Informe Anual 1999
Chapter

Capítulo 7. Respaldo del FMI a los programas de ajuste de los países miembros

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
October 1999
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En 1998/99, el Directorio Ejecutivo se reunió en varias ocasiones para examinar la forma de afianzar el respaldo que el FMI proporciona a los países miembros. En sus deliberaciones, los directores ejecutivos examinaron el funcionamiento del servicio de complementación de reservas; consideraron la creación de líneas de crédito contingente y la posibilidad de reforzar la asistencia a los países en etapa de posguerra; analizaron la política y los límites de acceso a los tramos de crédito y en el marco del SAF, al amparo de los servicios especiales y el SRAE, además de examinar el marco propuesto para la aplicación de programas supervisados por el personal. Hacia el final del ejercicio, el FMI y el Banco Mundial participaron en la coordinación de los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional para hacer frente a las repercusiones económicas de la crisis de Kosovo, en estrecha colaboración con otros organismos y donantes. En este capítulo se pasa revista a las deliberaciones sobre estas cuestiones llevadas a cabo en el Directorio y se presenta un resumen de los programas de los países miembros en favor de los cuales el FMI aprobó nuevo respaldo financiero durante el ejercicio. (En el capítulo 8 se analizan otras cuestiones relacionadas con el SRAE.)

Reconociendo la necesidad de aumentar los recursos financieros de que dispone el FMI, en enero de 1999, un número de países miembros, que representa más del 85% del total de las cuotas del FMI, había aceptado el aumento de sus respectivas cuotas en el marco de la undécima revisión general (véase el capítulo 10), y el Directorio Ejecutivo determinó que se había cumplido el requisito de participación para que entrara en vigor el aumento de cuotas.

Servicio de complementación de reservas y línea de crédito contingente

En enero de 1999, el Directorio Ejecutivo se reunió para examinar el funcionamiento del servicio de complementación de reservas (véase el recuadro 10), mecanismo de concesión de préstamos a corto plazo creado a finales de 1997. La asistencia financiera en el marco del SCR se otorga a los países miembros con necesidades excepcionales de balanza de pagos debido a una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados, que se manifiesta en presiones sobre la cuenta de capital y las reservas. Los directores convinieron en que este servicio sigue siendo un mecanismo adecuado para ayudar a los países con dichas necesidades y que su estructura es, en general, apropiada. Los directores convinieron asimismo en modificar el calendario para aumentar la tasa de cargos que pagan los países prestatarios de forma que dicha tasa entre en vigor a partir de la fecha en que se efectúa la primera compra (es decir, empréstito) y ésta se aplique a continuación a todas las compras pendientes en el marco de este servicio. Los directores también estuvieron de acuerdo, en general, en que la aplicación de un enfoque más flexible en lo que respecta al calendario de los exámenes en el marco del SCR y a la aprobación de los giros correspondientes en el marco del SCR, como en el caso del acuerdo respaldado por el FMI en favor de Brasil, es un nuevo paso importante y este enfoque podría utilizarse de forma eficaz, según las circunstancias de cada caso, para la aplicación de futuros acuerdos en el marco del SCR. Algunos directores plantearon otras cuestiones que consideraron que debían ser objeto de examen a medida que se adquiera experiencia, por ejemplo, la forma de lograr la participación del sector privado.

En abril de 1999, el Directorio respaldó la creación de la línea de crédito contingente a través de la que se otorgará financiamiento a corto plazo, en caso necesario, para ayudar a los países miembros con economías fundamentalmente sólidas, y cuya gestión es acertada, a superar necesidades excepcionales de financiamiento de balanza de pagos como resultado de una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados debido al contagio (véase el recuadro 5). En su reunión de abril de 1999, el Comité Provisional señaló que la LCC es un elemento importante del proceso orientado a fortalecer la arquitectura del sistema financiero internacional.

Asistencia a los países en etapa de posguerra

Para ayudar a satisfacer las necesidades económicas especiales de los países que salen de una situación de inestabilidad política, de disturbios civiles o de un conflicto armado internacional, en 1995 el FMI amplió el alcance de la política de asistencia de emergencia a fin de incluir a los países en etapa de posguerra. Este tipo de asistencia de emergencia puede comprender asistencia técnica, asesoramiento en materia de política económica y el rápido desembolso de un monto limitado de asistencia financiera.

Recuadro 10Política y servicios financieros del FMI

El FMI utiliza sus recursos financieros para ayudar a los países miembros a corregir problemas de balanza de pagos y amortiguar el impacto del ajuste. El financiamiento se otorga tanto a través de los recursos generales como de los servicios concesionarios. La concesión del crédito del FMI está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo y, en la mayoría de los casos, condicionada a que el país miembro se comprometa a adoptar medidas para corregir las causas de los desequilibrios de su balanza de pagos. Los países miembros que usan los recursos generales de la institución “compran” la moneda de otros países miembros o DEG (realizan un giro contra esos recursos) con un monto equivalente de su propia moneda. El FMI aplica cargos a esos giros y exige que los países miembros “recompren” (rembolsen) a la institución, en un plazo determinado, el monto de su propia moneda, con monedas de otros países miembros o DEG. El financiamiento concesionario se otorga en el marco del SRAE.

Servicios financieros ordinarios

Tramo de reserva. Un país miembro tiene un tramo de reserva si el monto de las tenencias del FMI en su moneda en la Cuenta de Recursos Generales, excluidas las tenencias provenientes del uso de los recursos de la institución, es menor que el importe de su “cuota”, es decir, el monto que el país miembro paga por ser miembro del FMI, que se basa en una fórmula compleja que refleja en general la importancia de la economía del país en la economía mundial. Un país miembro puede girar en cualquier momento por un monto máximo equivalente al importe total de su tramo de reserva, con la sola condición de que justifique una necesidad de balanza de pagos. Un giro en el tramo de reserva no constituye uso del crédito del FMI y no está sujeto a cargos ni existe obligación de efectuar una recompra.

Tramos de crédito. El crédito del FMI está sujeto a diferentes tipos de condicionalidad y escalonamiento, dependiendo de que se otorgue en el primer “tramo” (o segmento) equivalente al 25% de la cuota del país miembro, o en los tramos superiores (cualquier segmento por encima del 25% de la cuota). Para efectuar giros en el primer tramo de crédito, los países miembros deben demostrar que están haciendo esfuerzos razonables por superar sus dificultades de balanza de pagos.

Los giros en los tramos superiores de crédito se efectúan en cuotas, o escalonados, y los recursos correspondientes se liberan cuando se cumplen los criterios de ejecución establecidos. Por lo general, esos giros están vinculados con acuerdos de derecho de giro o acuerdos ampliados, a través de los cuales normalmente se procura superar dificultades de balanza de pagos y respaldar, si procede, medidas de reforma estructural de la política económica. A través de los criterios de ejecución y de la revisión periódica del programa se evalúa la ejecución de la política económica.

Acuerdos de derecho de giro. Los acuerdos de este tipo confieren a los países miembros el derecho de efectuar giros hasta un límite máximo de recursos del FMI durante un plazo convenido. Normalmente, los giros se distribuyen trimestralmente y los recursos se liberan a medida que se cumplen criterios de ejecución y se somete al programa a revisiones periódicas. En general, los criterios de ejecución se refieren a los créditos bancarios, a las necesidades de financiamiento del gobierno o del sector público, a las restricciones comerciales y de pagos y al nivel de las reservas internacionales. Mediante la aplicación de esos criterios, el país miembro y el FMI pueden evaluar el progreso logrado y detectar la necesidad de medidas correctivas adicionales. Lo habitual es que los acuerdos de derecho de giro abarquen un período de 12 a 18 meses (aunque pueden llegar, como máximo, a tres años). Los rembolsos deben efectuarse dentro de un plazo de 3¼–5 años, contado a partir de cada giro.

Servicio ampliado del FMI. A través del SAF se brinda asistencia para los programas de ajuste de los países miembros por períodos más prolongados y montos en general mayores que en el marco de los acuerdos de derecho de giro. Este tipo de acuerdo, que normalmente se otorga por un plazo de tres años (aunque pueden prorrogarse por un cuarto año), tiene como finalidad superar dificultades de balanza de pagos atribuibles, en gran medida, a problemas estructurales que requieren un período de ajuste más prolongado.

Para solicitar un acuerdo de este género, el país miembro debe presentar un programa en el que exponga los objetivos y las medidas de política para el período del acuerdo, así como una exposición anual pormenorizada de las políticas y medidas que se propone aplicar en el siguiente período de 12 meses. La distribución de los desembolsos y los criterios de ejecución son semejantes a los que se aplican a los acuerdos de derecho de giro, aunque pueden convenirse desembolsos semestrales. Los rembolsos deben efectuarse dentro de un plazo de 4½–10 años, contado a partir del giro respectivo.

Servicios financieros concesionarios

Servicio reforzado de ajuste estructural. Este servicio, establecido por el Directorio Ejecutivo en 1987, y prorrogado y ampliado en febrero de 1994, constituye el mecanismo principal a través del cual el FMI otorga respaldo financiero, en forma de préstamos en condiciones muy concesionarias, a países miembros de bajo ingreso con problemas persistentes de balanza de pagos.

Al mismo tiempo que se prorrogó y amplió el SRAE, se dejó de proporcionar recursos para su antecesor, el SAE, creado en 1986. Todos los recursos disponibles en el marco del SAE se desembolsaron antes del final de 1995. Los objetivos y características principales del SAE eran similares a los del SRAE actual, pero los programas respaldados en el marco de acuerdos del SRAE son más ambiciosos con respecto a la política macroeconómica y las medidas de reforma estructural.

Con los recursos del SRAE se procura respaldar sólidos programas de ajuste estructural a mediano plazo. El país miembro habilitado que desee acogerse a este servicio debe elaborar, con la asistencia de funcionarios del FMI y del Banco Mundial, un documento sobre parámetros de política económica para un programa de ajuste trienal. En dicho documento, que se actualiza anualmente, se describen los objetivos económicos de las autoridades, las políticas macroeconómica y estructural en el período trienal, así como las necesidades paralelas de financiamiento externo y las principales fuentes de financiamiento. Este documento de las autoridades nacionales tiene por objeto asegurar un marco coherente para las medidas de política económica y atraer asistencia financiera y técnica en respaldo del programa de ajuste.

Las medidas de ajuste de los programas del SRAE tienen por objeto reforzar considerablemente la balanza de pagos y promover el crecimiento económico en el trienio correspondiente. El control de la ejecución de los programas se basa en indicadores financieros y estructurales trimestrales, a los que se agregan criterios de ejecución semestrales para seguir la evolución de los objetivos cuantitativos y estructurales clave. Los recursos de los préstamos del SRAE se desembolsan en forma semestral; inicialmente cuando se aprueba un acuerdo anual, y posteriormente a medida que se verifica el cumplimiento de los criterios de ejecución y una vez finalizada la revisión de mitad de período. Los préstamos del SRAE se rembolsan en 10 cuotas semestrales iguales, la primera a los 5½ años y la última 10 años después de la fecha de cada desembolso. La tasa de interés que se aplica a dichos préstamos es del 0,5% anual.

Servicios financieros especiales

Servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias. Por conducto del elemento compensatorio del SFCC, se proporciona financiamiento oportuno a los países miembros que sufran una insuficiencia temporal de sus ingresos de exportación o un aumento excesivo del costo de sus importaciones de cereales atribuible primordialmente a circunstancias que escapan al control del país. Este elemento del servicio ha sido utilizado sobre todo por los países exportadores de productos básicos. El elemento relativo a contingencias ayuda a los países miembros que mantienen acuerdos con el FMI a llevar adelante sus programas de ajuste cuando la balanza de pagos sufre perturbaciones externas imprevistas. Entre las variables afectadas, cabe señalar los ingresos de exportación, el precio de las importaciones y las tasas de interés internacionales; también pueden incluirse las remesas de los trabajadores y los ingresos por turismo si constituyen un elemento significativo de la cuenta corriente del país miembro.

Servicio de financiamiento de existencias reguladoras. En virtud de este servicio, el FMI ayuda a financiar las contribuciones de los países miembros a las instituciones internacionales que se encargan de las existencias reguladoras, siempre que el país miembro demuestre una necesidad de financiamiento de la balanza de pagos. No se han efectuado giros al amparo de este servicio desde enero de 1984.

Servicio de complementación de reservas. En respuesta a la demanda sin precedentes de recursos del FMI durante la reciente crisis de Asia, el FMI estableció el servicio de complementación de reservas (SCR). Con este servicio se.otorga financiamiento a los países miembros que atraviesan dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a una necesidad de financiamiento a corto plazo en gran escala, resultante de una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados, que se manifiesta en presiones sobre la cuenta de capital y las reservas del país. La asistencia en el marco del SCR se otorgará cuando se prevea razonablemente que mediante la aplicación de medidas de ajuste enérgicas, y con el financiamiento adecuado, se logrará en un corto período corregir las dificultades de balanza de pagos. El acceso en el marco del SCR no está sujeto a los límites de acceso ordinarios, pero se basa en las necesidades de financiamiento del país miembro, su capacidad de rembolso, la solidez de su programa y el historial del país en lo que respecta al uso de recursos del FMI y la cooperación con la institución. El financiamiento en el marco del SCR se compromete por un plazo máximo de 1 año, y se espera que los países rembolsen los recursos obtenidos en el plazo de l año a 1½ años a contar desde la fecha de cada compra; los países tendrán la obligación de rembolsar dichos recursos en el plazo de 2 años a 2½ años. En el primer año, se paga una sobretasa de 300 centésimos de punto porcentual sobre la tasa de cargos aplicable a otros préstamos del FMI. Esta tasa se incrementa en 50 centésimos cada seis meses hasta que la sobretasa llegue a 500 centésimos de punto porcentual.

