Unidades de Inteligencia Financiera : Panorama general

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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
February 2005
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    Bibliografía

      Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), 2003, Insurance Core Principles and Methodology, ICP 28.

      Bell, R. E.,2002, “The Prosecution of Lawyers for Money Laundering”, Journal of Money Laundering Control, vol. 6, No. 1, págs. 1726.

      Brown, Alastair,1997, “Money Laundering: A European and U.K. Perspective”, J.I.B.L, vol. 8, pág. 307.

      Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 1997, Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva.

      Consejo de Europa, Comité Europeo de Problemas Penales, Comité selecto de expertos sobre la evaluación de las medidas contra el lavado de dinero, A Review of the Anti-Money Laundering Systems in 22 Council of Europe Member States, 1998-2001.

      de Koker, Louis,2002, “Money Laundering Control: The South African Model”, Journal of Money Laundering Control, págs. 16681.

      FinCEN, 2002, Use of Currency Transaction Reports, Report to the Congress submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S. Department of the Treasury.

      Gilmore, William C.,1999, Dirty Money: The Evolution of Money-Laundering Counter-Measures, 2a ed. (Estrasburgo: Council of Europe Press).

      Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), 2001, Review of FA TF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures, 1992-1999.

      Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), 2002, Review of the FATF Forty Recommendations, Consultation Paper, May30.

      Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), 2002, Objectives and Principles of Securities Regulation.

      Schott, Paul Allan,2003, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (Washington: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional).

      Sienczylo-Chlabicz, Joanna,y WojciechFilipkowski,2001, “The Polish Financial Intelligence Unit: A New Institution in the Polish Legal System”, Journal of Money Laundering Control, vol. 5, No. 2, págs. 15057.

      Spreutels, Jean,y ClaireScohier,1998, “La Prévention du blanchiment des capitaux, évolutions récentes”, Rev. Dr. VLB, 1997-1, págs. 16587, disponible en Internet en el sitio de la UIF belga http://www.ctif-cfi.be/fr/index.htm.

      Stessens, Guy,2000, Money Laundering, A New International Law Enforcement Model (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press).

      Thony, Jean-François,1996, “Processing Financial Information in Money Laundering Matters, The Financial Intelligence Units”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice (Bruselas), pág. 257.

      vanDuyne,PetrusC.,MarcelPheijffer,HansG.Kuijl, Arthur Th.H.van Dijk yGerardJ. C. M.Bakker,2003, Financial Investigation of Crime; A Tool of the Integral Law Enforcement Approach (Nijmegen: Wolf Legal Publishers).

      Verhelst, Boudewijn,The Financial Intelligence Units in the International Context, Grupo Egmont.

    William C. Gilmore, 1999, Dirty Money: The Evolution Of Money-Laundering Counter-Measures, segunda edición. (Estrasburgo: Council of Europe Press), página 103.

    Grupo Egmont, 1995, The First International Meeting of Organizations Devoted to Anti-Money Laundering (Bruselas), página 1.

    Las UIF forman parte de la metodología de evaluación de la estrategia ALD/LFT desde 2001.

    Grupo Egmont, 2001, Declaración de Propósito del Grupo Egmont de Unidades de información Financiera (La Haya), 13 de junio.

    Grupo Egmont, 2003, presentación audiovisual.

    Grupo Egmont (sin fecha), Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group, página 3.

    Las Recomendaciones del GAFI de 2003 establecen la siguiente norma: “Los países deberían proporcionar a sus organismos competentes involucrados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados. Los países deberían contar con procesos que aseguren que el personal de esos organismos sean personas de gran integridad” (Recomendación 30).

    Véase un análisis de los distintos tipos de UIF en la sección siguiente.

    En Bulgaria, del monto anual de las multas impuestas en virtud de las leyes ALD, 25% se restituye a la UIF para pagar sueldos y 30% para inversiones de capital destinadas a mejorar el equipo, la capacitación y la participación en actividades internacionales (ley sobre medidas contra el lavado de dinero, artículo 17a, párrafos (2) y (3)).

    Loi du 11 janvier 1993 relative á la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, artículo 11, párrafo 7, y decreto real del 11 de junio de 1993 sobre la composición, la organización, el funcionamiento y la independencia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera, con las enmiendas de los decretos reales del 30 de mayo de 1994, 23 de febrero de 1995 y 4 de febrero de 1999, capítulo X [Bélgica].

    Decreto real del 11 de junio de 1993 sobre la composición, la organización, el funcionamiento y la independencia de la Unidad de Procesamiento de Información Financiera, con las enmiendas de los decretos reales del 30 de mayo de 1994, 23 de febrero de 1995 y 4 de febrero de 1999, artículo 12, párrafo 1 [Bélgica].

