible. La conclusión general es que aunque el uso de alternativas en materia de instrumentos financieros en ciertas circunstancias puede ayudar a controlar la crisis, es preciso evaluarlos cuidadosamente en cada caso, pues en cada uno de ellos habrá que ponderar los beneficios de las técnicas financieras contra los posibles riesgos que entrañan de distorsionar los mercados, así como contra los efectos de transferir el riesgo de los deudores soberanos al sistema financiero interno.

Para suavizar las consecuencias nocivas de la reestructuración de la deuda soberana, será necesario frenar la pérdida de confianza y mantener el orden del proceso de reestructuración, entre otras cosas anunciando sin demora medidas correctivas y formulando una oferta de reestructuración equitativa.

Reestructuración de la deuda soberana

En los casos excepcionales en que acumulen una carga de deuda insostenible, los países tienen que proceder a la reestructuración de sus obligaciones. Una de las deficiencias del sistema financiero internacional es la falta de un marco para reestructurar la deuda soberana de manera previsible y ordenada: no existe un mecanismo integral que permita a los acreedores privados tomar decisiones por mayoría, y la situación se agrava cuando la deuda está compuesta por numerosos instrumentos emitidos en diferentes jurisdicciones. La consecuencia de este problema de acción colectiva es que en muchos casos la reestructuración es retrasada, prolongada y desordenada; agota el valor de los activos de los acreedores, y crea graves penurias para el país deudor. Esto no solo perjudica al deudor y a sus acreedores, sino que también trastorna los mercados internacionales de capital y afecta a los socios comerciales del país deudor.

En un seminario celebrado en febrero de 2002 durante el cual evaluó documentos preparados por el personal sobre instrumentos complementarios para el enfoque catalizador y nuevas reflexiones sobre la reestructuración de los bonos soberanos internacionales, el Directorio Ejecutivo avanzó en las deliberaciones sobre cuestiones relacionadas con la participación del sector privado en la solución de crisis financieras. Los directores tomaron nota de que pese a que el uso reciente del enfoque catalizador había sido desigual, es útil poder estudiar desde el comienzo la aplicación de instrumentos complementarios tales como los acuerdos de refinanciamiento con inversionistas nacionales, que tienen por objeto facilitar la atención de las necesidades de financiamiento mientras se afianzan las políticas y la confianza. Sin embargo, los directores hicieron hincapié en que tales políticas no pueden remplazar a medidas económicas sólidas, la gestión eficiente de la deuda pública, una mayor transparencia y relaciones activas entre los deudores y los acreedores. El uso de otros instrumentos de financiamiento que contribuyan a controlar las crisis exigirá un examen diferente en cada caso y una evaluación cuidadosa de las ventajas y los posibles costos de estas técnicas según la situación de cada país.

Los directores observaron que, pese al principio de respeto de las obligaciones contractuales, en aquellos casos excepcionales en que existen grandes necesidades de financiamiento y pocas perspectivas de que el acceso espontáneo a los mercados de capital vaya a restablecerse con rapidez, quizá se justifique el uso de un amplio espectro de medidas. Es posible que los tenedores de bonos, junto con otros acreedores, deban contribuir a la solución de la crisis. Cuando la situación de endeudamiento no sea sostenible, quizás haya que proceder a una reestructuración con reducción de la deuda y del servicio de la deuda para llegar a un programa debidamente financiado.

El 6 y 8 de marzo de 2002, el Directorio Ejecutivo organizó un seminario oficioso sobre el perfeccionamiento del marco jurídico para la reestructuración de la deuda soberana, durante el cual pasó revista a dos documentos preparados por el personal. El primero —publicado en noviembre de 2001— seguía de cerca los lincamientos del discurso en el cual Anne Krueger, Primera Subdirectora Gerente, propuso un nuevo régimen para la reestructuración basado en una disposición legal (véase el recuadro 3.4). El segundo —publicado en febrero de 2002— contribuía con más detalles, y agregaba otro enfoque en el cual el FMI desempeñaba un papel menos influyente en las decisiones. En este segundo documento también se analizaba en qué medida el uso de cláusulas de acción colectiva en los instrumentos de deuda podría contribuir a mejorar el proceso de reestructuración. Todas las opciones bajo estudio tienen ventajas y desventajas, y se reconoció la necesidad de un análisis considerable para poder formular propuestas concretas.

