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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
July 2001
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    Glosario

    Actividades cuasifiscales; Actividades (bajo la dirección del gobierno) de los bancos centrales, instituciones financieras públicas y empresas públicas no financieras, que son de carácter fiscal, es decir, que en principio pueden duplicarse mediante medidas fiscales específicas, como los impuestos, los subsidios u otros gastos directos, aún cuando en algunos casos su cuantificación precisa puede ser muy difícil. Los ejemplos incluyen el crédito bancario subsidiado y los servicios públicos no comerciales prestados por una empresa.

    Asignaciones: Se refiere a la autoridad legal conferida por el poder legislativo al poder ejecutivo para gastar fondos públicos con un determinado propósito. Las asignaciones anuales se efectúan a través del presupuesto anual. Las asignaciones/presupuestos complementarios se otorgan en algunos casos después de aprobado el presupuesto anual, si las asignaciones anuales son insuficientes para cumplir su objetivo. En algunos casos se utilizan “asignaciones permanentes” para autorizar fondos que exceden a un solo ejercicio presupuestario mediante legislación separada (como la legislación del seguro social). En algunos países, como Estados Unidos, se utiliza el término “autorización” para indicar una ley general que establece un programa y permite la asignación de fondos pero no confiere autoridad específica para gastarlos. En la mayor parte de los países, los organismos y departamentos requieren autorización específica del poder ejecutivo (“imputación, orden de pago”) para incurrir en la práctica en una obligación contra una asignación.

    Asistencia en especie: Flujos de bienes y servicios en los que no se intercambia moneda o instrumentos de deuda. En algunos casos, los bienes de “ayuda en productos” (como los granos) posteriormente se venden y los ingresos provenientes de dicha venta se utilizan en el presupuesto, o más comúnmente a través de un fondo especial, para realizar gastos públicos.

    Atrasos en los pagos: Montos que aún no han sido pagados en la fecha especificada en virtud de un contrato o dentro del período comercial normal en transacciones similares. Los atrasos en los pagos pueden originarse en la falta de pago por parte del gobierno de facturas adeudadas a proveedores, transferencias o salarios adeudados, o amortización o servicio de la deuda.

    Atrasos tributarios: Impuestos adeudados al gobierno pero no pagados. Otros atrasos en los ingresos pueden derivar de la falta de pago de préstamos por parte del gobierno o la falta de pago de cuentas por servicios prestados por el gobierno.

    Balance ampliado: El balance global más cualquier pérdida incurrida por el banco central, y cualquier emisión de deuda pública para recapitalizar instituciones financieras no registrada en el balance global.

    Balance del gobierno: Una declaración exhaustiva de los activos, pasivos y patrimonio neto (activos menos pasivos) del gobierno en un determinado momento, por lo general al finalizar el año. En la práctica, muy pocos gobiernos preparan declaraciones de su posición financiera que podrían describirse como balances. La utilización de informes contables en valores devengados y métodos generalmente aceptados de valuación de activos es un requisito previo de un balance contable.

    Balance global: Este término corresponde a la terminología de las EFP sobre “déficit/superávit global”, que se define como el ingreso más las donaciones recibidas menos el gasto menos los “préstamos menos amortizaciones”. Así definido, el balance es igual (con signo contrario) a la suma de los empréstitos netos del gobierno, más la disminución neta en efectivo, depósitos y valores mantenidos por el gobierno con fines de liquidez. La base de este concepto de balance es que se considera que las políticas del gobierno originan déficit o superávit, y de esta manera el ingreso o el gasto relacionado con estas políticas son ingresos o gastos “por encima de la línea”. Los empréstitos o la disminución de activos líquidos, por su parte, constituyen financiamiento del déficit, y se consideran “por debajo de la línea”. Debe señalarse que la expresión préstamos menos amortizaciones incluidos por encima de la línea en el manual vigente de EFP abarcan las transacciones del gobierno en activos de deuda o de capital o de otro tipo adquiridos con fines de política pública en vez del mantenimiento de la liquidez o la obtención de una ganancia.

    Base contable: Definida en IFAC (2000a) como el conjunto de principios contables que determina cuándo deben reconocerse los efectos de las transacciones o acontecimientos para propósitos de declaración de datos. Se relaciona con la oportunidad de las mediciones efectuadas, independientemente de la naturaleza de la medición. Existen muchas variaciones de la base contable. La IFAC identifica dos puntos básicos de referencia (en valores de caja y en valores devengados) y dos variaciones (en valores de caja modificados y en valores devengados modificados).

    Cargos a los usuarios: Pagos que efectúan los consumidores a los proveedores de servicios del gobierno.

    Clasificación económica: El actual Manual de estadísticas de las finanzas públicas se refiere específicamente a una “clasificación del gasto según la naturaleza de la transacción, esto es, con contraprestación o sin contraprestación, con fines corrientes o de capital, clases de bienes y servicios obtenidos, y sector o subsector que recibe las transferencias” (pág. 348). Generalmente se utiliza para identificar la naturaleza y los efectos económicos de las operaciones del gobierno. Aunque no se describe formalmente como “económica” en las EFP, la clasificación del ingreso en corriente (tributario y no tributario), de capital y proveniente de donaciones tiene un propósito similar.

    Clasificación funcional: El Manual vigente de estadísticas de las finanzas públicas se refiere específicamente a la “clasificación de las funciones de las administraciones públicas (CFAP)”, que es la norma internacional que se utiliza para clasificar los gastos del gobierno de acuerdo con propósitos generales para los cuales se realizan transacciones. Generalmente se utiliza para medir la asignación de recursos por parte del gobierno con el objeto de promover diversas actividades y objetivos (como la salud, la educación, el transporte y las comunicaciones).

    Compromisos: En el uso contable, los compromisos se refieren a la etapa del proceso de gasto en la cual se celebran contratos u otras formas de acuerdos, y que en general contemplan la provisión futura de bienes o servicios. Una obligación no será reconocida hasta que no se haya provisto el bien, pero el gobierno está comprometido contractualmente a cumplir la obligación una vez que se ha provisto dicho bien. El término también se utiliza en un sentido más general y no contractual para indicar una promesa en firme del gobierno, efectuada mediante declaraciones de política.

    Contabilidad en valores de caja modificados: Difiere de la contabilidad en valores de caja en que se registran los ingresos y desembolsos comprometidos en el ejercicio presupuestario, y contempla un determinado período después de finalizado el año para el registro y la declaración del pago de esos compromisos.

    Contabilidad en valores de caja: Los sistemas de contabilidad en valores de caja reconocen las transacciones y acontecimientos cuando se recibe o paga efectivo.

    Contabilidad en valores devengados modificados: Difiere de la contabilidad en valores devengados en que los activos físicos se registran como gastos en el momento de la compra.