    En el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2003, de un presupuesto de operaciones de €2.360.000 aproximadamente, los aportes de instituciones de crédito, empresas de seguros y agentes de bolsa representaron alrededor del 72% del total: los de otras entidades y profesionales notificadores, junto con el banco central y el servicio postal, un 27% (véase C.T.I.F., 10e Rapport d’Activités, 2002-2003, página 150).

    Véanse los aspectos generales de la “tipología” de las UIF en J. F. Thony, 1996, “Processing Financial Information in Money Laundering Matters, The Financial Intelligence Units”, European Journal of Crime. Criminal Law and Criminal Justice, Bruselas, páginas 257-82; B.Verhelst, 2002, The Financial Intelligence Units in the International Context, disponible a través del Grupo Egmont; y P. A. Schott, 2003, Guia de Referenda para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Washington: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional),capítulo VII.

    A estas UIF en ocasiones se las denomina “cerradas”.

    Recomendaciones 16, 18, 24, 26, 27, 28 y 32 mencionan a las “autoridades competentes” en este contexto.

    Recomendaciones 16 y 17 (1990).

    Las Recomendaciones 15, 18, 23, 26, 27, 29 y 32 tratan de las “autoridades competentes”.

    Recomendaciones Especiales del GAFI sobre la financiación del terrorismo.

    Recomendaciones 13 y 26 (2003); en la metodología elaborada por el FMI, el Banco Mundial y el GAFI en 2003 se mencionan expresamente las UIF.

    Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, Articulo 18 b) ii); Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Articulo 7, párrafo 1 (a), y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Articulo 14, párrafo 1 (a).

    Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Artículo 7, párrafo 1 (b). Un texto similar figura en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Articulo 58).

    Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva, Principio 15, septiembre de1997; Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), Objectives and Principles of Securities Regulation, párrafo 8.5, febrero de2002; y Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, Principios Básicos de Seguros y su Metodología, PBS 28, octubre de2003.

    En el caso del Comité de Basilea y los Principios Básicos de la IAIS, las normas contienen una referencia explícita a las Recomendaciones del GAFI; en el caso de los Principios de la OICV, la norma también tiene como fundamento las Recomendaciones del GAFI.

    Recomendación 23 del GAFI, segundo párrafo (2003).

    El “Foro Conjunto” de las tres entidades ha expedido una nota al respecto titulada Initiatives by the BSBS, IAIS And IOSCO to Combat Money Laundering and the Financing of Terrorism, junio de 2003.

    Ley No. 61 Coll. del 15 de febrero de 1996, sobre ciertas medidas contra la legitimación del producto de actividades delictivas y sobre la enmienda y de leyes conexas, artículo 7, párrafo (2) [República Checa].

    FinCEN Strategic Plan for the fiscal years 2003–08, página 1 [Estados Unidos].

    Como funcionario público, la persona por lo general está protegida por las reglas de carrera administrativa contra un descenso de categoría o despido, pero puede ser transferida a otro cargo a discreción del ministro.

    Ley No. 9613 del 13 de marzo de 1998, artículo 16, párrafo 1 [Brasil].

    Ley No. 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero, Artículo 2 [Colombia].

    Ley sobre medidas contra el lavado de dinero, artículo 10 (4) [Bulgaria].

    Ibíd., artículo 10(8).

    Office of National Drug and Money Laundering Control Policy Act, 2002, sección 6 [Antigua y Barbuda].

    Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, sección 42 (2) [Canadá].

    Decreto ley 143 del 3 de mayo de 1991, con la enmienda del Decreto legislativo 153 del 26 de mayo de 1997, articulo 3-ter [Italia].

    Ley del 16 de diciembre de 1993, en la que figuran reglamentos sobre la notificación de operaciones inusuales relacionadas con los servicios financieros, secciones 15 y 16 [Países Bajos].

    Financial Intelligence Centre Act, 2001, secciones 17-20 [Sudáfrica].

    Algunos ejemplos son el AMLD en Croacia, la FIA en Bulgaria y la OMLP en Eslovenia.

    “Una entidad nacional centralizada, encargada de recibir (y, según se permita, solicitar), analizar y distribuir entre autoridades competentes, información financiera: (i) sobre ganancias sospechadas de ser producto de la delincuencia y el posible financiamiento del terrorismo, o (ii) exigida por legislación o reglamento nacional, para el propósito de contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.” Véase un análisis detallado de cada uno de los términos usados en esta definición en Grupo Egmont, Nota Interpretativa sobre la definición de Unidad de Información Financiera del Grupo Egmont (apéndice IV).