Línea de crédito contingente. En abril de 1999, el Directorio Ejecutivo convino en proporcionar la LCC durante un período de dos años. Como en el caso del SCR, la LCC tiene por objeto proporcionar financiamiento a corto plazo para ayudar a los países miembros a superar dificultades excepcionales de balanza de pagos debido a una pérdida súbita y perturbadora de la confianza de los mercados. Una diferencia clave entre los dos mecanismos consiste en que el SCR está destinado a ayudar a los países miembros que ya se encuentran en el centro de una crisis, mientras que la LCC constituye una medida preventiva destinada únicamente a aquellos países que se sientan vulnerables al contagio, pero que no se enfrentan a una crisis en el momento en que se comprometen los recursos. Además, los criterios de habilitación limitan la posible utilización de la LCC a los países miembros en la situación siguiente: que estén implementando medidas cuyo efecto no se juzgue conducente a la utilización de recursos del FMI, que presenten resultados económicos—y avances en la adhesión a normas aceptadas a escala internacional—que hayan merecido una evaluación positiva del FMI en la última consulta del Artículo IV y en ocasiones posteriores, y que mantengan relaciones constructivas con los acreedores privados con miras a facilitar la participación adecuada del sector privado. Los recursos comprometidos en el marco de una LCC podrán activarse únicamente si el Directorio determina que las necesidades excepcionales de financiamiento de balanza de pagos que experimenta el país miembro son atribuibles al contagio, es decir, a circunstancias que se encuentran en gran medida fuera del control del país miembro y se deben principalmente a hechos adversos ocurridos en los mercados internacionales de capital a consecuencia de la evolución desfavorable de otros países.

La LCC no está sujeta a los límites generales de acceso del FMI, pero se prevé que los compromisos en el marco de la LCC oscilen entre el 300% y el 500% de la cuota del país miembro. El plazo de vencimiento y la tasa de cargos que se aplican a los recursos en el marco de la LCC son los mismos que en el caso de los recursos en virtud del SCR. (Véase también el recuadro 5.)

Otros mecanismos de asistencia financiera

Respaldo a los fondos de estabilización cambiaría. En 1995, el FMI decidió proporcionar asistencia financiera para la creación de fondos de estabilización cambiaria, a fin de infundir confianza en las estrategias de estabilización basadas en el tipo de cambio de los países, preferentemente un tipo de cambio vinculado con márgenes relativamente estrechos, o una paridad móvil anunciada con antelación. La política económica de los países ha de ser suficientemente restrictiva para mantener las tasas de inflación en niveles compatibles con el ancla cambiaria establecida como meta, de modo que se prevea recurrir muy poco al fondo de estabilización cambiaria para intervenir en el mercado cambiario. Hasta la fecha, el FMI no ha proporcionado este tipo de asistencia.

Mecanismo de financiamiento de emergencia. Consiste en una serie de procedimientos para que el Directorio apruebe rápidamente la concesión de respaldo financiero del FMI, velando al mismo tiempo por el mantenimiento de la condicionalidad necesaria. Este mecanismo sólo se debe utilizar en circunstancias que representen, o amenacen con provocar, una crisis de balanza de pagos en un país miembro que requiera respuesta inmediata del FMI. El Directorio Ejecutivo estableció este mecanismo en septiembre de 1995, y se utilizó en 1997 para Filipinas, Tailandia, Indonesia y Corea, y en 1998 para Rusia.

Asistencia de emergencia. El FMI también puede brindar asistencia de emergencia a un país miembro que tenga dificultades de financiamiento de la balanza de pagos provocadas por catástrofes naturales. La asistencia se proporciona a través de compras directas, que generalmente se limitan al 25% de la cuota, a condición de que el país esté cooperando con el FMI para dar solución al problema que afecta a la balanza de pagos. En la mayoría de los casos, tras otorgar la asistencia de emergencia se ha establecido un acuerdo con el FMI en el marco de alguno de los servicios ordinarios.

En 1995, se amplió el alcance de la asistencia de emergencia para incluir a los países en etapa de posguerra. Esta asistencia puede prestarse: cuando la capacidad institucional y administrativa de un país miembro se haya visto alterada como consecuencia de un conflicto, pero el país tiene aún capacidad suficiente para planificar y ejecutar la política económica y las autoridades demuestran una firme resolución en este sentido; cuando exista una necesidad apremiante de balanza de pagos, y cuando el respaldo del FMI pueda desempeñar una función catalizadora y forme parte de un esfuerzo internacional concertado. Las condiciones exigidas para recibir asistencia de emergencia incluyen una declaración de política económica, un marco macroeconómico cuantificado en la medida de lo posible, y la intención de las autoridades de acogerse en un plazo relativamente breve a un acuerdo de derecho de giro en los tramos superiores de crédito o un acuerdo ampliado, o un acuerdo en virtud del SRAE. La condicionalidad se ajusta a la situación particular del país en cuestión y a las necesidades de reconstrucción de su capacidad administrativa e institucional.

En abril de 1999, el Directorio Ejecutivo examinó varias propuestas para reforzar la asistencia a los países que salen de un conflicto, proporcionándoles asistencia financiera en condiciones más adecuadas a las circunstancias de los países pobres en etapa de posguerra, y en montos mayores y durante un período más prolongado cuando se justifique. Al mismo tiempo, el Directorio hizo hincapié en que, para ser eficaces, las nuevas medidas que adopte el FMI tendrían que complementarse con esfuerzos mucho mayores de la comunidad internacional encaminados a mantener la paz y colaborar en la transición ordenada desde la situación de conflicto a otra propicia a la estabilización y el crecimiento económico de alta calidad.

A fin de reducir el costo de la asistencia de emergencia que proporcione el FMI a los países pobres en etapa de posguerra, los directores convinieron en seguir considerando la posibilidad de obtener subvenciones de las tasas de interés de donantes bilaterales, atendiendo a las particularidades de cada caso, o en el contexto de la creación de una cuenta administrada. También acordaron permitir que se remplacen sin demora los recursos generales no concesionarios del FMI proporcionados en el marco de la asistencia de emergencia en etapa de posguerra por recursos en condiciones concesionarias en el marco del SRAE para los países de bajo ingreso, cuando el país miembro esté en condiciones de obtener la aprobación de un acuerdo al amparo de este servicio financiero.

En el caso de unos pocos países en etapa de posguerra que pueden tardar más de lo previsto en obtener la aprobación de un acuerdo por parte del FMI con la condicionalidad de los tramos superiores de crédito, pese a los esfuerzos de las autoridades, los directores convinieron en que podría proporcionarse acceso adicional, hasta otro 25% de la cuota en forma de compras directas, cuando haya pruebas suficientes de que las autoridades tienen la firme intención de llevar adelante la reforma y la capacidad de aplicar medidas adecuadas.

Países en etapa de posguerra con atrasos en los pagos a las instituciones internacionales

El enfoque de colaboración adoptado por el FMI para asistir a los países miembros con obligaciones en mora frente a las instituciones financieras internacionales, incluido el propio FMI, ha tenido éxito en la prevención de nuevos atrasos persistentes y en la resolución de casi todos los casos (véase el capítulo 10). La mayoría de los países que aún registran considerables y persistentes atrasos en los pagos al FMI han sufrido o están sufriendo ahora algún tipo de conflicto. Un esfuerzo especial por acelerar la prestación de asistencia financiera del FMI en estos casos plantea ciertas dificultades en relación con la estrategia de la institución para hacer frente a los atrasos y, de no limitarse cuidadosamente, podría generar problemas de riesgo moral y socavar la condición de acreedor privilegiado que disfruta el FMI. Sin embargo, reconociendo las necesidades especiales de los países en etapa de posguerra muy endeudados, los directores convinieron en que, en la etapa previa a la liquidación de los atrasos, el FMI podría considerar, en función de las circunstancias particulares de cada caso, una flexibilización de sus exigencias de pago como prueba de cooperación, siempre y cuando se estime que el país miembro está cooperando en materia de política y que todas las demás instituciones multilaterales frente a las que el país registra atrasos adoptan, como mínimo, medidas equivalentes.

Los directores hicieron hincapié en que un sólido historial en materia de política, determinado con flexibilidad en función de las circunstancias de cada país, seguirá siendo un factor esencial para la liquidación de los atrasos. Los planes de liquidación de dichos atrasos seguirán formulándose en función de las circunstancias particulares de cada caso, en coordinación con otros acreedores. A falta de financiamiento en condiciones concesionarias, los atrasos podrían liquidarse mediante un préstamo puente hasta que se obtenga un nuevo acuerdo en el marco de la Cuenta de Recursos Generales (CRG) del FMI (en condiciones no concesionarias). Como en otras deliberaciones celebradas en el Directorio, se consideró que la idea de que el FMI aporte fondos de contrapartida para las operaciones de reprogramación del Club de París o cualquier otro grupo de acreedores es incompatible con el carácter monetario de la institución. No obstante, en determinadas circunstancias, el FMI quizá tendría que considerar la posibilidad de aplicar excepcionalmente las cláusulas del Convenio Constitutivo relativas al aplazamiento de las recompras, al pago de los cargos correspondientes a la CRG en moneda nacional, o ambas posibilidades. La aplicación tendría que considerarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, incluidas las necesidades de financiamiento y las posibilidades de financiamiento que existan en el momento de la liquidación de los atrasos.

Los directores reconocieron que, en el caso de algunos países muy endeudados en etapa de posguerra, las operaciones de liquidación de los atrasos y la reanudación de los flujos netos de financiamiento no se traducirían por sí solas en situaciones viables con respecto al servicio de la deuda. En esos casos, una vez que se establezca un historial de resultados satisfactorio en el marco de un acuerdo de seguimiento, la deuda de los países frente al FMI y otros acreedores podría estar sujeta a las medidas previstas en la Iniciativa para los PPME.

Política y límites de acceso a los recursos del FMI

La política del FMI en materia de acceso a los recursos financieros de la institución refleja la decisión del Directorio Ejecutivo, adoptada en 1994, de elevar del 68% de la cuota al 100% de la cuota el límite de acceso anual en los tramos de crédito y en el marco del SAF por un período de tres años, manteniendo invariable el límite de acceso acumulativo en el 300% de la cuota. Tras examinar la política y los límites de acceso a los recursos del FMI en relación con el aumento de cuotas en el marco de la undécima revisión general, el Directorio decidió en enero de 1999 mantener los límites de acceso en los tramos de crédito y en el marco del servicio ampliado del Fondo en un nivel constante en proporción a las nuevas cuotas, lo que significa un aumento del acceso, en DEG, de aproximadamente un 45% como promedio. Los directores señalaron que en el futuro esperan examinar más a fondo la política de acceso.

En la misma ocasión, el Directorio reexaminó los límites de acceso en el marco del servicio de financiamiento compensatorio y para contingencias y del servicio de financiamiento de existencias reguladoras, y las normas y límites de acceso en el marco del servicio reforzado de ajuste estructural, habida cuenta del aumento de cuotas pendiente. En lo que respecta al SFCC y al servicio de financiamiento de existencias reguladoras, la mayor parte de los directores se mostraron dispuestos a reducir los límites de acceso como porcentaje de la cuota a fin de que, en promedio, se mantuvieran en general invariables en términos del DEG, hasta que se lleve a cabo un examen más detallado de estos servicios a finales del año. En cuanto a las normas y límites de acceso en el marco del SRAE, todos los directores reconocieron la importancia de proporcionar nuevos recursos a los países más pobres del FMI. Sin embargo, la mayor parte de los directores consideraron que las normas y los límites de acceso en lo que respecta al SRAE tendrían que reducirse en porcentaje de la cuota, manteniéndose así en general en el mismo nivel de DEG en promedio, ya que no aumentarían los recursos de la Cuenta Fiduciaria del SRAE cuando entrara en vigor el aumento de cuotas.

Programas supervisados por el FMI

En los últimos años, los programas supervisados por el FMI se han convertido en un instrumento importante y flexible para proporcionar asesoramiento intensivo en materia de política económica a los países miembros, fuera del contexto de un acuerdo respaldado por el FMI. Estos programas son un mecanismo de supervisión informal mediante el cual los funcionarios de la institución llevan a cabo el seguimiento del programa económico de un país y examinan regularmente el progreso logrado en el marco de dicho programa con las autoridades, sin que ello signifique el respaldo oficial del FMI a la política económica del país miembro.

Reconociendo el creciente uso de los programas supervisados por el FMI, la necesidad de garantizar un tratamiento coherente para todos los países miembros y en respuesta al llamamiento de varios directores ejecutivos para evitar que el público pueda confundir, por una parte, lo que es seguimiento realizado por los funcionarios y, por otra, el respaldo del Directorio, el personal elaboró un marco para el uso de los programas supervisados por el FMI. En agosto de 1998, el Directorio Ejecutivo analizó dicho marco y, en general, reiteró su respaldo al concepto. Los directores observaron que el aumento del número de programas supervisados por el FMI en los últimos años refleja la gran variedad de funciones que pueden desempeñar estos programas, a saber: un tipo de medida previa ampliada para los países miembros que traten de establecer o restablecer un historial de política económica; una vía para mantener un diálogo particularmente estrecho entre el país miembro y el FMI, incluso una vez finalizado el acuerdo respaldado por el FMI, y un instrumento que indique a los acreedores y donantes oficiales y a los mercados financieros el firme compromiso del país miembro de aplicar medidas macroeconómicas creíbles y acertadas. Si bien los directores respaldaron en general el marco propuesto para el seguimiento de los programas por parte del personal, plantearon una serie de inquietudes, tales como la necesidad de definir varios tipos de programas supervisados por el FMI con distintos fines, la necesidad de mantener unas normas mínimas aplicables a todos los países y categorías de programas supervisados por el FMI, su nivel de transparencia y el grado de participación del Directorio. Los directores solicitaron al personal que presentara una nota orientativa para uso interno en la que se establezca un marco para el seguimiento informal por parte del personal, teniendo en cuenta las opiniones del Directorio. En diciembre de 1998, el Directorio consideró una versión preliminar de la nota, subrayando su respaldo en general a la continuación de este tipo de seguimiento informal por parte del personal.