Recuadro 3.4La Primera Subdirectora Gerente propone un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana

En un discurso pronunciado ante el Club Nacional de Economistas en noviembre de 2001, Anne O. Krueger, Primera Subdirectora Gerente del FMI, presentó originalmente una propuesta sobre un nuevo mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, dándole más cuerpo posteriormente en una intervención en el Instituto de Economía Internacional en abril de 2002. Ese mismo mes apareció un folleto sobre el tema titulado “A New Approach to Sovereign Debt Restructuring”.

La premisa de la propuesta es que, tal como se está poniendo de manifiesto con creciente claridad a escala internacional, la falta de un marco jurídico sólido para la reestructuración de la deuda soberana acarrea un costo considerable. Primero, los deudores soberanos esperan demasiado para reestructurar, perjudicando tanto a la ciudadanía como a los acreedores. Segundo, cuando finalmente se pone en marcha la reestructuración, ésta se prolonga más de lo necesario y es menos predecible de lo que desearían los deudores y los acreedores. La Sra. Krueger observó que actualmente el sistema financiero internacional carece de un marco establecido para que la reestructuración de la deuda sea equitativa y restablezca la sostenibilidad.

Al presentar su propuesta, la Sra. Anne Krueger señaló que el objetivo del mecanismo de reestructuración de la deuda soberana consiste en facilitar la reestructuración ordenada, previsible y rápida de la deuda soberana insostenible. El uso no lo impondrían ni el Fondo Monetario Internacional ni los acreedores, sino que lo decidiría el país deudor, y únicamente una vez que la deuda alcanzara un nivel insostenible.

De acuerdo con Krueger, las dos tareas fundamentales más complejas serán la creación de incentivos para que, por un lado, los deudores no demoren en hacer frente a sus problemas y, por el otro, las partes acuerden las condiciones con rapidez. Las políticas del FMI en cuanto a la disponibilidad de sus recursos desde antes de iniciada la reestructuración, durante y después de concluida tendrán una influencia crítica en la formulación de los incentivos.

El sistema esbozado por Krueger contempla un marco jurídico internacional que permitiría a una mayoría cualificada de acreedores de un deudor soberano aprobar un acuerdo de reestructuración que sería vinculante para la minoría disidente. Ese marco estaría afianzado por tres puntales: no habría acción judicial por parte de los acreedores entre el momento de la suspensión de pagos y el de la concertación del acuerdo de reestructuración; durante ese período de cese, los intereses de los acreedores estarían protegidos; y, también durante dicho período, habría un mecanismo para atraer nuevos fondos privilegiándolos por encima de la deuda privada ya contraída.

La propuesta de Krueger también prevé la formación de un grupo internacional de jurisperitos que dirimirían conflictos y supervisarían la votación, además de una enmienda del Convenio Constitutivo del FMI como base jurídica para que el acuerdo sea vinculante para todos los acreedores. No habría, sin embargo, ningún traspaso de autoridad jurídica sustancial al FMI; la institución no estaría facultada para imponer un acuerdo y la autoridad decisoria fundamental estaría en manos del deudor y de una mayoría de los acreedores.

El seminario puso de manifiesto la opinión que comparten muchos de los directores —y también la gerencia— en el sentido de que el actual proceso de reestructuración de la deuda soberana es más prolongado, más perjudicial para el país y sus acreedores, y más impredecible de lo que conviene. Tanto los países como los acreedores se verían beneficiados si los países con deudas insostenibles tuvieran mejores incentivos para hacer frente a sus problemas sin dilación, y si, en esos casos excepcionales, hubiera un proceso más previsible para acordar rápidamente una reestructuración que restableciera la sostenibilidad. Al mismo tiempo, se deben evitar los incentivos que puedan provocar una cesación de pagos innecesaria o que contribuyan de alguna manera a acrecentar la percepción de una posible cesación.