    “Los países deberían crear una UIF que se desempeñe como organismo central nacional para la recepción (y, si estuviera permitido, la solicitud), el análisis y la divulgación de ROS y otra información relacionada con un posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo [….]” (apéndice VII).

    Dos convenciones exigen que los Estados partes consideren “la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de la información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero”. Convención de Palermo, artículo 7, párrafo 1(b) (apéndice X); y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, abierta a la firma en Mérida, México, el 9 de diciembre de 2003, artículo 14, párrafo 1(b) [entrada en vigor pendiente] (apéndice XI).

    Obviamente, una vez establecida la obligación de notificar determinadas operaciones, las entidades notificadoras están obligadas a denunciarlas, esté o no la UIF en situación de analizarlas. Del mismo modo, la UIF debe enviar casos para su investigación o enjuiciamiento, aun si los organismos receptores no están en plenas condiciones para abordarlos.

    Este “efecto de desplazamiento” —en razón del cual los individuos que se dedican a lavar dinero buscan otros negocios o profesiones para alcanzar sus metas cuando las medidas preventivas del sector financiero se hacen más estrictas— ha sido observado por el GAFI desde hace varios años (véase GAFI, Annual Report, 2002-2003, página 6; yGAFI, 2002, Review of the FATF Forty Recommendations, Consultation Paper [en adelante, el Documento de Consulta], párrafo 273).

    GAFI, Recomendaciones 8 y 9 y Nota Interpretativa (1996).

    Comunicado de la Conferencia Ministerial de los países del G-8 sobre la lucha contra la delincuencia transnacional organizada (Moscú, 19 al 20 de octubre de 1999), párrafo 7. [La traducción es nuestra].

    Aun antes de que se emitan las Recomendaciones del GAFI de 2003, la Unión Europea expidió en 2001 una versión revisada de su Directiva relativa a la lucha contra el lavado de dinero negro, mediante la cual se puso en marcha la iniciativa “Gatekeeper”, o de los “profesionales obligados”, en los países de la UE.

    Recomendaciones del GAFI, Glosario (2003). Véase elapéndice VII

    Ibíd.

    Véase, por ejemplo, la primera consideración de la Directiva 91/308/CEE del Consejo, del 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

    Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering, diciembre de 1988.

    Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, Notas Guia sobre Medidas para Prevenir el Lavado de Dinero para Supervisores de Seguros y Entidades de Seguros, enero de 2002.

    Esta sección se basa en la parte del Documento de Consulta que trata sobre los casinos (parte 5.1).

    Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, artículo 2 [UE].

    R. E. Bell, 2002, “The Prosecution of Lawyers for Money Laundering Offenses,” Journal of Money Laundering Control, vol. 6, No. 2, páginas 17-26.

    GAFI, Recomendaciones 12 (d) y 16 (a) (2003).

    Documento de Consulta, párrafo 278. La declaración guarda relación con la directiva de la UE, pero es igualmente aplicable a la versión revisada de las Recomendaciones tal como fueron emitidas.

    En Mónaco, en un decreto en el que se enumeran las profesiones sujetas a la obligación de notificación en virtud de la ley contra el lavado de dinero, se anuló una referencia a “los abogados, excepto cuando hayan obtenido información sobre operaciones relacionadas con movimientos de fondos a fin de garantizar la protección de sus clientes” [la traducción es nuestra], por razón de que en el texto no se especificaban ni los tipos de operaciones ni las circunstancias en las que se podría considerar que la información haya sido obtenida para garantizar la protección de un cliente y, por ende, la redacción no era lo suficientemente clara y precisa como para evitar arbitrariedades. Sin embargo, no se ha impugnado una referencia similar a los abogados en la ley contra el lavado de dinero propiamente dicha, por lo cual la situación es ambigua (Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, décision du 6 mars 2001, Journal de Monaco, Bulletin Officiel de la Principauté, No. 7486, 16 de marzo de 2001).

    En Canadá, en marzo de 2003, se derogaron las reglamentaciones emitidas en noviembre de 2001 que imponían a los abogados, notarios, contadores, agentes inmobiliarios y otros intermediarios no financieros la obligación de denunciar operaciones sospechosas y la prohibición de “advertir” en virtud de la Proceeds of Crime (Money Laundering) Act, después de que prácticamente todas las jurisdicciones canadienses otorgaran una exención provisional a favor de los abogados hasta que se dictara una sentencia definitiva con respecto a impugnaciones generales de orden legal y constitucional iniciadas ante la justicia por los colegios de abogados. Un caso que sentaría jurisprudencia sobre estas impugnaciones en los tribunales de Columbia Británica ha quedado aplazado por acuerdo de las partes (Federation of Law Societies of Canada, Money-Laundering Chronology of Events, julio de 2003, y Federation of Law Societies of Canada, demandantes, y Attorney General of Canada, demandado, fallo de su señoría el Honorable Presidente de la Suprema Corte, 15 de abril de 2003, Corte Suprema de Columbia Británica, registro oficial de Vancouver No. L013117).