Cuestiones sociales

Desde hace más de una década, el FMI aborda los aspectos sociales de la política económica en el marco del diálogo que mantiene con los países miembros. El FMI ha brindado en muchas ocasiones asesoramiento sobre redes de protección social, aspectos de la equidad de la política económica global y la composición del gasto público, centrándose en la reasignación del gasto de partidas no productivas a partidas que fomentan el crecimiento. El interés creciente del FMI en las cuestiones de política social se debe al reconocimiento de que las cuestiones relativas a la equidad y al pleno desarrollo de los recursos humanos deben cobrar aún más importancia para lograr que los programas sean viables a largo plazo.

En casi todas las consultas bilaterales con los países miembros se examinan ahora las repercusiones sociales de las medidas que tome un país, haciéndose hincapié con frecuencia en la pobreza, la salud, la educación y el empleo. Concretamente, los programas respaldados por el FMI en los países miembros de bajo ingreso al amparo del SRAE prestan especial atención a las cuestiones sociales. Por ejemplo, los países que suscriben un acuerdo en el marco del SRAE tendrán que hacer frente a la pobreza acelerando el crecimiento económico y mejorando la provisión y focalización de los servicios básicos de salud, educación y redes de protección social. Para amortiguar el impacto del recorte de subvenciones sobre los grupos más pobres de la población, en los programas respaldados por el SRAE se recomienda con frecuencia proteger, o incluso aumentar, el gasto presupuestario en servicios sociales esenciales (véase en el capítulo 8 un análisis más detallado sobre la política social en los programas respaldados por el SRAE). Además, el Directorio ha reconocido que la creación y el fortalecimiento de las redes de protección social para amortiguar el impacto de la crisis sobre los pobres es un elemento esencial de los programas respaldados por el FMI en los países afectados por la crisis de Asia, como Corea, Indonesia y Tailandia (véase el capítulo 4). A este respecto, el Directorio Ejecutivo ha expresado su satisfacción por los avances que se están llevando a cabo en el ámbito de la focalización del gasto social y los esfuerzos crecientes del Banco Mundial.

Si bien organismos como el Banco Mundial tienen encomendada una misión más específica en el ámbito de las cuestiones sociales y cuentan con más pericia en este ámbito que el FMI, este último, no obstante, ha procurado prestar atención y dar mayor ímpetu a la tarea de mejorar la equidad en tres formas:

  • Asegurándose de que se define un temario de cuestiones sociales.

  • Colaborando con los gobiernos y otros organismos, en particular el Banco Mundial, en la preparación de un marco de política que garantice la coherencia de los objetivos económicos y sociales de un país.

  • Alentando enfáticamente el enfoque tripartito de la Organización Internacional del Trabajo, en el que participan representantes de los trabajadores y los empleadores junto con los gobiernos, al respaldar cambios importantes de política económica.

Como reflejo de su preocupación por las cuestiones sociales, el FMI auspició una conferencia, celebrada en junio de 1998, sobre el tema de la equidad y la política económica, a la que asistieron catedráticos, altos funcionarios encargados de la política económica y representantes religiosos y laborales de todo el mundo que plantearon opiniones muy diversas sobre esta cuestión (véase el recuadro 11).

Consecuencias económicas de la crisis de Kosovo

El 23 de abril de 1999, el Directorio Ejecutivo examinó una evaluación preliminar del costo económico de la crisis de Kosovo para la región y las necesidades de financiamiento externo de los países vecinos afectados por dicha crisis que prepararon conjuntamente el personal del FMI y del Banco Mundial. Los directores manifestaron su respaldo a una respuesta rápida, amplia y coordinada de la comunidad internacional a las consecuencias económicas de la crisis con objeto de atenuar el sufrimiento de los refugiados de Kosovo y lograr que los países de la región afectados por el conflicto tengan acceso a un volumen de financiamiento externo adecuado.

Los directores solicitaron a los funcionarios de las dos instituciones que prosigan su labor de evaluación de las consecuencias económicas de la crisis y de coordinación de las iniciativas internacionales, en estrecha cooperación con otros organismos y donantes interesados. A finales de abril, el FMI y el Banco Mundial organizaron conjuntamente una reunión de alto nivel a la que asistieron representantes de gobiernos y organismos internacionales, así como de los países afectados por la crisis, para dar un nuevo impulso a las iniciativas para proporcionar asistencia de la comunidad internacional.

Uso de los servicios financieros del FMI

El texto completo de los comunicados de prensa y de las notas informativas sobre uso de los servicios por parte de los países miembros pueden consultarse en el sitio del FMI en Internet (www.imf.org) bajo la rúbrica “News” o solicitarse a la División de Relaciones Públicas del FMI.

Albania

Asistencia financiera. El 13 de mayo de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Albania por un monto de DEG 35,3 millones ($47 millones) en el marco del SRAE.

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento sostenido del 7% al 8%, reducir la inflación a los niveles de los principales socios comerciales de Albania y mantener las reservas internacionales en el equivalente de alrededor de 3¾ meses de importación de bienes y servicios. Reducir el actual déficit en cuenta corriente a niveles congruentes con la viabilidad a mediano plazo.

Medidas de política. La política fiscal respaldará estos objetivos al reducir el déficit financiado internamente de aproximadamente un 11% en 1997 a alrededor del 6½% del PIB en 1998 y del 3% para el año 2001. La política monetaria también respaldará las metas de inflación con tasas de interés adecuadas y la aplicación prudente de topes crediticios. A corto plazo, el Banco de Albania se compromete a mantener las tasas de depósito mínimas en niveles positivos en términos reales y en un nivel suficiente para alentar el aumento de los depósitos en leks. Entre las reformas estructurales se prevé resolver el problema de las pirámides de inversiones; privatizar o liquidar los bancos estatales con el fin de crear un sistema bancario basado en el establecimiento de bancos privados eficaces y bien regulados; privatizar empresas; crear un mercado de tierras agrícolas; llevar a cabo la reforma de la administración pública, incluidas medidas de lucha contra la corrupción, y fomentar las remesas y transferencias de albaneses que residen en el extranjero.

Para amortiguar los efectos de una reducción brusca del déficit en 1998, el gobierno recibirá respaldo presupuestario del exterior, lo que le permitirá ampliar temporalmente el actual sistema de asistencia social. El gobierno también aliviará la pobreza ofreciendo empleo en el sector de obras públicas.

Armenia

Asistencia financiera. El 21 de diciembre de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Armenia en el marco del SRAE. Este préstamo, por un monto de DEG 41,85 millones ($59 millones), incluyó un aumento de DEG 8,1 millones.

Objetivos del programa. Hacer frente a dificultades de balanza de pagos derivadas de la crisis de Rusia para mantener una tasa anual de crecimiento del PIB real de por lo menos el 5,5% en 1998 y el 4,0% en 1999, y lograr una inflación de un solo dígito en 1998 y 1999. Reducir el déficit en cuenta corriente del 24% proyectado para 1998 a alrededor del 22% del PIB en 1999.

Recuadro 11Conferencia sobre la equidad y la política económica

El Departamento de Finanzas Públicas auspició una conferencia sobre el tema de la equidad y la política económica, celebrada durante los días 8 y 9 de junio de 1998, a la que asistieron catedráticos, altos funcionarios encargados de la política económica y representantes religiosos y laborales de todo el mundo para analizar los aspectos sociales de las reformas económicas1.

En su discurso de apertura, el Primer Subdirector Gerente del FMI, Stanley Fischer, señaló que el FMI ha manifestado su preocupación por el tema de la equidad porque, como cuestión de justicia social, todos los miembros de la sociedad deben compartir los beneficios del crecimiento económico. La desigualdad extrema no es aceptable desde el punto de vista social, afirmó, pero además es más probable que tengan éxito a largo plazo los programas de ajuste económico equitativos. Desde que en 1995 organizó una conferencia sobre la distribución del ingreso y el crecimiento sostenible, el FMI ha seguido ayudando a los países a incorporar las redes de protección social en los programas respaldados por el FMI y a eliminar el gasto improductivo (como el gasto militar excesivo), aumentando al mismo tiempo el gasto público en necesidades básicas, como atención básica de salud y educación primaria. El FMI ha hecho más hincapié en las reformas estructurales de segunda generación, como el fortalecimiento del estado de derecho, el desmantelamiento de los monopolios y la reforma de los mercados de trabajo, a fin de que los beneficios del crecimiento se distribuyan en gran escala. Los funcionarios del FMI han llevado a cabo estudios específicos por países sobre la pobreza y la distribución del ingreso, con el objetivo de integrar los resultados en el asesoramiento de política económica que brinda el FMI a los países. Los funcionarios están mejorando el proceso de recopilación de datos sobre el gasto social en los países miembros y se están incorporando los resultados de la evaluación externa de los programas respaldados por el SRAE en las operaciones del FMI. El Sr. Fischer señaló que el FMI ha tenido en cuenta especialmente los aspectos sociales de las reformas al diseñar, junto con los países miembros, los programas respaldados por el FMI en Asia.

Los participantes en el seminario, durante cuatro sesiones y un debate, llegaron a un consenso con respecto a los puntos siguientes:

  • Una política macroeconómica sólida es condición necesaria para promover la equidad a mediano y a largo plazo. El logro de la equidad no tiene por qué obstaculizar el crecimiento económico y, de hecho, podría contribuir a consolidarlo.

  • La equidad es un concepto multidimensional que va más allá de la distribución del ingreso y que abarca la distribución equitativa de oportunidades, de la riqueza, de los activos productivos y del consumo, así como la disponibilidad de oportunidades de empleo. No existe un solo indicador de la pobreza ni una recomendación óptima de política económica para hacer frente a todos los problemas que plantea la equidad.

  • Las autoridades encargadas de la política económica deben centrarse en mejorar las perspectivas de los grupos más desfavorecidos, reduciendo la pobreza y la exclusión social. La mejor forma de lograrlo es permitiéndoles una participación más plena en la sociedad, por ejemplo, dándoles acceso a educación, servicios de salud, crédito y un sistema jurídico justo. Al mismo tiempo, es esencial establecer redes de protección social eficaces en función de los costos y bien focalizadas para proteger a los grupos más vulnerables.

  • Los gobiernos deben esforzarse por mejorar los servicios públicos a fin de promover la equidad y reforzar el respaldo a las reformas y lograr que los países las sientan como propias. Ello implica establecer un sistema tributario más eficiente y justo, a fin de generar recursos para fomentar la plena participación de los ciudadanos en la sociedad y mantener las redes de protección social, especialmente en aquellos países con burocracias ineficientes y niveles relativamente altos de corrupción. En estos países, las redes de protección social suelen beneficiar principalmente a las clases medias urbanas.

  • En los PPME, la condonación de la deuda proporcionaría recursos para aumentar el gasto en educación, atención primaria de salud e infraestructura básica.

  • Los cambios tecnológicos han contribuido, en mayor medida que la globalización, a aumentar la disparidad salarial entre los trabajadores calificados y los no calificados, tanto en los países industriales como en los países en desarrollo.

  • Las normas sociales desempeñan un papel importante en la determinación del nivel de desigualdad aceptable en una sociedad. Los gobiernos deben fomentar la participación de la sociedad civil en el diseño y aplicación de medidas que contribuyan a mejorar la equidad. Además, es necesario mejorar el diálogo dentro del gobierno y entre los distintos ministerios, así como la comunicación entre el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales.

  • El FMI debe seguir prestando atención al tema de la equidad en el desarrollo de sus actividades principales. En su discurso de clausura, el

Sr. Fischer prometió que el FMI examinaría detenidamente la mejor forma de incorporar en sus operaciones las ideas y contribuciones ofrecidas por los participantes.

1Las actas de la conferencia se han publicado en un estudio titulado Economic Policy and Equity, edición a cargo de Vito Tanzi, Ke-young Chu y Sanjeev Gupta (Washington: FMI, 1999).

Medidas de política. Las autoridades se proponen mantener una política fiscal restrictiva, limitando el déficit presupuestario estatal a alrededor del 5,5% del PIB en 1998 y del 6% en 1999. En el plano monetario, seguirán aplicando una política monetaria y crediticia restrictiva. Las autoridades y el banco central procurarán reforzar la coordinación de la política fiscal y monetaria, aplicando estrategias de financiamiento mensuales. En el plano estructural, el gobierno perseverará en las reformas y la privatización del sector bancario, aplicará la estrategia revisada para rehabilitar el sector de la energía y formulará y pondrá en marcha un programa orientado a elevar la productividad de la administración pública y a incrementar los sueldos reales de los funcionarios públicos.

El programa asignará especial importancia a la creación e instrumentación de una red de protección social bien focalizada, condicionada al nivel de recursos y eficaz desde el punto de vista de los costos, y a la reforma de los sectores de la educación y la salud y del sistema de pensiones.

Azerbaiyán

Asistencia financiera. El 25 de enero de 1999, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Azerbaiyán en el marco del SRAE por un monto de DEG 23,4 millones ($33 millones) y una compra en el marco del SFCC por un monto de DEG 56,3 millones ($79 millones).