La tarea pendiente —parte del empeño por aumentar la eficacia de la prevención y solución de crisis— es doble: formular un marco más eficaz para facilitar la reestructuración de la deuda soberana y mejorar la base analítica que utiliza el FMI para juzgar la sostenibilidad de la deuda. Correspondería recurrir a una reestructuración integral de la deuda únicamente en circunstancias muy limitadas y excepcionales, acordes con el marco de participación del sector privado.

En el documento preparado por el personal se esbozaban enfoques amplios para el logro de estos objetivos: uno basado en una disposición legal y con mayor autoridad para el FMI; uno basado en una disposición legal y en una decisión mayoritaria teniendo en cuenta el endeudamiento agregado del deudor soberano, y uno basado en un contrato y en cláusulas de acción colectiva. El segundo prevé un mecanismo de reestructuración en cuyo funcionamiento tendría una participación limitada el FMI y en virtud del cual la decisión de conceder protección jurídica al deudor soberano y de privilegiar el financiamiento privado nuevo quedaría en manos del deudor y de una mayoría cualificada de acreedores. Aunque una enmienda del Convenio Constitutivo podría servirle de base jurídica, el FMI no estaría facultado para tomar decisiones que dificultaran a los acreedores hacer valer sus derechos. Más bien, una mayoría cualificada de acreedores podría conceder al deudor protección provisional contra acciones judiciales; el deudor y esa mayoría cualificada de acreedores podrían hacer frente más fácilmente a un grupo disidente de acreedores; y —quizá lo más importante— la masa total de acreedores podría votar en conjunto y no instrumento por instrumento (como sucede actualmente con las cláusulas de acción colectiva). Al mismo tiempo, se establecerían salvaguardias para conservar la jerarquía privilegiada de ciertos créditos, y sería necesario crear procedimientos para comprobar los derechos y garantizar la integridad de la votación.

Inevitablemente llevaría tiempo concebir un mecanismo tan complejo de reestructuración y darle instrumentación jurídica una vez que quedara acordado y que los pasos que implica hubieran recibido respaldo general. En el ínterin, quizá convenga concretar mejoras contractuales; varios directores hicieron hincapié en la necesidad de impulsarlas vigorosamente, conforme a lo que cada una pueda aportar. El FMI seguirá estudiando la manera de aumentar la eficacia de los enfoques contractuales, planteándose entre otras cosas cómo crear incentivos más atrayentes para el uso de condiciones de reestructuración por mayoría debida y de ejecución por decisión mayoritaria en los contratos internacionales de deuda, y evaluando la viabilidad y aceptación en el mercado de cláusulas de acción colectiva que para los efectos de la votación permitan la agregación de derechos derivados de distintos instrumentos.

Por último, el Directorio Ejecutivo convino en que los esfuerzos dedicados a perfeccionar el marco de reestructuración actual no deben desplazar a otros aspectos del programa de trabajo sobre la solución de crisis financieras. Es crucial afinar las evaluaciones de la sostenibilidad de la deuda. Además, las deliberaciones de los directores confirmaron que un análisis inicial de los límites de acceso sería un elemento crítico para que el FMI pudiera incrementar la eficacia del marco de participación del sector privado.

En el comunicado de abril de 2002, el CMFI respaldó el programa de trabajo del FMI para reforzar el marco actual para la resolución de las crisis, establecido en Praga, en particular a fin de ofrecer a los países miembros y a los mercados una visión más clara y previsible de las decisiones que adoptará el FMI en una crisis.

El Comité también expresó su satisfacción por la consideración de propuestas innovadoras para mejorar el proceso de reestructuración de la deuda soberana a fin de ayudar a corregir las deficiencias del marco actual. Alentó al FMI a que siga examinando los aspectos jurídicos, institucionales y procesales de dos enfoques, que podrían ser complementarios y reforzarse mutuamente: un enfoque basado en una disposición legal, que permitiría que un deudor soberano y una mayoría cualificada de sus acreedores lleguen a un acuerdo que obligue a todos los acreedores, y un enfoque de carácter contractual, en virtud del cual se incorporarían cláusulas de reestructuración global en los instrumentos de deuda. El Comité espera con interés examinar el progreso realizado en este campo en su próxima reunión, programada para fines del tercer trimestre de 2002.

Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son problemas mundiales que afectan a los países en cualquier etapa del desarrollo y tocan a los centros financieros nacionales y extraterritoriales. No solo atentan contra la seguridad, sino que también podrían perjudicar la prosperidad económica y el estado del sistema financiero internacional.

Antecedentes

Al final del último ejercicio, los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial examinaron la forma en que ambas instituciones podrían incrementar su contribución a los esfuerzos mundiales por combatir el lavado de dinero. Los directores reconocieron que se necesitaba mayor empeño, a escala nacional e internacional, en la lucha contra el lavado de dinero, insistiendo en que la participación del FMI en este terreno debería limitarse a sus esferas de actividad básicas y confirmando que no le corresponde a la institución participar en actividades orientadas a hacer cumplir la ley. El Directorio Ejecutivo convino en términos generales en que el FMI debería adoptar una serie de medidas que contribuyan a la lucha internacional contra el lavado de dinero, como por ejemplo:

  • Crear una metodología destinada a promover la evaluación de las normas financieras orientadas a combatir el lavado de dinero que pueda utilizarse en los informes del programa de evaluación del sector financiero.

  • Colaborar más estrechamente con los principales grupos internacionales que se ocupan de la prevención del lavado de dinero.

  • Incrementar el suministro de asistencia técnica en este ámbito.

  • Incluir los aspectos relativos a la lucha contra el lavado de dinero en las actividades de supervisión y en otras actividades operativas cuando sea pertinente desde el punto de vista macroeconómico.

  • Emprender nuevos estudios y explicar al público la importancia de que los países adopten medidas destinadas a protegerse del lavado de dinero.

El Banco Mundial acordó una serie de medidas similares.

Los directores convinieron, en general, en que las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI 40) deben reconocerse como la norma indicada para luchar contra el lavado de dinero4. Acordaron que se debe seguir estudiando la manera de adaptar las recomendaciones e incorporarlas a la labor operativa del FMI, con la mira enfocada en la elaboración de los IOCN. Señalaron que una vez armonizado el proceso del GAFI con el de los IOCN, se podría invitar al GAFI a participar en la preparación de un módulo de los IOCN relativo al lavado de dinero. El Directorio Ejecutivo solicitó al personal que contribuya al actual examen de las 40 Recomendaciones del GAFI, converse con el GAFI sobre los principios en los que se basan los procedimientos de los IOCN, y que luego prepare un informe y propuestas dirigidos a los directores.

Deliberaciones del Directorio Ejecutivo tras los ataques del 11 de septiembre

En la reunión del 12 de noviembre de 2001, los directores ejecutivos recibieron con beneplácito la oportunidad de examinar el avance de los trabajos del FMI en la lucha contra el lavado de dinero y examinar la función del FMI en la prevención del financiamiento del terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. Subrayaron que al FMI le corresponde un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo como parte de los esfuerzos internacionales de prevención del abuso de los sistemas financieros y de protección y refuerzo de la integridad del sistema financiero internacional.

Los directores reconocieron los avances logrados en la implementación de las medidas contenidas en la exposición sumaria de la reunión del 13 de abril de 2001 del Directorio Ejecutivo sobre la intensificación de la función del FMI en la lucha contra el lavado de dinero. En particular, los directores señalaron que:

  • Se ha preparado un documento de metodología antilavado de dinero que está circulando para recabar comentarios y se encuentra en etapa piloto.

  • Se está trabajando con el GAFI con miras a adaptar las 40 Recomendaciones del GAFI al proceso de elaboración de los IOCN y examinar y actualizar las recomendaciones.

  • Se ha intensificado la asistencia técnica para la prevención del lavado de dinero y en algunos casos se la ha ampliado para incluir, por ejemplo, la creación de unidades de inteligencia financiera.