    Contabilidad en valores devengados: Los sistemas de contabilidad en valores devengados reconocen las transacciones o acontecimientos en el momento en que se crea, transforma, intercambia, transfiere o extingue el valor económico, y en ellos se registran todos los flujos económicos (no solamente el efectivo).

    Contabilidad generacional: Las cuentas generacionales se utilizan para evaluar las implicaciones que la política fiscal tiene para diferentes cohortes en materia de distribución. Ello se logra estimando el valor actual de los pagos tributarios netos (impuestos pagados menos prestaciones recibidas) durante la vida de diferentes generaciones en virtud de las actuales políticas tributarias y de gasto. Una generación incluye todos los hombres y mujeres (considerados en forma separada, por sus diferentes perfiles tributarios y de prestaciones) nacidos en el mismo año. La técnica requiere contar con numerosos datos y los resultados dependen de un gran número de supuestos que permiten simplificar el cálculo. En general se la considera una técnica complementaria para el análisis de la sostenibilidad y la distribución intergeneracional.

    Cuentas del mayor general: El mayor general es el libro en el que se registran todas las transacciones del gobierno central, ya sean débitos o créditos. Generalmente se mantiene en la Oficina General de Contabilidad. Cada transacción que afecta a una determinada cuenta bancaria se refleja en la correspondiente cuenta individual del libro mayor, permitiendo así una conciliación completa con el estado bancario.

    Declaración en valores de caja: Declaración basada en sistemas de contabilidad en valores de caja.

    Declaración en valores devengados: Declaración basada en sistemas de contabilidad en valores devengados.

    El sector no incluye las sociedades públicas, incluso cuando la totalidad del capital de dichas sociedades es de propiedad de unidades del gobierno. Tampoco incluye las cuasisociedades que son de propiedad y están controladas por unidades del gobierno. Sin embargo, las empresas no constituidas legalmente de propiedad de unidades del gobierno que no son cuasisociedades siguen formando parte integral de dichas unidades, y en consecuencia deben incluirse en el sector del gobierno general.

    Fondos extrapresupuestarios: El término generalmente se refiere a conjuntos de transacciones del gobierno que no están incluidas en la presentación del presupuesto anual. Pueden no estar sujetos al mismo nivel de vigilancia o a las mismas normas contables que el presupuesto anual. Se utiliza una amplia variedad de mecanismos extrapresupuestarios, entre ellos los fondos (como los de seguridad social) establecidos mediante legislación separada, los fondos de productos que utilizan recursos provenientes de la ayuda en productos, y la asignación específica de determinados tipos de ingresos para propósitos específicos.

    Fondos para contingencias o reservas: Un fondo separado o una partida presupuestaria reservada para satisfacer necesidades imprevistas e inevitables que pueden surgir durante el ejercicio. Ciertos tipos de contingencias (como el cumplimiento de obligaciones derivadas de la garantía de préstamos) puede identificarse como posible uso de tales fondos.

    Gasto tributario: Concesiones o exenciones a una estructura tributaria “normal” que reducen la recaudación de ingresos del gobierno y que, como los objetivos de política del gobierno pueden lograrse en forma alternativa a través de subsidios u otros desembolsos directos, su concesión se considera equivalente a un gasto presupuestario. La definición precisa y la estimación del gasto tributario requieren la definición de la base normal así como la determinación de la forma más apropiada de evaluar el costo (por ejemplo, el gasto requerido para lograr un objetivo de política).

    Gobierno central: Todas las unidades de gobierno que son órganos o instrumentos de la autoridad central de un país y que están cubiertas o financiadas a través de fondos presupuestarios o extrapresupuestarios a ese nivel.

    Gobierno general: Definido en el SCN como el siguiente grupo de unidades institucionales residentes:

    • a) Todas las unidades de los gobiernos centrales, estatales o locales.

    • b) Todos los fondos de seguridad social a cada nivel del gobierno.

    • c) Todas las instituciones que no son de mercado, sin fines de lucro, que están controladas y financiadas principalmente por unidades del gobierno.

    Impuestos para fines específicos: Impuestos recaudados y asignados a programas específicos de gasto, con frecuencia a través de un fondo extrapresupuestario (véase más adelante).

    Marco presupuestario a mediano plazo: Un marco para integrar la política fiscal y el presupuesto a mediano plazo, vinculando un sistema de pronósticos fiscales agregados a un proceso disciplinado de estimaciones presupuestarias a mediano plazo de los ministerios, que refleja las políticas vigentes del gobierno. La estimación de los gastos futuros constituye la base de las negociaciones presupuestarias en los años subsiguientes al presupuesto, y dichas estimaciones se concilian con los resultados fiscales mediante informes de resultados fiscales.

    Obligaciones de fondos de pensiones sin financiamiento: Se refiere a las obligaciones futuras del gobierno en virtud de esquemas de pensiones con cargo a los ingresos corrientes o parcialmente financiados. Dichas obligaciones generalmente no se reconocen en términos contables hasta que surge la obligación de pagar (véase IFAC, 2000a), aunque ello depende de los mecanismos institucionales de cada país. (Estos aspectos están siendo considerados por el CSP de la IFAC.) Tales obligaciones futuras deben tenerse en cuenta al evaluar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

    Pasivos contingentes implícitos: Obligaciones que reflejan prestatarios no contractuales del gobierno (como posibles obligaciones derivadas de la reestructuración del sector financiero).

    Pasivos contingentes: Obligaciones en las que se ha incurrido, pero cuya oportunidad y monto dependen de la ocurrencia de determinadas circunstancias futuras inciertas. Por lo tanto, todavía no constituyen obligaciones, y pueden no serlo nunca si no se materializa la contingencia.

    Préstamo garantizado por el gobierno: Un préstamo contraído por un organismo del sector público no gubernamental con la garantía de que el gobierno pagará cualquier monto pendiente en caso de incumplimiento.

    Presupuesto por partidas: Expresión general utilizada para describir un plan de cuentas presupuestarias no sistemático. Además de “líneas” para partidas tales como “sueldos y salarios”, se introducen líneas separadas para los nuevos conceptos que vayan surgiendo, dando así lugar a voluminosas formas de asignar y contabilizar los gastos.

    Presupuesto por programas/clasificación por programas: Los “programas” son agrupamientos de actividades del gobierno en relación con determinados objetivos públicos. La clasificación por programas aplica este principio a todas las actividades del gobierno. La presupuestación por programas procura aplicar análisis de costo-beneficio a las decisiones sobre asignación, asignar gastos por programas, y evaluar los resultados de los programas en función de los objetivos de los mismos. Un sistema completo de formulación de presupuestos por programas (o propuestas posteriores como el presupuesto en base cero) no se ha aplicado exitosamente en ningún país, en gran parte debido al volumen de información requerida y a la complejidad de la administración de sistemas de este tipo.