Objetivos del programa. Para 1999–01, lograr un crecimiento medio anual del PIB de alrededor del 7% y una tasa media anual de inflación de aproximadamente un 4%. En el marco del programa se prevé que el déficit de la balanza en cuenta corriente se situará en el 32,5% del PIB en 1999, y aumentará al 38%, aproximadamente, en los años 2000 y 2001, como consecuencia del descenso del precio de las exportaciones de petróleo y de un aumento de las importaciones. Los déficit de balanza de pagos previstos se financiarán principalmente con inversiones extranjeras directas y en parte con recursos adicionales de acreedores multilaterales y bilaterales.

Medidas de política. En el tercer año del programa del SRAE se propone un ajuste de la política macroeconómica, incluidos un plan financiero revisado para 1999 y la intensificación de las medidas en pro del ajuste estructural. Deberán aplicarse medidas encaminadas a lograr el saneamiento de las finanzas públicas, en particular para mejorar la recaudación tributaria, contrarrestar los efectos del descenso del precio del petróleo y facilitar en cierta medida la expansión del gasto para financiar las reformas estructurales y la reducción de los atrasos. Las autoridades seguirán aplicando una política monetaria prudente en 1999, con un enfoque flexible en cuanto al tipo de cambio.

Con respecto a las reformas estructurales, se asignará prioridad a la reforma del sector público, a la lucha contra la corrupción y al aumento de la eficiencia del gobierno. Se adoptarán medidas encaminadas a restringir la injerencia sin justificación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los asuntos económicos, reforzar el tesoro, iniciar la reorganización de la función pública y las estructuras gubernamentales, y reducir el empleo en el sector público, mejorando al mismo tiempo los incentivos. Las autoridades también centrarán su atención en las medidas encaminadas a reestructurar el sector bancario y reforzar el sistema financiero, así como a intensificar el proceso de privatización, reformar las empresas públicas y desarrollar un sector agrícola basado en criterios de mercado.

Las autoridades están resueltas a llevar adelante la reforma de los sectores de salud y educación y a focalizar con más rigor las medidas de protección social. El reasentamiento y la rehabilitación de personas desplazadas dentro del país siguen siendo objetivos prioritarios. El proceso de reorientación del sector público planteará temporalmente la necesidad de adoptar medidas de protección social.

Bangladesh

Asistencia financiera. El 28 de octubre de 1998, el FMI aprobó una solicitud de asistencia de emergencia por un monto de DEG 98,13 millones ($138 millones), para ayudar a la recuperación económica del país, tras la devastación causada por las inundaciones. Las autoridades han adoptado medidas para reforzar el marco macroeconómico y, con la asistencia del FMI, han formulado planes para mejorar la administración tributaria. Las autoridades prevén acelerar las reformas estructurales en tres frentes—el ingreso tributario, el sector bancario y las empresas públicas—a fin de sentar las bases de un crecimiento económico sostenido.

Benin

Asistencia financiera. El 8 de enero de 1999, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual a favor de Benin en el marco del SRAE por un monto de DEG 9,06 millones ($13 millones).

Objetivos del programa. Alcanzar una tasa media de crecimiento del PIB real del 5,5% anual, mantener la inflación por debajo del 3% y reducir el déficit en cuenta corriente a niveles que puedan financiarse sin tener que recurrir a financiamiento extraordinario. Aumentar la inversión pública al 7% del PIB en el año 2001, asignando especial prioridad a la salud y la educación y al desarrollo de infraestructura.

Medidas de política. Las autoridades facilitarán el acceso a los servicios públicos básicos mejorando la gestión pública de los recursos, aumentarán el ahorro público, reforzarán la administración tributaria y ampliarán la base imponible. En 1999, las autoridades también intensificarán la aplicación de políticas estructurales, incluida la revitalización de la administración del Estado mediante la reforma de la función pública. Para incrementar la inversión extranjera y la inversión privada interna, el gobierno ampliará el programa de privatizaciones, incluidas la reestructuración y la privatización de varias empresas públicas y la liberalización de los servicios de telecomunicaciones y el sector del algodón. El gobierno instrumentará un marco reglamentario más eficaz para fomentar un desarrollo sólido y sostenible del sector privado.

Para mitigar el impacto de la política de ajuste en los grupos más vulnerables de la sociedad, el gobierno ampliará el acceso a los servicios esenciales y perseverará en la aplicación de la estrategia adoptada para dar respuesta a los aspectos sociales del desarrollo.

Bolivia

Asistencia financiera. El 18 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Bolivia por un monto de DEG 100,96 millones ($138 millones) en el marco del SRAE. (Véase más información sobre la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME en el capítulo 8.)

Objetivos del programa. Reducir la pobreza a través de un crecimiento económico más acelerado y el fortalecimiento de los programas sociales. Concretamente, aumentar el crecimiento económico del 4,5%-5,0% en 1998 al 5,5%-6,0% anual en los primeros años del próximo decenio; mantener las reservas internacionales brutas en un nivel equivalente a 6½ meses de importaciones, y contener la inflación en alrededor de un 5,5% en 1999 y en el año 2000.

Medidas de política. Se aplicará una política financiera encaminada a mantener la estabilidad macroeconómica y medidas estructurales orientadas a la educación y la reforma sanitaria, la descentralización de las finanzas públicas y el buen gobierno. Las mejoras de la administración tributaria y la contención del gasto contribuirán gradualmente a aumentar el ahorro público y a reducir el déficit fiscal, situándolo en alrededor del 2% del PIB en el año 2002, nivel registrado en 1996 antes de la reforma de las pensiones. Seguirá aplicándose una política cambiaría encaminada a mantener la economía en un nivel competitivo y, a medida que se inicien las exportaciones generadas por los grandes proyectos financiados con inversión extranjera directa en los sectores de la minería y los hidrocarburos, se prevé que el déficit en cuenta corriente se reducirá de un nivel cercano al 8% en 1998 a menos del 6% a principios del próximo decenio. Con respecto a las reformas estructurales, se prevé que las autoridades llevarán a cabo las reformas necesarias para reforzar las normas prudenciales y la supervisión del sector financiero, y privatizarán el resto de las empresas públicas. Entre las demás reformas se cuentan el desarrollo de los mercados internos de capital, la eliminación de los obstáculos que desincentivan el empleo en el sector formal y, para mejorar la gestión de gobierno, el fortalecimiento de las instituciones legales y la reforma aduanera. Para atender las necesidades sociales, las autoridades aumentarán la responsabilidad de los gobiernos locales en lo que respecta a la educación, rehabilitarán las escuelas, facilitarán un volumen adecuado de material didáctico y aumentarán el gasto en la atención básica de salud.

Bosnia y Herzegovina

Asistencia financiera. El 29 de mayo de 1998, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro a 12 meses a favor de Bosnia y Herzegovina por un monto de DEG 60,6 millones ($81 millones). De ese total, el país podía disponer inmediatamente de DEG 24,2 millones.

Objetivos del programa. La estrategia económica para 1998–99 se basa en un tipo de cambio fijo en el marco de un mecanismo de caja de conversión; presupuestos que apoyan la reconstrucción y las necesidades sociales, evitando al mismo tiempo el endeudamiento interno; asistencia financiera externa para complementar los recursos internos que aún son limitados y fomentar la recuperación económica, y aceleración de la transición a una economía de mercado adoptando reformas estructurales. En el marco del programa, se proyectó un crecimiento económico en 1998 del 30%, una tasa de inflación del 10% y un nivel de reservas internacionales brutas equivalente a 3½ meses de importación de mercancías.

Medidas de política. En el marco de la estrategia fiscal, se prohíbe a las autoridades monetarias otorgar crédito al sector público, y los planes presupuestarios no podrán sobrepasar el total de ingresos y financiamiento externo. Otro elemento de la estrategia fiscal es evitar la acumulación de nuevos atrasos en los pagos internos y hacer frente de forma transparente a las obligaciones vigentes. Las medidas estructurales comprenden la reforma del sector bancario, la iniciación del proceso de privatización de las empresas, la reforma de las pensiones y del sistema de salud, la adopción de un sistema simplificado de aranceles aduaneros, la liberalización de los tipos de cambio y el comercio exterior, y algunas medidas para mejorar las estadísticas económicas. Para atender las necesidades sociales, las autoridades diseñarán una red de protección social más eficiente y concluirán una evaluación de la pobreza con la asistencia del Banco Mundial. Se formularán programas especiales para construir viviendas e infraestructura y brindar oportunidades de empleo a los refugiados que regresan al país.

Brasil

Asistencia financiera. El 2 de diciembre de 1998, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro a tres años a favor de Brasil por un monto de DEG 13.020 millones ($18.100 millones), nivel equivalente al 600% de la cuota de Brasil en vigor en el momento de la aprobación del acuerdo. Para ayudar a financiar los giros que efectúe el país, el FMI aprobó la activación, por primera vez, de los NAP. El 70% del crédito se otorgó en el marco del SCR.

Objetivos del programa. Sólidas medidas de ajuste fiscal concentradas al principio del programa y encaminadas a frenar el rápido crecimiento de la deuda pública; mantenimiento del régimen cambiario actualmente en vigor; firme orientación de la política monetaria para respaldar el régimen cambiario, preservando al mismo tiempo el nivel de las reservas internacionales netas, y reformas estructurales de amplio alcance. El programa permitirá una reanudación del crecimiento sostenido del ingreso real per cápita en el año 2000, el mantenimiento de bajas tasas de inflación y una reducción progresiva del déficit en cuenta corriente hasta un nivel viable a mediano plazo.

Medidas de política. Para lograr los objetivos fiscales (estabilizar la razón entre la deuda pública neta y el PIB para el año 2000, y reducirla a partir de ese año en consonancia con el logro de superávit primarios en el sector público consolidado equivalentes al 2,6% del PIB en 1999, al 2,8% en el año 2000 y al 3% en el 2001), el gobierno adoptará medidas de aumento del ingreso y reducción del gasto, encaminadas a obtener un ahorro presupuestario total del orden de aproximadamente un 3,4% del PIB en 1999. Por lo que respecta al ingreso, las medidas incluyen una subida del impuesto sobre las transacciones financieras y un aumento de las contribuciones de los empleados públicos a la seguridad social. En lo tocante al gasto, se efectuarán recortes de los gastos discrecionales corrientes y de capital, preservando al mismo tiempo los programas sociales en la mayor medida posible. Se adoptarán reformas estructurales para aumentar la disciplina presupuestaria y hacer del presupuesto un instrumento más eficaz para asignar los recursos públicos. El gobierno también llevará a cabo una reforma del sistema de imposición indirecta y privatizará empresas del sector de energía eléctrica, algunos de los restantes bancos estatales y algunas empresas públicas de abastecimiento de agua potable, gas y alcantarillado. En materia de política social, se seguirá dando prioridad a la educación primaria y la atención básica de salud. (Véase un análisis de la evolución de la economía brasileña durante el ejercicio y la respuesta del FMI en el capítulo 5.)

Bulgaria

Asistencia financiera. El 25 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Bulgaria por un monto de DEG 627,62 millones ($864 millones) en el marco del SAF.

Objetivos del programa. Alcanzar una tasa de crecimiento del 4%-5% anual; elevar los niveles de vida, reduciendo la inflación al 5%, aproximadamente, para el año 2001; lograr la viabilidad con carácter sostenible de la balanza de pagos, manteniendo el déficit en cuenta corriente en torno al 3% del PIB. Al mismo tiempo, impulsar la transición a una economía de mercado competitiva y atender las necesidades sociales y de infraestructura más urgentes.

Medidas de política. El mecanismo de caja de conversión seguirá proporcionando un ancla nominal estable y la disciplina necesaria para impulsar las reformas estructurales. La aplicación de una política fiscal prudente permitirá al banco central mantener la estabilidad macroeconómica y reducir la carga de la deuda pública. Las autoridades se proponen mantener un déficit presupuestario máximo equivalente al 2% del PIB durante el período 1999–01 para cubrir el costo transitorio de la reforma estructural y aumentar la inversión pública en infraestructura. La disciplina financiera en lo que respecta a los bancos y empresas estatales se logrará reforzando la supervisión bancaria, concluyendo el proceso de privatización y aplicando políticas de ingreso y de reestructuración adecuadas. Esto se complementará con medidas adicionales para hacer más estrictas las limitaciones presupuestarias, reforzar la aplicación de la ley de quiebras y elevar las indemnizaciones por despido financiadas con fondos presupuestarios para facilitar la reducción del número de trabajadores. Se adoptarán otras medidas estructurales que tendrán por objeto lograr una asignación más eficiente de los recursos, corrigiendo los problemas de los sectores de energía y agricultura, liberalizando el comercio exterior y desregulando la actividad económica. La estrategia social de Bulgaria está orientada a lograr una focalización más adecuada y mejor prestación de los servicios, reducir los obstáculos que desalientan la búsqueda de empleo en el sector formal, aumentar la eficiencia de la administración y llevar a cabo la reforma de las pensiones para fomentar un sistema más justo y sostenible.

Burkina Faso

Asistencia financiera. El 14 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Burkina Faso en el marco del SRAE, por un monto de DEG 13,26 millones ($18 millones).

Objetivos del programa. Lograr una tasa de crecimiento del PIB real de aproximadamente un 6% para 1998 y 1999, una tasa anual de inflación del 2,5% durante los dos próximos años y una reducción del déficit en cuenta corriente al 10,2% del PIB en 1999. (Véase información sobre la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME en el capítulo 8.)