En su análisis de la forma en que el FMI podría ampliar sus actividades para frenar el uso de los sistemas financieros para el financiamiento del terrorismo y para imprimir más eficacia a sus trabajos contra el lavado de dinero, los directores subrayaron que la participación del FMI en estas esferas debe ajustarse a su mandato y a sus esferas básicas de competencia. Reconociendo que ningún organismo por sí solo puede resolver los problemas en forma independiente, subrayaron que el FMI debe adoptar un enfoque disciplinado y cooperativo que respete las capacidades técnicas, el alcance y el mandato de otras instituciones pertinentes y que deben aclararse las funciones de las diversas instituciones involucradas. Los directores reafirmaron que el FMI debe centrar sus esfuerzos en la evaluación del cumplimiento de los principios de supervisión financiera y suministrar la correspondiente asistencia técnica. Confirmaron, en particular, que sería impropio del FMI involucrarse en cuestiones relativas a la aplicación coercitiva de la ley.

Los directores convinieron, en general, en un conjunto de medidas (que pasaron a denominarse plan de acción del FMI) en respuesta a los desafíos que confronta la institución. En particular, estuvieron de acuerdo en:

  • Extender la participación del FMI en los esfuerzos antilavado de dinero a fin de incluir la prevención del financiamiento del terrorismo.

  • Ampliar los temas incluidos en el documento conjunto de metodología antilavado de dinero del FMI y el Banco Mundial y la asistencia técnica del FMI a fin de incluir aspectos relacionados con la prevención del financiamiento del terrorismo. Además, los directores señalaron que la eficaz implementación de los principios de supervisión financiera depende de la solidez del marco jurídico y otras estructuras institucionales. Por consiguiente, la mayor parte de los directores considera apropiado que se amplíe la cobertura de la metodología antilavado de dinero para incluir cuestiones jurídicas e institucionales. Algunos directores consideraron que el documento de metodología debe llegar a abarcar todas las recomendaciones del GAFI, no solo las 40 originales (una vez revisadas) sino también las 8 de prevención del financiamiento del terrorismo. No obstante, varios directores coincidieron en la aplicación de un enfoque progresivo mediante el cual los funcionarios trabajarían en la ampliación de la cobertura de la metodología de evaluación de estos temas mientras se acumula experiencia en la implementación del actual documento de metodología.

  • Aplicar la metodología ampliada en las evaluaciones de los centros financieros extraterritoriales —cuyo ritmo debe acelerarse—, así como las evaluaciones de las instituciones sujetas a la reglamentación nacional en el marco de los programas de evaluación del sector financiero, pero subrayaron que estas evaluaciones deben tener un carácter voluntario.

  • Enviar a la totalidad de los países miembros del FMI en el curso del tiempo un cuestionario de carácter voluntario en el marco de las consultas del Artículo IV (basado en la metodología antilavado de dinero ampliada). Esta tarea debe considerarse como complemento, y no como sustituto, de las evaluaciones del PESF y los CFE y debe proporcionar información para las deliberaciones del Artículo IV y ayudar a establecer prioridades para la asistencia técnica. Los resultados del cuestionario podrían ponerse a disposición del Directorio Ejecutivo, con la anuencia del país miembro.

  • Reforzar la colaboración del FMI con el GAFI, incluso mediante un trabajo más mancomunado y más acelerado con el mismo en el desarrollo de un proceso de evaluación adecuado que resulte compatible con el carácter uniforme, voluntario y cooperativo del proceso de preparación de los IOCN, y mediante la contribución a la revisión de las 40 Recomendaciones del GAFI.

  • Incrementar la asistencia técnica pertinente del FMI —pero sin desviar los recursos de asistencia técnica de sus usos tradicionales— para corregir deficiencias en los régimenes antilavado de dinero y de prevención del financiamiento del terrorismo de los países que se identifiquen en el curso de las evaluaciones del PESF y los CFE; y establecer para el FMI una función en la coordinación de esa asistencia técnica.

  • Llevar a cabo investigaciones y análisis adicionales sobre cuestiones pertinentes, entre ellas los sistemas alternativos de remesas y pagos y el uso de sociedades.