    Presupuesto/asignación complementaria: (véase asignaciones)

    Productos y resultados; En la evaluación del desempeño del gobierno, los productos se definen como los bienes y servicios producidos por los organismos gubernamentales (como el número de horas de clase dictadas, los beneficios sociales evaluados y pagados); los resultados se definen como el impacto derivado de los productos sobre los indicadores sociales, económicos o de otro tipo (por ejemplo, aprendizaje de los alumnos, equidad social).

    Riesgo moral: La posibilidad de que la señal o la perspectiva de un posible apoyo del gobierno pueda inducir un cambio no deseado en el comportamiento de la administración de una empresa o banco, por ejemplo, llevando a cabo actividades más riesgosas porque se considera que algunas de las posibles pérdidas estarán efectivamente respaldadas por el gobierno.

    Saldo del sector público: El saldo global del sector público. Se diferencia de la necesidad de financiamiento, que es el saldo global del gobierno general más la necesidad de financiamiento neto de las empresas públicas no financieras.

    Saldo primario: Es el saldo global excluidos los pagos de intereses. Como éstos representan el costo de deudas pasadas, y los determinantes de la deuda futura que dependen de las políticas del gobierno constituyen otras medidas de gasto y de ingreso que no incluyen el pago de intereses, el saldo primario reviste particular importancia como indicador de la posición fiscal en países con elevados niveles de deuda.

    Sector público: Clasificación tomada de los sectores y subsectores de la clasificación del SCN, que consiste del gobierno general y los subsectores públicos de empresas financieras y no financieras. El principio de clasificación es el de la propiedad y/o el control del gobierno en vez de la función (como en la clasificación primaria del SCN). Una importante subdivisión dentro de este sector, para propósitos de análisis fiscal, es el “sector público no financiero” que comprende el gobierno general y las empresas públicas no financieras.

    Sistema contable: El conjunto de procedimientos contables, mecanismos internos de control, libros de contabilidad y planes y diagramas de cuentas que se utilizan para administrar, registrar y declarar las transacciones financieras. Los sistemas deben basarse en el método de contabilidad por partida doble, registrar todas las etapas del proceso de pagos y cobros necesarias para reconocer las transacciones contables, integrar las cuentas de activos y pasivos con las cuentas operativas, y mantener los registros de forma que puedan ser auditados.

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    Reino Unido

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    Véase FMI (1998a).

    En noviembre de 1998 se publicó la versión electrónica del borrador del Manual, la que fue sustituida en abril de 1999 por la versión actual, también en inglés.

    Los módulos sobre transparencia fiscal de los IOCN, publicados por primera vez en marzo de 1999, volvieron redundante el informe resumido de autoevaluación, por lo que éste fue eliminado del sitio del FMI en Internet.

    Varias expresiones y términos se presentan en letras cursivas la primera vez que aparecen y se definen en el glosario.

    En lo sucesivo, toda alusión al Código se refiere al Código revisado de buenas prácticas de transparencia fiscal.

    Las versiones en inglés de las NEDD (Special Data Dissemination Standard-SDDS) y el SGDD (General Data Dissemination System-GDDS) se publican en el sitio del FMI en Internet, en la sección Standards and Cedes. El Código de buenas prácticaí de transparencia en las políticas monetarias y financieras: Declaración de principios, puede consultarse haciendo click en “Español” en la esquina superior derecha de la página inicial del sitio del FMI.

    Véase FMI (1986). Existen algunas diferencias entre ambas publicaciones, pero la nueva versión del Manual de estadísticas de las finanzas públicas está armonizada con el SCN. Se estima que esta nueva versión se publicará en 2002. Se ha incluido en el sitio del FMI en Internet, solicitándose comentarios, un borrador revisado en inglés de dicho manual. Véase http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/index.htm.

    En el capítulo 2 de la versión actual del Manual de estadísticas de las finanzas públicas se presenta una explicación detallada de la definición de gobierno general.

    Sistema Europeo de Cuentas está armonizado con el SCN. Véase http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.

    En el Código, y en lo sucesivo en este Manual, las referencias a las instituciones financieras públicas no incluyen al banco central. Dada la significación particular del banco central para el análisis fiscal, es importante distinguirlo claramente de las otras instituciones financieras públicas.

    Véase en el párrafo 126 una explicación más amplia sobre la declaración de las finanzas del sector público.

    No obstante, el marco intergubemamental no deberá ser tan inflexible como para limitar la gestión macroeconόmics eficaz por parte del gobierno central.

    Recientemente, Mozambique estableció un nuevo marco institucional para las relaciones intergubemamentales con reglas relativamente claras y sencillas. Véase el módulo de transparencia fiscal del IOCN de Mozambique (párrafo 5) en http://www.imf.org/external/np/rosc/moz/index.htm.

    Véase, por ejemplo, von Hagen (1992);Alesina y Perotti (1995, 1999), y Stein, Talvi y Grisanti (1998). Estos estudios sugieren que el desempeño fiscal en Europa y América Latina se ve fortalecido por procedimientos presupuestarios que concentran el poder en el ejecutivo (y, dentro del ejecutivo, en el ministerio de Hacienda} y son más transparentes.

    No obstante, el Código no indica si el poder judicial deberá estar facultado para modificar el presupuesto presentado por el poder ejecutivo. Esto va más allá del ámbito de la transparencia. Véase en Alesina y Perotti (1999) una explicación de los efectos de las distintas facultades del poder legislativo para la modificación del presupuesto.

    Véase el párrafo 108, donde se explica la necesidad de integrar el presupuesto del ejercicio en curso y el de capital.

    En los párrafos 40–41 se describe el marco de la gestión de las finanzas públicas.

    La canalización de impuestos consignados a los fondos extra-presupuestarios es común en los casos en que existe un fuerte vínculo entre los impuestos y las prestaciones, y al hacer énfasis en ello puede ocurrir que sea más fácil aceptar los impuestos consignados que los ordinarios. Además, las actividades que se emprendan mediante fondos extrapresupuesta-rios suelen depender menos de las consideraciones de corto plazo que repercuten en el presupuesto, y pueden estar sujetas incluso a una legislación separada. La seguridad social presenta estas características.

    En los párrafos 136–37 se trata con más detenimiento la declaración de transacciones con financiamiento externo.

    O a exámenes más amplios vinculados con metas presupuestarias a mediano plazo o a la sosten i bilidad a largo plazo.

    Las nuevas leyes de presupuesto de Moldova y Letonia incorporan los fondos extra presupuestarios como fondos especiales en el presupuesto anual.