Medidas de política. Se aplicará una política fiscal encaminada a lograr un superávit presupuestario primario del 0,8% en 1998 y del 0,5% en 1999, y una relación ingresos-PIB del 13% del PIB en 1998 y del 12,5% del PIB en 1999, a pesar de las pérdidas de ingresos del 0,3% del PIB previstas para 1998 y del 1% para 1999, debido a la reducción de los aranceles aduaneros. La política con respecto al gasto se mantendrá prudente y se incrementará gradualmente la proporción del gasto asignada a la educación y la salud. Se adoptarán reformas estructurales orientadas a ampliar la privatización de las empresas públicas, reforzar las asociaciones de agricultores, seguir reduciendo la participación del sector público en la comercialización del arroz, fortalecer la función de las cooperativas agrícolas en el sector del algodón y facilitar el acceso de las empresas privadas a nuevas regiones algodoneras. La reforma de la administración pública abarcará el establecimiento de un sistema de ascensos basado en los méritos, el fortalecimiento de los cursos de capacitación del personal y la adopción de medidas para mejorar la calidad de gobierno y la eficiencia de los servicios públicos. En el plano social, los objetivos incluyen elevar la tasa de matrícula de la escuela primaria, las tasas de vacunación y el número de centros sanitarios que cumplen con las normas mínimas de funcionamiento.

Camerún

Asistencia financiera. El 18 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual a favor de Camerún por un monto de DEG 54,04 millones ($74 millones) en el marco del SRAE.

Objetivos del programa. Restablecer la viabilidad interna y externa, orientar la economía hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y lograr una reducción sustancial de la pobreza. Concretamente, los objetivos para 1998/99–2000/01 son alcanzar una tasa media anual de crecimiento del PIB de al menos un 5%, mantener la inflación por debajo del 2% y limitar el déficit en cuenta corriente a menos del 2½% del PIB.

Medidas de política. El gobierno seguirá aplicando medidas macroeconómicas apropiadas, intensificará la reforma estructural para mejorar la competitividad externa del país y fortalecerá la infraestructura económica y social del país. Se centrará en aumentar la inversión pública y privada y elevar la base tributaria interna. Los principales objetivos presupuestarios son aumentar el ingreso no petrolero hasta el 13% del PIB y mantener el déficit presupuestario global en el 2,7% del PIB. Las reformas estructurales se centrarán principalmente en la agroindustria, los servicios públicos, el petróleo, el transporte y el sector financiero, y se prestará atención especial a la privatización o la transferencia al sector privado de la mayor parte de los activos del sector de las empresas públicas. Los objetivos sociales son elevar los niveles de vida mediante la aplicación de programas de reducción de la pobreza y un crecimiento económico sostenido, asignando especial importancia a la atención primaria de salud y a la educación, además de adoptar medidas para asegurar el acceso al agua potable y a los medicamentos genéricos. Se mejorarán la gestión y la transparencia del proceso de asignación del gasto para lograr el cumplimiento de las prioridades presupuestarias en favor de los sectores sociales y la infraestructura.

Congo, República del

Asistencia financiera. El 15 de julio de 1998, el FMI aprobó una solicitud de compra a favor de la República del Congo por un monto de DEG 7,24 millones ($10 millones) en el marco de la política de asistencia de emergencia a los países en etapa de posguerra.

Objetivos del programa. Hacer frente a los graves problemas económicos y de desarrollo exacerbados por la guerra civil. Concretamente, reactivar el crecimiento económico no basado en el petróleo, bajar la inflación, reducir el déficit en cuenta corriente con respecto al PIB, y regularizar la situación de los atrasos en los pagos externos. Para respaldar el logro de estos objetivos, se proyecta que el saldo fiscal primario ascenderá al 11,9% del PIB en 1998, frente al 6,4% en 1997.

Medidas de política. El gobierno intensificará sus esfuerzos para recaudar ingresos petroleros y mejorar la recaudación de ingresos no petroleros, adoptando las medidas tributarias incluidas en el presupuesto de 1998. En lo que respecta al gasto, se adoptará una política salarial prudente y se cumplirán estrictamente las prioridades del gasto y los procedimientos de control. Las reformas estructurales son otro componente crítico y abarcan, a largo plazo, el fortalecimiento institucional y la rehabilitación de la infraestructura dañada. A corto plazo, las tareas prioritarias son reestructurar y privatizar los bancos comerciales, iniciar la privatización de las empresas públicas, abrir los sectores económicos clave a la competencia y emprender la reforma de la administración pública. El programa de emergencia a corto plazo, centrado principalmente en los sectores de la salud y la educación, tendrá por objeto atenuar las fuertes presiones que afectan a los grupos más vulnerables de la población, facilitando al mismo tiempo la recuperación económica y la creación de empleo. El gobierno también llevará a cabo la reforma del sistema de seguridad social.

Djibouti

Asistencia financiera. El 1 de junio de 1998, el FMI aprobó la ampliación del acuerdo de derecho de giro a favor de Djibouti actualmente en vigor hasta el 31 de marzo de 1999, y aumentó los recursos disponibles en el marco del mismo en DEG 1,65 millones, elevando el monto total a DEG 8,25 millones ($11 millones).

Objetivos del programa. Tras sobrepasar el nivel de gastos que estaba previsto para el último trimestre de 1997, situación que generó nuevos atrasos en los pagos internos y debilitó la situación de las finanzas públicas, las autoridades se proponen reducir los desequilibrios fiscales, atenderán puntualmente las obligaciones externas y reducirán de forma ordenada los atrasos en los pagos internos.

Medidas de política. Las autoridades reducirán aún más el gasto en remuneraciones, intensificarán el control del gasto y mejorarán la supervisión del programa. Seguirán adelante con las reformas estructurales, que abarcan el examen de nueve grandes empresas públicas con miras a su reestructuración, privatización o liquidación. Estas medidas contribuirán a mejorar la competitividad de la economía.

El Salvador

Asistencia financiera. El 23 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro a 17 meses a favor de El Salvador por un monto de DEG 37,68 millones ($52 millones). Las autoridades de El Salvador anunciaron su intención de acogerse a este acuerdo con carácter precautorio.

Objetivos del programa. Mantener altas tasas de crecimiento sostenibles, limitando al mismo tiempo la inflación a los niveles que registran los países con los que comercia El Salvador, en el contexto de un tipo de cambio fijo. Alcanzar tasas de crecimiento del 4% del PIB en 1998 y del 4,5% en 1999. Mantener la inflación en el 3,5% en 1998 y el 3% en 1999, y aumentar las reservas internacionales netas hasta un equivalente de siete meses de importaciones.

Medidas de política. El programa fiscal contempla un aumento del déficit global del sector público no financiero desde alrededor del 2% del PIB en 1997 hasta menos del 3% del PIB en 1998–99, lo que reflejaría un aumento del gasto en remuneraciones tras una congelación de los salarios vigente desde julio de 1995. Se prevé un aumento de los ingresos tributarios, como consecuencia de la recuperación sostenida de la actividad económica y de una mejora de la administración tributaria. Para lograr los objetivos fiscales, el gobierno compensará las pérdidas de ingreso con recortes de gastos. Entre las reformas estructurales cabría señalar el avance en la reforma del sector público y del sistema de pensiones, la privatización del ingenio azucarero y del Banco Hipotecario, el fortalecimiento de la supervisión bancaria y la reglamentación prudencial, la mejora de los instrumentos de política monetaria y la reducción de los aranceles de importación. La estrategia social del gobierno comprende el uso de los intereses que devengue el producto de las privatizaciones para crear una fuente permanente de ingreso destinada a gastos sociales.

Etiopía

Asistencia financiera. El 23 de octubre de 1998, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual a favor de Etiopía en el marco del SRAE por un monto de DEG 29,5 millones ($42 millones).

Objetivos del programa. En el marco de una estrategia económica a mediano plazo basada en el logro de un rápido crecimiento económico que sea de amplia base y más equitativo en el contexto de estabilidad macroeconómica, aumentar la tasa de crecimiento del PIB al 8%-9,4%, mantener la inflación por debajo del 4%, y contener el déficit en cuenta corriente, excluidas las transferencias oficiales, en alrededor del 8% del PIB.

Medidas de política. Se proyecta que el déficit en cuenta corriente se mantendrá en alrededor de 8%-8,5% del PIB, debido al aumento de las importaciones y las perspectivas poco alentadoras con respecto al precio de exportación del café. Se prevé que la inversión del sector privado aumentará a mediano plazo debido a las mejoras en el entorno normativo y la infraestructura. El programa de reformas estructurales del gobierno incluye la reforma del sector financiero, la liberalización comercial, el fortalecimiento del marco jurídico y reglamentario, un aumento de los niveles de salud y educación, la protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza mediante el fomento del desarrollo rural.

Gambia

Asistencia financiera. El 29 de junio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años en el marco del SRAE a favor de Gambia por un monto de DEG 20,6 millones ($27 millones).

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento del PIB real de 4,5%-5% anual, mantener la inflación en torno al 3% anual, reducir el déficit en cuenta corriente (excluidas las transferencias oficiales) a menos del 10% del PIB en el año 2000 y mantener las reservas oficiales brutas a un nivel superior al equivalente de cinco meses de importaciones.

Medidas de política. Para lograr estos objetivos, el programa contempla un aumento de la inversión interna del 17,2% en 1997 al 20,7% del PIB en el año 2000, y un incremento del ahorro al 11,4% del PIB para el año 2000. La política fiscal tendrá por objeto reducir el déficit presupuestario global, excluidas las donaciones, al 4,5% del PIB en 1998 y al 2% para el año 2000. Las autoridades emprenderán simultáneamente la reforma arancelaria, reduciendo el arancel máximo al 25% en julio de 1998 y al 20% en 1999. Con respecto a las reformas estructurales, se prevé modernizar el entorno jurídico para la actividad económica, mejorar la calidad de los servicios públicos y normalizar las relaciones financieras entre el gobierno y el sector de las empresas públicas. El gobierno reanudará el proceso de privatización de empresas públicas, llevará a cabo la reforma del sector de las telecomunicaciones y el de la energía y rehabilitará el sector del cacahuete. También simplificará el marco normativo, mejorará el funcionamiento de los mercados primarios y secundarios y dará solidez al sistema bancario.

La estrategia del gobierno en el sector social y el del medio ambiente se centrará en el desarrollo de recursos humanos, el alivio de la pobreza y una mejor gestión de los recursos naturales. Se adoptarán otras medidas sociales encaminadas a aumentar las tasas de matrícula en la educación básica y mejorar la provisión de los servicios primarios y secundarios de salud y el acceso a los mismos.

Georgia

Asistencia financiera. El 27 de julio de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Georgia en el marco del SRAE por un monto de DEG 55,5 millones ($74 millones).

Objetivos del programa. A mediano plazo, consolidar los avances obtenidos en la estabilización macroeconómica, seguir avanzando en el logro de la viabilidad externa, acelerar la reforma estructural, mantener la economía en una trayectoria de crecimiento y fortalecer la red de protección social. En 1998, lograr una tasa de crecimiento del PIB del 10%, reducir la inflación al 6% y aumentar las reservas oficiales brutas hasta un nivel equivalente a 2,3 meses de importaciones.

Medidas de política. Se prevé reducir el déficit fiscal global de alrededor del 4,2% del PIB en 1997 al 2,9% del PIB en 1998, en valores de caja16, gracias a un aumento del ingreso. El gasto seguirá elevándose a una tasa moderada y se prevé una eliminación de los atrasos en los pagos a más tardar el 31 de diciembre de 1998. Estas medidas se respaldarán mediante la adopción de medidas monetaria y crediticia prudentes. Las reformas estructurales tienen por objeto fomentar el desarrollo del sector privado y mantener el crecimiento de la economía, privatizando tierras urbanas e industriales, intensificando la privatización de empresas de mediana y gran escala, eliminando las restricciones al comercio, reestructurando el sector de la electricidad y fortaleciendo las normas de prudencia de los bancos. La reducción de la pobreza será un objetivo social clave. Las autoridades eliminarán los atrasos en el pago de salarios, pensiones y transferencias sociales, y aumentarán el gasto en salud y educación.

Guyana

Asistencia financiera. El 15 de julio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Guyana en el marco del SRAE, por un monto de DEG 53,76 millones ($71 millones). Véase más información sobre la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME en el capítulo 8.

Objetivos del programa. Lograr una tasa de crecimiento satisfactoria en un entorno de baja inflación, reforzar la posición de la balanza de pagos, y encontrar una salida definitiva al proceso de reprogramación de la deuda, una vez recibida la asistencia financiera en el marco de la Iniciativa para los PPME. Concretamente, lograr una tasa media de crecimiento del PIB real de aproximadamente un 4% anual para 1998–01, bajar la tasa media de inflación a alrededor de un 4¼% durante el período y reducir el déficit en cuenta corriente, manteniendo las reservas internacionales brutas en un nivel equivalente a cuatro a cinco meses de importaciones.

Medidas de política. El programa se centrará en la reducción del déficit fiscal, la aplicación de una política crediticia más restrictiva y una política cambiaría más flexible, y la continuación de las reformas estructurales. Entre las nuevas medidas en el frente del ingreso, se prevé el ajuste al alza de las tasas y cargos por los servicios públicos, un aumento de los impuestos sobre el tabaco y productos relacionados con el tabaco, y el fortalecimiento de la administración tributaria. El gasto del gobierno central se reducirá un 1½% del PIB en 1998 como consecuencia de la disminución del pago de intereses y los recortes del gasto de capital en sectores no prioritarios. Las reformas estructurales seguirán centrándose en la reducción del papel del sector público en la economía y en la creación de un entorno que fomente el desarrollo del sector privado. Para ello, en 1998–99 se hará hincapié en la reforma del sector financiero, la mejora del entorno empresarial, la reestructuración de las empresas públicas y la reforma de la administración pública.

Las autoridades se han propuesto mejorar el nivel de vida prestando mayor atención a los programas de salud y educación y adoptando medidas focalizadas para aliviar la pobreza, administrando asimismo los recursos naturales y mejorando las zonas urbanas.