Los directores convinieron además en que una mayor eficacia en el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades nacionales y los órganos internacionales constituyen un elemento clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Hicieron un llamado a los gobiernos para que creen mecanismos que permitan recopilar y compartir datos, incluido el intercambio internacional de información financiera pertinente con autoridades de supervisión competentes y autoridades policiales y judiciales. Los directores subrayaron que la principal responsabilidad por la aplicación de medidas antilavado de dinero y de prevención del financiamiento del terrorismo seguirá recayendo sobre las autoridades nacionales.

Los directores tomaron nota de las estimaciones provisionales de recursos adicionales requeridos para emprender estas tareas. En general estuvieron de acuerdo con que estas estimaciones podrían utilizarse como punto de partida. Su afinación y la inclusión del impacto del trabajo adicional sobre los recursos, junto con las posibles compensaciones, se examinarán en el curso de las deliberaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2003.

Los directores consideraron que este paquete de medidas adicionales del FMI, en su conjunto, constituiría una respuesta sustancial y mesurada a los desafíos mundiales al permitirle a la institución aportar una contribución más útil a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Solicitaron a los funcionarios que mantengan informado al Directorio Ejecutivo sobre los avances en este aspecto, incluidos los esfuerzos por converger hacia una sola metodología de evaluación integral y que sirva para el trabajo del FMI, y que presenten un informe de avance al Directorio Ejecutivo en la reunión de abril de 2002 del Comité Monetario y Financiero Internacional (véase el recuadro 3.5), así como un documento sobre los resultados del programa de trabajo reforzado antes de las Reuniones Anuales de 2002.

Comunicado del CMFI de abril de 2002

En la reunión de abril de 2002, el CMFI subrayó que los esfuerzos internacionales para contrarrestar el uso abusivo del sistema financiero internacional para financiar el terrorismo y lavar los activos provenientes de actividades ilícitas siguen siendo una prioridad. Se sintió alentado por la respuesta de muchos países a su solicitud de noviembre de 2001 de que todos los países ratifiquen y apliquen plenamente los instrumentos de las Naciones Unidas para combatir el financiamiento del terrorismo, congelar los activos de terroristas, crear unidades de inteligencia financiera e intercambiar información. El Comité instó a los países que aún no lo han hecho a aplicar plenamente estos instrumentos y cumplir con lo dispuesto en los mismos. También expresó su satisfacción por el sustancial progreso experimentado por el FMI, en estrecha colaboración con el Banco Mundial, en la implementación de todos los elementos de su plan de acción para intensificar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Comité destacó en particular las medidas iniciales adoptadas para evaluar las carencias de los mecanismos establecidos por los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y respaldó plenamente la prestación de asistencia técnica para ayudar a los países a identificar y corregir dichas carencias.

Reiterando que la responsabilidad por la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo corresponde a las autoridades nacionales, el Comité destacó que el éxito dependerá en definitiva de la vigilancia permanente y la acción oportuna a nivel mundial. Solicitó al FMI que siga avanzando en todos los elementos de su programa de trabajo, de manera congruente con su mandato y su idoneidad. Concretamente, los esfuerzos deberán centrarse ahora en preparar una metodología integral para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, basada en normas internacionales que incluyan las recomendaciones del GAFI y procedimientos de evaluación que sean compatibles con la naturaleza uniforme, voluntaria y cooperativa del mecanismo de preparación de los IOCN. También será crucial mejorar el suministro de asistencia técnica en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Comité instó al FMI a que, en colaboración con otras organizaciones internacionales y los países donantes, identifique y responda a las necesidades de asistencia técnica. Espera con interés recibir en su próxima reunión, programada para septiembre de 2002, un informe completo sobre los avances en este ámbito. El Comité solicitó a los países miembros que intercambien información sobre sus propias actividades en este campo.

Recuadro 3.5Avance de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo durante el ejercicio 2002

En un informe conjunto de situación sobre la intensificación de la lucha antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) que fue presentado al CMFI en abril de 2002, el FMI y el Banco Mundial pasaron revista a la creación de metodologías de evaluación, la profundización de las evaluaciones de los régimenes ALD/LFT de los países miembros y de los centros financieros extraterritoriales, los estudios sobre sistemas informales de transferencia de fondos, el análisis del marco jurídico e institucional ALD/LFT y el fortalecimiento de las capacidades de los países miembros (sobre este último tema, véase el capítulo 7 relativo a la asistencia técnica).