    En Suecia. el banco central no realiza actividades cuasifiscales, y su independencia queda garantizada por las enmiendas a la Ley Orgánica de 1997 del Sveriges Riksbank. Véase el módulo sobre transparencia fiscal del IOCN (párrafo 5) de Suecia, en http://www.imf.org/external/np/rosc/swe/index.htm. La Ley Orgánica del Banco Central prohibe al Banco de Corea financiar directamente el déficit fiscal. Véase el IOCN de la República de Corea (párrafo 6) en http://www.imf.org/external/np/rosc/kor/index.htm.

    Aunque sigue siendo posible que el banco central adquiera títulos del Estado en el mercado abierto, o influya en la demanda de esos títulos de otras maneras (por ejemplo, exigiendo su uso para cumplir con los requisitos de encaje legal).

    El recuadro 10 contiene una lista más completa de los diferentes tipos de actividades cuasifiscales.

    En los párrafos 70–77 se explica la declaración de las actividades cuasifiscales y en el recuadro 18 se presenta la manera en que pueden incorporarse en las evaluaciones de la situación global de las finanzas públicas.

    Véase una explicación detallada en http://www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm. La versión en español del Código puede encontrarse en el sitio del FMI en Internet, haciendo click en “Español” en la parte superior derecha de la pantalla.

    En el Reino Unido, las empresas públicas no financieras operan sobre bases comerciales, y los costos de las actividades no comerciales quedan compensados y reflejados en el presupuesto. En Francia, se están reemplazando algunas actividades cuasifiscales por subvenciones explícitas. Por ejemplo, se contrata explícitamente a las empresas de transporte aéreo sobre una base competitiva para mantener algunas rutas no comerciales y se hace explícito el costo de mantener servicios postales en zonas rurales. Véase los módulos de transparencia de los IOCN del Reino Unido y de Francia (párrafos 2, incluida la nota de pie 2, y 9, respectivamente) en http://www.imf.org/external/np/rosc/index.htm.

    Véase la explicación de los pasivos contingentes en los párrafos 62–66.

    Véanse los párrafos 46–47 sobre accesibilidad c interpretación de las leyes tributarias; el párrafo 55 sobre los derechos de ios contribuyentes, y el párrafo 142, que se refiere a la transparencia de los costos de cumplimiento tributario.

    Véase Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (1997). Véase también http://www.bis.org/publ/bcbs30a.htm (sólo en inglés). Éste es uno de los conjuntos básicos de normas que se promueve a través de! Programa de evaluación del sector financiero (PESF). En el PESF, los funcionarios del Banco Mundial y del FMI consideran que la observancia de normas pertinentes sobre el sector financiero es uno de los componentes de un examen de mayor cobertura de la estabilidad de ese sector.

    Véase http://www.imf.org/external/np/mae/mft/index.htm, haciendo click en “Español” en la esquina superior derecha de la pantalla.

    Véanse en los párrafos 81–82 una explicación de la forma de declarar información sobre saldos de activos financieros, incluida la inversión en participaciones de capital en empresas privadas.

    Esto es ineludible toda vez que se adquieren nuevas participaciones de capital. Además, deberán realizarse exámenes periódicos de todas las tenencias de participaciones de capital, indicando sus razones, especialmente cuando los gobiernos se encuentren en el proceso de privatizar activos.

    En algunas economías en transición (por ejemplo, la República Kirguisa y Tayikistán) se han promulgado las leyes de tesorería antes que las leyes de presupuesto de mayor cobertura.

    En los párrafos 132–35 se trata el tema de los atrasos de pagos.

    El término “impuesto”, tal como se emplea en esta sección, se refiere a todo pago obligatorio que impone la ley, e incluye los impuestos aduaneros.

    Por ejemplo, en la República de Corea, los impuestos se aplican bajo estricta autoridad jurídica, las leyes tributarias son asequibles, y contienen detalles de los derechos de los contribuyentes, procedimientos en caso de controversias impositivas y la aplicación de las leyes tributarias. Los contribuyentes pueden impugnar los dictámenes mediante procedimientos internos de solución de controversias, pueden recurrir al Tribunal Nacional de Impuestos, y por último apelar al poder judicial. Véase el módulo de transparencia fiscal en el IOCN de la República de Corea (párrafo 8) en http://www.imf.org/external/np/rosc/korea/fiscal.htm.

    Véase http://www.wcoomd.org/; la información está en inglés y en francés.

    Véase el caso de Estados Unidos en http://www.irs.gov/prod/ind_info/advocate.html

    La reciente experiencia con la forma de abordar los problemas de corrupción en la administración pública en la República de Sudáfrica ilustra algunas de las dificultades para poner en práctica normas éticas. Véase van der Westhuizen (1998).

    Véase http://www.un.org/ga/documents/gares51/gar51-59.htm (en inglés). El documento en español figura en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/51/59 del 28 de enero de 1997.

    Véase ONU (1996). También puede consultarse el Código de ética de la INTOSAI para los auditores del sector público. Véase http://www.intosai.org/3_ETHlCe.html

    Se ha planteado el problema del idioma (o los idiomas) en el (los) que deberá presentarse la información para facilitar el acceso del público. No se ha establecido claramente si los países deberán publicar con regularidad información fiscal y, en términos más generales, información económica, en un idioma que se utilice comúnmente. Quienes estén analizando la información de determinado país por lo general pueden recurrir a servicios de traducción relativamente rápidos. No obstante, a los países que procuran acceder a los mercados internacionales de capital probablemente les convenga traducir los documentos e informes más importantes y publicarlos simultáneamente con la versión en el idioma del país.

    En Uganda se suministra información histórica sobre el presupuesto y los resultados de los cuatro años precedentes por sectores y votos en los documentos de antecedentes del presupuesto, que se presenta junto con el presupuesto anual. Véase el módulo de transparencia fiscal del IOCN de Uganda (párrafo 27) en http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm.

    Los pronósticos fiscales a mediano plazo se describen más detalladamente en los párrafos 107-08 y en el recuadro 15.

    Más precisamente, la Comisión del Sector Público de la IFAC define a un pasivo contingente como: a) una posible obligación que surge de hechos pasados y cuya existencia será confirmada únicamente si ocurren o no ocurren uno o más eventos que no están totalmente bajo el control de la empresa o b) una obligación presente que surge de hechos pasados pero que no está reconocida como un pasivo porque: i) no es probable que se requiera un desembolso de recursos que incorporan beneficios económicos para liquidar la obligación, o ii) no puede medirse con suficiente fiabilidad el monto de la obligación.