Haití

Asistencia financiera. El 30 de noviembre de 1998, el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia presentada por Haití. Dicha asistencia, por un monto de DEG 15,2 millones ($21 millones), contribuirá a financiar los planes de alivio y reconstrucción tras el paso del huracán Georges, y complementará el respaldo proporcionado en el marco de un acuerdo del SRAE aprobado en octubre de 1996.

Objetivos del programa. Mantener una orientación prudente de la política macroeconómica y seguir avanzando en el ámbito estructural, haciendo frente al mismo tiempo a los daños causados por el huracán Georges. El programa, basado en una tasa de crecimiento del producto del 2%, tiene los siguientes objetivos: tratar de contener la inflación en torno al 8% y mantener un nivel suficiente de reservas oficiales internacionales, destinando al mismo tiempo un volumen de gasto público equivalente al 0,8% del PIB a las medidas de alivio y los planes de reconstrucción.

Medidas de política. Las autoridades se han comprometido a financiar los urgentes gastos de reconstrucción manteniendo al mismo tiempo la disciplina fiscal. Por lo que respecta al ingreso, se tomarán medidas para reforzar la administración tributaria y de aduanas y para administrar con más rigor las exenciones fiscales. En cuanto al gasto, se prevé limitar el gasto público a los niveles permitidos por la recaudación tributaria y el financiamiento programado, restringir el uso de las cuentas discrecionales de los ministerios, permitir gradualmente aumentos salariales en la administración pública, aplicar procedimientos más estrictos para la contratación de funcionarios públicos y recortar los gastos de capital menos prioritarios, no relacionados con el esfuerzo de reconstrucción.

Recuadro 12El huracán Mitch: Aporte del FMI

En noviembre de 1998, el Director Gerente del FMI, Michel Camdessus, visitó Nicaragua, Honduras y otros países de Centroaméríca afectados por el huracán Mitch. Fue testigo de primera mano de la devastación causada por el huracán y se reunió con funcionarios gubernamentales, representantes religiosos, laborales y del ámbito empresarial, grupos locales, y organizaciones no gubernamentales. En Nicaragua, examinó la forma de lograr un consenso nacional en torno a un programa de reconstrucción. En Honduras, el país más afectado por el huracán, el Director Gerente aseguró a las autoridades que tanto el FMI como sus funcionarios están dispuestos a apoyar a Honduras para que pueda superar la crisis. Posteriormente, el 7 de diciembre, el Directorio Ejecutivo aprobó un programa de asistencia financiera de DEG 47,5 millones ($66 millones) a favor de Honduras en el marco de la política de asistencia de emergencia del FMI, en respaldo del programa de recuperación económica formulado por el gobierno y los consiguientes planes de alivio y reconstrucción, tras el paso del huracán Mitch.

También en noviembre de 1998, el FMI, el Banco Mundial y el BID convinieron con los gobiernos de Honduras y Nicaragua en llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la situación de la deuda externa y de las necesidades conexas de alivio de la deuda de estos países. Estas instituciones también aseguraron que el pago del servicio de la deuda de estos países no obstaculizaría los planes de recuperación y reconstrucción.

En diciembre de 1998, el Director Gerente participó en una reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central, celebrada en Washington. La reunión tuvo por objeto informar a los donantes sobre las estimaciones del alcance de los daños causados a los países afectados y sobre los avances realizados en materia de alivio de emergencia y reconstrucción, y lograr compromisos iniciales de asistencia tomando como base las estimaciones preliminares de las necesidades de emergencia y de financiamiento de los países. La labor en estas esferas sigue en marcha, y estaba prevista la presentación de estimaciones más definitivas de las necesidades, así como de los compromisos firmes de asistencia de los donantes, en una reunión de seguimiento del Grupo Consultivo a celebrarse en Estocolmo en mayo de 1999.

El 12 de febrero de 1999, el Directorio concluyó el examen en el marco del primer acuerdo anual a favor de Nicaragua al amparo del SRAE y aprobó un aumento de los recursos de DEG 48 millones ($66 millones) (equivalentes al 50% de la cuota de Nicaragua) para cubrir las necesidades adicionales de financiamiento como consecuencia del huracán. Por último, el 26 de marzo de 1999, el FMI aprobó un acuerdo trienal a favor de Honduras en el marco del SRAE por un monto de DEG 156,8 millones ($215 millones) en respaldo del programa económico del gobierno para 1999–01.

Honduras

Asistencia financiera. El 7 de diciembre de 1998, el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia presentada por Honduras. Dicha asistencia, por un monto de DEG 47,5 millones ($66 millones), contribuirá a financiar el programa de recuperación económica del gobierno y los planes de reconstrucción, tras el paso del huracán Mitch. Posteriormente, el 26 de marzo de 1999, el FMI aprobó un acuerdo a tres años en el marco del SRAE por un monto de DEG 156,75 millones ($215 millones).

Objetivos del programa. Lograr una recuperación rápida y sostenida y hacer frente a las necesidades sociales, que se han tornado más acuciantes como consecuencia del huracán Mitch (véase el recuadro 12). Alcanzar una recuperación de la tasa de crecimiento del PIB real hasta un nivel de alrededor del 5% ó 6% anual para 2000–01, tras el descenso previsto del PIB real del 2%-3% en 1999; reducir la tasa de inflación de 12 meses al 13%-14% para diciembre de 1999 y al 8% para el final del año 2001, y mantener un saldo de reservas internacionales equivalente a 3½–4 meses de importaciones. En vista de la magnitud de las necesidades de ayuda de emergencia y reconstrucción, el programa contempla un acusado aumento del déficit combinado del sector público en 1999, que se situaría en aproximadamente un 8½% del PIB. Se prevé financiar este déficit casi en su totalidad con préstamos concesionarios y alivio de la deuda. Tras el huracán, los funcionarios del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo comenzaron a preparar una evaluación integral de la deuda de Honduras y a estudiar las posibilidades de otorgar al país alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los PPME.

Medidas de política. Las autoridades seguirán adelante con las reformas encaminadas a estimular la inversión privada y el crecimiento económico, aumentar el ahorro del sector público para hacer frente a las necesidades sociales en el mediano plazo y reforzar el sistema financiero. En el sector público, el programa contempla la transferencia del control de la compañía telefónica a una empresa privada, la privatización de la red de distribución de electricidad y el otorgamiento de concesiones al sector privado para la gestión del funcionamiento de las obras públicas y aeropuertos. Además, las autoridades llevarán a cabo la reforma de la función pública eliminando la duplicación y la superposición entre las instituciones y reclasificando los cargos y salarios a fin de atraer y retener a personal calificado. En el sector financiero, el gobierno comenzará a identificar y corregir las deficiencias del marco jurídico e institucional de supervisión bancaria. Además, durante el período de vigencia del acuerdo del SRAE, las autoridades tomarán medidas para implementar las recomendaciones resultantes de la inspección in situ de los bancos actualmente en marcha. El gobierno está centrando sus medidas con respecto al sector social en la lucha contra la pobreza promoviendo un crecimiento económico más rápido y mejorando la prestación y la focalización de los servicios básicos de salud, educación y protección social; a tal efecto, se está haciendo hincapié en la prevención de las enfermedades, la atención neonatal e infantil y el apoyo alimentario mínimo. El programa también prevé la creación de un fondo para financiar la reparación de los hogares de las familias de bajos ingresos.

Jordania

Asistencia financiera. El 15 de abril de 1999, el FMI aprobó asistencia financiera por un total de DEG 161,98 millones ($220 millones) a favor de Jordania. De esta cifra, DEG 127,9 millones ($174 millones) están disponibles en el marco de un acuerdo trienal al amparo del SAF y otros DEG 34,1 millones ($46 millones) en el marco del SFCC. El país podía disponer inmediatamente de DEG 44,8 millones, incluido el monto de DEG 34,1 millones al amparo del SFCC.

Objetivos del programa. Para 1999, estabilizar la economía y sentar las bases de una reactivación sostenida. Aumentar ligeramente la tasa de crecimiento, manteniendo la inflación en un nivel bajo y aumentando las reservas oficiales de divisas. Reducir el déficit presupuestario al 7,0% del PIB y el déficit fiscal global al 7,9% del PIB. Lograr una meta del déficit fiscal global del 4,2% del PIB, deducidas las donaciones. A mediano plazo, fomentar una recuperación gradual de la tasa de crecimiento del PIB real, hasta el 3%–4% anual, y mantener una tasa de inflación del 2%-3%.

Medidas de política. La política monetaria se encaminará a respaldar el vínculo cambiario actual y a incrementar las reservas internacionales. Se reformará el impuesto sobre la renta, y se efectuarán los preparativos para establecer un impuesto al valor agregado. Se promulgará una nueva ley de bancos que mejorará la regulación y la supervisión bancarias y se creará un mecanismo de seguro de los depósitos. Las autoridades comenzarán a celebrar regularmente subastas de valores públicos para fomentar el desarrollo del mercado financiero. En el ámbito del comercio exterior, se reducirá el arancel máximo en dos niveles, es decir, del 40% actual al 30% para principios del año 2000. En el marco del programa de reforma y privatización de empresas públicas, se tomarán medidas importantes para mejorar la gestión de la Autoridad del Agua de Jordania, reestructurar y privatizar la compañía aérea Royal Jordanian y la Compañía Nacional de Electricidad, y diseñar una estrategia de privatización de la Corporación Jordana de Telecomunicaciones.

Macedonia, ex República Yugoslava de

Asistencia financiera. El 19 de junio de 1998, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual en el marco del SRAE a favor de la ex República Yugoslava de Macedonia por un monto de DEG 18,19 millones ($24 millones).

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento del PIB real del 5%, una inflación a fin de período del 3% y un déficit en cuenta corriente del 7,3% del PIB.

Medidas de política. De acuerdo con estos objetivos, se preveía un ligero aumento del déficit fiscal global en 1998, al 0,7% del PIB y, a pesar del mayor crecimiento previsto del PIB nominal, un aumento del ingreso ligeramente inferior al 3%. Todo esto obedecía al continuo crecimiento del sector informal y al hecho de que se preveía una reducción de los salarios y el consumo, bases principales de los impuestos, como porcentaje del PIB. La estrategia global del gobierno hace hincapié en mejorar las condiciones de vida mediante la consolidación de la propiedad privada y el fortalecimiento de las instituciones orientadas al mercado. Las medidas macroeconómicas se centrarán en el establecimiento de un entorno financiero estable y propicio para el ajuste de las empresas, la reducción de las tasas de interés y el fomento de la inversión y la creación de empleo. La política monetaria seguirá utilizando el marco alemán como ancla. Entre las reformas estructurales esenciales cabe destacar las siguientes: fortalecer la gestión empresarial y los procedimientos crediticios de los bancos, racionalizar el gasto público e implantar el IVA para afianzar las cuentas públicas y lograr cierto margen de maniobra para reducir la carga tributaria directa. El gobierno también continuará los esfuerzos encaminados a liberalizar los mercados laborales, desarrollar los mercados financieros y eliminar barreras al comercio exterior y a la inversión extranjera. El gobierno continuará mejorando la idoneidad y focalización del programa de asistencia social condicionado al nivel de recursos, adoptará una ley de seguros de salud y modernizará el sistema de educación.

Malawi

Asistencia financiera. El 17 de diciembre de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Malawi en el marco del SRAE por un monto de DEG 20,4 millones ($27 millones), que incluye un aumento de DEG 5,15 millones.

Objetivos del programa. A mediano plazo, consolidar la estabilidad macroeconómica y lograr un crecimiento económico sostenible a fin de reducir la pobreza y elevar el nivel de vida. Alcanzar una tasa de crecimiento del PIB real de por lo menos 3,5% en 1998 y 5% en 1999, una tasa de inflación interanual del 36% al final de 1998 y del 7% al final de 1999, un pequeño déficit primario interno en 1998–99 y elevar las reservas internacionales brutas a un nivel equivalente a más de cuatro meses de importaciones.

Medidas de política. La estrategia del gobierno tendrá por objeto aumentar la inversión bruta al 19% del PIB, en promedio, fortaleciendo el nivel y la productividad de la inversion privada; seguir mejorando la infraestructura, y establecer reformas orientadas a fomentar la competencia en el mercado. El programa de reforma estructural se orienta a respaldar el logro de una reducción de la pobreza y un aumento del nivel de vida. Las autoridades llevarán adelante la reforma de la administración pública y del comercio exterior, así como el programa de privatización. Para elevar los niveles de vida, seguirán adelante con el proceso de liberalización de la agricultura, que ya ha redundado en un aumento de los ingresos de los pequeños agricultores, y mejorarán la calidad de la educación.

Malí

Asistencia financiera. El 6 de agosto de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Malí en el marco del SRAE por un monto de DEG 20,7 millones ($28 millones). El 16 de septiembre de 1998, conjuntamente con el Banco Mundial, el FMI aprobó un crédito de $250 millones a favor de Malí en el marco de la Iniciativa para los PPME (véase el capítulo 8).

Objetivos del programa. En el marco de una estrategia a mediano plazo orientada a consolidar la estabilidad macroeconómica y lograr un crecimiento económico sostenible a fin de reducir la pobreza y elevar los niveles de vida de la población, lograr una tasa de crecimiento del PIB real del 5% para 1998/99, una inflación de los precios al consumidor del 2%-3% y un déficit en cuenta corriente del 8%.

Medidas de política. La política fiscal tendrá por objeto reducir el déficit presupuestario global hasta el 7,6% en 1998 y hasta el 6,4% en 1999, aumentando la base de generación de ingresos y controlando los gastos, manteniendo al mismo tiempo asignaciones adecuadas para gastos en educación y salud, la red de protección social, las entidades de recaudación de ingresos y los fondos de contrapartida para el programa de inversiones. El gobierno tomará medidas para recaudar los impuestos en mora, reestructurará el IVA y ampliará la base de dicho impuesto. El programa de reforma estructural del gobierno, encaminado a respaldar sus objetivos sociales, abarcará el desarrollo del sector agrícola, la privatización de las empresas públicas, el sistema reglamentario, y la cooperación y la integración regionales. Entre los objetivos sociales del programa cabe señalar la mejora de la calidad de la educación y los servicios de salud.