    Proceeds of Crime Act 2002, sección 330 [Reino Unido]. La UIF del Reino Unido ha emitido un documento de “buenas prácticas” como guia para la información que suministren los profesionales jurídicos (National Criminal Intelligence Unit, Part 7 Proceeds of Crime Act 2002, National Criminal Intelligence Service guidance in relation to disclosures by the legal profession, octubre de 2003).

    Ley de prevención del lavado de dinero, con sus enmiendas al 20 de julio de 2002, artículos 28 y 28a [Eslovenia].

    Si bien las instituciones financieras tienen que denunciar todas las operaciones respecto de la cuales saben con certeza o sospechan que están relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, los profesionales jurídicos solo deben presentar una denuncia cuando “toman conocimiento de hechos” que saben o sospechan que están vinculados a estos delitos (Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, con sus enmiendas, en vigencia desde el 2 de febrero de 2004, artículos 14bis [Bélgica]. Véase también Jean Spreutels y Claire Scohier, La Prévention du blanchiment des capitaux, évolutions récentes, Rev. Dr. ULB, 1997-1 (1998), páginas 165-87, disponible en el sitio de la UIF belga en Internet, http://www.ctif-cfi.be/fr/index.htm.

    Financial Transactions Report Act 1988, con sus enmiendas, sección 15A [Australia].

    GAFI, Recomendación 12 (e) y Glosario (2003). Véase elapéndice VII.

    Financial Intelligence Centre Act, 2001, sección 29 [Sudáfrica].

    Circular Externa 170 del 10 de octubre de 2002 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). La lista incluye depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas, agentes de carga internacional e intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes [Colombia].

    Véase un análisis de este tema en Jean-François Thony, “Processing Financial Information in Money Laundering Matters: The Financial Intelligence Units,” 3 European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 257, páginas 258-62 (1996).

    GAFI, Recomendación 24 (1990).

    En las Recomendaciones de 1996 y 2003 se utiliza el término “fondos” en lugar de “operaciones”, pero aparentemente el GAFI los usa indistintamente (Documento de Consulta, parráfo 142).

    12 CFR parte 21, subparte B, Suspicious Activity Report [Estados Unidos].

    En Mónaco, por ejemplo, la obligación de notificación se extiende a los casos en que una institución se niega a efectuar una operación que, de haberse llevado a cabo, habría estado sujeta a dicha obligación (Ley No. 162 del 7 de julio de 1993 sobre la participación de las entidades financieras en la lucha contra el lavado de dinero, enmendada por la Ley No. 1253 del 12 de julio de 2002, artículos 5 y 32) [Mónaco].

    Véase al análisis de esta norma en la página 47.

    Alastair N. Brown, “Money Laundering: A European and U.K. Perspective”, [1997] 8 J.I.B.L. 307, en 309. El autor adopta el punto de vista de que en el contexto de la obligación de notificación, “el término ‘sospecha’ significa el estado mental en el que se contempla una posibilidad real de que la persona sea un delincuente”. [La traducción es nuestra.]

    Bryan A. Garner, Redactor Jefe, Black’s Law Dictionary, séptima edición, West Group, St. Paul, Minnesota, 1999, página 1460. [La traducción es nuestra.]

    “Simple conjecture, avis, hypothèse ou intuition concernant quelque chose sans connotation défavorable”, Trésor de la Langue Française, disponible en Internet en http://zeus. inalf.fr.

    Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier du 10 octobre 1997 (Ley federal relativa a la prevención del lavado de dinero en el sector financiero del 10 de octubre de 1997), articulo 9, párrafo 1 [Suiza].

    Financial Transactions Reports Act 1988 (con sus reformas), artículo 16 (1) (b) (ii) [Australia]. [La traducción es nuestra.]