    En los casos en que exista una cartera de pasivos contingentes similares, como una gran cartera de garantías de préstamos con características similares (por ejemplo, en los sectores de la vivienda y agrícola), puede haber datos históricos suficientemente fiables sobre las pérdidas acumuladas por concepto de préstamos. Esto permitiría realizar una estimación fidedigna del costo previsto del programa de garantía que se va a llevar a cabo. En ese caso, la estimación podría asignarse como un gasto en el presupuesto.

    También es posible presentar información suplementaria usando el método de contabilidad en base caja, como se recomienda en el documento “Exposure Draft 9” de la IFAC (2000b).

    La declaración de pasivos contingentes deberá incluirse en un estado más amplio de riesgos fiscales (véanse el párrafo 110 y el recuadro 16). Para declarar pasivos contingentes será necesario elaborar un sistema de información que permita registrarlos.

    La República Checa es un buen ejemplo de un país en el que existe un monto significativo de pasivos contingentes en forma de garantías, y donde se han tomado medidas para proporcionar información sobre garantías en los documentos presupuestarios. Véase el módulo de transparencia fiscal del IOCN de la República Checa (recuadro 2) en http://www.imf.org/extemal/np/rosc/cze/index/htm.

    En la sección 7.6 del Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras se establece que, cuando existan garantías de depósitos, deberá darse a conocer públicamente información sobre la índole, los procedimientos de operación, la forma en que se financian las garantías y los resultados obtenidos mediante esos mecanismos.

    Hay un caso especial que cae fuera de la definición usual del gasto fiscal cuando el gobierno, las instituciones financieras públicas y las empresas públicas no financieras están exentos de impuestos que se aplican a transacciones similares realizadas por el sector privado. Cuando se apliquen estas exenciones, deberán notificarse y cuantificarse. en la medida de lo posible, en la documentación del presupuesto.

    La cuanuficación del gasto fiscal es particularmente compleja, y requiere que se especifique una estructura tributaria de referencia en ausencia del gasto fiscal y, en los enfoques más complejos de la cuantificación, supuestos sobre el impacto conductual del gasto tributario. Véase OCDE (1984, 1996). Véase también Gobierno de Canadá, Tax Expenditures and Evaluations 2000, en http://www.fin.gc.ca/toce/2000/taxexp_e.html.

    En algunos casos, los ingresos que percibe un banco central a raíz, de una actividad cuasifiscal pueden ser transferidos directamente al presupuesto (por ejemplo, los ingresos percibidos por la operación de un sistema de tipos de cambio múltiples).

    Además, en la mayoría de los casos, habrá un desfase entre el período en el que tiene lugar la actividad cuasifiscal con sus repercusiones en el estado de ganancias y pérdidas del banco central, y el período en el que se transfieren al gobierno central las utilidades del banco central.

    En algunos casos, el banco central puede disponer que todas las utilidades se transfieran al gobierno central una vez que las reservas alcancen cierto nivel. En términos más generales, la tasa marginal de transferencia puede variar con el correr del tiempo.

    En los países en desarrollo no es raro que el banco central incurra en pérdidas significativas; en algunos casos, las pérdidas anuales han superado el 5% del PIB. Véase Robinson y Stella (1993).

    Este tipo de crédito subvencionado debe distinguirse del redescuento de los bancos centrales. Esta última actividad es de índole monetaria y. en general, se considera que supone un intercambio de activos de igual valor. El redescuento se otorga a instituciones solventes con plena constitución de garantías, a menudo a tasas de interés de mercado o con una penalidad. Cuando el redescuento se otorga a tasas de interés inferiores a las del mercado, no obstante, el subsidio a las tasas de interés deberá considerarse como una actividad Cuasifiscal, De la misma manera, la práctica del encaje legal no remunerado (o poco remunerado) puede imponer una carga significativa a las instituciones financieras cuando las casas de interés son elevadas. En esos casos, el encaje legal no remunerado deberá considerarse como una actividad cuasifiscal.

    El Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas monetarias y financieras constituye una base para que el banco central suministre dicha información.

    Por ejemplo, la declaración de un préstamo garantizado podría incluir el monto y la duración del préstamo; la declaración de un préstamo subvencionado podría incluir el monto y la duración riel préstamo y la tasa de interés, y la declaración de un subsidio al consumidor otorgado por una empresa pública no financiera podría incluir por lo menos cierta indicación de la divergencia entre el precio que se cobra y un precio basado en la plena recuperación de los costos.

    Véase Mackenzie y Stella (1996) donde se explican detalladamente las dificultades de la estimación y declaración de la magnitud de las actividades cuasifiscales.

    Véase, por ejemplo, cómo el Gobierno del Reino Unido declara en los documentos del presupuesto detalles de los proyectos de infraestructura con financiamiento privado. Se ofrece información sobre el gasto de capital estimado del sector privado en contratos celebrados con el gobierno para el año previo y los próximos tres años, además de proyecciones de los pagos estimados por servicios derivados de los nuevos proyectos de inversión privados en los próximos 25 años. Véase http://www.hm-treasury.gov.uk/budget2001/fsbr/chapc.htm.

    Las normas de declaración de la deuda que se especifican aquí se basan en las del Sistema General de Divulgación de Da-tosdelFMI (SGDD) (http://dsbb.imf.org/#gdds). Véase IFAC (2000a), donde se describen los aspectos de la declaración de la deuda y los activos financieros del gobierno. La deuda con garantía pública deberá declararse en una declaración de pasivos con ungen tes.

    La deuda indexada es aquella denominada en moneda nacional pero cuyo valor nominal está indexado en función de una moneda extranjera, la inflación o un producto primario (como el petróleo o el oro).

    Cuando no se disponga de información sobre el vencimiento remanente, deberá declararse el plazo de vencimiento original.

    El efectivo y los equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja, los depósitos a la vista, y las inversiones a corto plazo de alta liquidez que pueden convertirse directamente en efectivo.

    En el caso de los niveles subnacionales de gobierno, la compilación no necesita basarse en los resultados efectivos de todos los gobiernos, sino en una encuesta de muestreo que abarque los resultados efectivos de los presupuestos para una porción significativa de todas las transacciones emprendidas por el gobierno subnacional.

    Australia es un buen ejemplo de un país que cumple ampliamente con estos dos referentes. Los estados son entidades soberanas independientes y presentan sus presupuestos por separado del gobierno central. No obstante, los estados dependen muchísimo de las transferencias del gobierno central y por esa razón se ha hecho un gran esfuerzo por normalizar la presentación estadística de conformidad con las normas internacionales para todas las jurisdicciones, de manera que pueda trasladarse al gobierno general el punto focal de la política fiscal. En Estados Unidos, en cambio, las fuerzas del mercado (y la autorregulación voluntaria) imponen la disciplina a las finanzas de los niveles subnacionales de gobierno. Dado el alto grado de independencia de los gobiernos estatales, el punto focal de la política fiscal nacional es el presupuesto federal. En general, todos los niveles de gobierno observan estrictas normas de transparencia fiscal. El gobierno federal compila ex post la información consolidada del gobierno general.