Mozambique

Asistencia financiera. El 25 de agosto de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Mozambique en el marco del SRAE por un monto de DEG 25,2 millones ($33 millones). En abril, el FMI declaró que Mozambique está habilitado para recibir asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME (véase el capítulo 8).

Objetivos del programa. Crear las condiciones para lograr un crecimiento económico sostenible que permita reducir la pobreza y la dependencia de la asistencia externa. La estrategia a mediano plazo consiste en capitalizar el terreno ganado en materia de estabilización macroeconómica y liberalización de la economía para estimular la rápida expansión del sector privado. Los objetivos del programa para 1998/99 son lograr un crecimiento del PIB real de alrededor del 7%, una tasa de inflación a fin de período del 6%-8% y un nivel de reseñas internacionales netas equivalente a tres o cuatro meses de importaciones proyectadas. La reducción del crecimiento en los sectores industrial, de la energía, la construcción y los servicios produjo una desaceleración del crecimiento económico en 1998 tras una fuerte aceleración del mismo en 1997.

Medidas de política. En el programa se proyecta una reducción del déficit fiscal global, antes de las donaciones, de ½ punto porcentual en 1998, debido a un aumento de los ingresos derivado de las mejoras en la administración tributaria interna y de aduanas. En 1999, las reformas fiscales, incluidos el recorte de impuestos y la descompresión de los salarios de los funcionarios, contribuirán a aumentar el déficit global, antes de las donaciones, pero este efecto negativo se compensará mediante un aumento del financiamiento externo en condiciones concesionarias.

Entre las reformas estructurales cabe señalar las siguientes: eliminar los obstáculos al crecimiento económico que aún persisten, aumentar la inversión privada medíante la privatización de las empresas estatales y la eliminación de las barreras administrativas que dificultan el comercio exterior y la inversión, aumentar el ahorro público reforzando la administración tributaria y ampliando la base imponible, y fomentar el ahorro privado creando instrumentos y mercados financieros y manteniendo bajas tasas impositivas. Se adoptarán otras medidas estructurales, como la reforma de la administración pública, el fortalecimiento de la supervisión bancaria y la revisión de la legislación financiera, y el aumento de la eficiencia de la inversión del sector público mediante una mayor coordinación de la asistencia externa. Otro objetivo del gobierno es aliviar la pobreza aplicando programas de gasto a mediano plazo en educación y salud, y aumentando la proporción de recursos presupuestarios que se dedican a estos sectores.

Niger

Asistencia financiera. El 28 de agosto de 1998, el FMI aprobó un tercer acuerdo anual a favor de Niger en el marco del SRAE por un monto de DEG 19,32 millones ($26 millones).

Objetivos del programa. En el marco de la estrategia a mediano plazo orientada a establecer las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento económico sostenible y reducir significativamente la pobreza, en el programa respaldado por el tercer acuerdo anual en el marco del SRAE se proyecta una tasa de crecimiento del PIB real del 4,5%, una tasa de inflación a fin de período de alrededor de un 3% y un déficit en cuenta corriente equivalente al 9,4% del PIB en 1998.

Medidas de política. Las autoridades aumentarán la razón ingreso público total/PIB mejorando aún más la administración tributaria y controlando el gasto, sobre todo en remuneraciones del sector público y ciertos gastos no prioritarios, y reforzarán las medidas encaminadas a fortalecer el sistema bancario. Las autoridades se han comprometido a llevar a cabo la reestructuración y privatización de las empresas estatales, la modernización de la administración pública, mejoras en la gestión del desarrollo rural y de los recursos naturales, y la reforma de la función pública. Con respecto a las reformas sociales, las autoridades elevarán los niveles de vida mejorando los servicios de educación y salud y facilitando a los beneficiarios de los mismos el acceso a dichos servicios, reducirán la pobreza y fomentarán la planificación familiar y los programas para la mujer. La política de educación se centrará en aumentar las tasas de matriculación en las escuelas primarias.

Pakistán

Asistencia financiera. El 14 de enero de 1999, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual a favor de Pakistán en el marco del SRAE por un monto de DEG 227,5 millones ($319,2 millones) y un crédito en el marco del SFCC por DEG 352,7 millones ($495 millones) para hacer frente a una insuficiencia de los ingresos de exportación durante 1998.

Objetivos del programa. Para el período 1998–2001, elevar la tasa de crecimiento anual del PIB real al 5%–6%, reducir la inflación anual a aproximadamente un 6% y el déficit de la balanza en cuenta corriente a menos del 1,5% del PIB, estabilizar la razón entre la deuda total del sector público y el PIB, y mejorar los indicadores sociales.

Medidas de política. El saneamiento de las finanzas públicas es un elemento clave para alcanzar los objetivos del programa. Las reformas estructurales se centrarán en el presupuesto del gobierno y en la reestructuración y el fortalecimiento de la situación financiera de las empresas públicas, protegiendo al mismo tiempo los servicios sociales básicos mediante el programa de acción social. Las autoridades seguirán desplegando esfuerzos considerables para ampliar la base impositiva, reformar la administración tributaria y reestructurar el sector de la energía y otras empresas públicas. Al mismo tiempo, seguirán adelante con la privatización de las instituciones financieras, la liberalización comercial y el establecimiento de un régimen cambiario y un sistema de pagos basados en criterios de mercado. Las autoridades también continuarán con las medidas para aumentar

República Centroafricana

Asistencia financiera. El 20 de julio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de la República Centroafricana en el marco de SRAE por un monto de DEG 49,4 millones ($66 millones).

Objetivos del programa. Mantener la tasa media anual de crecimiento del PIB real en aproximadamente un 5%, estabilizar la inflación en alrededor del 2½% por año y moderar el déficit en cuenta corriente en un 5% del PIB en el año 2000.

Medidas de política. El programa tiene por objeto mejorar el saldo fiscal mediante la aplicación de una política tributaria más rigurosa y mayor transparencia en las operaciones financieras del Estado, fortalecer la capacidad institucional y la gestión macroeconómica, y reanudar la reforma estructural. Un componente esencial del programa es el saneamiento de las finanzas públicas: reducir el déficit fiscal global, en base a compromisos, en aproximadamente 2 puntos porcentuales del PIB (a 4,6%) durante 1998–2000, mejorando la recaudación de ingresos. En cuanto al gasto, se limitará el gasto en remuneraciones y partidas no prioritarias con el fin de disponer de recursos suficientes para gastos sociales e inversión en infraestructura. Entre las reformas estructurales cabe señalar las siguientes: privatización de las empresas públicas, reforma de los sectores bancario y financiero, modernización del marco jurídico y reglamentario y reanudación de la reforma de la administración pública. Para aliviar la pobreza y reducir el desempleo, el gobierno se propone elevar las tasas de matrícula escolar y alfabetización, y mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud.

República Dominicana

Asistencia financiera. El 29 de octubre de 1998, el FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia por un monto de DEG 39,7 millones ($56 millones) presentada por la República Dominicana para ayudar a las obras de reconstrucción tras los daños causados por el huracán Georges y respaldar el programa de ajuste económico del gobierno, encaminado a lograr un aumento sustancial del PIB real, reducir la inflación, aumentar las reservas internacionales, reducir gradualmente las pérdidas cuasifiscales y eliminar los atrasos en los pagos internos.

República Kirguisa

Asistencia financiera. El 26 de junio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años en el marco del SRAE a favor de la República Kirguisa por un monto de DEG 64,5 millones ($86 millones). Posteriormente, el 3 de marzo de 1999, el FMI aumentó el financiamiento en el marco de dicho acuerdo en un monto de DEG 8,88 millones ($12 millones).

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento constante del producto, la reducción permanente de la inflación a cifras de un solo dígito y el fortalecimiento de la posición externa, centrándose en la austeridad y la contracción fiscal.

Medidas de política. El gobierno limitará el desahorro reduciendo el déficit fiscal global a casi la mitad, fortalecerá la recaudación de impuestos y restringirá el gasto. Estas medidas se complementarán con una política monetaria restrictiva y medidas estructurales propicias para el desarrollo del sector privado. La política fiscal se centrará en el logro de un presupuesto que sea acorde con los objetivos macroeconómicos globales y en la disponibilidad de financiamiento interno y externo en condiciones concesionarias. El programa de reformas estructurales del gobierno abarcará una renovación integral del sistema público de pensiones, la reforma de la administración pública, la privatización y la reforma del sector empresarial, un afianzamiento del marco jurídico y normativo, la adopción de estrategias para los sectores agrícola y energético y de un plan de gestión de recursos hidráulicos, la modernización plena del sector financiero y mejoras en las estadísticas. Para hacer frente a las necesidades sociales, las reformas se centrarán en la salud y la educación, y los gastos se mantendrán por lo menos a un nivel constante, en valores reales, durante el período del programa.

Rusia

Asistencia financiera. El 20 de julio de 1998, el FMI aprobó el respaldo financiero a favor de Rusia por un total de DEG 8.500 millones ($11,200 millones). El financiamiento consistió en un aumento de recursos en el marco del acuerdo al amparo del SAF por un monto de DEG 6.300 millones ($8,300 millones) y un crédito de DEG 2.160 millones ($2,900 millones) en virtud del SFCC para cubrir insuficiencias en los ingresos de exportación. El FMI financió el aumento en el marco del SAF, que incluía recursos por un monto de DEG 4.000 millones ($5,300 millones) al amparo del SCR, con empréstitos en virtud de los AGP, siendo ésta la primera vez que se utilizan los AGP en favor de un país no participante. (Posteriormente, en marzo de 1999, se canceló el acuerdo en el marco del SAF a solicitud de las autoridades de Rusia.)

Objetivos del programa. A la luz de la disminución del PIB real en los primeros cinco meses de 1998, el déficit de balanza de pagos en el primer semestre del año como consecuencia de la reducción de los precios del petróleo y el gas, y la pérdida de confianza en los mercados, el objetivo consiste en restablecer la estabilidad financiera e intensificar las reformas estructurales.

Medidas de política. El programa abarca un ajuste fiscal de gran alcance, centrado en reducir el déficit presupuestario federal del 5,6% del PIB en 1998 al 2,8% del PIB en 1999 mediante un aumento de los ingresos tributarios a través del establecimiento de unidades para grandes contribuyentes y otras medidas destinadas a aumentar el ingreso y reducir el gasto. Las políticas monetaria y cambiaría no se modificarían significativamente en los meses restantes de 1998, a fin de mantener la tasa de inflación en niveles bajos y reducirla aún más en el futuro. El programa reforzado de reformas estructurales se centrará en corregir el problema del incumplimiento en los pagos y fomentar el desarrollo del sector privado, y se tomarán medidas para lograr la viabilidad del saldo de deuda pública. Las medidas de reforma estructural también comprenden la adopción de un enfoque integral para resolver los problemas básicos del sector bancario, como los bancos insolventes o en dificultades, las deficiencias del marco contable, jurídico y reglamentario, la supervisión y el cumplimiento inadecuados, y la competencia insuficiente. (Véase en el capítulo 4 un análisis sobre la evolución de la economía de Rusia durante el ejercicio.)

Rwanda

Asistencia financiera. El 24 de junio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Rwanda en el marco del SRAE por un monto de DEG 71,4 millones ($95 millones).

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento económico elevado y sostenible y reducir la pobreza. Alcanzar una tasa de crecimiento del PIB real del 7% en 1998 y del 8% en 1999, reducir la tasa de inflación a fin de período al 7% en 1998 y al 5% en 1999, y elevar temporalmente las reservas oficiales brutas a poco más de seis meses de importaciones durante 1998–99.

Medidas de política. La política fiscal se centrará en aumentar los ingresos mediante la ampliación de la base tributaria, mejorar la administración tributaria y de aduanas y adoptar un impuesto sobre el valor agregado, reduciendo al mismo tiempo los impuestos al comercio. La política monetaria tendrá por objeto lograr la reducción de la inflación y las autoridades se basarán cada vez más en los bonos del tesoro para las operaciones de política monetaria. Se profundizarán las reformas estructurales, respaldadas por esfuerzos encaminados a mejorar la gestión de gobierno y consolidar la conciliación nacional y la seguridad económica mediante la reintegración de los refugiados. Se reforzará la gestión presupuestaria y de tesorería a fin de mejorar la transparencia. Entre otras medidas estructurales cabe señalar la reforma de la administración pública, la privatización de las empresas públicas, asignando prioridad a las empresas de servicios públicos y al sector del té, y la revisión de los códigos comercial, laboral y de inversión a fin de promover la inversión privada y las exportaciones y el establecimiento de un mercado de trabajo más flexible. Los objetivos sociales abarcan aumentos del gasto público en salud y educación básicas y gastos excepcionales para hacer frente a los daños causados por la guerra.

Saint Kitts y Nevis

Asistencia financiera. El 17 de diciembre de 1998, el FMI aprobó una solicitud de asistencia financiera de emergencia relacionada con catástrofes naturales, por un monto de DEG 1,63 millones ($2,3 millones), a favor de Saint Kitts y Nevis, para ayudar a la recuperación del país tras el paso del huracán Georges y respaldar el programa de ajuste económico del gobierno.

Sierra Leona

Asistencia financiera. El 9 de noviembre de 1998, el FMI aprobó una solicitud de asistencia financiera a favor de Sierra Leona, por un monto de DEG 11,58 millones ($16 millones), en el marco de la política de asistencia de emergencia a los países en etapa de posguerra, en apoyo del programa económico de las autoridades para 1998/99.