    En el contexto europeo, han surgido inquietudes sobre el grado en que tales disposiciones son coherentes con la distribución adecuada de labores entre las instituciones financieras y la UIF. En un informe reciente se hace referencia a un aparente requisito de la legislación de que las sospechas sean “bien fundadas” o “muy bien fundadas”, y se observa que “corresponde principalmente a las propias autoridades competentes [es decir, las UIF] determinar si el carácter de la sospecha justifica su investigación policial. La redacción de algunas leyes puede dar la impresión de que los empleados de las instituciones financieras y de crédito podrían desempeñar algún tipo de función de investigación. Al redactar o revisar sus leyes, los Estados deben cuidarse de no dar la impresión de estar creando, inadvertidamente, más obstáculos que las instituciones financieras y de crédito deben superar antes de presentar un informe” (Consejo de Europa, Comité Europeo para los Problemas Criminales, Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero, A Review of the Anti-Money Laundering Systems in 22 Council of Europe Member Status,1998-2001, párrafo 149). [La traducción es nuestra.]

    Circulaire IML 94/112, 25 de noviembre de 1994, anexo 1 [Luxemburgo].

    Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent du 18 décembre 2002 (Ordenanza de la Comisión Federal Bancaria de Suiza relativa a la prevención del lavado de dinero, 18 de diciembre de 2002), artículo 8 y anexo [Suiza].

    Decisión gubernamental del 15 de mayo de 2003, suplementaria de la Decisión gubernamental del 6 de septiembre de 2002 sobre la aprobación de los criterios en virtud de los cuales una operación monetaria se considera sospechosa. Official Gazette, No. 49-2177, 21 de mayo de 2003 [Lituania].

    Véanse, por ejemplo, Guideline I, Backgrounder y Guideline 2, Suspicious Transactions, ambas expedidas el 23 de marzo de 2003; todas las directrices están disponibles en el sitio de Fintrac en Internet: http://www.fintrac.gc.ca.

    Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 4 de diciembre de 2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, articulo 6, inciso 1(a) [Unión Europea]. El criterio no ha variado desde la Directiva de 1991.

    Ley 19/193, del 28 de diciembre de 1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Artículo 3, párrafo 4(a) [España].

    Ley de divulgación de operaciones inusuales (servicios financieros) del 16 de diciembre de 1993, artículo 9, párrafo 1 [Países Bajos].

    Ibid., artículo 8.

    Lista de indicadores aplicables desde el 28 de enero de 2002, disponible en MOT [Países Bajos].

    Circular Externa 25 de 2003 de la Superintendencia Bancaria de Colombia, capítulo 11, secciones 2.3.1.3 y 2.3.1.4.

    Al analizar la obligación de notificación, en el Documento de Consulta se distingue una marcada diferencia entre los términos “sospechar” (descrito como un criterio subjetivo) y “tener fundamentos razonables para sospechar” (un criterio objetivo) (parágrafo 139). En la práctica, como lo demuestran los ejemplos mencionados en el texto, el contexto en el que se emplea el término “sospechoso” (incluido el uso de palabras que denoten reservas e indicadores obligatorios de sospecha) han distorsionado de cierta manera esta distinción.

    GAFI, Recomendación 15 (1996).

    Código penal, artículo 505 [Bélgica].

    Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. I [Bélgica].

    Convención de Palermo, artículo 2 (b) y articulo 6, párrafos 2 (a) y (b). La Convención establece asimismo una regla especial para los países que se basan en una lista de delitos, según la cual se deben incluir como delitos determinantes una “amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados” (Ibid., párrafo 2(b)).

    Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, artículo 18 (b) (apéndice IX).

    Recomendación Especial IV (véase elapéndice VIII).

    En la Recomendación 19 del GAFI se indica que los países deben considerar “la viabilidad y utilidad de un sistema en el cual los bancos y demás instituciones financieras e intermediarios reporten todas las operaciones de divisas nacionales e internacionales por encima de una cuantía determinada, a una agencia central nacional dotada de una base de datos computarizada, a disposición de las autoridades competentes para ser utilizada en casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, sujeto a salvaguardas estrictas que aseguren el uso correcto de la información”.

    La obligación de notificación figura en una reglamentación, 31 CFR 103.22, emitida en virtud de la autoridad de la Bank Secrecy Act (31 U.S.C. 5311 et seq.) [Estados Unidos].

    Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Regulations, sección 12. (1) y otros [Canadá]. Esta obligación de notificación entró en vigencia el 31 de enero de 2003.

    Ibíd. La obligación de notificar las transferencias por cable se introdujo gradualmente durante 2002 y 2003.

    Financial Transaction Reports Act 1988, sección 7 y AUSTRAC Guideline No. 2 [Australia].

    Use of Currency Transaction Reports. Report to the Congress submitted by the Financial Crimes Enforcement Network on behalf of the U.S. Department of the Treasury, octubre de2002, página 2.

    Convención de Palermo, artículo 7, párrafo 2 (apéndice X).

    Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 14, párrafo 2 (apéndice XI).