    El país con la más larga tradición en este tipo de compromisos es Suecia, donde se ha consagrado este principio en la Constitución desde 1776. El público de Suecia (y de varios otros países) tienen el derecho de apelar ante el ombudsman —una oficina independiente del poder ejecutivo que recibe e investiga denuncias de mala administración— una decisión de cualquier entidad gubernamental de impedir el acceso a la información. Recientemente, Tailandia promulgó leyes sobre la libertad de información. En otros países, como los Estados Unidos, existe el derecho de apelación ante los tribunales.

    En los calendarios de publicación deberá indicarse si las fechas son “previstas” o “fijadas como metas”, pero deberá anunciarse además toda demora debida a imprevistos tan pronto como sea evidente.

    Véase una explicación de los calendarios de publicación de información en FMI (1996) y FMI (1998b). Véase también http://dsbb.imf.org/.

    En la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la documentación presupuestaria anual contiene una clara declaración sobre los objetivos de política fiscal y la viabilidad a mediano plazo. Véase el IOCN sobre la RAE de Hong Kong, módulo de transparencia fiscal, párrafo 32, en http://www.imf.org/external/np/rosc/hkg/index.htm.

    En Sudáfrica, tres meses antes de la consideración del presupuesto se presenta al parlamento una declaración de política presupuestaria a mediano plazo. La misma contiene los supuestos macroeconómicos, las asignaciones interprovinciales propuestas, la clasificación funcional prevista del gasto, y la separación prevista entre gasto corriente y de capital. Véase Folscher (1999), en http://www.idasa.org.za. En OCDE (1999) puede verse un análisis de la fase de consulta previa al presupuesto en Canadá.

    También debe tenerse en cuenta el surgimiento de nuevas obligaciones generadoras de deuda que pueden excluirse de las proyecciones fiscales rutinarias, como los pasivos contingentes que puedan tener que pagarse,

    Véase en Chalk y Hemming (2000) un análisis ulterior de los enfoques que pueden utilizarse para evaluar la viabilidad fiscal, incluso en el caso de países en los que las evaluaciones se ven afectadas por circunstancias especiales como disponibilidad de un recurso mineral agotable.

    Véase Chand y Jaeger (1996). El presupuesto de Estados Unidos para 1999 también condene información detallada sobre las implicaciones a largo plazo de las políticas fiscales vigentes. En una publicación sobre “Perspectivas analíticas” que forma parte de la documenración presup uestaria, se proporcionan proyecciones del presupuesto hasta el año 2070. En ella se describen los principales supuestos, y se ilustra la sensibilidad de las proyecciones frente a supuestos y escenarios alternativos. También se proporcionan proyecciones a largo plazo (75 años) del ingreso y los gastos del seguro social y el Hospital Insurance Trust Fund, que incluyen el equilibrio actuarial estimado a 75 años de ambos fondos como una medición resumida de su situación financiera (véase http://www.access.gpo.gov/usbudget/fy2001/maindown.html).

    El presupuesto para 2000 del Reino Unido contiene información sobre las cuentas generacionales en el país (e incluye información comparativa de otros países), en el contexto de un análisis detallado de la viabilidad fiscal a largo plazo (véase http://www.hm-treasury.gov.uk/budget2000/fsbr/annexa.htm).

    Kopits y Symansky (1998) analizan las normas fiscales en detalle.

    En la Región Administrativa Especial de Hong Kong se prepara y se publica un pronóstico a mediano plazo como anexo al discurso del presupuesto (véase http://www.info.gov.hk/budget01–02/index.htm). El pronóstico a mediano plazo incluye proyecciones del año presupuestario más tres años. Hungría también ha comenzado a presentar su presupuesto en el contexto de las perspectivas manuales del presupuesto y la economía (véase http://www.meh.hu/default.htm), lo mismo que Uganda, véase el IOCN para Uganda, módulo de transparencia fiscal, párrafo 28, http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm.

    En Alemania, la Ley de Principios Presupuestarios, por ejemplo, exige explícitamente que todos los niveles de gobierno presenten planes financieros multianuales. Para coordinar esta tarea, en 1968 se creó un Consejo de Planificación Financiera, integrado por el ministro de hacienda (como presidente), el ministro de economía, los ministros estatales encargados de los asuntos financieros y cuatro representantes de las municipalidades.

    Un buen ejemplo es la divulgación de las medidas presupuestarias en el Reino Unido, donde el documento del presupuesto contiene un cuadro resumido de las nuevas medidas presupuestarias y sus efectos Fiscales estimados, y cada nueva medida está explicada en más detalle en un anexo, F.n Francia se distingue claramente entre el gasto relacionado con las políticas vigentes (“apropiaciones para servicios corrientes”) y las “partidas de gasto que reflejan nuevas políticas”. La ley orgánica del presupuesto exige esta distinción, y en virtud de la misma, las apropiaciones para servicios corrientes están sujetas a una votación en el parlamento, mientras que las partidas correspondientes a nuevas políticas están sometidas a procesos detallados de votación. Véase el IOGN para Francia, módulo de transparencia fiscal, párrafo 13, en http://www.imf.org/external/np/rosc/fra/index.htm.

    En Estados Unidos, la ley exige que la Oficina de Presupuesto del Congreso dé a conocer a la legislatura el costo eslimado (y la base de la estimación) que la legislación federal propuesta impondría a los gobiernos estatales y locales (y al sector privado) . Véase “About CBO”, en http://www.cbo.gov/respon.shtml.

    En algunos casos, pueden existir razones legítimas de política pública para no cuantificar un riesgo fiscal, como, por ejemplo, cuando el hacerlo pmdría al gobierno en desventaja en sus negociaciones con terceras partes. No obstante, de cualquier manera debe darse a conocer la existencia y la naturaleza del riesgo.

    En los últimos años, Grecia ha fortalecido su divulgación de los riesgos fiscales. En el documento del presupuesto se examinan actualmente los riesgos provenientes de las variaciones en los supuestos macroeconómicos, los pasivos contingentes y otras incertidumbres. Véase http://www.imf.org/external/np/rose/index.htm.grc, en que el Informe de país preparado por los funcionarios del FMI No. 99/138 (págs. 49-53) analiza la transparencia fiscal en Grecia. Un ejemplo de amplia divulgación de información sobre riesgos fiscales en el presupuesto anual puede verse en Nueva Zelandia, en http://www.treasury.govt.nz/forvcasts/befu/2001/.

    Véase en el recuadro 7 un análisis de la relación que existe entre la clasificación de las EFP y los diversos tipos de declaración fiscal.