Formulación de metodologías ALD/LFT

Progreso hacia una metodología única e integral ALD/LFT. En el comunicado del 17 de noviembre de 2001, el CMFI requirió que se intensificara la “colaboración con el GAFI en la elaboración denormas internacionales que abarquen el conjunto de recomendaciones de ese Grupo, y velar por que dichas normas se apliquen de manera uniforme, cooperativa y voluntaria”. En respuesta a ese pedido y a pautas anteriores, el personal del FMI y del Banco ha intensificado las consultas con el GAFI. La metodología única e integral para la evaluación de las 40+8 recomendaciones del GAFI aún no ha sido acordada, pero existe acuerdo sustancial a nivel del personal.

Documento sobre la metodología ampliada. En febrero de 2002, se envió a los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial, a título informativo, un nuevo proyecto preliminar de la metodología ampliada, que extendía el documento original en tres direcciones: 1) a los elementos antilavado de dinero de la evaluación se les incorporaron elementos de lucha contra el financiamiento del terrorismo; 2) se creó una sección dedicada a la idoneidad del marco jurídico e institucional ALD/LFT, y 3) se creó otra sección que abarca a proveedores deservicios financieros no sometidos a regulación prudencial.

Al tiempo que los Directorios Ejecutivos del FMI y del Banco Mundial recibieron la metodología ampliada, se envió el proyecto a los organismos normativos (Comité de Basilca, OICV, AISS, GAFI y Grupo Egmont) para que formularan comentarios. Como resultado de las consultas con los organismos normativos, antes de las reuniones de abril de 2002 del CMFI se distribuyó a los Directorios Ejecutivos una versión revisada de la metodología ampliada con material complementario suministrado por el GAFI.

Intensificación de las evaluaciones ALD/LFT

PESF y evaluaciones de CFE. La actividad ALD/LFT forma ahora parte de todos los programas de evaluación del sector financiero (PESF) y las evaluaciones de centros financieros extraterritoriales (CFE). Las misiones dedicadas a PESF y CFE han servicio de marco para plantear temas y transmitir a las autoridades nacionales recomendaciones concretas encaminadas a fortalecer los régimenes ALD/LFT. Entre las dificultades individualizadas como parte de estas evaluaciones, cabe mencionar deficiencias de los marcos jurídicos y regulatorios para la actividad ALD/LFT; fallas en la aplicación de los régimenes ALD/LFT, como falta de familiaridad dentro del sector; la estrechez de la esfera de acción de las instituciones; la definición limitada de las violaciones según las leyes y reglamentaciones ALD/LFT, e insuficiencias en cuanto a la denuncia y evaluación de actividades sospechosas.

Varios países ya han tomado medidas para afianzar los régimenes ALD/LFT en respuesta a las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial y las evaluaciones realizadas en los PESF y para los CFE. Por ejemplo: un gran centro financiero extraterritorial llevó a cabo un examen detenido de sus políticas ALD/LFT y puso en marcha un vigoroso plan de acción para corregir las deficiencias detectadas; un importante país en desarrollo sancionó nuevas leyes ALD/LFT; otro fundó una lunidad de inteligencia financiera y está tramitando el ingreso al Grupo Egmont, y un tercero está poniendo al día su capacidad supervisora en cuanto a ALD/LFT. Varios países están tomando nuevas medidas con la asistencia técnica del FMI y del Banco Mundial (como se señala en el capítulo 7).

Se ha agilizado el programa de evaluación de CFE. El personal del FMI ha convenido con algunas jurisdicciones en programar el doble de evaluaciones de CFE a nivel de los módulos 2 y 3 iniciadas en 2002 (llevándolas a 20, en comparación con las 10 iniciadas en 2001).