    Ley de lavado de dinero. No. 61/1996 Coll., enmendada por la Ley No. 15/1998 Coll., artículo 5 [República Checa].

    Anexo de la Declaración de propósito del Grupo Egmont. Véase elapéndice V.

    En Francia, por ejemplo, las sanciones penales por violación de secreto se aplican a los directores y empleados de “instituciones de crédito” (Code monétaire et financier, artículo L-511-33).

    Véase el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, Estrasburgo, 28 de enero de 1981 (Consejo de Europa, ETS no. 108), e Informe explicativo relativo al Convenio.

    Recomendación 4. Véase un análisis del conflicto entre la protección de la información privada y las obligaciones de denuncia de las entidades sujetas a la ley contra el lavado de dinero enGuy Stessens, 2000, Money Laundering: A New Law Enforcement Model, (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press), páginas 143–45.

    Las Recomendaciones del GAFI han incluido una nomia en este sentido desde la emisión de las primeras recomendaciones en 1990.

    Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, artículo 20 [Bélgica].

    Ley de diligencia debida del 22 de mayo de 1996, articulo 9 (3) [Liechtenstein].

    Financial Intelligence Centre Act, 2001, sección 38 (1) [Sudáfrica].

    Ley de divulgación de operaciones inusuales (servicios financieros), articulo 13 [Países Bajos].

    Ibid., articulo 11 [Países Bajos].

    Financial Transaction Reports Act 1988, con sus enmiendas, y anexos 1–4; legalmente, las reglamentaciones las emite el Gobernador General (sección 43 de la ley) [Australia].

    Véase, por ejemplo, Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de I’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, artículo 12, párrafo I [Bélgica].

    La UIF de Honduras ha elaborado un sistema para controlar electrónicamente la calidad de los informes financieros (es decir, los ROS) que las entidades notificadoras presentan a la UIF. El sistema ha demostrado ser un método eficaz para garantizar el control de calidad de los datos financieros que la UIF recibe y analiza.

    La autoridad para imponer sanciones administrativas se puede conferir a la UIF o a otra autoridad supervisera. En esta sección solo se menciona a la UIF para simplificar la presentación.

    Ley No. 61 Coll., capitulo 3, sección 12(1), y 13 (1) [República Checa].

    Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, artículo 22 [Bélgica].

    Financial intelligence Centre Act, 2001, secciones 46-71 [Sudáfrica].

    Ley 1253 del 12 de julio de 2002, que enmienda la Ley No, 162 del 7 de julio de 1993 sobre la participación de las entidades financieras en la lucha contra el lavado de dinero, artículo 32 [Mónaco].

    En algunas UIF la inteligencia táctica y operativa constituyen un solo nivel.

    Algunas UIF, como las de Noruega, Dinamarca (ambas de tipo “policial/judicial”) y la de Luxemburgo (demandante) están facultadas para iniciar acciones judiciales respecto de sus propios casos. Técnicamente, estas UIF no “transmiten” expedientes para que se inicien enjuiciamientos.

    Véase un análisis sobre este principio enGuy Stessens, 2000, Money Laundering: A New Law Enforcement Model (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press), páginas 193-99.

    En la directiva europea original de 1991 sobre el blanqueo de capitales constaba una disposición en este sentido; fue eliminada con la enmienda de 2001 (Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, artículo 6, tercer párrafo [UE].

    Ley de prevención del lavado de dinero, en vigencia a partir del 25 de octubre de 2001, artículo 22, párrafo (1) [Eslovenia].

    Enmienda a la ley de prevención del lavado de dinero, en vigencia a partir del 20 de julio de 2002, artículo 22, párrafo (3) [Eslovenia].

    La ley exige que un expediente se transmita a la fiscalía tan pronto como el examen del informe de [una operación sospechosa] revele una indicación clara de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, articulo 16 [Bélgica].

    Financial Intelligence Act, 2001, sección 40(1)(a) [Sudáfrica].

    Si parte de la información en cuestión proviniera de una UIF extranjera, su uso puede estar restringido por el convenio que rige el intercambio de información entre ambas UIF.

    Financial Intelligence Centre Act (2001), sección 40(1)(a), (d) [Sudáfrica].

    Paul Allan Schott, 2003, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, páginas VII-13–14.

    Estas salvaguardas suelen prever, entre otras cosas, la obligación del personal de la UIF de abstenerse de divulgar información financiera fuera del ámbito de sus funciones normales.

    Véanse otros análisis sobre este tema enGuy Stessens, 2000, Money Laundering: A New Law Enforcement Model (Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press), parte IV yPaul Allan Schott, 2003, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, capitulo VIII.