Tanzania

Asistencia financiera. El 8 de febrero de 1999, el FMI aprobó un tercer préstamo anual a favor de Tanzania en el marco del SRAE, por un monto de DEG 58,76 millones ($82 millones).

Objetivos del programa. Para 1998/99–2000/01, alcanzar una tasa de crecimiento del PIB real del 4% como mínimo en 1998/99, que aumentaría al 6% en el año 2001; reducir la tasa de inflación anual al 7,5% en 1998/99 y al 4%, aproximadamente, en el año 2001; acumular reservas internacionales brutas hasta un nivel equivalente a cuatro meses de importación de bienes y servicios para el mes de junio del año 2000 y mantener ese nivel a partir de entonces, y reducir el déficit de la balanza en cuenta corriente a una cifra sostenible en términos de asistencia externa y entradas de capital privado a largo plazo.

Medidas de política. La política fiscal respaldará el crecimiento asignando prioridad a los gastos en educación y salud y mejorando la infraestructura física, manteniendo al mismo tiempo una orientación fiscal que permita un crecimiento adecuado del crédito al sector privado dentro del contexto de una política monetaria prudente. El programa de reformas estructurales del gobierno tiene por objeto principalmente reestructurar y privatizar las empresas de servicios públicos, incluidos el sector de las telecomunicaciones, del agua y del alcantarillado. También se seguirá adelante con la reforma del sector financiero, al objeto de fomentar la competencia y la eficiencia, reducir el diferencial entre las tasas de interés que se aplican a los préstamos y a los depósitos, y mejorar la movilización y la asignación de los recursos financieros.

En el sector social, se aumentará el gasto en el contexto de los planes de desarrollo sectorial a mediano plazo. El gobierno formulará planes para transferir en gran medida las responsabilidades a las administraciones locales.

Tayikistán

Asistencia financiera. El 24 de junio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años en el marco del SRAE a favor de Tayikistán por un monto de DEG 96 millones ($128 millones). El 17 de diciembre de 1998, el FMI aumentó el préstamo en DEG 4,3 millones ($6 millones).

Objetivos del programa. A mediano plazo, lograr un crecimiento del PIB real de 4%-4,5% anual de 1999 a 2001 inclusive, un tipo de cambio nominal estable y una nueva reducción de la inflación a 8% en el año 2001 (en 1997 era de casi 164%). Al mismo tiempo, reducir el déficit fiscal del 3,3% en 1997 al 0,3% del PIB en el año 2001. El mayor ahorro interno, respaldado por un vigoroso ajuste fiscal y combinado con un continuo financiamiento exterior neto, facilitaría un aumento de la inversión al 13% del PIB en el año 2001 frente al 7% registrado en 1997.

Medidas de política. Para respaldar estos objetivos, el programa contempla una política monetaria restrictiva y no permite al banco central otorgar financiamiento para el presupuesto a partir de mediados de 1999. Las autoridades aplicarán una política cambiaría asimétrica, que permitirá hacer frente a las presiones a favor de una depreciación adoptando medidas financieras restrictivas. También tratarán de eliminar los atrasos persistentes en el pago de salarios y compensaciones. Entre las reformas estructurales, que se centrarán en elevar el crecimiento de la productividad, cabe señalar las siguientes: acelerar la privatización para fortalecer la disciplina fiscal, mejorar la estructura de los incentivos económicos, incrementar la eficiencia económica y alentar la inversión. También se ha asignado prioridad a la reforma agraria y la reestructuración bancaria. Se adoptarán medidas sociales encaminadas a mejorar la red de protección social básica, los servicios de salud, la educación y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Ucrania

Asistencia financiera. El 4 de septiembre de 1998, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Ucrania en el marco del SAF, por un monto de DEG 1.650 millones ($2,200 millones).

Objetivos del programa. A mediano plazo, sanear las finanzas públicas y llevar a cabo reformas estructurales de gran alcance para fomentar el crecimiento económico, elevar los niveles de vida y mejorar el entorno para la inversión del sector privado. Lograr una tasa de crecimiento del PIB del 4% y reducir la inflación al 7% para el año 2001, y alcanzar un nivel de reservas internacionales brutas equivalente a siete semanas de importaciones en ese mismo año.

Medidas de política. Para hacer frente a las perturbaciones regionales y al deterioro de las perspectivas del financiamiento externo, el programa contempla la aplicación de una política fiscal más restrictiva, la reestructuración de la deuda y la adopción de una nueva y más amplia banda para el tipo de cambio. El objetivo prioritario será el fortalecimiento de la situación financiera del gobierno. La política fiscal incluye una amplia gama de medidas en lo que respecta al ingreso y al gasto: una reducción de 10 puntos porcentuales en los impuestos sobre la nómina, la reforma de la administración pública y la reducción gradual de los programas de subvenciones. Por lo que respecta al ingreso, se lograrán las metas establecidas en el programa mediante mejoras en la administración tributaria. Las autoridades controlarán el gasto estableciendo un sistema de topes y asegurando que el gasto se ajuste regularmente a la evolución del ingreso. La reestructuración de la deuda tendrá un efecto fiscal positivo, reduciéndose el pago de intereses internos en 1998, pero el efecto quedará compensado en parte por el aumento de los pagos de la deuda externa. Por lo tanto, el déficit presupuestario en 1998 se mantendrá en el 2,8% del PIB, y el presupuesto para 1999 se basará en un déficit del 1% del PIB. Dada la orientación más restrictiva de la política fiscal, puede preverse que las autoridades seguirán aplicando una política monetaria restrictiva para controlar la inflación.

Entre las reformas estructurales de gran alcance cabe señalar las siguientes: fortalecer las instituciones fiscales y monetarias, reducir el tamaño del Estado y limitar su intervención en la economía, seguir adelante con la privatización, la desreglamcntación y la reforma administrativa, y reformar los sectores agrícola y energético. En materia de política social, las autoridades se centrarán en racionalizar y modernizar el sistema de protección social, mejorar la focalización de la asistencia, eliminar la mayor parte de los privilegios presupuestarios y reforzar el sistema de pensiones.

Uganda

Asistencia financiera. El 11 de noviembre de 1998, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual a favor de Uganda en el marco del SRAE, por un monto de DEG 33,5 millones ($46 millones). (Véase en el capítulo 8 información sobre la asistencia en el marco de la Iniciativa para los PPME.)

Objetivos del programa. A mediano plazo, lograr una tasa media de crecimiento real del 7% anual, frenar la inflación en un 5% y mantener las reservas internacionales brutas en un nivel equivalente a unos cinco meses de importación de bienes y servicios no atribuibles a factores. El déficit fiscal global, excluidas las donaciones, aumentará ligeramente al 6,7% del PIB en 1998/99 y se reducirá poco a poco hasta el 6,0% en el ejercicio 2000/01. El ingreso fiscal aumentará del 11,4% en 1997/98 al 12,1% del PIB en 1998/99 y al 13% del PIB en el ejercicio 2000/01.

Medidas de política. Los aumentos de la razón ingreso/PIB dependerán de las mejoras en la administración tributaria y de aduanas, ámbito en el cual las autoridades han recibido asistencia técnica. Dada la función esencial que desempeña el fortalecimiento del ingreso para lograr la viabilidad fiscal, el gobierno deberá adoptar nuevas medidas en lo que respecta al ingreso orientadas, por ejemplo, a combatir el contrabando y exigir el pago de multas por evasión de impuestos. En el plano del gasto, se manifestó cierta preocupación con respecto a las deficiencias en el control del gasto y la acumulación de atrasos en los pagos internos, así como al fortalecimiento de la gestión de las nóminas, la reforma de las pensiones y la reestructuración de los servicios públicos. El programa de reformas estructurales contempla la intensificación y el fortalecimiento de las reformas en el sector financiero, haciendo hincapié en la supervisión bancaria y la observancia de la reglamentación prudencial. También está prevista la reforma de las empresas estatales, la función pública y el sistema de pensiones. El programa también prevé la transferencia del gasto público en favor de los programas sociales y otros sectores prioritarios.

Uruguay

Asistencia financiera. El 29 de marzo de 1999, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro a 12 meses a favor de Uruguay por un monto de DEG 70 millones ($95 millones). El gobierno anunció su intención de acogerse a este acuerdo con carácter precautorio y de no efectuar giros en el marco del mismo.

Objetivos del programa. Reducir la inflación interanual a un nivel de aproximadamente 5% para el final del año y mantener una contracción del PIB real de alrededor del 1%, de cara a las perturbaciones regionales y la coyuntura adversa del precio de los productos básicos. Intensificar la ejecución de las reformas estructurales ya iniciadas.

Medidas de política. Las autoridades tratarán de mantener la disciplina fiscal mediante la reducción del gasto corriente y la inversión pública. Entre las medidas que podrían tomarse están la transferencia al sector privado de proyectos de inversión en infraestructuras, la privatización parcial de bienes públicos y la formación de empresas conjuntas con el sector privado. Otras medidas de reforma adicionales podrían consistir en una ampliación de la lista de instrumentos en que pueden invertir los fondos de pensiones privados, una reducción del personal de las fuerzas armadas, la colaboración con el Poder Legislativo para aprobar una nueva ley de quiebras y una ley sobre factoraje, descuento y creación de un mercado para los efectos por cobrar. En el sector bancario, el Banco de la República, de propiedad estatal, prorrogará su contrato con una empresa consultora privada para seguir adelante con las reformas y aumentar su eficiencia y rentabilidad.

yemen, República del

Asistencia financiera. El 23 de marzo de 1999, el FMI aprobó un segundo acuerdo anual en el marco del SRAE a favor de la República del Yemen por un monto de DEG 88 millones ($120 millones).

Objetivos del programa. Hacer hincapié en la disciplina fiscal y las reformas de mercado para estimular el crecimiento del sector privado no petrolero, preservando al mismo tiempo el gasto en salud y educación y en medidas de protección social. Reducir el déficit de la balanza en cuenta corriente en alrededor del 2,5% del PIB. Lograr una tasa de inflación del 9% aproximadamente, incluidos los efectos de las subidas de los precios del trigo y la harina. Aumentar el gasto presupuestario en partidas sociales, incluidos la salud, la educación y el bienestar, de un nivel de menos del 7% del PIB registrado en 1997 a casi un 12% en el mediano plazo.

Medidas de política. Las reformas estructurales ya adoptadas, o que se espera adoptar, en 1999, incluyen la intensificación de las reformas de la administración pública esenciales para implementar el resto del programa, una reforma adicional del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre las ventas, medidas que afectan al sector financiero incluidos un notable fortalecimiento de la supervisión bancaria, reforma de las aduanas, privatización de las empresas públicas, eliminación de las prohibiciones en materia de importación, reforma del sistema de pensiones y reforma judicial. El gobierno seguirá aumentando la provisión y focalización de los programas de asistencia social. Para atenuar el impacto del recorte de las subvenciones sobre los segmentos más pobres de la población, se potenciará la asistencia directa a través del Fondo de Bienestar Social.

Zambia

Asistencia social. El 25 de marzo de 1999, el FMI aprobó un acuerdo a tres años a favor de Zambia en el marco del SRAE por un monto de DEG 254,5 millones ($349 millones).

Objetivos del programa. Lograr un crecimiento del PIB real del 4%, reducir la inflación al 15% y aumentar las reservas brutas al equivalente de 1½ meses de importaciones. Reducir el déficit presupuestario global a un nivel equivalente al 3% del PIB.

Medidas de política. El programa fiscal contempla el aumento de los ingresos tributarios en el equivalente de ½ punto porcentual del PIB en 1999, firme control del gasto público en remuneraciones, aumento de la inversión pública e incremento de los ingresos fiscales y las donaciones hasta el 28% del PIB. En el plano monetario, el programa prevé un control firme del crecimiento del dinero en sentido amplio. El gobierno intensificará las reformas estructurales en materia de privatización, administración pública y supervisión bancaria. El programa incluirá la privatización de la empresa paraestatal del cobre (ZCCM), la privatización de las grandes empresas estatales del sector no minero, el otorgamiento de concesiones en lo que respecta al sistema de ferrocarriles y la gestión de los derechos de operación de la Corporación de Aeropuertos Nacionales. El programa de reforma de la administración pública incluye una reducción de personal que afectará a 7.000 empleados mediante la supresión de puestos, la reducción natural del personal y la reorganización de las instituciones públicas. El gobierno también tratará de reducir la pobreza reorientando el gasto público hacia los sectores sociales, especialmente la salud y la educación.

Zimbabwe

Asistencia financiera. El 1 de junio de 1998, el FMI aprobó un acuerdo de derecho de giro a 13 meses a favor de Zimbabwe por un monto de DEG 130,65 millones ($174,5 millones). De ese total, el país podía utilizar inmediatamente DEG 39,2 millones.

Objetivos del programa. Asegurar que la depreciación del tipo de cambio se traduce en un aumento notable de la competitividad mediante el saneamiento de las finanzas públicas y la austeridad monetaria. Reducir el déficit presupuestario, excluidos el producto de la privatización y las donaciones, hasta un nivel del 5,5% del PIB.

Medidas de política. El gobierno reducirá el saldo de la deuda interna de forma que el Banco de Zimbabwe pueda restringir el crédito interno y aumentar sus reservas en divisas sin limitar la disponibilidad de crédito bancario para el sector privado. El programa de reformas estructurales incluye la aceleración de las privatizaciones, y se prevé que el producto de las mismas ascienda a casi el 2% del PIB en 1998. El gobierno llevará a cabo la reforma agraria y la redistribución de la tierra de forma ordenada y transparente a fin de proteger la producción agrícola y el bienestar de los trabajadores. También adoptará medidas para proteger a los grupos más vulnerables de la población, como aumentar las asignaciones para gastos sociales.

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