    Si bien las EFP no son la única norma para la declaración de estadísticas fiscales (el SCN y el SEC proporcionan alternativas que conceptual men te son similares), el Manual de EFP constituye el punto de referencia más generalmente aceptado para fines de clasificación de las estadísticas fiscales.

    Véase el párrafo 170.

    Por ejemplo, en Ucrania, el presupuesto para 1998 introdujo una clasificación económica de los gastos compatible con las EFP, y por primera vez, contenía asignaciones presupuestarías por principales organismos de gasto.

    El principal ejemplo es el Sistema de planificación, programación y presupuesto adoptado en Estados Unidos a mediados de los años sesenta.

    El Debe señalarse que una clasificación por programas es conceptualmente distinta de la clasificación funcional de las EFP/CFAP, ya que los objetivos de los programas del gobierno pueden cumplirse mediante actividades que abarcan diferentes áreas funcionales (por ejemplo, un programa contra la malaria puede tener un componente de educación, un componente de drenaje agrícola y un componente de salud). No obstante, en la práctica algunas clasificaciones por programas se han basado en la CFAP a niveles superiores de categorización.

    Puede obtenerse información detallada sobre estos temas en la OCDE y en los sitios de los distintos países en Internet a través del sitio de la OCDE/PUMA en Internet, http://www.oecd.org/puma/links.htm.

    La expresión actualmente utilizada en el Manual de estadísticas de tas finanzas públicas es “déficit/superávit global”.

    Véase en el párrafo 126 un análisis ulterior del saldo del sector público.

    En Bléjer y Cheasiy (1993) se analizan los diversos conceptos del saldo fiscal.

    Véase los IOCN para Australia, Francia y el Reino Unido en http://www.imf.org/external/np/rosc/index.htm..

    Dentro de esta amplia definición, el control interno abarca los controles administrativos (los procedimientos que rigen los procesos de decisión) y los controles contables (los procedimientos que rigen la confiabilidad de los registros financieros).

    Véase INTOSAI (1992).

    Túnez constituye un buen ejemplo de esta organización del control interno que utiliza el sistema francés. Véase el IOCN para Túnez, módulo de transparencia fiscal, en http://www.imf.org/external/np/rosc/tun/index.htm.

    En Potter y Diamond (1998) e IFAC (2000a) puede verse un análisis más detallado de estos temas.

    Como los ingresos tributarios son obligatorios y sin contrapartida, resulta más difícil establecer puntos de reconocimiento para determinar las obligaciones tributarias que en el caso de los gastos. IFAC (2000a) indica varios posibles puntos de reconocimiento que podrían aplicarse en un sistema en valores devengados y da ejemplos correspondientes a distintos impuestos (párrafos 517–28), pero señala que debido a las diferencias en la legislación y los sistemas administrativos entre países, es posible que los distintos países tengan puntos de reconocimiento diferentes para impuestos similares (párrafo 524).

    Si bien en general no se recomiendan los acuerdos de compensación en las transacciones gubernamentales, es importante que se adopte un enfoque uniforme para evaluar los pasivos tributarios. Un único númera de identificación y registro tributario para cada contribuyente permitiría dicha evaluación; si un contribuyente está atrasado en un impuesto y tiene derecho a un reembolso en otro, dicho reembolso podría utilizarse para compensar el atraso en el otro impuesto.

    Corea ofrece un ejemplo de un marco claro, integral y transparente para las adquisiciones y las licitaciones a todos los niveles del gobierno general. Véase el IOCN para la República de Corea, módulo de transparencia fiscal, párrafo 22, en http://www.imf.org/external/np/rosc/kor/index.htm.

    Pueden consultarse directrices sobre adquisiciones públicas a través del sitio de OCDE/PUMA en Internet, http://www.oecd.org/puma/sigmaweb/pubs/pbno3.htm, en el que se cita la legislación pertinente en el marco de acuerdos como el Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio (http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/final_e.htm) y las Directivas sobre adquiticiones de la Unión Europea (http://formby,wiganmbc.gov.uk/pub/bsu/eudirat.htm) en lasque se establecen las obligaciones legales para los sistemas y prácticas nacionales.

    Véase http://www.uncitral.org/english/texts/procurem/proc93.htm, Uno de tales países es Polonia, que recibió asistencia técnica de OCDE/PUMA. Mantiene un sistema de adquisiciones altamente descentralizado, con una oficina central de adquisiciones públicas encargada de la formulación de normas y reglamentaciones.

    La auditoría interna se define aquí como la que se realiza dentro del poder ejecutivo del gobierno, y la auditoría independiente como la que se realiza fuera del poder ejecutivo. Por lo tanto, la auditoría interna abarca la auditoría de un organismo por parte del personal del mismo organismo (idealmente, informando en forma directa a la administración superior del mismo) y la auditoria de un organismo por parte de otro organismo (por ejemplo, un órgano de auditoría que depende del ministerio de hacienda o del primer ministro).

    En Australia estas declaraciones se denominan “declaraciones del impacto del costo del cumplimiento”.

    En Suecia se requiere que el gobierno, por lo menos dos veces al año, informe al parlamento sohre los resultados previstos del presupuesto, la deuda pública, y las discrepancias entre los resultados y las previsiones presupuestarias originales. Los informes mensuales detallados sobre la ejecución fiscal se publican en el sitio en Internet de la Autoridad Nacional de Gestión Financiera. Véase el IOCN sobre Suecia, módulo de transparencia fiscal, párrafo 17, en http://www.imf.org/external/np/rosc/swe/index.htm.

    Las directrices de la OCDE sobre prácticas óptimas sugieren que la deuda debe declararse con un desfase de un mes.

    En los párrafos 174–176 puede verse un análisis de la evaluación independiente de los pronósticos fiscales y macroeconómicos.

    por ejemplo, las IPSAS o las normas de contabilidad generalmente aceptadas, como en el Reino Unido y Nueva Zelandia, o las normas federales de contabilidad financiera aplicadas por el gobierno federal de Estados Unidos (véase http://www.financenet.gov/fasab.htm).

    Las políticas contables son las bases, convenciones, reglas, prácticas y principios específicos adoptados … al preparar y presentar estados financieros; véase el párrafo 7, IFAC (2000b). Las bases contables pueden diferir entre los documentos presupuestarios y los informes financieros, como por ejemplo ocurre en Estados Unidos. En Francia recientemente se han modificado las normas contables utilizadas en la preparación de las cuentas definitivas, con el objeto de reflejar valores devengados en algunos aspectos, y dichas normas están claramente explicadas en las cuentas definitivas (véase la IOCN para Francia, módulo de transparencia fiscal, recuadro 1, en http://www.imf.org/external/np/rosc/fra/index.htm. En algunos países que han pasado a utilizar presupuestos en valores devengados, se ha observado un período de transición en el que se declaran datos en valores devengados y el presupuesto sigue formulándose en valores de caja.