    En la parte de la Recomendación 40 del GAFI (2003) que se refiere a este tema se señala que “[l]os países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes presten la gama más amplia posible de cooperación internacional a sus homólogas extranjeras […] Cuando la facultad de obtener la información por parte de una autoridad competente extranjera no esté dentro de las facultades de su homólogo, también se alienta a los países a que permitan un intercambio de información rápido y constructivo con otras autoridades”.

    Véase Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group, página 1, disponible en inglés en http://www.egmontgroup.org.

    El texto es un anexo de la Declaración de Propósito del Grupo Egmont. Véase elapéndice V.

    Ley de prevención del lavado de dinero, con sus enmiendas de julio de 2002, artículo 21 [Eslovenia].

    Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-Interpol).

    Oficina de Policía Europea (Europol).

    Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

    Decisión del Consejo de 17 de octubre de 2000 sobre cooperación entre unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros en materia de intercambio de información.

    Algunas UIF prefieren intercambiar cartas, en lugar de los memorandos de entendimiento. Dicho intercambio puede comprender las mismas disposiciones sustantivas de un memorando.

    Las UIF del Grupo Egmont pueden recurrir al Comité Egmont si necesitan asistencia en la mediación de controversias sobre el intercambio información.

    Véase elapéndice V.

    Disponible en inglés en el sitio del Grupo Egmont en Internet, http://www.egmontgroup.org.

    Normalmente, los supervisores que en el curso de sus tareas descubren hechos que revelan lavado de dinero tienen la obligación de notificar a la UIF e incluso pueden iniciar los procedimientos de sanción pertinentes.

    Véase en elcapítulo 2 la sección titulada “Principios básicos de supervisión del sector financiero”. Es posible que se necesite una autorización legal explícita para que el organismo regulador o supervisor emprenda la supervisión si las obligaciones ALD/LFT no están estipuladas en la legislación general que rige a las instituciones supervisadas.

    Financial Services and Markets Act 2000, § 6(1) [Reino Unido].

    Sección 8(3) de la Ley No. 61 del 15 de febrero de 1996, sobre ciertas medidas contra la legitimación del producto de actividades delictivas [República Checa].

    Ley No. 61 del 15 de febrero de 1996, sobre ciertas medidas contra la legitimación del producto de actividades delictivas y sobre la modificación de leyes conexas, según la enmienda de 2000 de la sección 5, párrafo 8 [Polonia].

    Ley de divulgación de operaciones inusuales, Articulo 17 (b), y artículo 8a, párrafos lg y 2g del reglamento de aplicación. El banco central holandés ha sido responsable por mucho tiempo de la supervisión de las casas de cambio. Debido a que los casinos necesitan una licencia del banco central para funcionar como casa de cambio, se decidió que el banco central ejerza el control general del cumplimiento de las obligaciones ALD/LFT de los casinos.

    En la Recomendación 31 del GAFI consta una norma general sobre la cooperación entre los responsables de la formulación de politicas, las UIF, las autoridades políciales y los supervisores para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

    Recomendación 29 del GAFI

    Ley No. 61 del 15 de febrero de 1996, sobre ciertas medidas contra la legitimación del producto de actividades delictivas, secciones 7(2) y 7(4)(a) [República Checa].

    Ordcn soberana 15.530 del 27 de septiembre de 2002, en virtud de la cual se establece una comisión para coordinar los distintos departamentos administrativos cuyo cometido es la supervisión de las actividades financieras. La tarea de la comisión consiste en facilitar el intercambio de información entre las autoridades encargadas de supervisar las actividades bancarias, de inversión y de seguros, y la gestión y administración de personas jurídicas extranjeras; y en abordar todas las cuestiones de interés común relacionadas con la coordinación de la supervisión de las actividades mencionadas [Mónaco].

    Puede haber casos en que, ante una operación relacionada con actividades delictivas, lo más apropiado sea no bloquear la operación para que otra investigación pueda proseguir sin inconvenientes. Esto está indicado en Luxemburgo, Cellule de Renseignement Financier (CRF), Rapport d’activité pour 2001 el 2002, página 7. En Italia, la UIF puede suspender una operación a pedido de las autoridades de investigación, siempre y cuando no se perjudique el curso de la investigación y las operaciones comentes de los intermediarios. (Decreto ley 143 del 3 de mayo de 1991, articulo 3, párrafo 6 [Italia].)

    Véase [Estrasburgo] Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito, articulo 3; Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 12 y Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, articulo 8.

    Recomendación 3 del GAFI (2003).

    Ley de la unidad de inteligencia financiera, 2000, Sección 4(2)(c) [Barbados].