ALD/LFT como parte de la supervisión en el marco del Artículo IV. Conforme al llamado del plan de acción del FMI a que la actividad ALD/LFT reciba más atención en las consultas del Artículo IV, se distribuyó a un primer grupo de 38 países miembros un cuestionario específico, que abarca aspectos jurídicos, regulatorios, institucionales y de supervisión. Las respuestas son de carácter voluntario. El primer grupo de 38 países fue seleccionado con el fin de lograr una cobertura geográfica representativa, complementar las evaluaciones del PESF y las de los CFE, y aprovechar el cronograma de consultas del Artículo IV.

Avance de otras actividades de estudio y análisis

Sistemas informales de transferencia de fondos. El FMI y el Banco Mundial están realizando un estudio de estos sistemas entre varios países desarrollados, en transición y en desarrollo. El objetivo del estudio es examinar sus detalles técnicos y sus mecanismos de funcionamiento, concediendo especial atención a sus repercusiones macroeconómicas, financieras y regulatorias, incluida la posibilidad de utilizarlos para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La primera red informal de transferencia de fondos que se estudió fue el sistema “hawala”. Una misión del FMI y del Banco Mundial viajó a seis países (Alemania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Pakistán y el Reino Unido) para examinar los factores que dieron cuerpo al sistema y el grado en que éste se utiliza, así como sus repercusiones económicas y regulatorias. La misión concluyó que el motor principal del sistema son las remesas legítimas de colectividades de emigrantes.

Sin embargo, sus características —sobre todo el anonimato y la imposibilidad de rastreo— lo hacen vulnerable a la actividad delictiva. La regulación varía considerablemente según el país. Aunque algunos (Arabia Saudita) lo prohíben, en otros el sistema está oficialmente permitido, pero no siempre supervisado. Algunos países (el Reino Unido) exigen una inscripción. Otros (Alemania) tienen un sistema de habilitación para operadores. Se llevarán a cabo otros estudios para determinar, entre otras cosas, la mejor manera de hacer un seguimiento de estos sistemas y evitar el uso ilícito. Se preparará un informe definitivo sobre el tema para las Reuniones Anuales de 2002.

Marco jurídico e institucional ALD/LFT. El Departamento Jurídico del FMI ha llevado a cabo un estudio sobre los marcos jurídicos e institucionales ALD/LFT de un amplio grupo representativo de países, aplicando los criterios definidos en el proyecto de metodología ampliada y basándose en información de dominio público, que servirá de base de un informe analítico previsto para antes de las Reuniones Anuales de 2002.

Se considera que un PESF está concluido una vez que el Directorio Ejecutivo ha examinado la EESF y se ha enviado el PESF a las autoridades.

El módulo 1 es una autoevaiuación, realizada con asistencia técnica de expertos en la medida en que sea necesario, cuyo fin es ayudar a los centros financieros extraterritoriales a evaluar el cumplimiento de normas específicas. EI módulo 2 es una evaluación independiente de las normas, dirigida por el FMI. EI módulo 3, o PESF, es una evaluación general de los riesgos y tactores vulnerables, los requisitos institucionales y el cumplimiento de las normas, preparada por el FMI.

Inmediatamente antes de las Reuniones Anuales celebradas en Praga en septiembre de 2000, el FMI estableció, por iniciativa del Director Gerente, un Grupo Consultivo sobre los Mercados de Capital (GCMC), para promover un diálogo regular entre la gerencia del FMI y altos funcionarios y representantes del sector financiero privado. El GCMC se reúne varias veces al año en diversos lugares del mundo, principalmente en los grandes centros financieros. Está representada una gama de instituciones financieras, como bancos, sociedades de inversión e inversionistas institucionales. Comprende representación de todas las regiones del mundo. Las reuniones son de carácter privado y oficioso.

Las 40 Recomendaciones del GAFI están ampliamente reconocidas como el núcleo de las normas antilavado de dinero. Abarcan la aplicación coercitiva de la ley, la regulatión del sistema financiero y la cooperatión internacional. En octubre de 2001, el GAFI dio a conocer nuevas normas internacionales de lucha contra el financiamiento del terrorismo bajo la forma de ocho recomendaciones especiales. Para hacer referencia a todas las recomendaciones de manera sucinta, el GAFI utiliza la expresión “40+8”.

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