    Por ejemplo, en Estados Unidos, la Junta Federal Asesora de Normas Contables está encargada de formular propuestas para mejorar la información contable y financiera en el gobierno federal. En Nueva Zelandia, la Ley de Responsabilidad Fiscal requiere que el gobierno prepare y presente todos los informes fiscales de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas (GAAP) en valores devengados. Dichas normas están a cargo de la Junta de Revisión de Normas Contables de Nueva Zelandia, un órgano independiente del gobierno que establece las normas contables para el gobierno y el sector privado.

    Australia representa un buen ejemplo de rendición rutinaria de cuentas en estos términos. Véase http://www.buget.gov.au/finaloutcome/.

    En Albania los datos sobre financiamiento fiscal se concilian con los activos y pasivos del sector financiero frente al gobierno, y la deuda pública y los flujos oficiales se concilian con la balanza de pagos. Véase Toward a Framework for Assessing Data Quality, por Carol S. Carson, anexo IV, muestra C, en http://dsbb.imf.org/dqrs_work.htm.

    En Pakistán, después de que se encontraron significativas deficiencias en los procesos de conciliación de cuentas, y se descubrieron sustanciales discrepancias en los datos fiscales, el gobierno ha comenzado a establecer procesos básicos de contabilidad y conciliación. La creación de un comité interinstitucional de vigilancia fiscal —que cuenta con el decidido apoyo del gobierno— constituye un importante paso en favor del mejoramiento de la calidad de los datos fiscales utilizados para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Ello también ha fortalecido la conciliación y el control internos. Véase el IOCN para Pakistán, módulo de transparencia fiscal, párrafo 26 y recuadro 1, en http://www.imf.org/external/np/rosc/pak/fiscal.htm.

    Puede obtenerse información detallada sobre este marco, preparado por el Departamento de Estadística del FMI, en Toward a Framework for Assessing Data Quality, de Carol S. Carson (2000), en http://dsbb.imf.org/dqrs_work.htm.

    E1 marco de evaluación de la calidad de los datos fiscales está siendo objeto de un intenso proceso de consultas con expertos internacionales y con funcionarios del FMI. y está verificándose en el terreno.

    Véase http://www.un.org/Depts/unsd/statcom/1994docs/el994.htm. Para promover estos principios, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas creó un grupo de trabajo encargado de formular un proyecto de código de practicas óptimas. Véase División de Estadística de las Naciones Unidas, “Common Code of Statistical Practice in the United Nations Systems”, Part I y Part II, abril de 1996, en http://www.un.org/Depts/unsd/demotss/tcnjun96/tony.htm.

    También se conocen como instituciones supremas de auditoría. El órgano nacional de auditoría es la entidad de auditoría de más alto nivel en un país.

    La Oficina de Auditoria de Uganda reúne los principales elementos de la independencia institucional. Véase el IOCN para Uganda, módulo de transparencia fiscal, párrafo 29, en http://www.imf.org/external/np/rosc/uga/index.htm.

    En la India, el contralor independiente y el auditor general presentan sus informes al parlamento. También debe señalarse que los gobiernos estatales tienen sus propios contadores generales —que dependen del contralor y el auditor general— que presentan informes de auditoría directamente a las legislaturas estatales.

    En Pakistán, por ejemplo, las cuentas sobre apropiaciones para defensa se presentan al Comité de Cuentas Públicas, pero la circulación de los doci mentos está restringida por razones de seguridad. Véase e IOCN para Pakistán, módulo de transparencia fiscal, párrafo 30, en http://www.imf.org external/np/rosc/pak/fiscal.htm.

    Por ejemplo, en el Reino Unido, el Comité de Cuentas Públicas informa sus comprobaciones al Parlamento y a la tesorería, y ésta debe a su vez informar al comité las medidas adoptadas o no ado¡ tadas en respuesta a dicho informe. F.n la India, el Comité de Cuentas Públicas cumple la misma función.

    Véase INTOSAI (1995).

    Las directrices de la OCDE sobre prácticas óptimas (punto 3.2) van más lejos, requiriendo que cada informe fiscal contenga una declaración de responsabilidad del ministro de hacienda y el funcionario de alto nivel encargado de producir el informe.

    El Banco de Noruega publica regularmente los pronósticos macroeconómicos internos del personal. El Riksbank de Suecia publica pronósticos macroeconómicos aprobados por el órgano encargado de la formulación de poliíticas, no solamente el personal, lo que contribuye aún más a la transparencia. La publicación por parte del banco central de un programa específico para un informe sobre la evolución de la situación ma-croeconómica es un requisito de la transparencia en las políticas monetarias y financieras (punto 2.4.2).

    En Sudáfrica los supuestos macroeconómicos en los que se basan los pronósticos presupuestarios se presentan al Parlamento en una declaración sobre política presupuestaria a mediano plazo, tres meses antes de la presentación del presupuesto. Véase FoLscher (1999) en http://www.idasa.org.za.

    En Australia, por ejemplo, el modelo macroeconómico de la Tesorería puede verse en http://www.treasury.gov.au/y adquirirse en la Oficina Australiana de Estadística. En el Reino Unido, la ley exige que la tesorería dé a conocer al público el modelo macroeconómico.

    En Canadá se utiliza el promedio de los pronósticos económicos del sector privado como base para los supuestos económicos en los que se basa el presupuesto. Véase OCDE (1999).

    En Francia, por ejemplo, los pronósticos macroeconómicos son revisados por la Comisión Económica Nacional, presidida por el ministro de economía y hacienda, c integrada por 22 miembros seleccionados en base a su experiencia económica y financiera. La Comisión Económica Nacional cuenta con el respaldo de un grupo técnico, que analiza los pronósticos macroeconómicos preparados por institutos y bancos independientes clave. Véase el IOCN para Francia, módulo de transparencia fiscal, párrafo 20, en http://www.imf.org/extenal/np/rosc/fra/index.htm En la República Checa, un panel de expertos, que incluye personas del sector privado, examina los supuestos macroeconómicos dos veces al año y antes de que se publiquen los pronósticos presupuestarios. Véase el IOCN para la República Checa, módulo de transparencia fiscal, párrafo 19, en http://www.imf.org/external/np/rosc/cze.htm.

    En Estados Unidos, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que depende del poder legislativo, pre piara pronósticos macroeconómicos y fiscales que se consideran conjuntamente con los contenidos en la propuesta de presupuesto del Presidente.

    En varios países, principalmente en América Latina, los datos fiscales son producidos y difundidos por el banco central y no por la oficina nacional de estadísticas.

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