    Ley contra el lavado de dinero. Artículos 35, 36 y 48 [Tailandia], Los integrantes del comité se seleccionan entre los 25 miembros de la dirección contra el lavado de dinero, la mayoría de los cuales son funcionarios públicos de alto nivel.

    Decreto ley 143 de mayo de 1991, articulo 3.6 [Italia].

    Ley sobre medidas contra el lavado de dinero de 1998, con sus enmiendas hasta el 4 de abril de 2003, artículo 12, párrafo l [Bulgaria].

    Ley sobre lavado de dinero. No. 61/1996 Coll., enmendada por la Ley No. 15/1998 Coll., articulo 6.2 [República Checa].

    Ley contra el lavado de dinero de 2542 (de la era budista), artículos 35 y 36 [Tailandia].

    Ley del 11 de enero de 1993 sobre prevención del uso del sistema financiero para fines de lavado de dinero, artículo 12 [Bélgica].

    Véase, por ejemplo, el articulo 562-5 del Code Monétaire et financier [Francia].

    Ley de banca federal de 1993, artículo 41.1 [Austria].

    Véase, por ejemplo, la Ley 90-614 del 12 de julio de 1990, articulo 6, párrafo 4 [Francia].

    Ley del II de enero de 1993, artículo 12.3 [Bélgica] y Ley del sector de inteligencia financiera de 2001, artículo 34(1)(b) [Sudáfrica].

    Ley de prevención del lavado de dinero del 25 de noviembre de 1998, articulo 18.3 [Estonia].

    La MOT (UIF de Países Bajos) publica un boletin trimestre! sobre casos y tipologías de lavado de dinero; la OMLP (UIF de Eslovenia) elabora artículos para publicaciones profesionales de varios sectores (bancario, bursátil, seguros, etc.); su personal concede entrevistas a los diarios y presenta estadísticas sobre su trabajo a un grupo más amplio de medios de comunicación en una conferencia de prensa anual; otras UIF también realizan actividades similares.

    La recomendación 32 del GAFI (2003) reza así: “Los países deberían asegurarse de que sus autoridades competentes sean capaces de revisar la eficacia de sus sistemas para combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, llevando estadísticas completas respecto de las cuestiones relevantes para la efectividad y eficiencia de esos sistemas. Éstas deberían incluir estadísticas sobre los ROS recibidos y divulgados; sobre investigaciones, acciones judiciales y condenas referidas al lavado de activos, sobre bienes congelados, embargados y decomisados, y sobre asistencia legal mutua u otros pedidos internacionales de cooperación.”

    Una UIF con facultades de supervisión sobre cuestiones ALD/LFT tendría desde luego más poder (y responsabilidad) para mejorar la calidad de la información que recibe de las entidades notificadoras.

    La lista es solo de carácter ilustrativo. Se incluyen elementos enunciados en la metodología de evaluación relacionada con la Recomendación 32, entre otras.

    GAFI, Review of FATF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures,1992-99, 16 de febrero de 2001, párrafos 67 y 105. Algunas declaraciones similares figuran en Review of the Anti-Money Laundering Systems in 22 Council of Europe Member States, 1998-2001, Estrasburgo, 21 de marzo de 2002, párrafo 249. (“La UIF es fundamental en los esfuerzos de lucha contra el lavado de dinero de la mayoría de los miembros del PC-R-EV [ahora denominado MONEYVAL]. De hecho, algunas de las UIF más activas, además de ser los organismos de divulgación y recepción de información, son sin duda el eje de las estrategias nacionales de lucha contra el lavado de dinero.” [La traducción es nuestra.])

    La metodología adoptada en 2002 y utilizada hasta la fecha en las evaluaciones comprende las Recomendaciones del GAFI sobre el blanqueo de capitales y las Recomendaciones Especiales sobre la financiación del terrorismo que pueden ser objeto de evaluaciones, así como los principios básicos establecidos por el Grupo Egmont con respecto a las UIF y los establecidos por grupos internacionales de supervisores financieros en relación con el lavado de dinero.

    Algunas recomendaciones no se evaluaron, bien porque intrínsecamente no eran evaluables o bien porque no habían entrado plenamente en vigencia. También cabe señalar que las evaluaciones examinadas en virtud del programa piloto, que se basaron en las Recomendaciones del GAFI de 1996, no abarcaron la recopilación de estadísticas abordada en el capitulo anterior en vista de que no hubo ninguna recomendación del GAFI al respecto hasta la adopción de las Recomendaciones de 2003.

    Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, 2004, Twelve-Month Pilot Program of Anti-Money-Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Assessments, 10 de marzo (Washington), Anexo II.

    Ibíd., Anexo II, Cuadro 6.

    Ibid., párrafo 18.

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