Inversión pública y asociaciones público-privadas

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Author(s):
Bernardin Akitoby, Gerd Schwartz, and Richard Hemming
Published Date:
August 2007
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    El FMI lanzó la serie Temas de economía en 1996 con el fin de poner a disposición del público las conclusiones de las investigaciones realizadas por el personal técnico de la institución. La serie Temas de economía consiste en monografías breves, no técnicas, que abordan asuntos de actualidad destinados a lectores no especializados. Se publican en seis idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Este estudio, así como los demás de la serie, refleja la opinión de sus autores y no representa necesariamente la del Directorio Ejecutivo o la gerencia del FMI.

    ©2007 International Monetary Fund

    Directora de la serie:

    Asimina Caminis

    Departamento de Relaciones Externas del FMI

    Diseño de la portada:

    Massoud Etemadi y Julio Prego

    División de Servicios Multimedia del FMI

    Edición en español:

    División de Español

    Departamento de Tecnología y Servicios Generales

    ISBN 978-1-58906-545-1

    ISSN 1020-8372

    Solicítese a:

    Publication Services

    International Monetary Fund

    700 19th Street, N.W.

    Washington, D.C. 20431

    EE.UU.

    Tel: (202) 623-7430 Fax: (202) 623-7201

    Correo electrónico: publications@imf.org

    Internet: http://www.imf.org/pubs

    Prefacio

    Tradicionalmente los gobiernos han construido, mantenido y rehabilitado la infraestructura física—como carreteras, puertos y aeropuertos y redes de telecomunicaciones y electricidad—sin la cual gran parte de la actividad económica sería imposible de realizar. De hecho, el gasto en inversión, especialmente en infraestructura, solía ser una de las principales actividades del Estado. En las últimas tres décadas, sin embargo, el gasto público en infraestructura, como proporción del PIB, ha ido disminuyendo en todo el mundo. Tanto las causas como las consecuencias de esta disminución distan de ser claras.

    A veces se ha señalado como principal factor el ajuste fiscal emprendido para estabilizar la macroeconomía, pero ello supone soslayar la influencia de muchos otros factores. Entre esos factores se cuentan la disminución del ahorro público; la finalización de importantes redes de infraestructura; un incremento de la privatización ante la creciente preferencia por un sector público de tamaño más reducido; un sector privado cada vez más diversificado que se expande hacia los servicios de infraestructura, y un aumento del gasto corriente, para atender por ejemplo los salarios de la administración pública y las prestaciones de la seguridad social. Además, la disminución señalada puede deberse en parte a causas puramente estadísticas: la ampliación del espectro de alternativas de financiamiento para el rubro de infraestructura—por ejemplo, la frecuente subcontratación de servicios de infraestructura con el sector privado por parte del Estado—ha permitido que algunos gastos vinculados con la infraestructura que tradicionalmente se registraban como gasto de capital figuren ahora como gasto corriente.

    Si la disminución de la inversión pública en infraestructura provoca restricciones que entorpecen el crecimiento económico es tema de intenso debate. En ciertos casos, el gasto en infraestructura ha estado vinculado con una mayor tasa de crecimiento económico, y determinadas inversiones específicas en proyectos de infraestructura pueden generar una rentabilidad social bastante alta. No obstante, dista mucho de poder afirmarse con certeza que un mayor gasto en infraestructura, por sí mismo, contribuiría a fomentar el crecimiento más que, por ejemplo, un aumento del gasto en atención de la salud y en educación. Los estudios empíricos arrojan estimaciones muy diversas del impacto de la inversión en infraestructura sobre el crecimiento económico, y es difícil separar los efectos vinculados con la infraestructura de los atribuibles a otros factores, como el gasto en el capital humano o el clima empresarial. No obstante, la calidad de la infraestructura física afecta claramente a la productividad de un país, la competitividad de sus exportaciones y sus posibilidades de atraer inversión extranjera.

    ¿Significa esto que los países deberían incrementar la inversión pública en infraestructura? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo pueden hacerlo con responsabilidad fiscal? ¿Son las asociaciones público-privadas (APP) una alternativa viable?1

    El FMI ha dedicado varios estudios a estas cuestiones. En marzo de 2004, publicó “Public Investment and Fiscal Policy” (Inversión pública y política fiscal) y “Public-Private Partnerships” (Asociaciones público-privadas)2. Para poner a prueba los marcos analíticos desarrollados en esos dos documentos generales, el FMI llevó a cabo otros ocho estudios en un variado grupo de países en desarrollo y de mercados emergentes de África, América Latina, Asia y Oriente Medio. Los resultados de esos estudios se resumieron en dos documentos publicados en abril de 2005, “Public Investment and Fiscal Policy—Lessons from the Pilot Country Studies” (Política fiscal e inversión pública: Resultados de los estudios de países analizados como casos piloto) y “Public Investment and Fiscal Policy—Summaries of the Pilot Country Studies” (Política fiscal e inversión pública: Resultados de los estudios de países analizados como casos piloto)3. En otro estudio se analizaron los riesgos fiscales emergentes de las garantías estatales4. El presente documento se basa en esos tres estudios, así como en un reciente documento del FMI perteneciente a la serie Special Issues Papers en el que se tratan temas similares5.

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